IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS –RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL–, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO Y CUARTO DE CIRCUITO, AMBOS DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala es competente conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece,(1) pues se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados que actuaron en apoyo de diversos tribunales de distintos circuitos, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
8. Cabe señalar que no obsta que los Tribunales Colegiados contendientes, tanto los especializados en Materia Administrativa como los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, tengan su residencia en la Ciudad de México conforme al "Acuerdo General 20/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán" y al "Acuerdo General 21/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana."
9. Ello, pues si bien en términos del "Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal",(2) específicamente en su punto cuarto, se estableció que los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, debían conocer de los recursos interpuestos en contra de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo en los que se hubiera impugnado la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cierto es que ello no significa que la competencia asignada para resolver tales recursos haya sido, en específico, en auxilio únicamente de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, sino lo que se estipuló fue que dichos tribunales auxiliares actuarían en apoyo de Tribunales Colegiados de Circuito de toda la República Mexicana.
10. De ahí que no sea jurídicamente factible fincar la competencia para conocer de la presente contradicción al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues en el caso, como ya se dijo, los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región que emitieron dos de los criterios que ahora contienden, no actuaron en apoyo de algún Tribunal Colegiado de determinado circuito, por lo que, entonces, debe ser esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la que asuma competencia para conocer de la presente contradicción de tesis a fin de resolver la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos en los que se adoptaron posturas disímiles.
11. Cobra aplicación, en su parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(3)
12. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, quien emitió algunas de las determinaciones que dieron origen a los recursos de queja cuyos criterios se encuentran en contienda.
13. TERCERO.—Antecedentes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:
14. A. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –recurso de queja 89/2019–.
15. I. Diversas personas físicas, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra, entre otros del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado a partir del veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
16. II. Tocó conocer del juicio de amparo al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien admitió a trámite la demanda de amparo.
17. III. Contra dicha determinación, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (suplido en su ausencia por la directora general de Amparos contra Actos Administrativos), en representación del presidente de la República, interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien dictó resolución en el sentido de declarar fundado el recurso de queja, modificar el auto recurrido y desechar la demanda, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:
• El tribunal indicó que los quejosos reclamaron los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio era manifiesta e indudable, en la medida en que la hipótesis ahí contenida se encontraba planteada en términos absolutos, esto era, sin considerar excepción alguna sobre la inviabilidad de cuestionar, a través del amparo, adiciones o reformas a la Constitución Federal.
• Indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido la inviabilidad de realizar un control de constitucionalidad en relación con la propia Constitución, al no ser posible invalidar su texto por sí misma; aunado a que los preceptos de la Constitución no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni mediante algún otro medio de control establecido en la ley que lo rige.
• En apoyo a su determinación, indicó, que a diferencia de los precedentes citados por los quejosos, la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), de título y subtítulo: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." –de aplicación obligatoria–, establecía la improcedencia del amparo contra ese tipo de disposiciones, sin que resultara procedente dejar de aplicarla.
• Abundó en que, aun desde una perspectiva de regularidad en materia de derechos humanos, la invocada regla de improcedencia del amparo no admitía excepción, pues si bien la Suprema Corte ha sustentado que los tratados y la Constitución Federal constituyen, de manera conjunta, el parámetro de regularidad de normas y actos de autoridad, subsiste el principio de supremacía constitucional, en atención a lo cual resultaría improcedente cuestionar, desde cualquier perspectiva, incluso de convencionalidad, la validez de las reglas cuyo sustento se halle en la propia Constitución.
• Así, con base en ello señaló que para arribar a dicha conclusión, únicamente se requería analizar los términos del escrito que le dio inicio y, en vía de consecuencia, aun de admitirlo, al momento de dictar sentencia definitiva, no se podría arribar a una conclusión distinta de la improcedencia.
• Sin que fueran necesarios razonamientos complejos para evidenciar la adecuación exacta del caso en el supuesto legal, sino que bastaba con identificar los actos reclamados y atender a lo dispuesto en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, para concluir que el juicio era improcedente.
• Finalmente, indicó que no pasaba inadvertido que en la demanda los promoventes hubieran invocado diversas jurisprudencias interamericanas, en concreto lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como "La última tentación de Cristo", entre otros, en los que se estableció, a grandes rasgos, el deber de los Estados de adecuar sus disposiciones internas a las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de someterlas a control de convencionalidad.
• Sin embargo, a diferencia de los precedentes en cita, la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), era específica para el amparo, mientras que la diversa P./J. 20/2014 (10a.), que dice: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.", revelaba que los Jueces del Estado deben tener a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como referente último de regularidad de las normas, sin poder llevar a cabo un ejercicio que, en realidad, implicara someterla, en términos jerárquicos, a un ordenamiento de otra índole, inclusive en el caso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
18. B. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –recurso de queja 36/2019–.
19. I. Diversas personas físicas, por propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto en contra del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales, así como sus artículos transitorios primero a quinto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, y de la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
20. II. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien radicó la demanda y la admitió a trámite.
21. III. Contra dicha determinación, el director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia del subprocurador fiscal federal de amparos, actuando en representación del presidente de la República, interpuso recurso de queja, del cual conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien declaró procedente y parcialmente fundado el recurso, en lo que interesa, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:
• El tribunal declaró fundado el primer agravio relativo a que fue ilegal el acuerdo recurrido que admitió en su totalidad la demanda de amparo promovida por los quejosos, ya que respecto del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales, así como sus artículos transitorios primero al quinto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, se debió desechar la demanda en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo.
• Al respecto, señaló que en relación con tales actos, efectivamente, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable señalada por la recurrente, lo anterior, porque de la simple lectura de la demanda de amparo, en la parte en que se señalaron esos actos, así como las manifestaciones que se formularon respecto de los mismos, se observaba que lo que sustancialmente controvirtió la parte quejosa era el procedimiento de reformas y adiciones de los artículos 75 y 127 constitucionales, así como sus numerales transitorios primero a quinto y, a ese respecto, el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, claramente establecía la improcedencia del juicio constitucional en contra del procedimiento de adición y reformas a la Carta Magna.
• Determinación sobre la cual, dijo, existía criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratificaba esa cuestión de improcedencia del juicio de amparo contra las reformas o adiciones a la Carta Magna, tal era el caso del amparo directo en revisión 4267/2013-SS, en el que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se actualizaba cuando se pretenda impugnar el procedimiento de reformas a la Constitución.
• En ese sentido, el tribunal señaló que la aplicación estricta del artículo 61, fracción I, de la ley de la materia, no otorgaba la posibilidad de emitir una interpretación diversa, pues establecía categóricamente la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citando como apoyo a lo anterior la tesis 2a. XXXI/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO Y AGRAVIOS EN SU REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNA UN PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN."
• Por lo que procedía declarar parcialmente fundado el recurso de queja en contra del auto recurrido, en la parte correspondiente a la admisión de los actos reclamados que se controvirtieron en el agravio primero, ordenando al a quo que sobre esos actos repusiera el procedimiento al momento en que recibió la demanda y emitiera un nuevo auto en el que, por las razones expuestas, desechara la misma en lo correspondiente a tales actos y autoridades y solamente en el caso de que ese desechamiento impactara las otras determinaciones que hubiera tomado en el juicio de amparo o en el cuaderno incidental que derivaba del mismo, en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, subsanara el procedimiento, para que quedara debidamente integrado el juicio de amparo.
22. C. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México –recurso de queja 2984/2019–.
23. I. Diversas personas físicas, por propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto reclamando, de manera destacada, la discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y el Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las reformas y adiciones al Código Penal Federal.
24. II. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, quien determinó desechar parcialmente la demanda de amparo respecto de la discusión, aprobación, sanción, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción I, de la Ley de Amparo.
25. III. Contra dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja, del cual conoció y resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el sentido de declarar fundado el recurso, bajo las siguientes consideraciones:
• Señaló que resultaba innecesario el análisis de los agravios formulados, porque en la especie, debía revocarse el auto recurrido –en la parte combatida– al no actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia invocada por el a quo, en suplencia de la deficiencia de la queja.
• Para sustentar lo anterior, señaló que del escrito de demanda se advertía, en el capítulo de hechos, que los artículos 75 y 127 constitucionales, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, conformaban un sistema normativo dada la correspondencia casi indisoluble que tenían en cuanto a la materia, tema y objeto, lo cual, en su momento, debía ser objeto de un estudio exhaustivo que no era propio del acuerdo de admisión de la demanda de amparo o de su ampliación.
• Sin que ello implicara –dijo– desatender el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual se preveía la improcedencia del juicio de amparo en contra de una reforma constitucional; pues el examen de tal hipótesis debería efectuarse hasta el dictado de la sentencia definitiva, en función de que verificar su actualización implicaría un análisis de mayor profundidad que requería de una interpretación detallada para sustentar tal determinación, que no era propio del acuerdo de admisión de demanda.
• Aunado a que también en el escrito de demanda de amparo, los promoventes sostuvieron que los artículos 75 y 127 constitucionales resultaban inconvencionales, cuyo tema, igualmente, implicaría emprender un análisis de dichos planteamientos con mayor profundidad, lo cual tampoco era propio del acuerdo inicial, puesto que los elementos que se debían tomar en cuenta para determinar la procedencia o no del juicio iban más allá del contenido de la demanda y sus anexos, y requerían del análisis del contexto bajo el que se formuló la demanda, en correlación con las diversas normas reclamadas y las disposiciones convencionales invocadas en la propia demanda, para justificar la procedencia de la acción de amparo, así como los alegatos y pruebas ofrecidas por las partes.
• Por lo que, con base en ello, refirió que no compartía la determinación del a quo en el sentido de tener por actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia que invocó en el acuerdo impugnado, considerando que la parte quejosa impugnó los preceptos reclamados como parte de un sistema normativo y reclamó igualmente la inconvencionalidad del decreto impugnado, lo que ocasionaba que la causa de improcedencia advertida no estuviera acreditada de manera fehaciente.
26. D. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México –recurso de queja 3868/2019–.
27. I. Dos personas físicas, por propio derecho, promovieron juicio de amparo, reclamando, esencialmente, entre otros actos, el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, así como de los artículos transitorios primero, segundo y quinto de dicho decreto.
28. II. Correspondió conocer del juicio de amparo –finalmente– al Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, quien determinó desechar parcialmente la demanda de amparo, al considerar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, respecto de los actos consistentes en el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales, así como sus artículos primero y quinto transitorios, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, además de diversas iniciativas de proyecto de reforma.
29. III. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció y resolvió el tribunal auxiliar en cita, en el sentido de declarar fundado el recurso,(4) en lo que interesa, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:
• El tribunal declaró fundados los agravios hechos valer por el quejoso –suplidos en su deficiencia–. Para ello refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las causas de improcedencia deben estar plenamente probadas y no inferirse con base en presunciones; sin embargo, en el caso, las causales de improcedencia invocadas por el juzgador no eran manifiestas e indudables, que permitieran el desechamiento de la demanda.
• Ello, dijo, pues el hecho de que el quejoso reclame, entre otros actos, el decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal, así como sus artículos primero y quinto transitorios, no quería decir que se actualizaran de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones I y III, de la Ley de Amparo.
• En primer lugar, porque de la demanda de amparo se advertía que el quejoso solicitó realizar un control de convencionalidad del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que de suyo implicaba que la causa de improcedencia no podía ser manifiesta e indudable, al subsistir el tema relativo a la obligación que tenía el juzgador de amparo de analizar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la citada porción normativa. Y, por otro lado, porque el quejoso alegó violaciones al procedimiento de reformas y su reserva exclusiva al Poder Constituyente, por lo que cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas Estatales actúan en su carácter de Poder Reformador de la Constitución, debían respetar las normas del procedimiento establecidas en el artículo 135 constitucional, lo que de suyo implicaba que no era jurídicamente posible que dicho Poder emitiera una reforma con desapego a tal procedimiento y, por ello, el juicio de amparo resultaba procedente.
• Finalmente, señaló que derivado de lo autoaplicativo y heteroaplicativo de los actos de ejecución de los decretos reclamados atribuidos al Consejo de la Judicatura Federal, tampoco era factible determinar el desechamiento parcial de la demanda, pues el auto inicial no resultaba el momento procesal oportuno para analizar la improcedencia del juicio de amparo en relación con los actos de ejecución atribuidos a dicho consejo.
30. CUARTO.—Consideración previa y existencia de la contradicción de tesis. Antes de determinar la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis, resulta importante destacar que la circunstancia de que los criterios contendientes no constituyan jurisprudencia no es obstáculo para que esta Sala se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
31. Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001, del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, al no oponerse al contenido de la ley de la materia, continúan en vigor, que a continuación se identifican:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(6)
32. Ahora bien, con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis, importa destacar que el Tribunal Pleno al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, estableció que para que se actualice la contradicción basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(7)
33. La citada jurisprudencia establece lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)
34. De la jurisprudencia transcrita, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
35. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
36. Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, esta Segunda Sala advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que los tribunales contendientes examinaron una misma cuestión jurídica, pero arribaron a conclusiones diferenciadas.
37. Por un lado, los Tribunales Colegiados Segundo y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, establecieron que cuando se impugna en amparo indirecto el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, que claramente establece que contra adiciones o reformas a la Carta Magna el juicio de amparo es improcedente, por lo que resulta una causa de improcedencia notoria y manifiesta, ya que para arribar a esa conclusión únicamente se requiere analizar los términos del escrito que le dio inicio y, en vía de consecuencia, aun de admitirlo, al momento de dictar sentencia definitiva, no se podría arribar a una conclusión distinta de la improcedencia.
38. Además, señalaron que existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratifica esa cuestión de improcedencia del juicio de amparo contra las reformas o adiciones a la Carta Magna, como lo es el amparo directo en revisión 4267/2013-SS, en el que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se actualiza cuando el quejoso pretende impugnar reformas a la Constitución Federal.
39. Por lo que la aplicación estricta del artículo 61, fracción I, de la ley de la materia, no otorga la posibilidad de emitir una interpretación diversa, al establecer categóricamente que el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
40. Por su parte, el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito, ambos del Centro Auxiliar de la Primera Región –respecto del mismo supuesto–, consideraron que la causa de improcedencia invocada requiere de un análisis profundo, por lo que no se reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, ya que en el acuerdo inicial no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser el momento idóneo para ello.
41. Añadiendo que, al haberse reclamado los actos como un sistema normativo, dada la correspondencia casi indisoluble que tienen en cuanto a su materia, tema y objeto, su procedencia no debe analizarse en el auto de admisión o de su ampliación, puesto que los elementos que se deben tomar en cuenta van más allá del contenido de la demanda y de sus anexos.
42. Como se advierte de los elementos relatados, sí existe la contradicción de tesis, en tanto todos los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron respecto a una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que dé lugar a desechar de plano la demanda de amparo des
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30384-2920eb90/improcedencia-del-juicio-de-amparo-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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