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Modo: Corpus Pro

TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN. TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO EL JUICIO SE TRAMITÓ CON BASE EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2000-SS. · Registro digital (IUS): 7367
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 786.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que es materia de esta contradicción de tesis, se contiene en la ejecutoria dictada en el amparo directo 302/2000, en sesión de quince de agosto de dos mil. El texto de dicha sentencia, pero solamente en las partes que interesan, es el siguiente:

"CUARTO. Antes de hacer referencia a los conceptos de violación ... corresponde precisar que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Tercer Distrito, en su informe justificado (fojas 3 a 5 del expediente de amparo), manifestó que: ‘Esta magistratura (sic) considera innecesario entrar al estudio de los conceptos de violación señalados en la demanda del juicio de garantías interpuesta por los quejosos, toda vez que en el juicio natural la acción a resolver es la nulidad del acta de la asamblea celebrada el once de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que se llevó a cabo la elección de órganos de representación del núcleo ejidal de referencia, por lo que los quejosos debieron, primero, de interponer el recurso de revisión contra la sentencia reclamada, con fundamento en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria; para que sea procedente el presente, requiere el elemento sine qua non, es decir, deben de agotarse todos los recursos ordinarios antes de interponer el juicio de garantías, como lo establece el principio de definitividad, base procesal fundamental en el juicio de amparo, señalado en el artículo 107 de la Constitución, en relación con las tesis de jurisprudencia, que son del tenor literal siguiente: «REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS. Al establecer el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, que el recurso de revisión procede en contra de la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de <resoluciones> emitidas por las autoridades en materia agraria, el término conceptual <resoluciones> no debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquellas que definen o concluyen un procedimiento administrativo, sino en el sentido amplio que se deduce del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que, al fijar la competencia de los Tribunales Unitarios de la materia, se la otorgan para conocer de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Por tanto, cualquier tipo de resolución o acuerdo, o inclusive un acto que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, es susceptible de ser impugnado en juicio de nulidad.». «ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. ES AUTORIDAD AGRARIA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. Conforme a los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, respecto de sentencias que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de una resolución pronunciada por una autoridad agraria con el objeto de alterar, modificar o extinguir un derecho o determinar la existencia de una obligación. La asamblea general de ejidatarios como órgano máximo de representación ejidal, se encuentra investida por la nueva Ley Agraria de facultades de competencia que única, exclusiva y limitativamente se deben ventilar ante dicho órgano, lo que permite colegir que se encuentra investida legalmente de facultades de decisión capaces de afectar actos de individuo; por lo que, para los efectos de la procedencia del recurso de revisión previsto por la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, debe estimarse que la asamblea general de ejidatarios tiene el carácter de autoridad y, por tanto, en el supuesto de que el Tribunal Unitario Agrario decrete la nulidad de una de sus resoluciones, deberá previamente a la promoción del juicio de amparo, agotarse el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, por ser procedente el mismo en contra de dichas resoluciones, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de garantías. El anterior razonamiento se sostiene, si se considera que en el dictamen de la Cámara Revisora de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, en cuanto a la iniciativa de la Ley Agraria se consideró, en lo que al caso interesa, lo siguiente: <... En relación a las facultades exclusivas que tendrá la asamblea ejidal, se sustituyó en el artículo 23 el término de 'serán del conocimiento exclusivo' por el de 'serán de la competencia exclusiva', pues se trata de una enumeración de asuntos que implican auténtica competencia jurídica y no una mera posibilidad de conocimiento ...>. Además, la Ley Agraria no menciona las determinaciones de la asamblea ejidal como simples acuerdos, sino que les da el nombre de resoluciones, y para emitir algunas de ellas, la propia ley requiere que sean con cierto número de votos, obviamente por la trascendencia de las mismas. De donde se concluye que las asambleas están facultadas para dictar resoluciones como se desprende del artículo 23 en relación con los artículos 13 y 27 de la Ley Agraria.». «AMPARO EN MATERIA AGRARIA. RESULTA IMPROCEDENTE, CUANDO NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. Entre las condiciones establecidas en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no está la relativa a que para actualizarse, sea necesario que conforme a la ley del acto que se reclame, se suspendan sus efectos; por tanto, el hecho de acudir al juicio constitucional sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 198 de la Ley Agraria, hace improcedente el amparo, sin ser obstáculo a ello lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo respecto a que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no existe obligación de agotar un recurso antes de promover el amparo, pues los Tribunales Unitarios Agrarios, son verdaderos órganos jurisdiccionales y las resoluciones que pronuncian son el resultado de los juicios seguidos ante esa instancia.». En ese orden de ideas, considera este juzgador que es improcedente el presente juicio de garantías, porque le resulta la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que contra el acto reclamado los quejosos no interpusieron dentro del procedimiento del juicio natural el recurso de revisión, por lo que cabe se declare el sobreseimiento del mismo con apoyo en el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado.’. Lo anterior es inexacto, ya que si bien es verdad que una de las jurisprudencias establece que la asamblea general de ejidatarios es autoridad agraria para los efectos de la procedencia del recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, sin embargo, ese criterio no obliga a este tribunal, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito son obligatorias sólo para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. Además, en atención a lo que dispone el artículo 196 de la ley de la materia, debe decirse que este tribunal no comparte dicho criterio por lo siguiente: la actual integración de la Suprema Corte, conforme a la tesis emitida por el Pleno, publicada en la página 118 del Tomo V, febrero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’. Estima sustancialmente que se trata de una autoridad para efectos del amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Y en el caso, este tribunal (sic) que lo resuelto por el tribunal responsable sobre la nulidad de una asamblea no encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, que dice: ‘Artículo 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: ... III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.’, ya que una sana interpretación de lo previsto en la fracción aludida, conduce a determinar que la procedencia del recurso de revisión, en los términos de lo señalado en esa fracción, cuando alude a resoluciones de autoridades en materia agraria, debe entenderse que involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, con una investidura reconocida y regida por el derecho público y, en la especie, la asamblea general de ejidatarios, de conformidad con los artículos 21, 22 y 23 de la Ley Agraria, constituye legalmente el órgano máximo de representación ejidal, investido con facultades exclusivas de acuerdo con el reglamento interno del ejido, lo que significa que cada núcleo de población tiene su propia problemática interna que los distingue de los demás núcleos, y que las decisiones que ejerce no son como órgano del Estado, sino como autoridad interna del ejido. Situación jurídica que permite colegir que la asamblea general de ejidatarios no puede ni tiene el carácter de autoridad agraria para los efectos de la procedencia del recurso de revisión previsto por la multicitada fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria. Siendo así que conforme a todo lo antes expuesto, este tribunal no comparte el mencionado criterio externado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: ‘ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. ES AUTORIDAD AGRARIA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO.’. Las demás tesis citadas por la responsable no señalan que la asamblea general de ejidatarios es autoridad agraria para los efectos de la procedencia del recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. De ahí que debe desestimarse el motivo de improcedencia que alega la referida autoridad responsable." (ver páginas 26 vuelta a 30 vuelta del cuaderno de contradicción de tesis).

CUARTO. El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, que es materia de esta contradicción de tesis, se contiene en las siguientes ejecutorias:

*Recurso de reclamación 8/99, recurrente Ana Dolores Munguía Meza, resuelto por unanimidad de votos en sesión de quince de abril de mil novecientos noventa y nueve.

*Amparo en revisión 118/99, administrativo, ejido 25 de Octubre, Municipio de Bacum, Sonora, resuelto por unanimidad de votos en sesión de trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

*Amparo directo 280/99, ejido los Constituyentes, Municipio de Cajeme, Sonora, resuelto por unanimidad de votos en sesión de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

*Recurso de reclamación 18/99, recurrente Francisco García Reyes, resuelto por unanimidad de votos en sesión de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

*Recurso de reclamación 19/99, recurrente José María Bórquez del Alto, resuelto por unanimidad de votos en sesión de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

A continuación se transcriben las ejecutorias antes listadas, pero solamente en las partes que interesan:

Recurso de reclamación 8/99.

"QUINTO. Los argumentos expresados a manera de agravios ... son infundados, sin que este tribunal advierta queja deficiente que suplir ... Manifiesta la recurrente que el acuerdo impugnado le causa agravio al desechar su demanda de garantías por considerar que no agotó el principio de definitividad, al no interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria, ya que contrario a lo establecido por dicha resolución de presidencia, la sentencia reclamada no se refiere a las establecidas por la fracción III del mencionado precepto, pues la nulidad que establece no fue combatida por haberla declarado la entonces Comisión Agraria Mixta, el Cuerpo Consultivo Agrario, o cualquiera de las autoridades agrarias referidas por la derogada Ley Federal de Reforma Agraria en sus artículos 2o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13 y 14, sino una sentencia definitiva que resuelve sobre la nulidad de un acuerdo de asamblea y sus respectivas convocatorias, las cuales no fueron emitidas por la Procuraduría Agraria, sino por el comisariado ejidal del poblado ‘Bella Esperanza’, Municipio de Cumpas, Sonora, de lo que se deduce que los acuerdos tomados no devienen de una autoridad agraria, sino de la asamblea ejidal, la cual no es considerada como acto de autoridad por la ley; por lo que el hecho de que haya participado la Procuraduría Agraria en dicha asamblea no le reviste el carácter de autoridad, dado que su intervención es en términos del artículo 28 de la Ley Agraria. Apoya su argumento en las tesis de epígrafes: ‘AGRARIO. AMPARO IMPROCEDENTE. OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO EN TRATÁNDOSE DE ACTOS EN QUE SE RECLAMA LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES AGRARIAS.’ y ‘ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA. SU INTERPRETACIÓN.’. Asimismo, alega que la nulidad combatida no se refirió a un acto de autoridad agraria, sino a una sentencia definitiva dictada en los términos previstos en el artículo 107 constitucional, fracciones V y VII, en relación con el numeral 158 de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente interponer la demanda de garantías en su contra, al causar perjuicio a la recurrente y, a su dicho, resulta violatoria de sus garantías individuales, aunado a que la litis fijada en el juicio natural se fundamentó en los artículos 163 de la Ley Agraria, 1o., 2o., fracción II y 18, fracciones VI y VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; de lo que se concluye que la acción de nulidad prevista en dichos preceptos legales, no son de aquellos supuestos que establece el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria en vigor, lo cual se corrobora, en su concepto, con el acuerdo tomado por el Tribunal Superior Agrario, de rubro: ‘RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. PROCEDENCIA Y TRÁMITE.’. Son infundados los anteriores agravios, dado que la resolución combatida no sostiene que la autoridad responsable decretó la nulidad de una resolución emitida por la Comisión Agraria Mixta o alguna de las autoridades previstas en la anterior Ley Federal de Reforma Agraria, ni del contenido de la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria se desprende que la procedencia del recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, sea únicamente en el supuesto de que el tribunal agrario se pronuncie sobre la nulidad de una resolución de dichas autoridades, ya que establece que el recurso de revisión en materia agraria es procedente contra sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia, sobre la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria; luego, dicho numeral no tiene el carácter limitativo que pretende darle la recurrente, pues el referido recurso procede respecto de sentencias que resuelvan en primera instancia, sobre la nulidad de una resolución pronunciada por una autoridad agraria con el objeto de alterar, modificar o extinguir un derecho o determinar la existencia de una obligación. Como corolario de lo anterior, tenemos que tal como lo sostuvo el auto impugnado, la resolución dictada por la autoridad responsable sí decreta la nulidad de una resolución en materia agraria, al declarar la ilegalidad y privar de efectos jurídicos la resolución de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis, emitida por la asamblea general de ejidatarios del poblado ‘Bella Esperanza’, Municipio de Cumpas, Sonora, referente a la asignación de la parcela de Ana Dolores Munguía Meza. Ello es así, porque contrario a lo alegado por la recurrente, la asamblea general de ejidatarios, al ser el máximo órgano de representación ejidal, se encuentra investida por la nueva legislación agraria de facultades de competencia única y exclusiva, que limitativamente ante dicho órgano se deben ventilar (lo que en tales supuestos obliga, incluso al tribunal agrario, a dejar a salvo los derechos de los contendientes para que sea la asamblea la que decida lo conducente), lo cual permite colegir que se encuentra investida legalmente de facultades de decisión capaces de afectar actos de individuos; de ahí que para los efectos de la procedencia del recurso de revisión previsto por la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, deba estimarse que la asamblea general de ejidatarios tiene el carácter de autoridad y, por tanto, en el supuesto de que el tribunal agrario en primera instancia decrete la nulidad de uno de sus actos, será procedente el recurso de revisión ante su superior jerárquico. El anterior razonamiento se sostiene, si se considera que en el dictamen de la Cámara Revisora de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, en cuanto a la iniciativa de la Ley Agraria se consideró, en lo que al caso interesa: ‘... 6) En relación a las facultades exclusivas que tendrá la asamblea ejidal, se sustituyó en el artículo 23 el término de «serán del conocimiento exclusivo» por el de «serán de la competencia exclusiva», pues se trata de una enumeración de asuntos que implican auténtica competencia jurídica y no una mera posibilidad de conocimiento. ...’ (el subrayado es nuestro). Además, la Ley Agraria no menciona las determinaciones de la asamblea ejidal como simples acuerdos, sino que les da el nombre de resoluciones, y para emitir algunas de ellas, la propia ley requiere que sean con cierto número de votos, obviamente por la trascendencia de las mismas. Esto se advierte de lo que dispone el artículo 27 del multicitado ordenamiento legal. En esa tesitura, si la sentencia dictada por la autoridad responsable determinó la nulidad de la resolución emitida por la asamblea de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis, es inconcuso que en contra de tal determinación procedía el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario que establece la citada fracción III del numeral 198 de la Ley Agraria. Por tanto, si la quejosa, ahora recurrente, antes de instaurar el juicio de garantías no agotó el recurso de revisión de mérito, es inconcuso que en la especie, tal como lo sostuvo el auto de presidencia, de conformidad con el artículo 177 de la Ley de Amparo, tal demanda de garantías resulta ser notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por establecer la Ley Agraria un recurso por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. En las condiciones dadas, lo procedente es decretar infundado el recurso de reclamación interpuesto y confirmar el auto de veintitrés de febrero del año en curso, al estimar que en contra de la sentencia reclamada en el juicio de amparo del que deriva la presente reclamación, procede el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario."

Amparo en revisión 118/99 administrativo.

"... Por último, es infundado el alegato vertido en relación a que los acuerdos de la asamblea de ejidatarios cuya nulidad decretó el tribunal responsable, no deben de considerarse como resoluciones pronunciadas por una autoridad, dado que el artículo 21 de la Ley Agraria señala a las asambleas como órganos del ejido, y que por tanto no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del recurso de revisión que establece el artículo 198 de la citada ley. En la especie, en la sentencia que constituye el acto reclamado, el tribunal agrario señalado como responsable resolvió, entre otras cuestiones, que se dejaban sin efectos los acuerdos relativos de las asambleas de fechas veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y diez de junio de mil novecientos noventa y cinco (f. 89 vta.). Ahora bien, el artículo 198 de la Ley Agraria establece: ‘Artículo 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: I. Cuestiones relacionadas con límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidal o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. La tramitación de un juicio agrario que reclama la restitución de tierras ejidales; o III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.’. Asimismo, el artículo 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone: ‘Artículo 9o. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer: ... III. Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias.’. De los referidos numerales se desprende que la procedencia del recurso de revisión no tiene el carácter limitativo, de que no procede en tratándose de sentencias que hayan declarado la nulidad de resoluciones de la asambleas ejidales, pues el referido recurso procede respecto de sentencias que resuelvan en primera instancia sobre nulidad de una resolución pronunciada por una autoridad agraria con el objeto de alterar, modificar o extinguir un derecho o determinar la existencia de una obligación. Luego, si en la sentencia materia del acto reclamado se dejaron sin efecto las resoluciones de la asamblea de ejidatarios de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y diez de junio de mil novecientos noventa y cinco, mediante las cuales se determinó la separación del ejidatario Manuel López Bohórquez del ‘Ejido 25 de Octubre’, del Municipio de Bacum, Estado de Sonora, padre del actor en el juicio natural, bajo el argumento de que había renunciado en una asamblea y aplicándosele el reglamento interno del ejido, siendo que, dijo el tribunal agrario, en las mencionadas fechas el citado ejidatario ya había fallecido, no habiendo tenido oportunidad de ser oído y vencido para defenderse de los cargos que se le imputaban; por tanto, las citadas resoluciones de la asamblea extinguieron derechos ejidales, por lo que es inconcuso que contra la sentencia que declaró nulas tales resoluciones, como correctamente lo estimó la Juez Octavo de Distrito en el Estado, procede el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, de acuerdo a los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Ello es así, porque contrario a lo alegado por los recurrentes, la asamblea general de ejidatarios, al ser el máximo órgano de representación ejidal, se encuentra investida por la nueva legislación agraria de facultades de competencia única y exclusiva, que limitativamente ante dicho órgano se deben ventilar (lo que en tales supuestos obliga, incluso al tribunal agrario, a dejar a salvo los derechos de los contendientes para que sea la asamblea la que decida lo conducente), lo cual permite colegir que se encuentra investida legalmente de facultades de decisión capaces de afectar actos de individuos; de ahí que para los efectos de la procedencia del recurso de revisión previsto por la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, debe estimarse que la asamblea general de ejidatarios tiene el carácter de autoridad y, por tanto, en el supuesto de que el tribunal agrario en primera instancia decrete la nulidad de una de sus resoluciones, como en la especie sucedió en la sentencia materia del acto reclamado, será procedente el recurso de revisión ante su superior jerárquico. El anterior razonamiento se sostiene, si se considera que en el dictamen de la Cámara Revisora de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, en cuanto a la iniciativa de la Ley Agraria se consideró, en lo que al caso interesa, lo siguiente: ‘... 6) En relación a las facultades que tendrá la asamblea ejidal, se sustituyó en el artículo 23 el término de «serán del conocimiento exclusivo» por el de «serán de la competencia exclusiva», pues se trata de una enumeración de asuntos que implican auténtica competencia jurídica y no una mera posibilidad de conocimiento. ...’ (el subrayado es nuestro). Además, la Ley Agraria no menciona las determinaciones de la asamblea ejidal como simples acuerdos, sino que les da el nombre de resoluciones, y para emitir algunas de ellas la propia ley requiere que sean con cierto número de votos, obviamente por la trascendencia de las mismas. Esto se advierte de lo que dispone el artículo 27 del multicitado ordenamiento legal. En esa tesitura, si la sentencia dictada por la autoridad responsable, entre otras cuestiones, determinó la nulidad de las resoluciones de asamblea, de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y diez de junio de mil novecientos noventa y cinco, es inconcuso que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario que establece la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, en relación con la fracción III del artículo 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Por tanto, si el ejido quejoso, ahora recurrente, antes de instaurar el juicio de garantías no agotó el recurso de revisión de mérito, es incuestionable que en la especie, tal como lo sostuvo el Juez de Distrito en el acuerdo impugnado, la demanda de garantías resulta ser notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por establecer la Ley Agraria un recurso ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. En similares términos fue resuelto por este órgano colegiado el recurso de reclamación 8/99 administrativo, por unanimidad de votos, en sesión del quince de abril de mil novecientos noventa y nueve."

Amparo directo 280/99

"QUINTO. En el caso concreto no se transcribirán los conceptos de violación hechos valer, dado que no serán analizados por este Tribunal Colegiado, al actualizarse una causal de improcedencia que, por ser de orden público, su estudio es preferente, aun de oficio, de acuerdo al artículo 73 in fine de la Ley de Amparo, y por aplicación de la tesis número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este tribunal comparte, consultable en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, del texto: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.’. En efecto, el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan se modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.’. En la especie, las actoras en el juicio agrario, sometido a esta potestad jurisdiccional, demandaron ante la autoridad responsable lo siguiente: ‘I. Nuestro reconocimiento como ejidatarios en el ejido denominado «Los Constituyentes», Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, ya que acreditamos tal calidad mediante resolución presidencial de investigación de usufructo parcelario. II. Se condene al ejido, asamblea ejidal, a incorporarnos al ejido para gozar los mismos derechos que los demás ejidatarios, debiéndonos entregar las ganancias o utilidades que arroje nuestro derecho agrario, esto al tratarse de un ejido colectivo.’. De la sentencia que constituye el acto reclamado, se advierte que el tribunal agrario señalado como responsable resolvió, entre otras cuestiones, que en la asamblea de trece de abril de mil novecientos noventa y siete se acordó no admitir a las actoras en el poblado, explicando simple y sencillamente que porque creaban problemas, y en la asamblea de ocho de junio de ese año se acordó separarlas, pero que dicha decisión no está fundada ni motivada en ninguna causal; que el catorce de julio del mismo año acordaron no darles posesión, por lo que concluyó que resulta afectado de nulidad el acuerdo en el que separaron a las actoras, toda vez que no las cita

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7367-30d30729/tribunales-agrarios-el-recurso-de-revision-previsto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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