"BANDO" INFORMATIVO EL NÚMERO 9 SOBRE EL COMBATE A LA CIRCULACIÓN DE TAXIS IRREGULARES Y LA NEGATIVA DE CONCESIONES. CONSTITUYE UN ACUERDO GENERAL ADMINISTRATIVO EMITIDO POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE TRANSPORTE DE LA PROPIA ENTIDAD. BANDOS. EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CARECE DE ATRIBUCIONES PARA EMITIRLOS, SIN QUE SU INCORRECTA DENOMINACIÓN TRASCIENDA A SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es materia de esta contradicción de tesis, se encuentra en el considerando sexto de la sentencia pronunciada en sesión de veinticinco de febrero de dos mil dos, al resolverse el toca de revisión RA. 2039/2001, promovido por la persona moral denominada Nueva Generación, Campamento Dos de Octubre, Asociación Civil y coagraviados, donde esencialmente se sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Como tercer concepto de agravio expresa la recurrente diversos argumentos tendentes a desvirtuar la parte de la sentencia que estimó constitucional el Bando Informativo Número Nueve, emitido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con base en el cual se les negó a los solicitantes de amparo, el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, siendo dichos argumentos del tenor sustancial siguiente: a) Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal carece de competencia para emitir bandos informativos, ya que el artículo 122 de la Constitución General de la República no habla específicamente de este tipo de actos. Afirma la recurrente en este punto, que el Juez de amparo pasa por alto que la facultad consagrada en el artículo 122 constitucional, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), limita la facultad reglamentaria a la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos, sin mencionar a los bandos, por lo que no es dable asimilar la naturaleza jurídica de éstos a la de una disposición general y abstracta (es decir, reglamentaria), siendo así incompetente a su juicio el Ejecutivo Local en comentario. b) Que el Bando Informativo Número Nueve, expedido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, carece en lo absoluto de los requisitos de fundamentación y motivación, debido a que no basta para satisfacer estos requisitos, citar en el acto de mérito y de manera genérica una ley, así sea la Suprema, sino que estima necesario que se deba invocar el numeral específico que le concede facultades para tal fin a la autoridad emisora, además de mencionar cuál ley es la que pretende reglamentar, lo que dice no aconteció. Asimismo, expresa que el pluricitado bando informativo, a su juicio, se presenta como un acto administrativo de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que si éste no señala precepto que faculta a su emisor, ni alguna otra disposición legal, ello se traduce en ausencia de fundamentación del acto, pues a través de éste se está modificando una situación jurídica concreta. Como vicios de motivación del bando reclamado, expresa la quejosa, medularmente, que previo a su emisión no existió un estudio de factibilidad que determinara el balance entre la oferta y la demanda del servicio, en el que se concluyera que la demanda estaba cubierta por un periodo de tres años, siendo además que el estudio de mérito no fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que estima se violó en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Transporte del Distrito Federal. c) Finalmente, expresa la accionante constitucional que el Bando Número Nueve, tantas veces referido, está desconociendo la declaratoria de necesidades que se expide para el otorgamiento de dieciocho mil concesiones para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros individual sin itinerario fijo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, lo que considera como violatorio del principio de irretroactividad de las normas. A juicio de los suscritos Magistrados que integran este cuerpo colegiado, los argumentos arriba reseñados devienen infundados. Para alcanzar la conclusión anunciada, es necesario determinar la naturaleza jurídica del Bando Informativo Número Nueve, emitido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, puesto que sólo resuelta tal cuestión podrá determinarse si dicho Ejecutivo Local tiene o no facultades para su suscripción y si se hallan satisfechas las garantías de fundamentación y motivación. El bando reclamado textualmente dispone: 'Con fundamento en las facultades que me confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno, a los habitantes del Distrito Federal hago saber: Que el total de concesiones vigentes para el servicio de transporte público individual de pasajeros, taxi, en el Distrito Federal asciende a 103,298. Que con base en el último estudio técnico de factibilidad, la demanda para el servicio de taxis se considera cubierta. Que en comparación con otras entidades de México o del mundo, el Distrito Federal ofrece una oferta mayor de taxis a sus habitantes. Que de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente, el total anual de emisiones contaminantes que genera la circulación de taxis en el Distrito Federal es de 117,600 toneladas, entre hidrocarburos, monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y óxidos de azufre. Por lo anterior, he decidido tomar las siguientes medidas: 1. En los próximos tres años no se otorgarán más concesiones para taxis. 2. Se combatirá, conforme a la ley, la circulación de taxis irregulares con la coordinación conjunta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Transportes y Vialidad y el Instituto del Taxi. Solicito la confianza, el respaldo y la colaboración de los habitantes del Distrito Federal y de todos los concesionarios y usuarios de taxis.'. De acuerdo con la transcripción anterior, el acto reclamado se denominó por la responsable 'bando informativo' y se dirigió a los habitantes del Distrito Federal, comunicándoles a éstos lo siguiente: 1. Que la demanda de taxis en el Distrito Federal se encuentra cubierta; y, 2. Que durante los próximos tres años siguientes a la emisión del documento en comentario, no se otorgarán más concesiones. Ahora bien, considerando que el concepto de 'bando informativo' no se halla explorado por la doctrina nacional ni por la jurisprudencia, fuerza es hacer una breve referencia a la noción de bando, tanto desde el punto de vista del lenguaje jurídico en general, como concretamente del lenguaje constitucional. Desde el primer ángulo apuntado, es decir, desde la concepción jurídica general, el término en comento es definido por el Diccionario Jurídico Espasa, desde la visión del derecho administrativo local como: 'Mandato publicado por al alcalde de obligatoria y general observancia. Normalmente se distingue de los edictos en que éstos se dictan para promover la audiencia de todos o sólo de una parte del vecindario en relación con ciertos actos o resoluciones municipales. El bando suele ser solemne en la forma de redactarse y aun en la de publicarse.'. Asimismo, la obra en comentario establece como concepto de vocablo bando lo siguiente: 'Norma reglamentaria, dictada por el alcalde en el ámbito de sus atribuciones.'. Por su parte, Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra intitulada Diccionario Jurídico Elemental, define el concepto en estudio como: 'Además disposición o mandato publicado por orden superior. Se diferencia del edicto en que este último significa anuncio o aviso. Los bandos pueden ser gubernativos o militares. Los primeros son dictados por la autoridad gubernativa del orden civil; y los segundos por una autoridad militar y al frente de tropa, para que todos se enteren de la disposición.'. Finalmente y desde el punto de vista de la doctrina del derecho constitucional mexicano, el doctor en derecho, Ignacio Burgoa Orihuela en su obra Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, define al bando de policía y buen gobierno, de la siguiente forma: 'Bando de policía y buen gobierno. Es un cuerpo normativo que contiene disposiciones generales que rigen las principales actividades publicadas dentro de una comunidad urbana, limitando en aras del bien general la conducta de los particulares que la ofenden. Su contenido preceptivo versa generalmente sobre diversos aspectos del orden público dentro de las ciudades y poblaciones para preservarlo y sancionar su alteración, facultad ésta que corresponde a la autoridad administrativa ...'. De las definiciones anteriores, se pueden advertir tres características o notas esenciales que (en esta parte, se inserta una palabra cuyo texto es ilegible pero aun con su omisión, el texto guarda secuencia, cordura y entendimiento): a) Su contenido es de carácter normativo o preceptivo. b) Es de observancia general o de efectos generales. c) Regula o versa sobre actividades de orden público al interior de una comunidad determinada. Vistos estos conceptos doctrinales, es menester hacer referencia a los preceptos constitucionales que de una forma u otra se han ocupado de los conceptos de 'policía y buen gobierno' y de 'bando', que utilizan los autores de las obras antes citadas, para lo cual resulta útil tomar como punto de partida los artículos relativos del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, que son del tenor literal siguiente: 'Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquiera clase, para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía.'. 'Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía; el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días. Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana.'. 'Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persigan de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que haya que aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.'. De las disposiciones constitucionales supratranscritas, se advierte que el Constituyente de mil novecientos diecisiete ya contemplaba dentro del texto de la Ley Cimera (sic), los conceptos de los reglamentos de policía y buen gobierno o gubernativos, cuyo castigo por incumplimiento o inobservancia quedaba conferido a las autoridades del orden administrativo, quienes además quedaban autorizadas para practicar visitas domiciliarias a fin de cerciorarse de su cumplimiento. Sin embargo, es de explorado derecho que el texto de la Ley Fundamental ha sufrido a lo largo de su historia diversas reformas; sobre el tema, interesa destacar que la expresión 'reglamentos de policía' desapareció del texto del artículo 10, por efecto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de octubre de mil novecientos setenta y uno, para quedar como sigue: 'Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.'. Tratándose del artículo 21, luego de sucesivas reformas, todavía se conserva la expresión de 'reglamentos gubernativos y de policía', según el texto vigente que dice: 'Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.'. Finalmente, en el caso del artículo 16, aún subsiste la expresión de 'reglamentos sanitarios y de policía' al tenor del texto vigente que a la letra dice: 'Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.'. Paralelamente a este proceso reformador de losartículos 10, 16 y 21 constitucionales, en el año de mil novecientos ochenta y tres, por virtud del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de esa anualidad, se reformó el artículo 115 de la Ley Fundamental, para decir en su fracción II lo siguiente: 'Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.'. Con esta reforma se incorporó al texto positivo constitucional la expresión de 'bandos de policía y buen gobierno', al lado de la relativa a 'reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general' para precisar las facultades de los Ayuntamientos. En la exposición de motivos se expresó, en lo conducente, lo siguiente: '... La descentralización exige un proceso decidido y profundo, aunque gradual, ordenado y eficaz, de la revisión de competencias constitucionales entre Federación, Estados y Municipios; proceso que deberá analizar las facultades y atribuciones actuales de las autoridades federales, y de las autoridades locales y municipales, para determinar cuáles pueden redistribuirse para un mejor equilibrio entre las tres instancias del Gobierno Constitucional. Estamos convencidos que la redistribución de competencias que habremos de emprender comenzará por entregar o devolver al Municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institución; el gobierno directo de la comunidad básica. El Municipio es la comunidad social que posee territorio y capacidad político-juridíca y administrativa para cumplir esta gran tarea nacional; nadie más que la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la conducción de un cambio cualitativo en el desarrollo económico, político y social, capaz de permitir un desarrollo integral. La centralización ha arrebatado al Municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su ámbito territorial y poblacional; indudablemente llegado el momento de revertir la tendencia centralizadora, actuando para el fortalecimiento de nuestro sistema federal. No requerimos de una nueva institución; tenemos la del Municipio. Como un gran reclamo nacional, surgido a través de la nueva campaña de la Revolución Mexicana en que el pueblo me confirió el mandato presidencial, y la intensa consulta popular realizada, podemos sintetizar la necesaria descentralización de la vida nacional, con la firme voluntad política de avanzar por los mejores caminos de nuestra historia, conforme a nuestra sólida tradición federalista con la conciencia clara de que dicha descentralización deberá fundamentarse en el ejercicio pleno del Municipio Libre; que los ciudadanos de cada comunidad deben tomar las decisiones que correspondan realmente a esta instancia en el marco de las leyes de la República; que deben respetarse y situarse con claridad los legítimos intereses locales, en el gran marco del interés nacional, y que sólo avanzaremos hacia la cabal descentralización de la vida nacional cuando haya logrado la descentralización política hacia la comunidad. ... La libertad municipal, conquista revolucionaria, había venido quedando rezagada en relación con las otras dos grandes conquistas de la Revolución en materia agraria y laboral, pero el proceso de cambio y la voluntad nacional requieren la actualización y ajustes necesarios a la Constitución para que el Municipio recupere y adquiera las notas políticas y económicas que deban corresponderle como primer nivel de gobierno, de manera tal que superando el centralismo que se había venido dando a este respecto, los ciudadanos se reencuentren con sus Municipios. En principio se ponderó la idea de contener en un precepto de la Constitución lo relativo a las bases mínimas de la estructura municipal, y en otro las relativas a los Estados, pero la convicción que nos aporta la tradición del Constituyente de 1917 y el peso histórico del artículo 115 sugirió la determinación que dicho artículo siga manteniendo en lo general su fórmula originaria, solamente reestructurándolo por fracciones, para que por razones de técnica legislativa, a través de unas se regulen por una parte las normas del Municipio Libre y por otras las de los Estados o entidades federativas. En el precepto se consignan aquellos principios que deban ser comunes como reglas básicas a todos los Municipios del país. En congruencia con el principio constitucional de los regímenes interiores de los Estados, se deja la regulación de las comunidades municipales a las Constituciones y leyes locales, para que en éstas se contengan las normas que correspondan a las particularidades geográficas, etnográficas, demográficas y económicas que sean propias de cada una de las entidades federativas. ... En la fracción II se reitera la personalidad jurídica de los Municipios, se confiere jerarquía constitucional al manejo de su patrimonio de conformidad con la ley, a fin de evitar interpretaciones que se han dado en la práctica institucional inclusive de orden judicial, que no corresponden a la ortodoxia jurídica de la naturaleza de los Ayuntamientos como órganos deliberantes y de decisión de las comunidades municipales, se establece con toda claridad que estarán facultados para expedir, de acuerdo con las bases que fijen las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Con esta medida, a la par que la anterior, se busca el robustecimiento político y jurídico de los Municipios. Uno de los problemas que con mayor frecuencia y dramatismo han confrontado las comunidades municipales, es el inherente a la prestación de los servicios públicos a sus pobladores, pues ante la ambigüedad constitucional sobre cuales de dichos servicios les corresponden y la incapacidad manifiesta de algunos Ayuntamientos para prestarlos, no pocos de ellos han sido absorbidos por los Gobiernos Locales y la Federación. Conscientes de la gran heterogeneidad de los Municipios del país y de la complejidad de sus diversas circunstancias demográficas, territoriales y económicas, hemos considerado como una necesidad capital, precisar los servicios que deba tener la incumbencia municipal, y que aun con la diversidad de las comunidades municipales en nuestro vasto territorio, puedan y deban ser comunes a todas y cada una de ellas. Así, en la fracción III, se definen como servicios públicos municipales: los de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, estableciendo que podrán proporcionarse con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, teniendo además dicha característica de servicios públicos aquellos otros que se fijen por las Legislaturas Locales en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios así como su capacidad administrativa y financiera. En el entendido de que esta problemática no ha sido privativa de nuestra nación, acudimos a las experiencias de otras latitudes, recogiendo por sus reconocidos resultados positivos el derecho de los Municipios de una misma entidad de coordinarse y asociarse para la eficaz prestación de sus servicios públicos con la sola sujeción a las leyes de la materia. ...'. Luego de sucesivas reformas, la fracción II del artículo 115 constitucional vigente, dice así: 'Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17317-44d97af8/bando-informativo-el-numero-9-sobre-el-combate · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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