AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 19 DE MARZO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
(5.) PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley,(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
(6.) Resulta aplicable la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Registro IUS: 2000331, tesis P. I/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)
(7.) SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
(8.) El artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus Tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
(9.) En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir, que la denuncia proviene de parte legítima.
(10.) TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
(11.) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 318/2013, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 3 vuelta, 32 vuelta a 34 del presente toca)
"RESULTANDO:
"...
"SEXTO. Por acuerdo de once de junio de esta anualidad, se admitió el amparo adhesivo promovido por la jefa de Departamento Contencioso, por ausencia del jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de las autoridades demandadas, en el que realiza diversas manifestaciones apoyando las consideraciones del fallo, solicitando sea confirmado; y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde.
"...
"CONSIDERANDO:
"...
"NOVENO. Al haberse negado el amparo a la parte quejosa, debe declararse sin materia el amparo adhesivo, ya que esa determinación tiene como consecuencia dejar firme la resolución que se pretende fortalecer a través de los razonamientos allí formulados y no se cuestiona algún punto de la resolución reclamada que pudiera afectar a la tercera interesada.
"En efecto, el artículo 182 de la Ley de Amparo establece:
"‘Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.
"‘El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:
"‘I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y
"‘II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.
"‘Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.
"‘Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga.
"‘La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.
"‘El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia.’
"Por tanto, se reitera, si en el presente caso la promoción del amparo adhesivo tuvo como finalidad fortalecer las consideraciones de la resolución que puso fin al juicio de nulidad y no impugna algún pronunciamiento atinente a un punto decisorio que pudiere perjudicar a la tercera interesada, entonces al haberse negado el amparo a la quejosa, el amparo adhesivo debe declararse sin materia.
"Es aplicable al presente caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 7/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 1, Décima Época, correspondiente al mes de marzo de dos mil trece, que establece:
"‘AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE DESESTIMEN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO PRINCIPAL (CRITERIO ANTERIOR A LA EXPEDICIÓN DE LA LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA DEL AMPARO ADHESIVO).’ (se transcribe)
"En consecuencia, queda sin materia el amparo adhesivo."
(12.) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 463/2013, en sesión de veintisiete de junio de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 70 vuelta a 74 vuelta del presente toca)
"QUINTO. Con el propósito de verificar la procedencia del amparo adhesivo que promueve el director general de lo Contencioso y de Recursos, en representación del jefe de departamento y del director general de Verificación y Vigilancia, ambos de la Delegación Campeche, y todos de la Procuraduría Federal del Consumidor, conviene informar el contenido del artículo 7o. de la Ley de Amparo, que establece:
"‘Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
"‘Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.’
"La norma transcrita prevé la posibilidad de que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo contra los actos, omisiones o normas generales que lesionen sus intereses patrimoniales. En caso de que el acto de autoridad que tilden de inconstitucional no afecte tales intereses, dicho medio de control de la constitucionalidad será improcedente.
"Para determinar los alcances de esa hipótesis normativa es menester establecer lo que el legislador comprendió como intereses patrimoniales de las autoridades, pues sólo su afectación puede defenderse vía juicio de garantías.
"Con esa finalidad, se debe precisar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra prevista la institución jurídica del juicio de amparo, como un medio de defensa a favor de los particulares contra los actos de autoridad que, en su opinión, transgredan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la propia Norma Fundamental.
"Tales derechos y garantías constituyen restricciones al poder público, en tanto reconocen los derechos elementales a favor de los gobernados y, en contrapartida, la obligación de las autoridades de adecuar a tales prerrogativas los actos que emitan en el ejercicio de sus funciones.
"Como, en esencia, la finalidad de los derechos humanos y las garantías individuales es limitar al poder público y salvaguardar los derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no es titular ni goza de esos derechos y, por ende, por regla general, no está legitimado para promover juicio de garantías.
"Dicha regla admite la excepción prevista en el citado artículo 7o. de la ley de la materia, la cual encuentra justificación en el hecho de que se reconoce que el Estado, a través de las personas morales oficiales, puede actuar con un doble carácter, esto es, como entidad pública y como persona moral que realiza actos regidos por el derecho privado.
"En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se ha investido como poder público; mientras que en el segundo supuesto, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los gobernados.
"La equiparación consistente en que el Estado realiza acciones como si fuera particular, implicó que el legislador le reconociera los mismos derechos de los que son titulares los particulares, entre los que se encuentran las garantías individuales que se protegen o defienden a través del juicio de amparo.
"Cabe destacar que ese reconocimiento de derechos públicos subjetivos a favor del aparato gubernamental únicamente se hace cuando actúa como persona moral en las relaciones de derecho privado, pues, se reitera, cuando actúa como autoridad esa titularidad es exclusiva de los particulares.
"Por tanto, la excepción que prevé el artículo 7o. de la Ley de Amparo, se actualiza únicamente cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender derechos que les asistan en sus relaciones de coordinación con los particulares, pero no como personas morales oficiales.
"Conviene aclarar que aun cuando una persona moral oficial se coloque en un plano de subordinación frente a una autoridad, la procedencia del juicio de amparo no se surte contra todos los actos que se emitan en el desarrollo de esa relación, ya que es necesario que se actualice la afectación de los derechos patrimoniales a que se refiere el propio artículo 7o. de la Ley de Amparo.
"Sobre el tema en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 4/2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las personas morales oficiales pueden promover demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, hipótesis que no se actualiza cuando actúan como autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, porque lo único que les otorga legitimación para acudir al amparo, es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.
"Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis jurisprudencial 2a./J. 45/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 254, que establece:
"‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (se transcribe)
"Expuesto lo anterior, resulta conveniente precisar lo siguiente:
"Por escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil diez en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el representante de **********, demandó la nulidad de la resolución de dieciocho de febrero de dos mil diez, en la que se le impuso una sanción económica por contravenir la Ley Federal de Protección al Consumidor.
"Tramitado el juicio de nulidad con el número 9430/10-17-11-6, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia el cinco de marzo de dos mil trece, reconociendo la legalidad y validez de la resolución impugnada.
"Inconforme con esa determinación, la quejosa promovió el juicio de amparo que nos ocupa.
"En razón de lo anterior, el director general de lo Contencioso y de Recursos, en representación del jefe de departamento y del director general de Verificación y Vigilancia, ambos de la Delegación Campeche de la Procuraduría Federal del Consumidor, promovió amparo adhesivo.
"Pues bien, si, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales únicamente pueden promover demanda de amparo cuando el acto, omisión o norma general que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, y si esa hipótesis no se actualiza cuando actúan como autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, resulta que el amparo adhesivo que nos ocupa es improcedente.
"En efecto, de la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a), párrafo segundo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se advierte que se estableció la institución procesal del amparo adhesivo a efecto de que la parte que hubiera obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado pueda presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emane el acto reclamado.
"El amparo adhesivo está diseñado para quienes en el juicio ordinario resultaron beneficiados del acto de autoridad, de lo que se deduce que los facultados para promoverlo no resienten un perjuicio en cuanto a lo decidido por el tribunal responsable; sin embargo, tratándose de la materia administrativa, debe subsistir la condición de la afectación a intereses patrimoniales que, por las características de esta novedosa institución, obviamente no se podrá concretar en la sentencia reclamada, pues es un presupuesto dado que obtuvo resolución favorable, pero el patrimonio público deberá ser materia de defensa o estar comprometido en el juicio de nulidad del cual emana para que sea procedente.
"Es decir, en el amparo directo adhesivo es necesario que la autoridad administrativa en el juicio ordinario haya actuado en defensa de ese tipo de intereses, y no sólo de la legalidad de un acto emitido en ejercicio de su imperio, lo cual, en el caso, no ocurre.
"En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 7o. del citado ordenamiento legal, debe desecharse el amparo adhesivo promovido por el director general de lo Contencioso y de Recursos, en representación del jefe de departamento y del director general de Verificación y Vigilancia, ambos de la Delegación Campeche, y todos de la Procuraduría Federal del Consumidor, autoridades demandadas en el juicio de nulidad."
(13.) Similares consideraciones sostuvo el referido Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver los amparos directos números 560/2013 (sesión de cuatro de julio de dos mil trece), 697/2013, 653/2013 (ambas en sesión de quince de agosto de dos mil trece), y 652/2013 (sesión de veintidós de agosto de dos mil trece); de dichas ejecutorias derivó la siguiente jurisprudencia:
"Décima Época
"Registro: 2004836
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro XXVI, Tomo 1, noviembre 2013
"Materia: común
"Tesis: I.1o.A. J/2 (10a.)
"Página: 712
"AMPARO DIRECTO ADHESIVO. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO. Con motivo de la reforma al artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Federal, se estableció la institución del amparo adhesivo, el cual está diseñado, esencialmente, para que la parte que en el juicio contencioso administrativo se vio beneficiada por la sentencia dictada por el órgano resolutor, ya sea total o parcialmente, esté en aptitud de proponer argumentos que refuercen tales consideraciones o, en su caso, evidencien las violaciones al procedimiento que pudieran afectar sus defensas. Sin embargo, tratándose de la materia administrativa, debe subsistir la condición de la afectación a intereses patrimoniales que prevé el artículo 7o. de la Ley de Amparo; por tanto, en el amparo directo adhesivo es necesario que la autoridad, en el juicio contencioso administrativo, haya actuado en defensa de ese tipo de intereses y no sólo de la legalidad de un acto emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público. Consecuentemente, la autoridad demandada en un juicio de nulidad carece de legitimación para acudir a la instancia constitucional a defender algo que resulte ajeno a sus derechos patrimoniales, como ocurre con los fallos que favorecen total o parcialmente al acto administrativo que, en ejercicio de las facultades de que aquélla se halla investida, emitió en agravio de un particular."
(14.) CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de establecer cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
(15.) Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
(16.) Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
(17.) En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (No. Registro: 164120. Jurisprudencia. Materia común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)
(18.) Además, cabe precisar que la circunstancia de que el criterio de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no esté expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva en términos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
(19.) Son aplicables a lo anterior, en lo conducente, las jurisprudencias que a continuación se identifican y transcriben:
"No. Registro: 189998
"Jurisprudencia
"Materia: común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
"No. Registro: 190917
"Jurisprudencia
"Materia: común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XII, noviembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 94/2000
"Página: 319
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
(20.) QUINTO. Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los Tribunales Colegiados contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.
(21.) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 318/2013:
a) Dicho asunto derivó del juicio de nulidad número **********, del índice de la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo acto reclamado se hizo consistir en la resolución definitiva de fecha once de marzo de dos mil trece, dictada en el referido juicio de nulidad, en la que se sobreseyó en el juicio, al considerar satisfecha la pretensión de la parte actora, en virtud de que el titular de la Subdelegación Puebla Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social determinó revocar el crédito fiscal impugnado por concepto de cédulas de liquidac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25074-bf88ffad/amparo-directo-adhesivo-en-materia-administrativa-la-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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