PERSONALIDAD DE LA AUTORIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME SU IMPUGNACIÓN PROCEDE AMPARO INDIRECTO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 144/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias, que constituye el punto de contradicción a dilucidar, corresponde a la materia administrativa en la que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el representante legal de **********, quien fue quejosa en la improcedencia **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y del amparo en revisión **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y jurisdicción.
TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.
Las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver en sesión de tres de septiembre de dos mil nueve la improcedencia número **********, en la parte conducente, son las siguientes:
"CUARTO. Son fundados los agravios propuestos por la parte recurrente, como se desglosa de la siguiente argumentativa, a excepción del último que resulta inoperante.
"La actora, ahora quejosa, demandó ante la responsable, Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, una resolución contra el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores en el Estado de Nuevo León, por lo que compareció a dar contestación, **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de esa institución, lo cual acordó favorablemente la responsable.
"La actora interpuso reclamación contra la resolución de **********, que tuvo por contestada la ampliación de la demanda presentada por el apoderado mencionado, recurso que se declaró infundado, mismo que constituye ahora el acto reclamado en la presente instancia constitucional.
"El Juez Federal mediante proveído de ocho de julio de este año, desechó de plano la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV y 145 de la Ley de Amparo, al considerar que la resolución impugnada constituye un acto procesal cuya ejecución no es de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos en grado predominante, ya que sus efectos son formales y desaparecerán si obtiene una sentencia favorable.
"La parte recurrente expresa como agravios los siguientes:
"a) La resolución desechatoria transgrede los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que al reconocer la legitimación de quien comparece, permite continuar y resolver el juicio sin ninguna validez, además que esa situación ya no podrá ser reclamable en amparo directo, tal y como se advierte de la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal de la nación;
"b) Existen actos, como el reclamado, que deben resolverse como una cuestión previa al dictado de la resolución de fondo, pues incide en un presupuesto procesal que repercute en las formalidades esenciales del procedimiento, de ahí que deban decidirse prioritariamente, a fin de dar certeza jurídica a las partes y evitar la tramitación de juicios que sólo indicarían la pérdida de tiempo, recursos económicos y molestias innecesarias, por lo que en cumplimiento de la garantía de pronta impartición de justicia, es que debe imperar el análisis constitucional de la actuación, tratándose de legitimación, no obstante que se refleje, aparentemente, en un trámite procesal;
"c) Enseguida la quejosa desglosa los conceptos de legitimación en la causa y en el proceso, y señala que el compareciente por la demandada no tiene capacidad para representarla, aspecto que, contrario al dicho del juzgador, le afecta en grado extraordinario, ya que la aceptación permite una representación durante el juicio, de ahí que amerite de inmediato su análisis constitucional.
"Cita al respecto la recurrente, la jurisprudencia P./J. 4/2001, titulada: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’
"d) El reconocimiento de la legitimación de una de las partes, como en el caso del apoderado de la demandada, reconoce en su favor prerrogativas en el juicio, ya que se le tuvo por contestada la demanda, oponiendo excepciones y defensas, por lo que bajo esa perspectiva, se produce una afectación de ejecución irreparable, ya que integra una litis en la que se reconoce al apoderado con efectos constitutivos para continuar el juicio; situaciones todas éstas que tornan a la resolución como de imposible reparación, ya que la responsable deberá pronunciarse sobre los argumentos sometidos a su jurisdicción, lo que trae por consecuencia un perjuicio inmediato, no subsanable en la resolución definitiva.
"e) Aduce la recurrente, que el Tribunal Colegiado deberá sustituirse al juzgador de distrito para pronunciarse en el fondo, en observancia a los principios de economía y celeridad procesal, además que se ordene a la responsable suspenda el dictado de la resolución definitiva, y requiera este tribunal al juzgador se dé trámite sobre su solicitud de diversas documentales, a fin de que se tenga la oportunidad de una mejor resolución.
"Pues bien, el análisis conjunto de los agravios sintetizados del a) al d), como se adelantó, resultan fundados.
"Ciertamente, el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo, a contrario sensu, prevé la procedencia del juicio de garantías, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ello en aras de evitar dilaciones dentro de los procedimientos, cuya continuación y celeridad representan un interés social y de orden público.
"Lo anterior motivó que el Máximo Tribunal de la Nación haya examinado reiteradamente el punto en cuestión, y tratándose de los actos intraprocesales ha establecido que sólo serán impugnables en amparo indirecto cuando afecten derechos fundamentales y sustantivos de los gobernados que repercutan en grado predominante y extraordinario, además que aunque obtengan una sentencia favorable, resulta inevitable el perjuicio que causen en sus derechos fundamentales.
"Resulta oportuno traer a colación para ilustrar lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, la cual dice:
"‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"Pues bien, en el caso a estudio, como quedó de manifiesto en los párrafos anteriores, el acto reclamado lo constituye la resolución al recurso de reclamación declarado infundado por la responsable, en el que se impugnó el tener por admitida la contestación de la ampliación de demanda a la autoridad demandada, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Nuevo León, al haberse controvertido la personalidad del compareciente, por ostentar la calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración del instituto mencionado, en representación del delegado regional III de aquella institución.
"Por principio, cabe destacar que la quejosa recurrente desglosa los conceptos de legitimación ad causam y ad procesum, debiendo destacarse que dentro de este último queda comprendida la capacidad de quien comparece a la instancia para representar al tenedor del derecho conculcado y del cual se pretende su protección, de ahí que se trate en el caso de un aspecto de personalidad, por encontrarse en pugna la representación de la demandada mediante un apoderado.
"Destacado lo anterior, cabe señalar que respecto del concepto de personalidad se había dicho que contra la cuestión que la dirime, sin ulterior recurso, no procedía el amparo indirecto; posteriormente, se abandonó tal criterio para establecer que, por regla general, procede el amparo indirecto y, posteriormente, se dieron excepciones a esta última, verbigracia, cuando se desestimara la personalidad de quien comparece como representante del actor, ya que en ese caso se pone fin al juicio y cuando existiera pronunciamiento en la resolución definitiva luego, en esos supuestos, sería impugnable en amparo directo.
"Análisis que se hiciera en materia laboral, en la jurisprudencia 2a./J. 7/99, Tomo IX, febrero de 1999, página 169 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se titula:
"‘PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUESTIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. Conforme al criterio actual del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, recogido en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en las páginas 137 a 139, del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se intitula: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO: <PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.>).» (se transcribe). ...’
"Ahora bien, se estima la razón de los agravios propuestos en la medida que como aduce la quejosa, el acto reclamado tener (sic) por admitida la contestación a la ampliación de demanda, por medio del compareciente, apoderado general para pleitos y cobranzas, en representación del delegado de la institución de vivienda demandada, afecta los derechos de la quejosa en grado superior y predominante.
"Ello, obedece a que la legitimación ad procesum, que en el caso se traduce en el reconocimiento de la personalidad del apoderado de la demandada, representa un presupuesto procesal que debe examinarse, prioritariamente al fondo, ya que se refleja en el reconocimiento para comparecer en juicio, formular excepciones y defensas sobre las que versará la litis que decidirá el derecho de la actora.
"Además, el grado predominante se pone de manifiesto desde el momento en que se obliga a las partes a litigar todo un procedimiento que podría ser inválido ante una falsa representación, en detrimento de la esfera jurídica del actor y que finalmente repercute en una garantía jurídica, como es la prevista en el 17 constitucional.
"Los argumentos anteriores hechos valer por la recurrente, fueron sustentados por el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 4/2001, que dice:
"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.» ...’(se transcribe).
"Ilustra también al punto cuestionado la diversa tesis invocada por la recurrente, emitida por el homólogo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que sostiene la procedencia del amparo indirecto en tratándose de la legitimación ad procesum, VI.3o.C. J/67, publicada en la página 1600, Tomo XXVIII, julio de 2008, que dice:
"‘LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.’ (se transcribe).
"Por último, resultan inoperantes los argumentos que externa la recurrente, sintetizados bajo el inciso e), en el que solicita la intervención de este tribunal para la recabación de pruebas solicitadas ante el juzgador y, además, la sustitución para pronunciarse en el fondo en esta instancia.
"Lo anterior, en la medida que la jurisdicción de este tribunal se constriñe únicamente a examinar el acuerdo de desechamiento, y declarar fundado o infundado el recurso, mas no puede asumir jurisdicción, en el fondo, toda vez que ésta se encuentra reservada al juzgador, y el efecto de la presente es el que se admita la demanda de no existir una diversa causa de improcedencia, debiendo darse trámite al juicio, a fin de integrar la litis con los informes y estar en posibilidad de resolverse el juicio constitucional.
"Consecuentemente, al ser fundados en esencia los agravios y poner de manifiesto el recurrente que la resolución impugnada transgrede en su perjuicio el contenido de los artículos (sic) 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu, se impone revocar el acuerdo recurrido y, de no existir una diversa causa de improcedencia, deberá el juzgador admitir la demanda, dar el trámite correspondiente y dictar la resolución correspondiente."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil diez el amparo en revisión **********, determinó, en lo que al tema en estudio interesa, lo siguiente:
"En esencia, la inconforme considera que debe revocarse el fallo que se revisa, al considerar que en contra de la resolución que dirime una cuestión de personalidad, previamente al fondo, procede el amparo indirecto, como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’
"Asimismo, que contrario a lo declarado por el Juez a quo, el reconocimiento de la legitimación de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo de origen, sí entraña una afectación en grado predominante y superior, pues sí tiene efectos constitutivos, ya que de él depende la continuación o la insubsistencia del proceso de origen. Además que aun cuando en el juicio natural se obtuviera una sentencia favorable, en ella no podría repararse la violación adjetiva reclamada, pues ya no podría anularse la resolución en la que se reconoció la personalidad de quien compareció a nombre de la autoridad demandada.
"Como se anunció al inicio del presente considerando, tales argumentos resultan infundados pues, contrario a lo que sostiene la agraviada, el reconocimiento de la personalidad de la autoridad que compareció al juicio contencioso administrativo de origen, no equivale a la afectación extraordinaria considerada por la jurisprudencia P./J. 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’, tampoco equivale a la que se presenta en el enjuiciamiento civil ni, por ello, impide al actor su defensa y, por ende, no provoca los inconvenientes y perjuicios en el supuesto de la litis del juicio civil, que se integra debidamente con la demanda, contestación y, obviamente, la personalidad de las partes comparecientes. Es así, pues conforme a lo previsto en los artículos 14, fracción VI, 17, fracción I, 20, fracción (sic) III y IV, y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, el procedimiento contencioso administrativo versa sobre una resolución preexistente, expresa o ficta, atribuible a la autoridad llamada a juicio, que debe contener los fundamentos y motivos de su determinación, y que su litis se puede integrar, por tanto, con tales fundamentos y motivos y con los conceptos de impugnación del particular, de manera que el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de la autoridad demandada no tiene efectos constitutivos y, consecuentemente, no se surten los elementos necesarios para considerar que se afecte al actor en grado predominante o superior.
"Habida cuenta que el tema sobre el cual versa la litis constitucional está relacionado con la aplicación del criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene analizar primero su contenido.
"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.», para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.’(1)
"En esencia, en la jurisprudencia recién citada, invocada por la recurrente, se estableció que las resoluciones en las que se dirime la personalidad de alguna de las partes, pueden impugnarse antes de que se dicte la sentencia definitiva, a través del juicio de amparo indirecto, por tratarse de un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis y que la resolución que se dicte en esa incidencia tiene efectos constitutivos.
"La citada jurisprudencia se emitió por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/98, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.
"Al efecto, debe destacarse que en la ejecutoria correspondiente se analizó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra una resolución que desechó la excepción de falta de personalidad en un procedimiento judicial de carácter civil.
"Entre las consideraciones que motivaron la emisión de la tesis de jurisprudencia aludida, conviene citar las siguientes:
"a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.
"b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable.
"c) La resolución que decide la cuestión de falta de personalidad, de ser indebida, constituirá una violación procesal reclamable con motivo de la sentencia desfavorable de fondo a través del amparo directo, pues en ese supuesto, la violación afectaría las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos.
"d) Y en el supuesto de que a una de las partes fuera desfavorable la resolución procesal de personalidad, pero favorable la sentencia definitiva, caso en el cual sólo su contraparte podría acudir al amparo directo, aquélla no quedaría inaudita en caso de que se concediera la protección constitucional, pues el aspecto de falta de personalidad podría plantearse como cuestión exclusiva en el nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión procesal de mérito, acorde con una interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que, en términos generales, la distinción entre actos dentro de juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. Sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que debe contar, precisamente, el caso de la falta de personalidad, en la forma y términos que en este considerando se expondrán. Son varias las razones para restringir o moderar el criterio jurisprudencial de mérito. Entre las fundamentales, tienen relevancia las siguientes: En primer lugar, que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, al establecer que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procede ‘contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación’, no hace distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluye a estos últimos, que también pueden tener ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, no existe ninguna cortapisa o inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis.
"En segundo lugar, el criterio jurisprudencial que se reexamina, si se impone de modo absoluto, es contrario a la experiencia, en cuanto ésta demuestra que una violación jurídica procesal puede ser tan trascendente como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir las garantías individuales de modo irreparable.
"Por otra parte, el criterio de la tesis que se reexamina es incongruente, pues afirma que los actos dentro del juicio son de imposible reparación (amparo indirecto) sólo cuando afectan derechos fundamentales transgrediendo derechos sustantivos, y que no son de imposible reparación (amparo directo) cuando lesionan derechos adjetivos o intraprocesales, ya que la sentencia de fondo puede serle favorable, y si no lo es, puede acudir al amparo haciendo valer violaciones de fondo y la procesal. Sin embargo, se ve en la necesidad de admitir un nuevo amparo directo para la parte que habiendo perdido la cuestión procesal, gana el fondo, pese a que su contraparte haya obtenido el amparo en contra de la definitiva; al admitir ese nuevo amparo directo, está reconociendo que la resolución intraprocesal también puede ser de imposible reparación, sólo que para remediar la indefensión del afectado dentro del proceso, induce a desacatar la ejecutoria de amparo que ya había decidido el fondo.
"Íntimamente relacionado con lo acabado de señalar, aparece en la jurisprudencia reexaminada otro concepto que no puede válidamente seguirse sosteniendo, que es el referido a que la interpretación de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo permite considerar que la cuestión procesal sobre personalidad puede plantearse en un nuevo amparo en contra de la sentencia ordinaria dictada en acatamiento a una ejecutoria de amparo anterior que resolvió el fondo. Este Pleno estima que debe apartarse de tal concepto, porque la subsistencia del mismo es contraria al texto expreso del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo y al criterio que reiteradamente ha venido sosteniendo esta Suprema Corte reflejado, entre otras, en las tesis jurisprudenciales 237 y 238 (Compilación de 1995, Tomo VI), que establecen:
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO (AMPARO IMPROCEDENTE).’
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.’
"El desarrollo lógico a partir de la aceptación -acorde con la Constitución y la experiencia- de que las violaciones dentro de juicio de tipo adjetivo o ‘intraprocesal’ también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional.
"En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio, mediante las reformas de 1988).
"Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior.
"Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su transcendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la senten
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23165-ecda0442/personalidad-de-la-autoridad-en-el-juicio-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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