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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2003. · Registro digital (IUS): 17912
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 370.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2003. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: ENRIQUE LUIS BARRAZA URIBE.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que dieron origen a la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo a las posturas antagónicas que precisan cada uno de los contendientes, son las siguientes:

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, integrado en ese entonces por los Magistrados Arturo Barocio Villalobos, Jorge Figueroa Cacho y María de los Ángeles Eduwiges Chavira Martínez, en el toca de revisión incidental número 689/97, resuelta en sesión de ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO. Supliendo sus deficiencias conforme al artículo 76 bis de la ley de la materia, se estima sustancialmente fundado el agravio (único que se estudiará dada su preponderancia) en que se sostiene que de no otorgarse la suspensión definitiva el acto reclamado podría quedar irreparablemente consumado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió la jurisprudencia respectiva para sostener, como nuevo criterio, que el amparo biinstancial sí es procedente cuando se combate la resolución que dirime, previamente al dictado del fallo definitivo, una cuestión de personalidad, conforme lo establece la tesis visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, que dice: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA»). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, conduce a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe precisarse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis y, además, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Cabe precisar que la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconoce esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede el juicio cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.’. En la especie no se está reclamando precisamente una interlocutoria que hubiera decidido la excepción de falta de personalidad, sino sólo, según se vio, el acuerdo que desechó la apelación interpuesta por el ahora quejoso contra el diverso auto por el que, a su vez, no se admitió dicha clase de excepción; sin embargo, la ejecutoria aludida es aplicable al caso por analogía, por extensión y, sobre todo, porque ya lo determinó así el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito al fallar la improcedencia 348/97 (a fojas 34 a 53 del cuaderno original del incidente de suspensión), quien inclusive citó la tesis de la voz: ‘AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. SI YA SE RESOLVIÓ EL FONDO DEL ASUNTO EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS, LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD YA NO PUEDE PLANTEARSE EN UN NUEVO AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA»).’, misma que, al igual que la invocada por este colegiado en el párrafo anterior, emana del amparo en revisión 6/95. Luego, si procede, pues, amparo indirecto contra el acuerdo que desecha la excepción de falta de personalidad opuesta por el demandado, necesariamente debe proceder también la suspensión de ese acto, toda vez que aun cuando es verdad tanto que tal acto es eminentemente negativo (la no admisión de la apelación contra la también no admisión de la defensa indicada), como que de otorgarse la medida se tendrá que suspender el procedimiento judicial, las tesis en que se apoyó el Juez Federal resultan inaplicables en el caso debido a que la propia Ley de Amparo prevé una hipótesis en que cabe detener un procedimiento, puesto que en su artículo 138 dispone: ‘En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. ...’. Esto es, si es viable suspender un procedimiento del que derive el acto reclamado cuando de continuarse éste se ‘deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso’, es indudable que si se prosiguiera el juicio natural sin antes haberse dilucidado lo referente al desechamiento de la excepción de falta de personalidad hecha valer por el demandado, podría darse el caso de que si se resolviera en definitiva aquél, quedaría irreparablemente consumado el acto reclamado, dado que al no proceder finalmente amparo directo jamás llegaría a decidirse lo referente a la no admisión de la defensa, ni al fondo de esta misma, resultando, por tanto, de exacta aplicación el mencionado artículo 138 en su parte final. Debe, entonces, revocarse la sentencia interlocutoria materia de la presente revisión y en su lugar otorgarse la suspensión definitiva a fin de que no se continúe con el juicio natural hasta en tanto se resuelva lo concerniente al desechamiento de la excepción aludida. Se hace innecesario analizar los agravios restantes conforme lo establece la jurisprudencia 575 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial citado, que previene: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si se revoca la sentencia dictada por el Juez de Distrito a quo, fallándose favorablemente a los intereses del recurrente por uno de los capítulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en la revisión, pues ello a nada práctico conduciría.’. Cabe aclarar que el Juez de Distrito deberá fijar los requisitos de efectividad de la suspensión. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se otorga la suspensión definitiva a Ignacio Guardián Soto, contra las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria." (fojas 32 a 38).

Precisamente a raíz de tal resolución derivó la tesis con los siguientes datos de publicación, rubro y texto:

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, septiembre de 1997

"Tesis: III.3o.C.36 K

"Página: 736

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES PROCEDENTE CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD HECHA VALER POR EL DEMANDADO. Si contra el acuerdo por el que se desecha la excepción de falta de personalidad en el actor procede amparo indirecto, debe proceder también la suspensión del acto reclamado, aun cuando sea un acto negativo (o sea, la no admisión de la defensa indicada), de conformidad con el artículo 138 de la ley de la materia, habida cuenta de que si el juicio natural continuara su trámite, es obvio que de llegar a fallarse dejaría ‘irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso’, toda vez que al no haberse dilucidado previamente lo referente al desechamiento de la excepción de falta de personalidad hecha valer por el demandado, esa decisión quedaría irremediablemente consumada, puesto que ya no procedería amparo directo, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV-noviembre, página 137, y ello ocasionaría que jamás llegara a decidirse lo referente a la no admisión de la defensa ni el fondo de esta misma, resultando, por tanto, de especial aplicación, la parte final del referido precepto 138.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

"Incidente de suspensión (revisión) 689/97. Ignacio Guardián Soto. 8 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: Alba Engracia Bugarín Campos.

"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción número 42/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala."

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, integrado en su momento por los Magistrados Rodolfo Moreno Ballinas, Gerardo Domínguez y Gustavo Alcaráz Nuñez, en la revisión incidental número RI. 2199/2000 resuelta el veintitrés de febrero de dos mil uno, en lo conducente, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

"CUARTO. Los agravios formulados son unos infundados y otro inoperante. La primera calificativa corresponde a lo argumentado por la inconforme en el sentido de que la negativa del Juez de Distrito sobre la suspensión definitiva solicitada viola en su perjuicio el artículo 138 de la Ley de Amparo. En efecto, de lo actuado se advierte que en la demanda de garantías la hoy recurrente reclamó del Juez Sexto de lo Civil con residencia en esta ciudad, la sentencia interlocutoria pronunciada en el juicio civil sumario hipotecario número 1428/98, en la que se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad de Carlos Bernal Mora, quien se ostentó como apoderado de la institución bancaria actora. Ahora bien, para que se otorgue la suspensión definitiva es necesario que además de que se compruebe la existencia de los actos reclamados, se den los requisitos del artículo 124 de la ley de la materia, que son los siguientes: ‘I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público ... III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.’. En ese contexto de razones, el análisis de la sentencia interlocutoria reclamada lleva a la convicción de que en el caso no es posible otorgar la suspensión solicitada por no cumplirse el segundo de los requisitos establecidos en el numeral 124 en comento, como atinadamente resolvió el Juez de Distrito, pues conceder la medida cautelar implicaría la suspensión del sumario natural en lo principal y, por tanto, la contravención a disposiciones de orden público, sin que se oponga a lo considerado lo previsto en el precepto 138 de la ley de la materia, al señalar: ‘En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. ...’; toda vez que una interpretación de esta norma jurídica, relacionada con el 124, fracción II, del cuerpo legal señalado, conduce a determinar que solamente debe otorgarse la medida cautelar para paralizar el procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado cuando de continuarse el mismo puedan quedar irreparablemente consumados los daños y perjuicios en contra de la parte quejosa y no se contravengan disposiciones de orden público. Por otra parte, la disidente externa que la demanda de garantías fue promovida contra actos cuya ejecución es de imposible reparación, según lo previene el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, como es el caso, pues la autoridad responsable, de declarar improcedente la excepción de falta de personalidad del apoderado del banco actor y ordenar continuar el procedimiento, resultaría un acto ya no revisable al decidir sobre el fondo del negocio en la sentencia definitiva, por lo que su consumación acarrearía consecuencias jurídicas de imposible reparación, puesto que el Juez de la causa ya no podría reponer la anomalía procesal mencionada. Lo anterior es inoperante. Resulta ser así por la razón de que la procedencia del juicio de amparo no debe servir de base para otorgar la medida cautelar definitiva solicitada en el incidente de suspensión, pues en éste solamente debe observarse si se cumple con los extremos del artículo 124 de la ley de la materia y, en todo caso, la viabilidad del juicio de garantías respecto del acto reclamado, corresponderá el examen a la sentencia que llegue a dictarse en la audiencia constitucional. Ahora bien, la circunstancia de que el Juez responsable en la sentencia interlocutoria reclamada desechó la excepción de falta de personalidad del apoderado de la institución bancaria y que por ese motivo ya no sea revisable en la sentencia que llegara a pronunciar, no amerita el otorgamiento de la suspensión solicitada, ya que el interés por preservar el orden público está por encima de los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso con el pronunciamiento de la sentencia definitiva en el sumario natural. La recurrente expresa que si bien el procedimiento judicial no es susceptible de suspenderse, por mediar el orden público, no menos cierto es que la suspensión definitiva debió concederse como medida primordial para preservar la materia del juicio de amparo, a efecto de que no sea dictada en el procedimiento natural la respectiva sentencia definitiva que pudiera decidir el fondo del negocio y que se aseguraría que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan, pues con ello se logra evitar que las consecuencias del acto reclamado causen daños y perjuicios de imposible reparación para que, en su caso, la sentencia de amparo que al efecto se dicte pueda ser ejecutada de manera eficaz e íntegramente. Lo anterior es infundado. Así es, la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados implica que para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra, además, fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso, sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso, dicho análisis debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. En ese contexto de razones, el análisis de la sentencia interlocutoria reclamada lleva a la convicción de que en el caso no es posible otorgar la suspensión solicitada, por no cumplirse el segundo de los requisitos establecidos en el numeral 124 en comento, como atinadamente resolvió el Juez de Distrito, pues conceder la medida cautelar implicaría la suspensión del sumario natural en lo principal y, por tanto, la contravención a disposiciones de orden público, ya que el juicio civil está constituido por un conjunto de actuaciones y etapas sucesivamente ininterrumpidas y reguladas por las normas del derecho procesal civil, que se inicia desde la presentación de la demanda y culmina con el fallo definitivo que pronuncia el tribunal, e indiscutiblemente que la sociedad está interesada en que el juicio civil no se detenga ni se paralice hasta llegar al objetivo para el cual es sustanciado, resultando de orden público su continuación, por cuyo motivo, proceder a la paralización sería afectar las etapas posteriores a la emisión del acto reclamado, máxime que la simple secuela del juicio no ocasiona daños y perjuicios en contra de la hoy inconforme, ya que no se ve privada de sus derechos procesales, como sería el comparecer al multirreferido juicio a contestar la demanda, ofrecer pruebas, expresar alegatos, etc., y así, no es factible conceder la suspensión para detener el trámite del sumario natural. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y tres, Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del sumario: ‘PERSONALIDAD, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESUELVA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que la suspensión del acto reclamado, a petición de parte, en un juicio de amparo, procederá cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite el agraviado; 2) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución del acto. Ahora bien, si en un juicio de amparo se reclama la sentencia dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que resolvió la excepción dilatoria de falta de personalidad, debe considerarse que no procede otorgar la suspensión del acto reclamado, por no cumplirse el segundo de los requisitos establecidos en el numeral en comento, pues ésta ocasionaría la suspensión del procedimiento en lo principal y, por tanto, la contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la tesis jurisprudencial de esta Tercera Sala que establece que «el procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo». No obsta a la anterior conclusión, el hecho de que en la legislación procesal civil del Estado respectivo se prevea la excepción de falta de personalidad como una excepción de previo y especial pronunciamiento que suspende el procedimiento en el principal hasta en tanto no sea resuelta la misma, pues ello debe entenderse referido exclusivamente al juicio ordinario regulado por el ordenamiento respectivo, pero no al juicio de amparo que es un medio extraordinario de impugnar los actos de las autoridades de un Estado cuando se estime que contravienen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra reglamentado por la ley de la materia, a saber, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Considerar lo contrario, es decir, que del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa respectiva debe derivarse la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, como una excepción a la regla general de que el procedimiento judicial no debe suspenderse, sería otorgarle a este ordenamiento un ámbito de aplicación mayor al que realmente tiene y extender una excepción a un caso que no se encuentra expresamente consignado en la ley.’. Incluso, resulta aplicable en el presente asunto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 16, Tomo III, del mes de abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del sumario: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.’. Por otra parte, no se comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que la hoy inconforme cita en apoyo de sus agravios, con el rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES PROCEDENTE CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD HECHA VALER POR EL DEMANDADO.’, en virtud de que conceder la medida cautelar implicaría la suspensión del sumario natural en lo principal y, por tanto, la contravención a disposiciones de orden público, ya que la sociedad está interesada en que el juicio civil no se detenga ni se paralice hasta llegar al objetivo para el cual es sustanciado, por encima de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la hoy recurrente con el posible pronunciamiento de la sentencia definitiva. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los agravios esgrimidos, procede confirmar la interlocutoria impugnada. QUINTO. En atención a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, deberá ordenarse la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la contradicción que al parecer existe entre el criterio sustentado por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, en la tesis que con el rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES PROCEDENTE CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD HECHA VALER POR EL DEMANDADO.’ aparece publicada en la página setecientos treinta y seis del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se confirma la interlocutoria que se revisa. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva del acto que la quejosa reclama, consistente en la ejecución de la sentencia interlocutoria de 31, treinta y uno, de mayo de 1999, mil novecientos noventa y nueve, dentro del juicio civil sumario hipotecario número 1428/98. TERCERO. Denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis a que se refiere el considerando quinto de esta ejecutoria. Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca." (fojas 5 vuelta a 12 del cuaderno de contradicción).

Este tribunal no formuló tesis.

Debe señalarse, además, que ambos Tribunales Colegiados remitieron copias certificadas de las interlocutorias dictadas en los asuntos referidos.

De igual manera, es pertinente mencionar que no resulta óbice para resolver la presente contradicción de tesis el hecho de que la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito no constituya jurisprudencia, así como tampoco que el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito no haya sido plasmado en forma de tesis, en la que se distinga un rubro, un texto y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo el criterio en contradicción, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la ley reglamentaria del juicio de amparo en alguno de sus preceptos establecen esos re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17912-8c82fe0d/suspension-definitiva-respecto-de-las-resoluciones-que-dirimen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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