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Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 479/2011. · Registro digital (IUS): 24620
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL S
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, Pág. 65.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 479/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 17 DE ENERO DE 2013. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de enero de dos mil trece.

VISTOS, para resolver los autos de la posible contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de contradicción. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de noviembre de dos mil once, **********, en su carácter de autorizado de **********, recurrente en el amparo en revisión **********, denuncia la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los siguientes órganos jurisdiccionales: a) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********; b) Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, que originó la tesis aislada I.8o.A.62 A, de rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA SUS RESOLUCIONES PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO POR NO SERLES APLICABLE EL PRINCIPIO DE INATACABILIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; c) el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) **********, que originó la tesis aislada XIX.2o.28 K, de rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS DETERMINACIONES."; d) Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, que originó la tesis aislada XV.1o.10 A, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, QUE DESTITUYEN A UN FUNCIONARIO, PROCEDE EL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)."; y, e) el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, que originó la tesis aislada II.A.60 A, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EMITIDAS EN LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."

2. SEGUNDO. Mediante oficio número **********, de veintinueve de noviembre de dos mil once, el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió a la Segunda Sala de este Alto Tribunal la denuncia mencionada en el resultando anterior, al estimar que por el tema del asunto, la competencia para su conocimiento corresponde a esta Sala.

3. TERCERO. Registro del expediente y requerimiento. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil once, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la contradicción de tesis con el número 479/2011; admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios de que se trata, a fin de integrar el expediente requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados involucrados la remisión de diversas constancias.

4. CUARTO. Auto que tiene por desahogado el requerimiento respectivo. En auto de siete de febrero de dos mil doce, el presidente de la Segunda Sala tuvo por recibidas las copias certificadas de las constancias requeridas; declaró la competencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver la contradicción de tesis, porque la materia sobre la cual versa es de su especialidad; ordenó dar vista a la procuradora general de la República por el plazo de treinta días, para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público de la Federación que designara, si lo estimaba pertinente, emitiera pedimento; y turnó el asunto al señor Ministro Luis María Aguilar Morales, para lo que en derecho procediera.

5. Posteriormente, mediante proveído de diez de febrero de dos mil doce, el subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala certificó que el plazo de treinta días concedido a la procuradora general de la República, transcurriría del trece de febrero al veintiséis de marzo de dos mil doce.

6. QUINTO. Pedimento. El agente del Ministerio Público de la adscripción, mediante oficio **********, de trece de marzo de dos mil doce, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al día siguiente, formuló pedimento en el sentido de que no existe la contradicción de tesis planteada (fojas 364 a 390 de la contradicción de tesis 479/2011).

7. En auto de veintitrés de marzo de dos mil doce, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo al agente del Ministerio Público de la Federación haciendo las manifestaciones conducentes.

8. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que el presente asunto reviste características de importancia y trascendencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, el señor Ministro ponente solicitó la remisión del asunto al Tribunal Pleno.

CONSIDERANDO:

9. PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo tercero, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, que reviste características de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

10. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

11. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

12. No obstante lo anterior, este Tribunal Pleno considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

13. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

14. El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

15. En el caso, la denuncia de contradicción la formuló **********, en su carácter de autorizado de **********, recurrente en el amparo en revisión **********, asunto respecto del que se denuncia la posible contraposición de criterios, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

16. TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de diez de noviembre de dos mil once, se basó en los siguientes antecedentes:

1) Mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil once, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la queja administrativa **********, le fue impuesta a **********, una suspensión temporal en el puesto que desempeñaba como **********, por un periodo de ********** meses, así como sanción económica en cantidad de **********.

2) En contra de la resolución anterior, ********** promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, el que mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil once, sostuvo que se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, por lo que desechó de plano la demanda.

Al efecto, consideró que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, en términos del artículo 100 de la Constitución Federal, por lo que el amparo en su contra era improcedente. El citado Juez de Distrito estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el antedicho precepto constitucional.

3) Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el que mediante resolución de diez de noviembre de dos mil once, dictada en el amparo en revisión **********, consideró que la causa de improcedencia por la que se resolvió desechar la demanda de amparo respectiva, consistente en la inatacabilidad de las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal, no era notoria y manifiesta, toda vez que concernía al fondo del asunto. Por tanto, revocó el auto recurrido y ordenó al Juez Primero de Distrito en el Estado, que de no advertir diversa causa para desechar la demanda de amparo, procediera a admitirla. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Los agravios formulados por la recurrente son fundados. Resulta fundado y suficiente para revocar el auto recurrido, el motivo de inconformidad en el que la recurrente aduce que indebidamente fue desechada su demanda de garantías, bajo el argumento de que el acto reclamado es inatacable, conforme a lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 100 de la Constitución Federal, ya que este argumento no podía ser expresado para el desechamiento de la demanda, habida cuenta que el motivo por el cual se desechó dicha demanda, es la cuestión que constituye el fondo del amparo pues, precisamente, uno de los motivos por los cuales se instauró el juicio de garantías fue para combatir la inatacabilidad del acto reclamado, haciendo valer la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con dicha inatacabilidad, la cual resulta contraria a los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su título de ‘Garantías judiciales’; por ello, los argumentos expuestos en el auto recurrido para desechar la demanda son inadecuados y, en consecuencia, la causa de improcedencia que se tuvo por actualizada no es notoria ni manifiesta. Los motivos de inconformidad antes precisados, como se adelantó, son fundados. Se afirma lo anterior, porque de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclamó los actos siguientes: ‘IV. Actos reclamados: de las ordenadoras: ... Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Reclamo la resolución administrativa dictada en el expediente de la queja administrativa No. **********, emitida el 24 de agosto del año 2011. De las ejecutoras: Reclamo la aplicación y ejecución del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo que hace a todas las consecuencias y efectos de hecho y de derecho que se deriven de los actos reclamados y que directa e indirectamente resulten como consecuencia de los mismos. Así como toda resolución, determinación, auto, orden, instrucción, oficio o comunicado que hayan emitido o dictado, emitan o dicten, pretendan emitir o dictar, estén por emitir o dictar en acatamiento a las órdenes giradas por las responsables ordenadoras, derivadas de la resolución administrativa dictada en el expediente de la queja administrativa No. **********, emitida el 24 de agosto del año 2011.’. En el primero de los conceptos de violación, la quejosa hace valer argumentos tendentes a combatir lo que se establece en cuanto a la inatacabilidad de la resolución reclamada, argumentando entre otras cuestiones, que al no establecerse un mecanismo de defensa donde pueda impugnarse la sanción administrativa que le fue impuesta, trastoca sus derechos humanos de audiencia y defensa, haciendo inaudito su acceso a la defensa legítima de sus derechos ante otra instancia, contrariando con ello el artículo 1o. de la Constitución Federal y los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). De igual forma, en el capítulo de procedencia de la demanda de amparo, la inconforme, entre otras cuestiones, argumentó que en el hipotético caso de que se aplicara el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Federal, el cual refiere que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables y, por tanto, no procede recurso ni juicio alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y se determinara desechar la demanda, con ello se vulnerarían sus derechos humanos, al hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, lo que evidentemente sería violatorio de los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), cuyas disposiciones jurídicas constituyen derechos humanos reconocidos por el artículo 1o. de la Constitución Federal, los cuales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, al ser obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pues bien, de lo antes relacionado, se advierte que una de las cuestiones de las cuales se duele la quejosa en su demanda de amparo es, precisamente, el que no se establece un medio de defensa o juicio en el cual se pueda impugnar la resolución que reclama, esto es, la inatacabilidad de la misma, lo que dice transgrede los derechos humanos reconocidos en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). En razón de lo antes precisado, este tribunal concluye que las razones de improcedencia contenidas en el auto recurrido, atañen al fondo de la cuestión planteada en la demanda de amparo, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el cual autoriza el desechamiento de la demanda de garantías cuando el motivo de improcedencia es manifiesto e indudable, pero previo a realizar tal determinación, conforme a lo dispuesto por el citado precepto legal, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, es decir, los motivos manifiestos e indudables a que alude el citado artículo, deben ser aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar con certeza la improcedencia del juicio de amparo, hipótesis que en el caso no se actualiza, ya que, como se analizó, si en la demanda de amparo se cuestiona la constitucionalidad de la inatacabilidad de la resolución reclamada, tal cuestión constituye el estudio de fondo del amparo, y por tal motivo, no puede ser desechada la demanda de garantías, bajo el argumento de que el acto reclamado es inatacable, puesto que resulta evidente que esa precisa cuestión deberá estudiarse en el fondo del amparo, al dar respuesta a los argumentos que la quejosa hace valer en su demanda de garantías, por lo que, contrario a lo considerado en el auto recurrido, el motivo de improcedencia invocado por el secretario del juzgado encargado del despacho, no puede considerarse manifiesto e indudable. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Tomo XV, enero de 2002, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe). Así como la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal, consultable en la página 316 del Tomo X, octubre de 1992, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que expresa: ‘DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Bajo ese entorno, ante lo fundado del agravio analizado, lo que procede en la especie es revocar el auto recurrido y ordenar al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, que de no advertir una causa de improcedencia manifiesta e indudable diversa a la que hizo valer, admita a trámite la demanda de garantías promovida por **********. Al haber resultado fundado el agravio analizado, se estima innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto de los diversos motivos de inconformidad que hace valer la recurrente."

17. CUARTO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de once de febrero de dos mil cinco, se basó en los siguientes antecedentes:

1) Mediante escrito de veintidós de abril de dos mil tres, ********** denunció ante el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a **********, en su carácter de **********.

2) Por sentencia de treinta de mayo de dos mil tres, la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal resolvió la queja administrativa declarándola fundada y, por tanto, impuso la sanción administrativa correspondiente.

3) Inconforme con esa resolución, ********** interpuso recurso de inconformidad, el que fue resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal mediante sentencia de quince de julio de dos mil tres, en la que se declaró fundado el recurso y, por ende, se revocó la sentencia de primera instancia.

4) En contra de lo anterior, ********** promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que por auto de ocho de diciembre de dos mil tres, se admitió a trámite la demanda. Seguidas las etapas procesales correspondientes, el dieciséis de febrero de dos mil cuatro, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado, al estimar que el acto reclamado no fue debidamente fundado y motivado.

5) Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada ********** y la parte tercero perjudicada interpusieron sendos recursos de revisión de los que tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que mediante resolución de once de febrero de dos mil cinco, dictada en el amparo en revisión **********, determinó revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado por la quejosa, al considerar que la queja administrativa versó sobre cuestiones jurisdiccionales, las cuales no pueden ser analizadas por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

18. Por otra parte, en cuanto a la determinación de la causa de improcedencia, el tribunal consideró que si el acto reclamado era una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que determinó revocar una resolución de la Comisión de Disciplina y consideró procedente absolver a la servidora pública denunciada **********, era claro que no podía considerarse que el juicio fuera improcedente, ya que no era aplicable el principio de inatacabilidad consagrado en el artículo 100 de la Constitución General de la República, que sólo rige para el Consejo de la Judicatura Federal.

19. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:

"Es en parte inoperante y en otra fundado este agravio, pues asiste razón a la tercero perjudicada en tanto sostiene que la Juez Federal de garantías omitió el estudio de una causal de improcedencia que se hizo valer en el juicio, tal y como se demuestra a continuación. En efecto, a fojas ciento ocho a ciento diez del cuaderno principal de amparo, corre agregado el ocurso de apersonamiento al presente juicio por parte de **********, **********, en su carácter de tercero perjudicada en el presente juicio de amparo, ocurso que es del tenor literal siguiente: (se transcribe). De acuerdo con la transcripción anterior, se advierte que la tercero perjudicada hizo valer, esencialmente, dos causales de improcedencia, a saber: a) La falta de interés jurídico del quejoso; y, b) La inatacabilidad de las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, misma que sustenta en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 200 y 232 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ahora bien, la Juez Federal, al proceder al estudio de las causales de improcedencia, se refirió al interés jurídico del quejoso, considerando que sobre el tema debía estarse a lo resuelto en la ejecutoria dictada por este cuerpo colegiado en los autos del toca **********. Aunado a lo anterior, la propia juzgadora asentó en el último párrafo de la foja cuatro de la sentencia recurrida, que no existían otros planteamientos de improcedencia hechos valer por las partes y que tampoco el órgano juzgador advertía una distinta. De lo anterior se desprende que, por un lado, es inoperante la queja de la recurrente, en el sentido de que la Juez no examinó la causal de improcedencia por falta de interés jurídico del quejoso, pues de la relación precedente se advierte que sobre este tema determinó que debía estarse a lo resuelto por este tribunal en un recurso anterior, consideración que no es controvertida por la recurrente, de donde se desprende que debe prevalecer. Por otro lado, es fundado el agravio, porque es exacto, como sostiene la recurrente, que la Juez de garantías hizo caso omiso a uno de los planteamientos de improcedencia hechos valer por la tercero perjudicada relacionado con la inatacabilidad de la resolución que constituye el acto reclamado, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, este cuerpo colegiado procede a su estudio, al tenor de las consideraciones siguientes: El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando así resulte de alguna otra disposición de la ley. Cabe señalar, que la improcedencia del juicio de garantías sólo puede derivar de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, según se explica en diversas tesis, como las que a continuación se insertan: ‘IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En el caso, se propone declarar improcedente el juicio, porque se reclama una resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, al resolver el recurso de inconformidad que interpuso la **********, en contra de la sentencia que resolvió la queja interpuesta por el quejoso en su contra y registrada bajo el número **********, por la comisión de faltas oficiales en el desempeño de su cargo, en los autos del juicio mercantil seguido en contra de **********, con número de expediente **********, y al efecto se invoca lo dispuesto por los artículos 200 y 232 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se encuentran contenidos, la primera, en el título décimo de la ley citada, relativo al consejo, capítulo I, referente a la denominación, objeto, integración y funcionamiento del consejo; y la segunda, en el título décimo tercero relacionado con las responsabilidades oficiales, capítulo III, de los órganos y sistemas para la imposición de las sanciones administrativas. Para analizar esta propuesta, es preciso establecer el marco jurídico en que se encuentran estas disposiciones, de manera que a continuación se destacan algunas disposiciones de la ley invocada: ‘Artículos 1o., 2o., 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 232, 233 y 234.’ (se transcriben). De estos preceptos, se observa que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, es un órgano del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los juzgados y demás órganos judiciales; asimismo, se establece la forma de integrarse el referido consejo y el funcionamiento del mismo (Pleno o comisiones). También se desprende que la facultad del referido cuerpo colegiado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones y para el desarrollo de programas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24620-a14f64b1/consejo-de-la-judicatura-federal-la-impugnacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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