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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA POR INACTIVIDAD PROCESAL, PUES ESA DECISIÓN NO SE IDENTIFICA CON LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I, II Y IV DEL NUMERAL 18 DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17393
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 774.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que es materia de esta sentencia, proviene de la ejecutoria dictada en el amparo directo 172/2001, promovido por el comisariado ejidal de San Felipe Tenextepec, Municipio de Tepeaca, Puebla, resuelto por unanimidad de votos en sesión de dicho Tribunal Colegiado correspondiente al seis de septiembre de dos mil uno.

Los antecedentes de dicha sentencia fueron los que a continuación se detallan:

1. Los integrantes del comisariado ejidal del poblado denominado San Felipe Tenextepec, Municipio de Tepeaca, Estado de Puebla, demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Siete, del Estado de Puebla, la restitución de tierras ejidales al demandado Gutiberto Cortés Ramírez y otras personas.

2. Con motivo de lo anterior se formó el expediente agrario 217/97 y el juicio se siguió ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente en la vía de restitución de tierras ejidales propuesta.

3. Durante la tramitación del expediente se registró inactividad procesal.

4. Con motivo de lo anterior, el veinte de febrero de dos mil uno, el Tribunal Unitario Agrario dictó resolución declarando que en el asunto operó la caducidad de la instancia en términos del artículo 190 de la Ley Agraria.

5. En contra de tal resolución, el poblado ejidal actor antes mencionado promovió demanda de amparo directo.

6. Del asunto correspondió conocer, por razón de turno, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, formándose el expediente AD. 172/2001, y en sesión de seis de septiembre de dos mil uno se resolvió lo que a continuación se transcribirá en las partes conducentes:

"CUARTO. Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación toda vez que este tribunal, de oficio, advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque los quejosos, previamente a la interposición del juicio de amparo, debieron agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria, que establece: ‘El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: ... II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales.’. Por tanto, dado que la litis en el juicio agrario fue la restitución de tierras ejidales y que el acto reclamado lo constituye la resolución que decide la no tramitación de ese juicio, lo que indudablemente afecta los derechos colectivos del ejido quejoso, éste, previo a la interposición del juicio de amparo, debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo transcrito. No es obstáculo a lo anterior, el que el párrafo primero del citado precepto se refiera a sentencias, ya que la interposición del mismo no debe ser literal ni parcial, sino congruente, armónica y sistemática con el conjunto de la norma y en beneficio del principio de seguridad jurídica, por lo que debe entenderse que siempre que la litis en el juicio agrario verse sobre restitución de tierras ejidales, cualquiera que sea la decisión final que tome el Tribunal Unitario Agrario que conoce del asunto, de fondo o no, debe proceder el recurso de revisión en contra de la misma, ya que así se advierte que esa fue la intención del legislador, es decir, el establecimiento de este medio de defensa por la trascendencia y naturaleza del asunto en litigio y no por la de la resolución que se dicte, de tal manera que aun cuando la resolución de la caducidad de la instancia no es una sentencia, pero sí una decisión que puso fin al juicio sobre restitución de derechos ejidales, debe ser recurrida en revisión, en términos del precepto ordinario antes citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 78/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, página trescientos ochenta y nueve, que dice: ‘AMPARO EN MATERIA AGRARIA. RESULTA IMPROCEDENTE, CUANDO NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. Entre las condiciones establecidas en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no está la relativa a que para actualizarse, sea necesario que conforme a la ley del acto que se reclame, se suspendan sus efectos; por tanto, el hecho de acudir al juicio constitucional sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 198 de la Ley Agraria, hace improcedente el amparo, sin ser obstáculo a ello lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo respecto a que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no existe obligación de agotar un recurso antes de promover el amparo, pues los Tribunales Unitarios Agrarios, son verdaderos órganos jurisdiccionales y las resoluciones que pronuncian son el resultado de los juicios seguidos ante esa instancia.’. También es aplicable la tesis que sustentó este tribunal al resolver el amparo directo agrario 79/2000, el uno de febrero de dos mil uno, el cual se encuentra pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘REVISIÓN, RECURSO DE. ES PROCEDENTE CUANDO EN EL JUICIO AGRARIO LA ACCIÓN TIENDA A AFECTAR LOS DERECHOS COLECTIVOS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. Cuando el acto reclamado afecte los derechos colectivos de un núcleo de población ejidal o comunal, sea que la resolución les resulte favorable o desfavorable, procede en su contra el recurso de revisión conforme a las fracciones que contempla el artículo 198 de la Ley Agraria, del que tocará conocer y resolver al Tribunal Superior Agrario, en términos del artículo 9o., fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, atento a que ese numeral dispone: «El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.». En las tres fracciones que quedaron transcritas y que constituyen los casos de procedencia del aludido medio de defensa legal, el bien jurídico que tutela el recurso es el o los derechos colectivos de los núcleos de derecho agrario. En efecto, por lo que se refiere a la fracción I, en tratándose de límites de tierras, se hace mención clara a tales derechos colectivos, pues refiere a los conflictos de esa naturaleza en los que se ven involucrados los entes colectivos ejidales y comunales, ya sea entre dos o varios de ellos o cuando se presenta el conflicto entre cualquiera de aquéllos y los pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. En la fracción II del dispositivo que se comenta también se envuelve al citado derecho colectivo de los núcleos de población ejidal o comunal, pues cuando el conflicto verse sobre restitución de tierras la resolución que se dicte afectará o beneficiará, de alguna manera, el derecho colectivo de cualquiera de las partes en contienda. Por lo que toca a la fracción III es necesario tener en cuenta la jurisprudencia 109/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos sesenta y dos del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: «REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.», para lo cual se toma el siguiente extracto de la ejecutoria respectiva, que dice: «... Lo anterior, al margen de que lo impugnado ante el Tribunal Unitario Agrario constituya o no una decisión emanada de un determinado procedimiento tramitado en defensa de los derechos agrarios de núcleos de población, pues como ya se vio, por el vocablo resolución, a que alude la Ley Agraria que se analiza, debe entenderse también el acto de autoridad administrativa que defina o dé certeza a una situación legal o administrativa; la expresión de una voluntad que produce efectos jurídicos y que sea diferente de las hipótesis que prevé la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18, fracciones de la I a la XIV con excepción de la IV, que es la que se ha examinado. ...». De esa transcripción se advierte que también en la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, para efectos de la procedencia del recurso de revisión, entre otros, se toman en cuenta los derechos colectivos de que se habla. Por otra parte, no debe limitarse la procedencia de un recurso a determinados supuestos de entre varios que tienen similares consecuencias, por lo siguiente: La fracción I no debe interpretarse en sentido estrictamente literal, es decir, por cuanto alude a la procedencia del recurso sólo en casos de conflictos de límites de tierras, sino a la trascendencia de ese tipo de controversias con independencia de su naturaleza, ya sea una exclusión de pequeña propiedad enclavada en el perímetro de la comunidad o ejido, o bien, una acción de nulidad de contrato privado de compraventa que, obviamente, refiera a una porción relativa a las extensiones dotadas o reconocidas, porque, finalmente, se ve envuelto el derecho colectivo del ejido o la comunidad de que se trate y sería, por tanto, ilógico que únicamente se trataran en la revisión los asuntos relacionados con linderos y se dejaran al margen aquellos en los que se involucra la superficie dotada o reconocida, se insiste, con independencia de la acción ejercida en juicio porque prevalece la eventual afectación del derecho colectivo. Igual sucede con la fracción II del dispositivo que se analiza, toda vez que no debe ceñirse a una interpretación cerrada sino amplia, en tanto existen supuestos de similares consecuencias a los de restitución de tierras ejidales, que es a lo único a lo que alude esta fracción, de manera que en ella deben quedar comprendidos para la procedencia del recurso de revisión. Se llega a la anterior conclusión porque si se toma en cuenta el derecho colectivo que se ve afectado o envuelto en trámites de esa naturaleza, de manera evidente se advierte que se trata de situaciones análogas contra las que, por igualdad de razón, debe tramitarse el recurso de revisión como medio ordinario de defensa por cualquiera de las partes que vea mermado su derecho que estima le asiste. De la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria no se emite comentario, porque la procedencia del recurso de revisión en este punto ya fue motivo de estudio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis a que se hizo referencia, de manera que se dilucidaron los supuestos que norman la procedencia del tratado medio de impugnación. Todo lo anterior revela, entonces, que el recurso de revisión se instituyó con la finalidad de que las partes estén en aptitud de impugnar las resoluciones de primera instancia decisorias de procedimientos en que estuvieran de por medio los derechos agrarios colectivos de un núcleo de población ejidal o comunal, lo que significa una mayor apertura a la impartición de justicia agraria y un evidente beneficio a la garantía de defensa para las partes. Por consiguiente, si previo al juicio de amparo no se agotó tal medio de defensa procede el sobreseimiento respectivo al tenor de la jurisprudencia 78/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y nueve del Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «AMPARO EN MATERIA AGRARIA. RESULTA IMPROCEDENTE, CUANDO NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA.». Sólo como dato ilustrativo, cabe señalar que en el mismo tenor de interpretación se pronunció la Suprema Corte al analizar la procedencia del recurso de reclamación que establece el artículo 242 del Código Fiscal de la Federación, en la tesis P. LVIII/96, visible en la página ciento veintiséis del Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «RECLAMACIÓN EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE ESE RECURSO SÓLO PARA LOS ACUERDOS QUE DESECHAN UNA DEMANDA DE NULIDAD, Y NO EN CONTRA DE LOS QUE LA TENGAN POR NO INTERPUESTA.».’. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente asunto con apoyo en el numeral 74, fracción III, de la misma ley. Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por el poblado denominado San Felipe Tenextepec, Municipio de Tepeaca, Estado de Puebla, a través del presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del mismo, en contra de la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Siete, el veinte de febrero de dos mil uno, en el juicio agrario 217/97."

De la ejecutoria antes transcrita se desprendió la tesis aislada consultable en la página 1805 del Tomo XIV, correspondiente a diciembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. DEBE AGOTARSE ESTE RECURSO CUANDO LA LITIS VERSE SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EJIDALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE RECLAME UNA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO AGRARIO. De una interpretación congruente, armónica y sistemática del artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria y en beneficio del principio de seguridad jurídica, debe entenderse que siempre que la litis en el juicio agrario verse sobre restitución de tierras ejidales, cualquiera que sea la decisión final que tome el Tribunal Unitario Agrario que conozca del asunto, de fondo o no, debe agotarse el recurso de revisión en contra de la misma, puesto que esa fue la intención del legislador, el establecimiento de este medio de defensa por la trascendencia y naturaleza del asunto en litigio y no por la de la resolución que se dicte; de tal manera que aun cuando la caducidad de la instancia no es una sentencia, pero sí una decisión que pone fin al juicio sobre restitución de derechos ejidales, debe ser recurrida en revisión."

CUARTO. Por su parte, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que es materia de esta sentencia, proviene de la ejecutoria dictada en el amparo directo administrativo 329/2002, promovido por el ejido Pabellón de Hidalgo, Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, resuelto por unanimidad de votos en sesión de dicho Tribunal Colegiado correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil dos.

Los antecedentes de dicha sentencia fueron los que a continuación se detallan:

1. Los integrantes del comisariado ejidal del poblado denominado Pabellón de Hidalgo, Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, demandaron la restitución de tierras ejidales ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Undécimo, del Estado de Aguascalientes, con sede alterna en la ciudad del mismo nombre.

2. Con motivo de lo anterior se formó el expediente agrario 41/2001 y el juicio se siguió ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente en la vía de restitución de tierras ejidales propuesta.

3. Durante la tramitación del expediente se registró inactividad procesal.

4. Con motivo de lo anterior, el veinte de febrero de dos mil uno, el Tribunal Unitario Agrario dictó resolución declarando que en el asunto operó la caducidad de la instancia en términos del artículo 190 de la Ley Agraria.

5. En contra de tal resolución, el poblado ejidal actor antes mencionado promovió demanda de amparo directo.

6. Del asunto correspondió conocer por razón de turno al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, formándose el expediente AD. 329/2002 y en sesión de veintitrés de mayo de dos mil dos se resolvió lo que a continuación se transcribirá en las partes conducentes:

"SEXTO. Antes de examinar los conceptos de violación, resulta pertinente establecer que, en el caso, el juicio de amparo directo es procedente ... a pesar de que el acto se dictó en un juicio agrario que versa sobre la restitución de tierras ejidales y que el artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria, dispone lo siguiente: ‘El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: ... II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales.’; pues se estima que el recurso de revisión de que habla este precepto en la fracción citada, sólo es procedente precisamente contra la sentencia que dirime el fondo de la controversia planteada en un juicio agrario en el que se reclama la restitución de tierras ejidales, y no contra cualquier acto o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, ya que el recurso se previó como excepcional por la especial trascendencia de la cuestión que se resolvería en el fallo correspondiente. En este caso, tal recurso es improcedente porque se reclama no una sentencia que haya resuelto el fondo sustancial controvertido, sino un auto en el que la autoridad responsable declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Por ese motivo, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, contenido en la tesis publicada en la página 1805, Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. DEBE AGOTARSE ESTE RECURSO CUANDO LA LITIS VERSE SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EJIDALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE RECLAME UNA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO AGRARIO.’ (Como el texto de la tesis ya obra en esta sentencia en el punto que antecede, es innecesaria su reinserción). En tales condiciones ... denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios que de aquí se desprende, a fin de que se decida lo correspondiente. SÉPTIMO. Los conceptos de violación son esencialmente fundados. Les asiste razón a los inconformes al aducir que en el caso no opera la caducidad de la instancia decretada por el Tribunal Unitario Agrario en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, pues dicho artículo dispone lo siguiente: ‘Artículo 190. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad.’. Del numeral que antecede se advierten dos elementos indispensables para que un juicio agrario pueda darse por concluido mediante la figura jurídica denominada caducidad de la instancia: 1) que la parte actorano presente promoción alguna para activar el procedimiento en el término de cuatro meses, y 2) que en el mismo lapso no exista actividad procesal, con independencia de que el tribunal agrario tuviera a su cargo actuaciones por realizar en el lapso aludido. El criterio que antecede encuentra apoyo en la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 1093 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. SE ACTUALIZA ANTE LA FALTA DE PROMOCIÓN DE LA PARTE ACTORA Y POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL TÉRMINO DE CUATRO MESES, AUNQUE EN ESE LAPSO EL TRIBUNAL AGRARIO HUBIERE TENIDO ACTUACIONES PENDIENTES DE REALIZAR. Si se toma en consideración que el artículo 190 de la Ley Agraria establece que: «En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad.», resulta inconcuso que dicha figura se actualiza si en un juicio agrario, durante el citado plazo, la parte actora no presenta promoción alguna para activar el procedimiento y en el mismo lapso no existe actividad procesal, sin que obste para ello el hecho de que el tribunal agrario hubiere tenido a su cargo actuaciones pendientes de realizar en ese periodo.’. Ahora bien, como lo aducen los peticionarios del amparo, el cinco de julio de dos mil uno tuvo verificativo la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, en la que comparecieron las partes exhibiendo un convenio para dar por concluido el juicio, documento que fue ratificado en su contenido y firma, por lo que el tribunal responsable acordó que una vez que la delegación estatal del Registro Agrario Nacional emitiera su opinión en cuanto a la satisfacción de los requisitos técnicos exigidos para la aceptación e inscripción del plano, se resolvería lo que en derecho procediera en relación con la aprobación del convenio; para ello giró oficio a dicho organismo (foja 42). El tres de octubre de dos mil uno, el tribunal responsable dictó auto mediante el cual tuvo por recibido el oficio 1108 de la delegación del Registro Agrario Nacional y ordenó girar oficio nuevamente a dicha delegación para que determinara si el plano interno del ejido Pabellón de Hidalgo elaborado con motivo del programa Procede, correspondía y coincidía con el acta de ejecución (sic), deslinde y plano de ejecución para que con base en ese se fijara su competencia para conocer del asunto (foja 66). Como puede verse, en este caso no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 190 de la Ley Agraria, pues aun cuando es cierto que la última actuación de los actores fue su comparecencia a la audiencia celebrada el cinco de julio de dos mil uno, sin embargo, también es cierto que el término de cuatro meses para que opere la caducidad de la instancia quedó interrumpido por el auto de tres de octubre dictado por el tribunal responsable, tal como lo aducen los inconformes, por tanto, no existió la paralización procesal en el lapso exigido por el dispositivo en cita pues, se insiste, la caducidad de la instancia sólo opera cuando concurre la inactividad procesal de las partes y del tribunal agrario. En esta medida se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte otro en el que ordene la continuación del procedimiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, así como los numerales 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al ejido Pabellón de Hidalgo del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, por conducto de Juan Velázquez Torres, Antonio Moreno Esparza y Manuel Rodríguez González, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para el efecto señalado en el último considerando."

De la ejecutoria transcrita se desprendió la tesis aislada XXIII.3o.5 A, que se publica en la página 1257 del Tomo XVI, correspondiente a julio de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen lo siguiente:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO Y NO MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. La procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria, cuyo conocimiento compete al Tribunal Superior Agrario, es de naturaleza restrictiva, pues únicamente puede interponerse respecto de las hipótesis específicas que se detallan en el citado precepto legal. Ahora bien, en el caso de la fracción II del mencionado numeral, que prevé la procedencia del aludido recurso contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la tramitación de un juicio agrario en que se reclame la restitución de tierras ejidales, supone, en principio, que mediante la señalada resolución se alteró, modificó o extinguió un derecho. De lo anterior se sigue que el recurso de revisión de que se trata, conforme al precepto y fracción citados, sólo es procedente precisamente contra la sentencia que dirime el fondo de la controversia planteada en un juicio agrario en el que se reclama por uno o varios miembros de un núcleo de población, en el ejercicio de derechos colectivos, la restitución de tierras ejidales, y no contra cualquier auto o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, ya que el citado recurso se previó como excepcional, por la especial trascendencia de la cuestión que se resolvería en el fallo correspondiente. Por tanto, si en el juicio agrario que se tramita sobre restitución de tierras ejidales se dicta auto mediante el cual la autoridad responsable declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal, dado que tal resolución da por concluido el juicio agrario, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, y no el recurso de revisión que prevé el artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria, toda vez que a través de la declaración relativa a la caducidad de la instancia no se altera, modifica o extingue un derecho."

QUINTO. Por su parte, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito que se introdujo oficiosamente a la materia de esta sentencia en el auto de admisión de esta contradicción de tesis, proviene de la ejecutoria dictada en el amparo directo 547/96, promovido por el ejido Noria y Cajales, Municipio de Lerdo, Durango. Después de practicar un estudio preliminar del asunto y por las razones que más adelante serán evidentes, se estima innecesario relacionar los antecedentes del caso como se hizo con los criterios de los dos tribunales que se mencionaron en los considerandos que anteceden a éste, razón por la cual sólo se efectuará la reproducción de la parte considerativa que decide el juicio constitucional 547/96:

"CUARTO. A juicio de este órgano de control constitucional, los anteriores conceptos de violación ... resultan infundados. En efecto, no asiste razón al poblado agraviado habida cuenta que la autoridad responsable ... estuvo en lo correcto al pronunciar la resolución reclamada ... dentro de los autos del juicio agrario de restitución de tierras y corrección de orientación de plano definitivo, expediente 196/93-D ... mediante la cual decretó la caducidad de la instancia en atención a que transcurrieron más de cuatro meses sin que la parte actora, aquí inconforme, hubiere realizado promoción alguna a fin de activar el procedimiento, según certificación del jefe de la Unidad de Procesos del tribunal responsable, fundamentando su determinación en lo dispuesto por los artículos 190 y 373, el primero de la Ley Agraria, y el segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. El poblado quejoso en los motivos de su inconformidad expone en su libelo constitucional, en síntesis, se duele (sic) de que con motivo del fallo reclamado, la autoridad responsable vulnera en su perjuicio las garantías de seguridad y debido proceso, consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que la consecuencia legal de la resolución reclamada no es otra sino la de privarlo de parte de sus tierras con que fue dotado en un juicio en el que no se le respetó la garantía de audiencia ni se le guardaron las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora bien, no asiste razón al núcleo de población quejoso, habida cuenta que el artículo 190 de la Ley Agraria estipula la procedencia de la caducidad de la instancia cuando se dé la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte actora durante el plazo de cuatro meses, ya que, conforme a las constancias que informan el sumario, el supuesto en que se apoyó la autoridad responsable para resolver en el sentido en que lo hizo, en la especie quedó plenamente demostrado en atención a que, como tácitamente lo reconoce el poblado quejoso en los conceptos de violación, no formuló ninguna promoción durante el término de cuatro meses a fin de activar el procedimiento, con lo cual, la hipótesis en que se apoyó la autoridad para declarar la caducidad no le causa perjuicio alguno. Por otra parte, el resto de los conceptos de violación que expone el ejido quejoso encaminados a ponderar la inactividad de la autoridad responsable, también resultan infundados en el sentido de que a ella le correspondía la carga procesal de velar por la no paralización del procedimiento, con motivo de la resolución de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y seis, emitida por el Tribunal Superior Agrario con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, que ordenó la reposición del procedimiento de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17393-5ee6bed7/caducidad-de-la-instancia-en-el-juicio-agrario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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