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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVEN SOBRE SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE PROPIEDADES PARTICULARES INCLUIDAS EN PERÍMETROS DE TERRENOS RECONOCIDOS Y TITULADOS A FAVOR DE COMUNIDADES INDÍGENAS. RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. SÓLO ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ UN JUICIO SEGUIDO ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO, EN LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL NUMERAL 18, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17234
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 704.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito fue emitido al resolverse el amparo directo 90/99, promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de Rosario González Ávalos de González, en sesión de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve.

Dicha resolución tuvo los antecedentes que a continuación se precisan:

1. En fecha imposible de determinar con base en las constancias de autos que integran esta contradicción de tesis, pero que se verificó con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley Agraria y bajo la vigencia de la otrora Ley Federal de Reforma Agraria y del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, promulgado el quince de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, Rosario González viuda de González planteó ante la Dirección General de Bienes Comunales de la Secretaría de la Reforma Agraria un conflicto de límites, lo que hizo mediante solicitud administrativa de exclusión de bienes respecto de los que manifestó como de su propiedad particular, consistentes en un predio rústico denominado Rancho El Chacuaco.

2. A través de dicha solicitud, la pequeña propietaria mencionada pretendió excluir su predio (aparentemente sujeto al régimen de derecho civil) de una superficie de terreno confirmada y titulada en favor de la comunidad indígena denominada Pueblito de San Pablo, Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco (es decir, de un polígono de superficie sujeto al régimen de derecho agrario).

3. El conflicto descrito fue tramitado conforme a los lineamientos y procedimientos entonces establecidos en la Ley Federal de Reforma Agraria y el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales.

4. Una vez integrado el expediente administrativo agrario respectivo y con motivo de la reforma al artículo 27 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos (artículo tercero transitorio), así como en cumplimiento a los diversos decretos publicados en el mismo medio de difusión oficial antes referido, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, a través de los cuales se promulgaron la Ley Agraria (artículo tercero transitorio de la misma) y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (artículos primero al quinto), el asunto fue enviado para efectos de resolución al Tribunal Unitario Agrario, Distrito XV, en el Estado de Jalisco.

5. Con motivo de lo anterior se formó el juicio agrario, expediente número 639/97 del índice del tribunal administrativo referido, y seguido el procedimiento por todas sus etapas, se dictó sentencia el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en la cual se declaró la improcedencia de exclusión de la propiedad particular respecto de la superficie de terrenos comunales confirmada y titulada a favor de la comunidad indígena del Pueblito de San Pablo, Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.

6. Inconforme con dicha resolución Josefina López González, en su carácter de interventora de la sucesión testamentaria a bienes de Rosario González Ávalos de González, promovió juicio de amparo directo señalando como acto reclamado la sentencia del Tribunal Unitario Agrario.

7. El asunto fue enviado por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se formó el expediente AD. 90/99, y en sesión de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, se resolvió lo que a continuación será transcrito, destacando que la reproducción sólo se hará respecto de las partes que para el caso interesan:

"QUINTO. Por razón de método, previo al estudio de los conceptos de violación, este Tribunal Colegiado procede a analizar y resolver la causal de improcedencia que hace valer la parte tercero perjudicada, comunidad indígena denominada Pueblito de San Pablo, Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, al apersonarse al presente juicio de garantías a través de su comisariado de bienes comunales, mediante escrito de cinco de febrero del presente año, el cual obra a fojas de la veinte a la veintidós del presente juicio, en el que manifiestan, en síntesis, que el juicio de amparo deviene notoriamente improcedente y se debe decretar el sobreseimiento del mismo, en términos de los artículos 73, en relación con el 74 de la Ley de Amparo, 'toda vez que si bien es cierto que Josefina López González, interventora de la sucesión intestamentaria a bienes de Rosario González A. de González, en tiempo ocurrió ante la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria a solicitar la exclusión del predio rústico denominado Rancho El Chacuaco, con superficie total de 300-00-00 hectáreas, también es cierto que de ninguna manera demuestra el origen de su propiedad y que los terrenos cuya exclusión solicita del perímetro comunal forman parte de los terrenos de nuestra comunidad indígena, ya que no aportó prueba alguna tendiente a probar tal hecho y, a la vez, tampoco se acredita con la cadena de los títulos respectivos, que su propiedad deriva y es consecuencia de los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856, Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas y su reglamento, expedida por el entonces presidente de la República don Ignacio Comonfort, cuya aplicación motivó la individualización de la propiedad comunal, atendiendo también, en consecuencia, a lo que nos señala la fracción VIII del artículo 27 constitucional y, en ese orden de ideas, procede y así se solicita se decrete el sobreseimiento de este juicio de amparo, ya que inclusive la demanda en cuestión fue presentada en forma extemporánea y no dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo y, además, lo único que presenta la solicitante de exclusión para acreditar su supuesta propiedad, son contratos privados de compraventa, no surte efecto legal alguno ... de ahí que el promovente del juicio de amparo en que se actúa ... ya que tampoco acredita su interés jurídico, ni la personalidad con que promueve, por no demostrar con la cadena de títulos que su propiedad se deriva de una propiedad originaria en la fecha que se menciona ... Por todas y cada una de estas circunstancias, por la falta de legitimación, personalidad y la no afectación al interés jurídico de los quejosos, procede y así se solicita, se decrete el sobreseimiento del presente juicio de garantías.'. Lo anterior es inoperante pues, en principio, se destaca que la demanda de garantías se interpuso dentro del término de quince días hábiles que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues la sentencia reclamada le fue notificada por instructivo a la accionante el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y ocho, según constancias que obran a fojas de la 284 a la 286 de los autos del juicio natural, por lo que de esa fecha al diecisiete de noviembre del mismo año, en la que se interpuso la demanda de amparo que nos ocupa, aún no había transcurrido el aludido término, por ser inhábiles los días veinticinco de octubre, uno, dos, siete, ocho, catorce y quince de noviembre siguiente. Asimismo, la promovente del amparo lo hace en su carácter de interventora de la sucesión intestamentaria a bienes de Rosario González Ávalos de González, personalidad que le fue reconocida por el tribunal agrario responsable en los autos del juicio natural, por lo que no puede afirmarse legalmente que no acredite la personalidad con que promueve. Así también, la afectación del interés jurídico de la sucesión intestamentaria impetrante de garantías, le deviene de la circunstancia de que la sentencia reclamada le fue adversa a la de cujus, por lo que no carecen de legitimación para interponer el juicio de amparo que nos ocupa, máxime que las diversas consideraciones que vierte la parte tercero perjudicada, consistentes en determinar si la parte quejosa acreditó o no los elementos constitutivos de su acción, no son motivo para decretar, en su caso, el sobreseimiento en el juicio, pues ello constituye la materia de fondo del asunto que no es dable examinar vía improcedencia. SEXTO. Resultan sustancialmente fundados los motivos de inconformidad en los que se aduce que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIII, al emitir la sentencia reclamada no analizó la totalidad de las pruebas desahogadas en los autos del juicio agrario. En efecto, según se puede advertir de la simple lectura de la citada resolución, el tribunal responsable estableció en el resultando primero que al comparecer Rosario González viuda de González, a solicitar la exclusión de su predio ante la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, anexó a su solicitud la siguiente documentación: '1. Copia certificada del contrato privado de compraventa, de fecha veintinueve de junio de mil novecientos treinta y cuatro, celebrado entre Librada Ávalos viuda de González y Rosario González de González como compradora, respecto de una fracción del predio rústico denominado Rancho El Chacuaco; 2. Copia simple del croquis del predio Rancho El Chacuaco, a nombre de María del Rosario González de González; 3. Copia fotostática del recibo de pago del impuesto predial, expedido por el Ayuntamiento de San Sebastián, Jalisco, a nombre de Rosario González de González, respecto del predio Rancho El Chacuaco; 4. Certificación expedida por la Oficina Recaudadora de Rentas de San Sebastián del Oeste, Jalisco, en la que se hace constar que en esa oficina se encuentra a nombre de Rosario Ávalos de González el predio rústico denominado Rancho El Chacuaco, con superficie aproximada de 406-66-67 hectáreas; 5. Dibujo del fierro de herrar de Rosario González.'. De igual forma, se desprende de lo sustentado en el considerando tercero de la sentencia reclamada, que para resolver en el sentido que lo hizo la autoridad responsable únicamente realizó un análisis somero del aludido contrato de compraventa celebrado el veintinueve de junio de mil novecientos treinta y cuatro, entre Librada Ávalos viuda de González y Rosario González de González, el fierro de herrar, la constancia de inscripción en el catastro municipal y el recibo de pago del impuesto predial, del dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario de diez de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y de las opiniones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Dirección General de la Tenencia de la Tierra y del delegado agrario en el Estado. Sin embargo, tiene razón la parte quejosa al esgrimir que el tribunal responsable al pronunciar la sentencia impugnada, no se ocupó de analizar y valorar la totalidad de las pruebas documentales aportadas en el juicio, toda vez que, además de las que se tomaron en cuenta en la resolución reclamada, se aportó al juicio agrario el certificado catastral de once de marzo de mil novecientos ochenta y seis, expedido por el jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de San Sebastián del Oeste, Jalisco, en el que se establece la historia registral del rústico materia de la controversia (foja 55 del expediente agrario); inspección ocular de diecinueve de julio de mil novecientos noventa y dos, realizada en el predio materia del conflicto (foja 43); acta de inspección ocular de ocho de agosto de mil novecientos noventa y dos (foja 44); registro del inmueble en comento en el Registro Público de la Propiedad de Mascota, de nueve de julio de mil novecientos treinta y cuatro (foja 50 vuelta); y, finalmente, la opinión actualizada del delegado agrario en el Estado, en la que considera procedente la exclusión, entre otros, del terreno propiedad de la de cujus (foja 88). No se desatiende por este Tribunal Colegiado que el artículo 189 de la Ley Agraria establece que: 'Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.'; empero, tal facultad de apreciación no los exime de analizar todas y cada una de las pruebas aportadas al juicio, así como tampoco los autoriza a dejar de expresar en su resolución las razones por las cuales, a su juicio, éstas merecen o no valor probatorio. Al respecto, se comparte el criterio sustentado en la tesis número X.1o.3 A, que aparece publicada en la página doscientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco, que dice: 'TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SENTENCIAS DICTADAS POR LOS. DEBEN CONTENER EL ESTUDIO DE TODAS LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL JUICIO. El artículo 189 de la nueva Ley Agraria establece que las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos, según lo estimaren en conciencia; sin embargo, tal facultad de apreciación no los exime de analizar todas y cada una de las pruebas obrantes en el juicio, así como tampoco los autoriza para dejar de expresar en su resolución, las razones por las cuales, a su juicio, éstas merecen o no valor probatorio, como lo establece el precepto citado, por lo que al omitir tales tribunales la valoración de las pruebas, violan el principio de congruencia establecido por el artículo 189 de la Ley Agraria, y como consecuencia las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales.'. Así pues, al quedar de manifiesto que el tribunal responsable omitió analizar los elementos de convicción destacados con anterioridad, resulta incuestionable que en el caso a estudio se infringió el principio de congruencia establecido por el artículo 189 de la Ley Agraria y, por ende, se violaron en perjuicio de la parte promovente del amparo las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, lo que procede es conceder el amparo y la protección constitucional solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que tome en cuenta y valore la totalidad de las pruebas desahogadas en autos. No pasa inadvertido a este órgano colegiado que en el auto de radicación del asunto, el entonces titular del Tribunal Unitario Agrario responsable, entre otras cosas, dispuso notificar a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del poblado denominado Pueblito de San Pablo, Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco; sin embargo, no existe en el sumario natural constancia alguna de la que se desprenda que se dio cumplimiento con lo anterior, es decir, que efectivamente se hubiera llamado a los referidos integrantes del comisariado de bienes comunales de que se trata. Lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad responsable para que tome las medidas pertinentes sobre el particular. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la sucesión intestamentaria a bienes de Rosario González Ávalos de González, en contra del acto que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIII, para los efectos señalados en el último de los considerandos de esta ejecutoria, mismo que se precisó en el resultando primero de esta misma resolución."

CUARTO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, materia de esta contradicción de tesis, proviene de la ejecutoria dictada en el amparo directo 30/2001, promovido por el Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, la cual fue emitida en sesión de veintinueve de enero de dos mil dos.

Dicha resolución tuvo los antecedentes que a continuación se precisan:

1. El primero de abril de mil novecientos setenta y cinco, Rubén Ruiz Velazco planteó ante la Dirección General de Bienes Comunales de la Secretaría de la Reforma Agraria un conflicto de límites, lo que hizo mediante la solicitud de exclusión de bienes respecto de los que manifestó como de su propiedad particular, consistentes en los predios denominados La Capilla, Sin Nombre y El Arroyo.

2. A través de dicha solicitud, el pequeño propietario mencionado pretendió excluir su predio (aparentemente sujeto al régimen de derecho civil) de una superficie de terreno confirmada a favor de la comunidad indígena denominada San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco (es decir, de un polígono de superficie sujeto al régimen de derecho agrario).

3. El conflicto antes descrito fue tramitado conforme a los lineamientos y procedimientos entonces establecidos en la Ley Federal de Reforma Agraria y Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales.

4. Una vez integrado el expediente administrativo agrario respectivo, y con motivo de la reforma al artículo 27 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos (artículo tercero transitorio), así como en cumplimiento a los diversos dos decretos publicados en el mismo medio de difusión oficial antes referido el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, a través de los cuales se promulgaron la Ley Agraria (artículo tercero transitorio de la misma) y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (artículos primero a quinto), éste fue enviado para efectos de su resolución definitiva al Tribunal Unitario Agrario, Distrito XV, en el Estado de Jalisco.

5. Con motivo de lo anterior, se formó el juicio agrario número 113/2000 del índice del tribunal administrativo referido, y seguido el procedimiento por todas sus etapas, se dictó sentencia el veinte de agosto de dos mil uno, en la cual se declaró la exclusión de la propiedad particular respecto de la superficie de terrenos comunales confirmada y titulada a favor de la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

6. Inconformes con dicha resolución los miembros del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales de San Juan de Ocotán, promovieron juicio de amparo directo señalando como acto reclamado la sentencia del Tribunal Unitario Agrario.

7. El asunto fue enviado por razón de turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se formó el expediente AD. 30/2001 y, en sesión de veintinueve de enero de dos mil dos, se resolvió lo que a continuación será transcrito, destacando que la reproducción sólo se hará respecto de las partes que para el caso interesan:

"CUARTO. El presente análisis no se hará a la luz de lo considerado en la sentencia reclamada, ni con base en los conceptos de violación expresados en su contra (las transcripciones que se han efectuado son únicamente por la información que ministran), pues como enseguida se verá, en el caso se actualiza una causal de improcedencia que conduce a sobreseer en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, de conformidad con lo que prevé el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. De la demanda de garantías se aprecia que la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, promovió juicio de garantías señalando como acto reclamado la resolución dictada con fecha veinte de agosto del año próximo pasado, en el expediente 113/00, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito XV, que declara la exclusión de los predios denominados La Capilla, dividido en dos fracciones, consuperficie de 1-32-19 y 3-36-47 hectáreas; Sin Nombre, con superficie de 2-08-40 hectáreas y El Arroyo, de 3-15-96 hectáreas, a favor de Rubén Ruiz Velazco Gutiérrez, de aquellos terrenos que beneficiaron a la comunidad indígena mencionada, a través de confirmación y titulación de bienes comunales, decretada mediante resolución presidencial publicada el veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta. En los resolutivos de esa sentencia se dijo: 'Primero. Es procedente la acción de exclusión de propiedad particular de terrenos comunales promovida por Rubén Ruiz Velazco Gutiérrez, en atención a lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Se excluye de los terrenos comunales reconocidos y titulados al poblado de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, los predios denominados La Capilla, el que se encuentra dividido en dos fracciones, con superficies de 1-32-19 y 3-36-47 hectáreas, Sin Nombre, con 2-80-40 hectáreas y El Arroyo, de 3-15-96 hectáreas, los cuales de acuerdo al dictamen emitido por el perito tercero en discordia, propiedad para efectos agrarios de Rubén Ruiz Velazco Gutiérrez, de conformidad a lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta sentencia. Tercero. La parte opositora, comunidad indígena de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, no acreditó sus defensas y reconvención opuestas, de conformidad con los razonamientos y consideraciones de derecho expuestos en los considerandos de esta resolución. Cuarto. Remítase un tanto de esta resolución a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, a efecto de que realice las inscripciones correspondientes, con fundamento en el artículo 152 de la Ley Agraria.'. Ahora bien, el numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías es improcedente: 'Artículo 73. ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.'. Por su parte, el artículo 198 de la Ley Agraria, en lo que interesa dispone: 'Artículo 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones.'. De lo antes transcrito se colige que, para el fin de que la acción intentada por la comunidad quejosa fuese procedente, se hacía necesario que ésta previamente hubiera agotado el susodicho recurso, porque, como antes se vio, es evidente que la sentencia que aquí constituye la materia del acto reclamado es susceptible de impugnarse, previo a la promoción del juicio de garantías, a través del recurso de revisión a que se refiere el numeral antes transcrito, ya que tal dispositivo, como quedó asentado, refiere que es procedente tal medio de impugnación en contra de las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de poblaciones ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, numeral que se complementa con lo dispuesto en el diverso artículo 9o., fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que determina que el Tribunal Superior Agrario es competente para conocer del indicado recurso de revisión. A fin de evidenciar que la cuestión planteada en este caso encuadra en los supuestos normativos de referencia, resulta conveniente reseñar sus orígenes legislativos. La Constitución proyectada en 1916 y promulgada en 1917, no contenía en el artículo 27 disposición alguna que expresamente refiera los conflictos por límites, esto es, aquellas controversias que se suscitaban en torno a la identificación de la propiedad rural, a fin de dilucidar qué extensión de terreno correspondía a las comunidades, ejidos y pequeños propietarios. Fue a través de la segunda reforma que se dio al numeral 27 constitucional, que se propuso este tipo de procedimientos, precisamente por iniciativa del senador Wilfrido C. Cruz, la cual fue analizada en sesión de veinte de octubre de mil novecientos treinta y seis, exponiéndose en ésta, en lo que interesa, lo siguiente: 'Considerando que en obvio de dificultades el criterio que debe seguirse para la eliminación de los conflictos de límites pendientes, es el de reconocer como válidos aquellos títulos o documentos traslativos de dominio y básicos para la posesión y usufructo o aprovechamiento de tierras cuando aquéllos llenen todos los requisitos legales de la época en que fueron otorgados o cuando en su contra no existan instrumentos que afecten a los derechos en ellos contenidos o sancionados; que si por los términos de dichos documentos no es posible identificar y localizar los linderos de los terrenos en disputa o determinar el derecho consignado en el título, debe atenderse a la distribución equitativa de la tierra de acuerdo con las necesidades de los pueblos contendientes y demás circunstancias que sea necesario tomar en consideración para concederles los elementos naturales de vida indispensables a su sostenimiento hasta donde lo permita la extensión de las tierras disponibles. Considerando que esta iniciativa sólo puede ser viable mediante una adición al texto del artículo 27 de la Constitución Federal, cuyos estatutos fijan las bases de nuestro régimen territorial y jurídico, pues ello implica el establecimiento de una jurisdicción distinta o la vigente para la resolución de las controversias de referencia, jurisdicción que ninguna ley de carácter ordinario podría fijar sin convicción de las disposiciones fundamentales de nuestra organización constitucional. Por todo lo expuesto, vengo a proponer el siguiente: Proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: Se declaran de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales existan entre los diversos núcleos de población y cuyo régimen jurídico proceda de las donaciones, mercedes o repartimientos hechos a los indios por las autoridades de la Colonia, cualquiera que haya sido su denominación original, siempre que constituyan terrenos de comunidad. La ley fijará el procedimiento adecuado para la resolución de los conflictos pendientes o la ratificación de los fallos definitivos pronunciados por las autoridades de los Estados y de los convenios que hayan solucionado las contiendas resueltas oyéndose a los Gobiernos Locales cuando lo pidan, para que proporcionen los datos necesarios en los casos a discusión, debiendo tomarse en cuenta los títulos o documentos arreglados a las leyes vigentes en la época de su expedición, siempre que no exista grave contradicción entre los instrumentos que amparen posesiones limítrofes, caso en que habrá que atender preferentemente a las necesidades de los poblados contendientes, de acuerdo con su densidad demográfica, la situación topográfica de las tierras en disputa, su calidad y extensión, así como los demás factores que precise tomar en cuenta para hacer una distribución equitativa de los recursos comunales en litigio. 300. En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el jueves diecisiete de diciembre de mil novecientos treinta y seis, se dio primera lectura al dictamen relativo a la iniciativa del senador Wilfrido C. Cruz, tendiente a que se adicionara el párrafo tercero del artículo 27. H. Asamblea: A la segunda Comisión de Puntos Constitucionales fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa presentada el 20 de octubre último, por el C. Licenciado y senador Wilfrido C. Cruz, a fin de que se adicione el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la República, con un inciso en el que se declaren de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales procedentes de donaciones, mercedes o repartimientos, hechos por las autoridades de la Colonia, existen entre los diversos núcleos de población, reservando a la ley la fijación del procedimiento adecuado para resolver los conflictos pendientes o la ratificación de los fallos definitivos pronunciados por los Gobiernos Locales, así como los convenios que se hayan celebrado. Se establece en la misma iniciativa que serán oídos los expresados gobiernos, cuando así lo pidieren; que deberán tomarse en cuenta los títulos o documentos arreglados a las leyes vigentes en la época de su expedición, siempre que no exista grave contradicción con los instrumentos que amparen propiedades limítrofes; y que en este último caso se atenderá preferentemente a las necesidades de los pueblos contendientes, de acuerdo con su densidad demográfica, topográfica de las tierras en disputa, su calidad y extensión y, en general, tomando en consideración los factores indispensables para una distribución equitativa de los recursos comunales en litigio. El principal fundamento de la adición propuesta es la existencia de numerosos conflictos por límites de terrenos comunales, que no han podido ser solucionados por las autoridades de los Estados, habiéndose creado muy serios problemas de persistencia crónica sostenida a través de varias generaciones, con quebranto de la tranquilidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17234-d3bf3592/revision-en-materia-agraria-es-improcedente-dicho-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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