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Modo: Corpus Pro

CONTROL SANITARIO. LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO DE REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA INTERPUESTO EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESA MATERIA, OPERA DE PLENO DERECHO AL TRANSCURRIR LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 60, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 92, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CONTROL SANITARIO. EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS EN ESA MATERIA, SE ENCUENTRA TÁCITAMENTE DEROGADO POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y LOS PRECEPTOS QUE LO REGULAN SÓLO SE CONSERVAN PARA RESOLVER LOS RECURSOS QUE SE HUBIEREN INTERPUESTO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ÉSTA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. LOS PREVISTOS EN LAS DIVERSAS LEYES ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTRAN TÁCITAMENTE DEROGADOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y LOS PRECEPTOS QUE AÚN NO SE DEROGAN EXPRESAMENTE SE CONSERVARÁN PARA SOLUCIONAR AQUELLOS MEDIOS DE DEFENSA INTERPUESTOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17670
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, , Pág. 263.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los antecedentes y consideraciones emitidas por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo 67/2002, en lo que interesa, son los siguientes:

I. El veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad de la Secretaría de Salud formuló un informe de verificación por publicidad irregular, para lo cual citó a la persona moral denominada Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que por conducto de su representante compareciera ante la mencionada autoridad el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y manifestara lo que a su derecho conviniera.

II. Con motivo de lo anterior se instrumentó un procedimiento administrativo que concluyó con resolución de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, a través de la cual se impuso una multa a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable.

III. Inconforme con la anterior resolución, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió recurso administrativo de revisión ante la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad, el cual fue resuelto el catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, decretando la revocación de la resolución impugnada, para el efecto de que se emitiera una nueva debidamente fundada y motivada.

IV. En cumplimiento a la resolución anterior, el veinticinco de septiembre de dos mil (once meses después), la autoridad sanitaria emitió nueva resolución imponiéndole a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, una multa.

V. Por estar en desacuerdo con las nuevas multas y resolución, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió recurso administrativo de revisión, en el cual se alegó que la nueva multa no debió imponerse por estar caduca la facultad de la autoridad, y dicho recurso fue declarado infundado el treinta de marzo de dos mil uno, lo que acarreo la confirmación de la segunda multa.

VI. Contra la anterior resolución, y por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil uno ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante promovió juicio contencioso administrativo ejercitando la acción de nulidad, mismo que por razón de turno correspondió a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, formándose así el expediente número 10503/01-17-10-7, el cual fue resuelto el treinta y uno de octubre de dos mil uno, reconociendo la validez de la resolución administrativa dictada el treinta de marzo de dos mil uno, por el subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, al resolver el recurso de revisión tramitado, interpuesto por la misma persona moral antes mencionada.

VII. Disconforme con la sentencia definitiva anterior, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió amparo directo, y en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dos, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió conocer del asunto, dictó sentencia en el juicio número 67/2002, en donde, esencialmente, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. Con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo debe atenderse, en primer orden, a las causas de improcedencia del presente juicio de garantías ... Resulta infundada la causal de improcedencia ... SÉPTIMO. Los conceptos de violación aducidos por la sociedad quejosa son ineficaces, los cuales se estudian en su conjunto en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En el presente caso, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil uno, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente número 10503/01-17-10-7, relativo al juicio de nulidad formado con motivo de la demanda promovida por Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable. La promovente mencionada demandó del subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, la nulidad del oficio 102/019.1/2713 de treinta de marzo de dos mil uno, por medio del cual se confirmó la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil, dictada en el expediente DCSP/VS889/98 por el director de Control Sanitario de la Publicidad de la Secretaría de Salud, en virtud de la cual se impuso a la actora una sanción económica por la cantidad de $755,000.00 (setecientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por violación a las disposiciones relativas en materia de control sanitario de la publicidad. En la sentencia reclamada, la Sala Regional determinó que la parte actora no probó su acción, y reconoció la validez de la resolución impugnada. Ahora bien, la sociedad quejosa aduce, en síntesis, como conceptos de violación los siguientes: Que en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se establece que la caducidad opere única y exclusivamente si se solicita por el particular; que es obligación de la autoridad declarar y proceder de oficio al archivo de las actuaciones en el plazo establecido al efecto; que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo opera de pleno derecho la caducidad del procedimiento administrativo iniciado de oficio, cuando la autoridad no dicte resolución en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo de diez días con que dispone para dicho efecto; el artículo 60 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo dispone lo siguiente: ‘Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley. La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.’. Por su parte, de las constancias que integran el expediente fiscal, específicamente de la resolución impugnada (fojas 11 a 17 del expediente administrativo), se aprecia que con fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la autoridad demandada formuló informe de verificación de publicidad, en razón de que detectó una difusión de publicidad irregular; que en esa fecha citó a la ahora quejosa para que compareciera ante la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad de la Secretaría de Salud, el veintiuno de septiembre de ese año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la publicidad irregular; que con fecha seis de octubre del año citado, la autoridad demandada emitió resolución imponiendo a la ahora quejosa una multa por la cantidad de $1,510.00 (mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.); que inconforme con dicha determinación, la sociedad ahora quejosa interpuso recurso de revisión ante la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad referida, el cual fue resuelto el catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de revocar la determinación recurrida para el efecto de que se emitiera una nueva debidamente fundada y motivada; que en cumplimiento a dicha determinación, el veinticinco de septiembre del año dos mil, la autoridad sanitaria emitió una nueva resolución mediante la cual impuso de nueva cuenta una sanción económica a la ahora inconforme por la cantidad de $755,000.00 (setecientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); que nuevamente inconforme con dicha determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto con fecha treinta de marzo de dos mil uno, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. Esta última resolución fue materia del juicio de nulidad del que emana la sentencia reclamada. Del precepto transcrito con antelación, o sea, el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente de su último párrafo, se aprecia que tratándose de los procedimientos iniciados de oficio, como en la especie ocurrió, se entenderán caducos y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. De ahí que, en principio, no sea acertada la afirmación de la Sala Fiscal responsable en el sentido de que: ‘... el artículo 60 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en estudio, establece la carga procesal a cargo del interesado (de la actora), de solicitar la caducidad, lo cual sería ante la propia autoridad administrativa y no en este momento.’. Ello es así, en razón de que en términos del precepto legal referido, no es exacto que se establezca la carga procesal únicamente a cargo del interesado de solicitar la caducidad, porque dicha declaración puede operar oficiosamente. No obstante lo anterior, debe estimarse correcta la apreciación de la Sala Fiscal, en el sentido de que conforme a lo dispuesto por el artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se condiciona la caducidad a que no se efectúe ningún acto procesal ni promoción durante cierto término, lo que no aconteció en la especie, toda vez que como se advierte de la reseña de antecedentes de la resolución impugnada, la actora, ahora quejosa, solicitó la caducidad hasta que interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución de veinticinco de septiembre del año dos mil, esto es, una vez que ya se había emitido resolución expresa al respecto. De lo que resulta que, en la especie, como advirtió la Sala Fiscal en la sentencia reclamada, ese requisito para que operara la caducidad fue superado, en virtud de que se dio ese acto procesal que fue precisamente la determinación que puso fin a dicho procedimiento, esto es, la de veinticinco de septiembre del año dos mil, antecedente de la resolución impugnada, materia del juicio de nulidad del que emana la sentencia reclamada. Adicionalmente, debe destacarse que la caducidad referida, si bien es cierto que se encuentra condicionada a que no se realice ningún acto procesal ni promoción durante el plazo de treinta días contados a partir de la expiración de los cinco días de que dispone la autoridad para dictar resolución, para que se ponga fin al procedimiento, también lo es, como se dijo, que en la especie ello no aconteció, ya que existió resolución expresa de la autoridad y no debe perderse de vista que si bien en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se establece la posibilidad legal de que en los procedimientos ahí señalados opere la caducidad, en la especie, ya se había dictado resolución, que es el antecedente de la diversa impugnada en el juicio de nulidad del que emana la sentencia reclamada, por lo que no es dable que operara la caducidad en dicho procedimiento, porque esta última fue dictada en cumplimiento de aquélla. No se opone a lo anterior la tesis que invoca la quejosa para apoyar sus pretensiones, cuyo rubro es: ‘CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FEDERAL INICIADO DE OFICIO.’, en razón de que por las razones antes señaladas, es inaplicable en la especie. Habida cuenta de que resultaron ineficaces los conceptos de violación aducidos por la sociedad promovente del amparo, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados."

CUARTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 150/2002, en la parte que interesa, expresan:

I. El quince de abril de mil novecientos noventa y siete, la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad de la Secretaría de Salud formuló informe de verificación de publicidad, en virtud de que detectó difusión de publicidad irregular, para lo cual citó a la persona moral denominada Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

II. Con motivo de lo anterior se instrumentó un procedimiento administrativo que concluyó con resolución de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, a través de la cual se impuso una multa a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable.

III. Inconforme con la anterior resolución, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió recurso administrativo de revisión ante la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad, el cual fue resuelto el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, decretando la revocación de la resolución impugnada y ordenando se emitiera una nueva debidamente fundada y motivada.

IV. En cumplimiento a lo anterior y hasta el diez de agosto de dos mil (once meses después), el director de Control Sanitario de la Publicidad de la Secretaría de Salud emitió nueva resolución imponiéndole nueva multa una vez más.

V. Contra la anterior resolución, el cuatro de septiembre de dos mil, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso otra vez recurso administrativo de revisión, el cual fue resuelto en oficio 102/19.1/2581, de diecinueve de abril de dos mil uno, dictado por el subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, confirmando la resolución impugnada.

VI. Disconforme con la anterior resolución administrativa y por escrito presentado el treinta de enero de dos mil dos, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante, promovió juicio contencioso administrativo, al que por razón de turno correspondió a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, formándose así el expediente 12710/01-17-10-7, el cual fue resuelto el catorce de diciembre de dos mil uno, reconociendo la validez de la resolución impugnada.

VII. Por no estar de acuerdo con tal sentencia definitiva, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió amparo directo, y en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dos, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió conocer del asunto, dictó sentencia en el juicio número 150/2002 donde, esencialmente, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación que hace valer la quejosa son fundados en atención a las siguientes consideraciones. La quejosa aduce, esencialmente, que contrariamente a lo manifestado por la responsable, el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no condiciona ni establece como presupuesto de procedencia de la caducidad, la previa solicitud del interesado, ni mucho menos se faculta a la autoridad para emitir la resolución en un procedimiento que ha caducado; que resulta absurda la carga procesal que la responsable pretende imponer a la hoy quejosa. En principio, resulta necesario transcribir el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que textualmente señala: ‘Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley. La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.’. Ahora bien, la Sala responsable al respecto señaló que: De acuerdo con el informe de verificación de publicidad de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y siete, el procedimiento administrativo fue iniciado de oficio por la autoridad. Que en esa medida resulta aplicable el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual señala que se entenderán caducados los procedimientos en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. Que la resolución impugnada (diecinueve de abril de dos mil uno) confirma la resolución de fecha diez de agosto del año dos mil, la cual se emitió en cumplimiento a lo ordenado por resolución de fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que revocó la diversa resolución contenida en el oficio DCSP/VS390/97, de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, para el efecto de que se emitiera otra debidamente fundada y motivada, misma que es la ya mencionada de fecha diez de agosto de dos mil. Que el término con el cual contaba la autoridad para emitir la resolución correspondiente, después de ser oído el representante legal y desahogadas las pruebas, era de cinco días, de conformidad con lo regulado en el artículo 434 de la Ley General de Salud. Que la resolución de 28 de septiembre de 1999, revocó la diversa resolución de fecha 29 de mayo de 1997, porque no se emitió de manera fundada y motivada, lo que evidencia que no había prueba pendiente por desahogarse. Que así las cosas, el plazo de la caducidad comenzó a partir de la fecha en que transcurren los cinco días a que se refiere el artículo 434 de la Ley General de Salud. Que, sin embargo, si se toma en consideración lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual establece un acto procesal a cargo de la parte interesada para que opere la caducidad, es decir, establece una carga procesal ya que no únicamente sanciona una inactividad procesal, sino que para que ésta opere habrá necesidad de dos situaciones: 1. Que la propia autoridad determine que la caducidad se ha consumado, esto es, de oficio, o bien, 2. Que el interesado la solicite. Que en el caso concreto no era susceptible que la parte actora alegara la caducidad a que se refiere el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al existir un acto procesal tendiente a concluir un procedimiento, que fue la emisión de la resolución contenida en el oficio número 102/019.1/2581, de fecha diecinueve de abril de dos mil. Que, por tanto, en el juicio de nulidad no es susceptible de que se haga valer la caducidad en vía de excepción, en virtud de que el artículo 60 en estudio, establece la carga procesal a cargo del interesado (de la actora) de solicitar la caducidad, lo cual sería ante la propia autoridad administrativa, y no en el juicio de nulidad. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, condiciona la caducidad a que no se efectúe ningún acto procesal ni promoción durante cierto término, sin embargo, en este caso concreto, la autoridad emitió la resolución impugnada la cual puso fin al procedimiento administrativo iniciado de oficio, por lo que el requisito para que opere la caducidad fue superado, en virtud de que existió la promoción procesal por parte de la autoridad, que fue la resolución que puso fin al procedimiento iniciado en contra de la actora. Atendiendo a los razonamientos antes sintetizados, este órgano colegiado considera que los argumentos que hace valer la quejosa en contra de los mismos son fundados ya que, contrariamente a lo señalado por la responsable, el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no establece carga procesal alguna para que opere la caducidad, en tanto que esta figura implica la pérdida de la facultad de la autoridad para emitir la resolución sancionatoria correspondiente, precisamente por su inactividad, en el caso de que el procedimiento se haya iniciado de oficio, y esto obedece al principio procesal de igualdad jurídica, en tanto que en el primer párrafo del artículo en comento, se establece la causa por la que opera la caducidad, en el caso de que el procedimiento se haya iniciado a petición de parte (en el que la inactividad de la parte interesada corre en su perjuicio), en el que lo único que se requiere es que transcurran tres meses, paralizado el asunto, para que la administración pública acuerde el archivo de las actuaciones, de ahí que, en el caso, no se requiera como presupuesto de procedencia de la caducidad, la previa solicitud del interesado, ya que la caducidad se da por el simple transcurso del tiempo, sin acto procesal alguno (tanto en el procedimiento iniciado a petición de parte como en el iniciado de oficio), y la solicitud a la que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento, es para el efecto de que se archive el expediente, en el caso de que no se haya acordado en forma oficiosa, pero de ninguna manera para que opere la caducidad, como erróneamente lo pretende la responsable. Por otra parte, resulta incorrecta la determinación de la Sala, en el sentido de que al haberse emitido la resolución que puso fin al procedimiento iniciado en contra de la actora, considera superado el requisito para que operara la caducidad. En efecto, su consideración no se ajusta a derecho, ya que si bien es cierto que el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles condiciona la caducidad a que no se efectúe acto procesal alguno ni promoción durante cierto término, también lo es que ese término es de treinta días (contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución) para el caso de los procedimientos iniciados de oficio, de conformidad con el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y no cualquier término, como lo pretende la Sala, de ahí que resulte ilegal la resolución que se emita fuera del término que para tal efecto señala el precepto antes aludido. En este orden de ideas, una vez transcurrido dicho término, a solicitud de parte interesada o de oficio, se proceda el archivo de las actuaciones, en el entendido de que el asunto ya caducó, lo que de ninguna manera implica, como lo pretende la responsable, que se requiera como condición para que opere la caducidad el que la parte interesada lo solicite, por las razones hasta aquí expuestas. Al haber resultado fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."

QUINTO. Existe contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En efecto, ambos Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos negocios jurídicos, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, pues en los antecedentes de los asuntos de ambos órganos jurisdiccionales existen los antecedentes comunes consistentes en que:

a) Se dictó una resolución administrativa por la Dirección de Control Sanitario de la Publicidad de la Secretaría de Salud en agravio de un gobernado, destacando que se trata de un asunto donde aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

b) El gobernado interpuso recurso administrativo de revisión en contra de dicha resolución, destacando que se trata del medio impugnado previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y orgánicamente corresponde resolverlo al subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud.

c) En ambos casos la autoridad administrativa dictó resolución en el recurso administrativo declarándolo fundado, por advertir la presencia de vicios de fundamentación y motivación, lo que ocasionó que la resolución recaída al recurso ordenara la insubsistencia del acto administrativo impugnado, para el efecto de que en su lugar se emitiera uno nuevo que estuviera fundado y motivado.

d) En ambos casos la autoridad administrativa a quien correspondía el dictado de la nueva resolución que viniera a sustituir a la impugnada, permaneció estática por un lapso prolongado, pues en el asunto que correspondió al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el periodo de incertidumbre por omisión fue de once meses (ver antecedente número IV en el considerando tercero de esta sentencia), y el mismo lapso de inactividad se presentó en el asunto que fue del conocimiento del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

e) En ambos asuntos el gobernado afectado planteó la caducidad de la facultad de la entidad estatal federal por el transcurso del tiempo, en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, finalmente, los dos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron tal situación.

No obstante que las características de los asuntos son esencialmente iguales, los órganos jurisdiccionales terminales a que se refiere esta sentencia concluyeron con tesis, posiciones y criterios jurídicos discrepantes, a un grado tal que uno afirmó lo que el otro negó, y viceversa, tan es así que mientras el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que se requiere que el particular solicite a la autoridad la declaración de la caducidad del procedimiento administrativo, el Sexto Tribunal de la misma materia y circuito, sostuvo que no se requiere como presupuesto de procedencia de la caducidad, la previa solicitud del interesado dirigida a la autoridad administrativa.

Igualmente se destaca que los fallos que conforman la materia de esta contradicción de tesis provinieron del examen del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que además exista jurisprudencia sobre el tema que pudiera conducir a dejar sin materia este asunto.

A propósito de todo lo anterior, así como de la declaratoria de existencia de criterios encontrados, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76).

Consecuentemente, la materia de esta contradicción de tesis consistirá en determinar la forma en que opera la caducidad prevista en el artículo 60, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los procedimientos de imposición de sanciones y medidas de seguridad regulados por los artículos 428 a 437 de la Ley General de Salud y, especialmente, estableciendo si la operancia de dicha figura extintiva de las atribuciones de autoridad por el transcurso del tiempo, está condicionada o no a la existencia de una solicitud por parte interesada.

Precisada la materia de contradicción, esta Sala se aboca a determinar cuál será el criterio que deberá prevalecer con carácter jurisprudencial.

SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustentará esta Segunda Sala en la presente sentencia, el cual diferirá sustancialmente de las dos soluciones que, en su oportunidad, sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentran relacionados con este procedimiento de contradicción de tesis; al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 4a./J. 2/94, de la extinta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17670-7bac9c9a/control-sanitario-la-caducidad-de-las-facultades-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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