JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO FIGURA COMO ACTO RECLAMADO EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y, POR TANTO, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 13 DE ABRIL DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS J. JESÚS CONTRERAS CORIA (QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE), MARTHA CRUZ GONZÁLEZ (QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE), HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, OMAR LIÉVANOS RUIZ (QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE), FERNANDO LÓPEZ TOVAR Y VÍCTORINO ROJAS RIVERA. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: LUIS REY SOSA ARROYO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Primer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; y, 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, en el caso de este Décimo Primer Circuito donde este Pleno ejerce su jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis de mérito proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(10) de la Ley de Amparo. Esto debido a que fue formulada por **********, a quien se le reconoció el carácter de recurrente en las diversas quejas 182/2019, 238/2019, 157/2019 y 158/2019, de las que conocieron, respectivamente, los Tribunales Colegiados de este circuito, y sostuvieron criterios divergentes sobre un mismo tema jurídico.
TERCERO.—Requisitos de la existencia de la contradicción de tesis. Este Pleno del Decimoprimer Circuito adopta el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que son los siguientes:(11)
Primero. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
Segundo. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
Tercero. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, eso no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, siendo aplicable la tesis P. L/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el epígrafe: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(12)
Al respecto, cabe precisar que en la ejecutoria que se resuelve se satisfacen los tres requisitos para la existencia de contradicción de tesis, como se demostrará en los subsecuentes considerandos.
CUARTO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustentadas por los tribunales en contienda.
I. Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.
Queja civil 182/2019
El recurso de queja lo hizo valer **********, contra el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 1155/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, donde el acto reclamado –precisó el Juez– es la inconstitucionalidad del Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos a la tramitación del juicio de amparo, con motivo de su aplicación en el acuerdo recurrido dictado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 21/2019, en el cual se proveyó desfavorablemente la petición de aquél, en el sentido de darle acceso al expediente electrónico y/o vía medios informáticos.
El Juez Segundo de Distrito en el Estado desechó de plano la demanda de amparo, por notoria e indudable improcedencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo.
En la parte que es trascendente para efectos de la presente contradicción de tesis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito estudió los agravios primero, segundo y tercero, los cuales declaró fundados, con base en que, opuesto a lo determinado por el a quo, no se actualizaba la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, al no ser manifiesta ni indudable, ni se colmaban las exigencias establecidas en el artículo 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, aunado a que al analizarla para desechar, abordó un tema de fondo y, por ello, correspondía admitirla; amén de que resultaba inexacto que sustanciado el juicio no podría formarse una convicción diversa.
Al efecto, explicó que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de la ampliación de la misma o bien, de los documentos que se anexan a esas promociones; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.
Abundó en el sentido de que, luego de realizar un análisis del contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, era factible determinar que la hipótesis contenida en el numeral de trato es de aplicación estricta, en virtud de que el desechamiento de la demanda puede ocasionar daños a la parte quejosa al privarla de su oportunidad de acreditar en el juicio constitucional el desvanecimiento de las causales de improcedencia que pudieran haberse parecido. Tomando en consideración, además, que el auto de admisión no afecta a las demás partes en el juicio, pues tiene oportunidad de demostrar la existencia de la causa de improcedencia, aunado a que el auto admisorio no impide al juzgador sobreseer por ese u otros motivos.
El órgano colegiado de mérito agregó que el Juez Federal consideró procedente desechar la demanda de amparo indirecto, con sustento en que al no existir en la tramitación de los juicios ejecutivos mercantiles, legalmente, posibilidad de acceder a la tutela judicial a través de medios electrónicos ni el deber de llevar un expediente electrónico, entonces el acuerdo reclamado al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, quien mediante auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, proveyó desfavorablemente la solicitud del aquí recurrente, de acceder a un expediente electrónico en un juicio ejecutivo mercantil, lo cual apoyó el a quo en el numeral 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, no afecta ni restringe derechos sustantivos reconocidos a favor del quejoso.
En consideración de ese Tribunal Colegiado de Circuito, en el acuerdo impugnado mediante el recurso de queja, no se observó la circunstancia de que el Pleno de este circuito determinó en jurisprudencia obligatoria para el Juez de Distrito, como para los Colegiados del mismo circuito, que cuando un tercero ajeno al Poder Judicial de la Federación promueve amparo indirecto contra la omisión del Consejo de la Judicatura Federal de emitir los acuerdos generales y lineamientos para el ejercicio de sus funciones, no constituye un acto que actualice, en el auto inicial de trámite, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
La jurisprudencia invocada es la número PC.XI. J/4 K (10a.) de este circuito, de título y subtítulo siguientes:
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EL RECLAMO DE UN TERCERO AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE AQUÉL DE EMITIR LOS ACUERDOS GENERALES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO QUE ACTUALICE, EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE MANERA NOTORIA Y MANIFIESTA, LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA." (Registro: 2020722, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, Libro 71, «Tomo III», octubre de 2019, página 2613 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:14 «horas»)
Añadió que el criterio jurisprudencial impedía considerar que el motivo de improcedencia que invocó el Juez Federal para desechar la demanda de amparo es manifiesto e indudable, toda vez que si bien se refería en forma exclusiva al caso en que se reclama del Consejo de la Judicatura Federal emitir los acuerdos generales y lineamientos para el ejercicio de sus funciones, empero, en el caso, la misma –jurisprudencia– trasciende a los restantes actos reclamados, dado que el quejoso hace derivar la inconstitucionalidad de estos últimos –entre otros aspectos– de la omisión de no haberse emitido dichos acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura Federal y, por ende, no era viable estimar que el acto reclamado, que además constituye el primer acto de aplicación del precepto cuya inconstitucionalidad se reclamó, no produce consecuencias de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos sino únicamente derechos procesales.
Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito de trato sostuvo que cuando un tercero ajeno al Poder Judicial de la Federación promueve demanda de amparo indirecto contra la omisión del Consejo de la Judicatura Federal, de emitir los acuerdos generales y lineamientos para su debido funcionamiento, no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ello, considero no es en el auto inicial donde puede determinar si la omisión que el impetrante atribuye al Consejo de la Judicatura Federal trascendió o no, a su vez, al proveído reclamado afectando derechos sustantivos, precisamente, porque conforme a la citada jurisprudencia, el estudio que requiere tal determinación debe ser más profundo y, por ello, propio de la sentencia relativa, y no del auto inicial de trámite.
II. Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
Queja administrativa 238/2019
Del contenido de la resolución de previa cita, se desprende que ********** promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, que hizo consistir en: "i. Al Consejo de la Judicatura Federal, se le reclama el Acuerdo General Conjunto de los Plenos (sic) del Consejo de la Judicatura Federal Número 1/2015, que regula los servicios tecnológicos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, citado en la resolución reclamada del pasado ocho de octubre ...", "ii. La omisión de no ejercer las facultades que constitucionalmente le corresponden, para ajustar el acuerdo reclamado a las Leyes Modelo de la CNUDMI, tanto del fomento al uso de la firma electrónica, como del comercio electrónico ..." y "iii. Al Juez Séptimo de Distrito en Morelia, Michoacán, la resolución que dictó el ocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 21/2019 ..."
De igual forma se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito –al cual se turnó originalmente la demanda de amparo– se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, al estar señalado como autoridad responsable y declinó competencia; con motivo de lo anterior, tocó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, conocer del asunto, quien la registró con el número III-1181/2019, y desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo (se hizo resumen de las consideraciones formuladas por el Juez de Distrito); inconforme con esa determinación, ********** interpuso recurso de queja, el cual, por razón de turno, tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito.
En la porción que es trascendente para efectos de la presente contradicción de tesis, el órgano revisor de amparo realizó una interpretación textual del Acuerdo General Conjunto 1/2015, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y apreció, al igual que lo hizo el Juez Federal, que conforme a la interpretación que se realizó en dicho acuerdo, de los artículos 94, párrafo segundo, y 100 de la Constitución Federal, para la creación de las reglas que deben regir en tratándose de la firma y expedientes electrónicos, previstos en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, deben participar tanto el Pleno del Tribunal Superior del País, como el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual pone de manifiesto que el acuerdo de referencia constituye una unidad indisoluble, con independencia de que cada uno de los Plenos que intervinieron tengan facultades distintas y que el acuerdo reclamado contenga en apartados diversos, las reglas que rigen la firma y expedientes electrónicos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para los órganos jurisdiccionales y administrativos que regula el Consejo de la Judicatura Federal; por consiguiente –afirmó– que la fijación del acto reclamado, para efectos de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, debe realizarse considerando a todas las autoridades que intervinieron en su emisión.
Al respecto destacó que en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, intervinieron los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, si se reclama un acuerdo general emitido de manera conjunta por ambos Plenos, es inconcuso que se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones II y III, de la Ley de Amparo.
El Tribunal Colegiado de Circuito agregó que en el hipotético caso de que se admitiera la demanda de amparo y se concediera el amparo solicitado, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no estaría en aptitud, por sí solo, de cumplir con la protección concedida, ya que no podría dejar insubsistente el acuerdo general reclamado sin intervención de la otra autoridad que participó en su creación, ni podría implementar reglas nuevas que se ajustaran a los lineamientos que, en su caso, se fijaran en la ejecutoria respectiva, pues para la creación de las normas que regulan la firma y expediente electrónico en el Poder Judicial de la Federación, deben participar tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el del Consejo de la Judicatura Federal.
Por último, señaló que la tesis de jurisprudencia invocada en los agravios, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XX, mayo de 2013, tesis P./J. 12/2013 (10a.), de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", no era aplicable, ya que está dirigida sólo a los actos del Consejo de la Judicatura Federal, y no como ocurre en relación con el citado acuerdo general.
III. Criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.
Fueron dos las resoluciones que contienen el criterio materia de la contradicción de tesis.
A. Queja civil 157/2019
Ese recurso fue interpuesto por **********, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto III-020/2019, que desechó la demanda constitucional, al considerar la secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por licencia académica del titular, que procedía desecharla por ser notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que el auto que constituía el acto reclamado y que, además, es el primer acto de aplicación del precepto cuya inconstitucionalidad se reclama (artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, aplicado en el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2019), no produce consecuencias que sean de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, únicamente genera meras afectaciones a derechos procesales.
En desacuerdo con lo anterior, ********** interpuso recurso de queja, del cual, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien al efecto estimó ajustada a derecho la determinación de la secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito, toda vez que sobre el tema –como también lo señaló el a quo– existe jurisprudencia temática de carácter obligatorio, en donde ya se estableció la procedencia del juicio de amparo sólo cuando se violenten derechos sustantivos, los cuales no se conculcaron, ya que el haber proveído de manera desfavorable la petición del quejoso en el sentido de darle acceso al expediente electrónico, se trata de un acto procesal emitido dentro de un procedimiento ejecutivo mercantil, en el cual se ha dado entrada a su tramitación, que no afecta de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, es decir, se está ante la presencia de sólo una afectación económica, ya que el derecho al acceso a la justicia por la vía tradicional no se le niega al recurrente.
Añade que el recurrente no combate las consideraciones que llevaron al Juez de Distrito a desechar la demanda de amparo indirecto, esto es, que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación sino, en todo caso, una afectación adjetiva, que en caso de no obtener resolución a su favor podrá ser impugnable como violación procesal en la etapa respectiva.
La jurisprudencia temática que señala el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, es la número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. J/4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."(13)
B. Queja civil 158/2019
El asunto tiene su origen en la demanda de amparo indirecto que se radicó con el número II-1019/2019-1, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la cual fue desechada por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por licencia académica del titular, al considerar que contra el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, aplicado en el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2019, donde se proveyó desfavorablemente la petición del quejoso, en el sentido de darle acceso al expediente electrónico y/o vía medios informáticos, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el auto que constituye el acto reclamado y que, además, es el primer acto de aplicación del precepto cuya inconstitucionalidad se pretende reclamar, no produce consecuencias que sean de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, sino únicamente genera meras afectaciones a derechos procesales.
Inconforme con esa determinación, ********** promovió recurso de queja que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien en resolución de cinco de diciembre dos mil diecinueve lo declaró infundado. Ello, en razón de que los agravios fueron calificados de ineficaces, con base en que no podían prosperar al existir jurisprudencia temática de carácter obligatorio, en donde ya se estableció la procedencia del juicio de amparo, sólo cuando se violenten derechos sustantivos. Derechos que no se conculcaron, ya que el haber proveído de manera desfavorable la petición del quejoso en el sentido de darle acceso al expediente electrónico, se trata de un acto procesal emitido dentro de un procedimiento ejecutivo mercantil, en el cual se ha dado entrada a su tramitación, que no afecta de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, es decir, se está ante la presencia de sólo una afectación económica, ya que el derecho al acceso a la justicia por la vía tradicional no se le niega al recurrente.
Añade que el recurrente no combate las consideraciones que llevaron al Juez de Distrito a desechar la demanda de amparo indirecto, esto es, que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación sino, en todo caso, una afectación adjetiva, que en caso de no obtener resolución a su favor podrá ser impugnable como violación procesal en la etapa respectiva.
La jurisprudencia temática que señala el Tribunal Colegiado de Circuito es del título y subtítulo siguientes:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. J/4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."(14)
Agregó que las mismas razones asisten a los argumentos relativos a la inconstitucionalidad del artículo 55 del Acuerdo General Conjunto de los Plenos (sic) del Consejo de la Judicatura Federal 1/2015, pues sobre éstos no admiten impugnación, por lo que no pueden ser materia de estudio, conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo (se transcribe).
QUINTO.—Análisis sobre la existencia de la contradicción de tesis.
En este apartado se expondrán las consideraciones que demuestran que la contradicción de criterios existe entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Existe una pugna en el ejercicio interpretativo que realizaron los tres tribunales respecto a la improcedencia manifiesta e indudable del amparo indirecto cuando se reclama un instrumento normativo, como es el Acuerdo General Conjunto 1/2015, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que el quejoso tildó de inconstitucional, al ser aplicado –el artículo 55 del referido acuerdo– en los diversos autos recurridos ante los Jueces de Distrito ya señalados en esta ejecutoria, y otra omisión que atribuye al Consejo.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil consideró, esencialmente, que el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo con base en la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por estimar que el auto reclamado, que es el primer acto de aplicación del precepto cuya inconstitucionalidad se reclamó por el quejoso, en el cual se proveyó desfavorablemente su petición en el sentido de darle acceso al expediente electrónico y/o vía medios informativos, no produce consecuencias que afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso, únicamente genera afectaciones a derechos procesales, pero además –dijo– el Juez Federal pasó por alto que al respecto el Pleno de este circuito determinó en jurisprudencia(15) obligatoria, que cuando un tercero ajeno al Poder Judicial de la Federación promueve amparo indirecto contra la omisión del Consejo de la Judicatura Federal de emitir los acuerdos generales y lineamientos para el ejercicio de sus funciones, no constituye un acto que actualice, en el auto inicial de trámite, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Por tanto –sostiene el Tribunal Colegiado de Circuito– el citado criterio jurisprudencial impide, hasta el momento, considerar que el motivo de improcedencia en que se apoyó el Juez Federal para desechar la demanda de amparo es manifiesto e indudable, toda vez que si bien, la jurisprudencia invocada se refiere exclusivamente al caso en que se reclama la omisión del Consejo de la Judicatura Federal de emitir los acuerdos generales y lineamientos para el ejercicio de sus funciones, empero, en el caso, la misma trasciende a los restantes actos reclamados, dado que el quejoso hace derivar la inconstitucionalidad de estos últimos –entre otros aspectos– de la omisión de haberse omitido dichos acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
En contraposición, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito realizó una interpretación textual del Acuerdo General Conjunto 1/2015, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y apreció al igual que lo hizo el Juez Federal, que conforme a la interpretación que se realizó en dicho acuerdo, de los artículos 94, párrafo segundo, y 100 de la Constitución Federal, para la creación de las reglas que deben regir en tratándose de la firma y expedientes electrónicos, previstos en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, deben participar tanto el Pleno del Tribunal Superior del País, como el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual pone de manifiesto que el acuerdo de referencia constituye una unidad indisoluble, con independencia de que cada uno de los Plenos que intervinieron tengan facultades distintas y que el acuerdo reclamado contenga en apartados diversos, las reglas que rigen la firma y expedientes electrónicos para «la» Suprema Corte de Justicia de la Nación y para los órganos jurisdiccionales y administrativos que regula el Consejo de la Judicatura Federal; por consiguiente –afirmó– que la fijación del acto reclamado para efectos de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, debe realizarse considerando a todas las autoridades que intervinieron en su emisión.
Consecuentemente, si en el caso se reclama un acuerdo general conjunto emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es inconcuso que se actualizan las hipótesis previstas por el artículo 61, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, las cuales disponen que contra los actos de estos entes públicos el juicio de amparo es improcedente y, por ende, el desechamiento de la demanda de amparo en el auto inicial es ajustado a derecho.
Por su lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien resolvió las quejas 157/2019 y 158/2019, se pronunció sobre el punto materia de contradicción, únicamente en la queja 158/2019, donde sostuvo que los argumentos del recurrente relativos a la inconstitucionalidad del artículo 55 del Acuerdo General Conjunto de los Plenos (sic) del Consejo de la Judicatura Federal 1/2015, son ineficaces, ya que los actos reclamados no admiten impugnación y, por tanto, no pueden ser materia de estudio, conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Al ser así, se surten los requisitos que configuran una contradicción de criterios, puesto que:
a) Los tribunales contendientes resolvieron la cuestión litigiosa ya precisada, en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, pues se pronunciaron (sic), –aunque a partir de consideraciones diferentes– si en el auto inicial de trámite se actualiza o no, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, cuando el acto reclamado consiste en el Acuerdo General Conjunto 1/2015;
b) Eso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30129-0d71926e/juicio-de-amparo-se-actualiza-un-motivo-manifiesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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