NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). CASOS EN LOS QUE PUEDEN PROMOVER JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito dice:
Amparo directo 193/98.
"CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación procede analizar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia que hace valer el tercero perjudicado ... En efecto, dicha persona por escrito presentado en este tribunal el catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho, adujo lo siguiente: ‘Tercero. El notario ... carece de derecho para interponer el presente juicio de garantías, en virtud de las siguientes tesis jurisprudenciales: «NOTARIOS PÚBLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR. Conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales y a los relativos de la ley reglamentaria, el amparo procede por violación de garantías individuales y no por la violación de todo derecho, ni menos de aquellos que se hacen provenir del ejercicio y función de una investidura oficial, como es el notariado; por tanto, cuando los actos de las autoridades afecten al quejoso, en sus actos como funcionario, el amparo es improcedente.» ...’. En contestación a lo así alegado, debe decirse que a la luz de la tesis que se invoca bajo el rubro: ‘NOTARIOS. SUSPENSIÓN EN SU CARGO.’, no puede declararse la improcedencia del presente juicio de garantías, pues tal tesis no tiende a dilucidar el problema relativo a si un notario puede o no promover amparo en casos como el que nos ocupa. Así es, la mencionada tesis únicamente se limita a interpretar el artículo 129 de la Ley del Notariado que analiza, estableciendo que el Ejecutivo del Estado correspondiente, a través del procedimiento previsto por dicha ley, puede determinar la gravedad de la falta o violación cometida por un notario en el ejercicio de sus funciones y aplicar las sanciones señaladas en esa ley, sin que sea necesario que previamente exista declaración de autoridad judicial en la que establezca la responsabilidad penal del notario, o la nulidad del acto jurídico que haya dado motivo a la sanción. Por otra parte, la diversa tesis que, con el título: ‘NOTARIOS PÚBLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.’, transcribe el tercero perjudicado en apoyo de sus argumentos, contrario a lo que éste afirma no es jurisprudencia, sino que se trata de un criterio aislado que, por lo mismo, no obliga a este colegiado, de conformidad con lo que dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo. Criterio que, además, se encuentra superado en la actualidad. Ciertamente, la tesis en estudio fue emitida en el año de mil novecientos treinta y uno por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación. En ese año la indicada Sala también emitió las siguientes tesis: ‘NOTARIOS EN EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES.’ (se transcribe). Como se ve, el criterio que en la época indicada sostenía ese Alto Tribunal para establecer que los que ejercían la función del notariado no podían promover amparo en contra de autoridades que los afectaran en sus actos como notarios, se basaba en la investidura oficial de éstos, es decir, en el carácter de funcionarios públicos que tienen, y en el argumento de que el desempeñar una función pública no es un derecho individual cuyo goce esté protegido por medio del juicio de amparo, sino que se trata de un derecho del ciudadano que no puede ser reclamable en dicha vía. Pues bien, es cierto que el juicio de amparo se creó para proteger a los gobernados contra actos de las autoridades que violen las garantías individuales de éstos, y que siendo, en esencia, las garantías individuales restricciones al poder público que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de garantías individuales y, por ello, no es posible conceder a los funcionarios u órganos que lo integran el recurso extraordinario del amparo cuando vienen a defender actos que realizan en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, no menos cierto es que en determinadas situaciones los entes públicos obran en las mismas condiciones que los particulares. Esta equiparación en el obrar indujo al legislador a dotarlos de los mismos derechos tutelares que al individuo cuando no ejercen actos de imperio, previendo, por tanto, en el artículo 9o. de la Ley de Amparo la procedencia de la instancia constitucional a su favor cuando defienden sus actos que se equiparan a los de los individuos particulares. Así las cosas, cabe precisar que los notarios no son autoridades para efectos del amparo, pues aun cuando por la actividad que desempeñan tienen el carácter de fedatarios públicos, lo cierto es que en su desempeño como tales sus actos carecen de potestad e imperio. Sobre el punto encuentra aplicación la tesis de ejecutoria de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco del Tomo XCI, correspondiente a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘NOTARIOS PÚBLICOS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS.’ (se transcribe). Luego, es claro que la sola investidura pública que tienen es insuficiente para estimar improcedente el amparo que promuevan. Ahora bien, por lo que ve al tema sobre derechos políticos, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vino modificando su inicial criterio, según lo muestran sus diversas tesis que dicen: ‘DERECHOS POLÍTICOS, VIOLACIÓN DE.’ (se transcribe) y ‘CARGOS PÚBLICOS, LOS DERECHOS DE LOS TITULARES NO SON SÓLO POLÍTICOS.’ (se transcribe). Estas tesis son las que deben prevalecer por haberse emitido con posterioridad a las citadas en primer término. Consecuentemente y atento a estos últimos criterios, es inconcuso que no pueda declararse improcedente el presente juicio de garantías, pues en él el notario quejoso alega que se cometieron en su perjuicio violaciones en el juicio administrativo en que fue parte litigante que se tradujeron en vulneración a sus garantías individuales. Lo anterior también encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 218, en la página ciento cuarenta y ocho del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘DERECHOS POLÍTICOS ASOCIADOS CON ACTOS VIOLATORIOS DE GARANTÍAS.’. QUINTO. Los conceptos de violación anteriormente transcritos son fundados. Para mayor claridad del asunto resulta pertinente hacer una síntesis de los antecedentes del caso, de los que se advierte lo siguiente: Por escrito de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa, dirigido al secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco ... interpuso queja administrativa en contra de ... en su carácter, entonces, de notario público suplente adscrito y asociado al titular número 35 de Guadalajara, Jalisco, a fin de que se le sancionara por hechos que, en su concepto, le habían lesionado y que se describen en ese escrito. Por resolución de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, y en relación con la aludida queja, el gobernador del Estado de Jalisco determinó no instaurar procedimiento administrativo en contra del indicado notario. En contra de dicha resolución el mencionado ... promovió demanda de nulidad de la que deriva la sentencia que constituye el acto aquí reclamado. Ahora bien, como lo alega el quejoso, de la lectura de la sentencia reclamada se advierte que el tribunal responsable resolvió con base en hechos que ni siquiera habían acontecido cuando se presentó la mencionada queja administrativa, y que, por lo mismo, no formaban parte de dicha queja, vulnerando así, en perjuicio del quejoso, el artículo 63, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Jalisco (que regía en la época en que se pronunció la sentencia reclamada), que lo obliga a fijar con precisión y claridad, y a resolver en los mismos términos los puntos que conciernen a la litis ante él planteada, estableciendo con ello el principio jurídico de congruencia que debe existir en toda resolución emitida por el tribunal responsable, y de donde resulta también que para dilucidar la validez y legalidad de una resolución ante él impugnada debe analizarla sin cambiar los hechos y circunstancias que se presentaron ante la autoridad demandada, pues resultaría injustificado examinar la validez y legalidad de un acto impugnado de nulidad a la luz de razonamientos o hechos que no conoció la respectiva autoridad demandada; al no haberse propuesto a la misma, y al no advertirlo así la autoridad responsable transgredió en perjuicio del promovente de amparo las garantías de legalidad y seguridad jurídicas establecidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por la inobservancia de aquella disposición secundaria ya invocada. Así es, el tribunal responsable estimó fundado el tercer concepto de anulación que le hizo valer el aquí tercero perjudicado ... (que hizo consistir en la violación al secreto notarial previsto por el artículo 37 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco), esto, dijo el tribunal responsable, en virtud de la publicación que hizo el notario en el periódico El Occidental del día diez de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en la cual aparece que: ‘como notario y a instancia de ... y del Banco del Atlántico, S.A., me correspondió instrumentar el fideicomiso de garantía en virtud del cual el señor ... su ex-esposa la señora ... y la empresa propiedad de ... denominada Nacional de Tornillería, S.A., en virtud de adeudos que tenían con el banco convinieron en garantizarlo mediante un fideicomiso al que le correspondió la escritura 21,131, de fecha 16 de noviembre de 1982.’, publicación de la que sigue refiriendo el tribunal responsable: ‘Se advierte que en efecto hay revelaciones del notario ... al público, que con el mejor o no de los derechos deben permanecer en el secreto, tanto bancario, fiduciario y como notario, virtud por la cual se considera que por motivo de esta revelación ha lugar a instaurar un procedimiento administrativo de investigación y, en su caso, de sanción.’. De lo anterior se desprende que, como antes se dijo, la sentencia reclamada se basa en hechos que ni siquiera habían acontecido cuando el mencionado ... presentó su queja administrativa que resolvió el gobernador del Estado, en tanto que ésta, como también quedó precisado con antelación, fue suscrita el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa, de donde resulta claro que la referida queja administrativa en manera alguna pudo fundarse en la publicación de referencia. Lo alegado por el tercero perjudicado ... en su escrito presentado ante este tribunal el catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho, donde, en esencia, aduce que la violación al secreto profesional por el notario quejoso con motivo de la publicación multicitada sí fue materia de la mencionada queja administrativa que resolvió el gobernador del Estado, carece de sustento, ya que tanto la resolución del gobernador (fojas 66 a 73 del expediente de nulidad) como el respectivo escrito de queja administrativa suscrito el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa (fojas 342 a 347 id.), muestran que la queja en cuestión se hizo consistir en que el notario de mérito autorizó una escritura pública que contiene un contrato de fideicomiso de garantía sujeto a la condición suspensiva de que el fiduciario obtuviera, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso para actuar como tal, y que después indebidamente expidió un segundo testimonio en el que agregaba en forma ilegal un permiso de la mencionada secretaría, el que además, dijo el denunciante, fue violado por las razones que en la multirreferida queja precisó. Jamás se dolió el denunciante, en la queja multicitada, de violación al secreto notarial, menos por la publicación ya referida. Dicha publicación únicamente se aportó como prueba (precisamente de la queja de 26 de noviembre de 1990) al expediente resuelto por el gobernador, mas en ningún momento y en forma destacada se formuló queja por violación al secreto notarial. Ciertamente, por oficio SGAJ/160/96-2311-2369, suscrito el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis por el director general jurídico de la Subsecretaría General de Gobierno de Asuntos Jurídicos, dependiente del Ejecutivo del Estado, se requirió al citado ... para que en relación con su queja administrativa acompañara copia de la escritura que contiene el contrato de fideicomiso ya reseñado, lo que cumplimentó mediante escrito que presentó a dicha subsecretaría el veintitrés de enero siguiente; posteriormente, por diverso escrito presentado el catorce de febrero de ese año exhibió: ‘Como complemento de mi comunicación de 23 del mes próximo pasado en el que doy contestación a su atento oficio SGAJ/160/96 del día 16 del mes mencionado, por medio del presente adjunto adicionalmente los siguientes documentos públicos probatorios de la denuncia que interpuse en contra del notario público número 35 de esta municipalidad ... por violación a la Ley del Notariado del Estado de Jalisco en mi perjuicio, al haber realizado alteraciones sustanciales a su escritura 21,131.’ (foja 10 del segundo tomo del expediente de nulidad), entre otras constancias, el recorte de la publicación periodística de diez de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que el gobernador del Estado al resolver la multicitada queja de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa, y referir las pruebas que al respecto se aportaron, menciona que también se acompañó como prueba tal publicación periodística. En esas condiciones, lo que procede es conceder al quejoso el amparo solicitado al respecto, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente, en el punto aquí tratado, la sentencia reclamada y, en su lugar, pronuncie otra en la cual, atendiendo a los lineamientos arriba precisados, repare la violación ponderada."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito refiere:
Amparo en revisión (improcedencia) 150/2001.
"CUARTO. En principio, es pertinente precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó criterio acerca de que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, la cual puede consultarse con el número P. LXV/99, visible en la página 7, Tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). De acuerdo con lo expuesto no serán analizados los razonamientos y argumentos del acuerdo, así como los agravios transcritos, en razón de que este Tribunal Colegiado advierte de oficio que se concreta una diversa causal de improcedencia que resulta preponderante, puesto que ésta es una cuestión de orden público en el juicio de garantías, cuyo examen resulta prioritario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo. Cierto, el Juez de Distrito para desechar la demanda de que se trata argumentó: a) Que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del promovente; y, b) Que el ejercicio del notariado es una función pública y que la designación de uno de dichos funcionarios afecta únicamente a la colectividad (derechos colectivos) y no de garantías individuales -foja 44 del cuaderno auxiliar-; para lo cual estimó concretada sólo la causal de improcedencia instituida por el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, esto es, por el motivo indicado en el inciso a). Pues bien, es precisamente con base en el segundo de los razonamientos en que este colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia instituida en el numeral 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1o., fracción I, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, la Constitución Federal, en lo relativo, establece: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 103.’ (se transcribe). Y, la Ley de Amparo, en lo atinente, dispone: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). En tanto la Ley del Notariado para el Estado de Jalisco, al respecto, dice: ‘Artículo 1o. Notario es el profesional del derecho y funcionario público, investido por delegación del Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme a las leyes. La actuación notarial es una función de orden público y tendrá el carácter de vitalicia.’. Además, en la obra de la Real Academia Española intitulada Diccionario de la Lengua Española, Madrid, vigesimoprimera edición, se establece, entre otras, la definición que, en lo relativo, enseguida se transcribe: ‘notario (Del lat. notarius) ... 3. Funcionario público autorizado para dar fe de los contratos, testamentos y otros actos extrajudiciales, conforme a las leyes.’. Lo subrayado y resaltado es para destacar lo que será objeto de comentario. En la obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, intitulada Diccionario Jurídico Mexicano, octava edición, Editorial Porrúa, México 1995, se establece, entre otras, la definición que, en lo relativo, enseguida se transcribe: ‘Notariado. I (De notario y éste del latín notarius). Institución que comprende todo lo relativo a la notaría y a los notarios. En opinión de Giménez Arnau (Neri, p. 481), definir al notariado importa definir al notario ... o sea que se le considere como grupo de quienes la desempeñan. Se ha dicho que la naturaleza del notariado se exterioriza en la práctica en el conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la función notarial, la que a su vez, es una prerrogativa del poder público que va encaminada a declarar el derecho mediante una manifestación con la que se da forma al acto jurídico. Es el notariado una institución que surge en forma natural de la organización social, desde las primeras manifestaciones contractuales de la sociedad, y que consiste en términos generales en el sistema organizado de personas investidas de fe pública para autorizar o dar fe de hechos y actos que ante ellos pasan y se otorgan; el notario, pues, es un magistrado, representante del poder público, obligado y capaz de recibir y dar forma a cuanta manifestación jurídica surja de la vida de relación contractual. ... IV. ... b) El notariado de tipo latino, como el de nuestro país, en el que el notario es al mismo tiempo un funcionario dotado de fe pública y un abogado que ilustra a las partes, redacta el documento, lo autoriza, expide copias certificadas y conserva el original.’ -lo resaltado es para destacar lo que será objeto de comentario. La obra intitulada Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, de Ignacio Burgoa O., Editorial Porrúa, S.A., México, 1984, primera edición, expresa las definiciones que a continuación se transcriben: ‘Individuo. Independientemente de su significado filosófico y de su etimología que denota el ser que no se puede dividir, en el ámbito jurídico equivale a la misma persona física. El artículo primero constitucional considera al individuo, bajo esta acepción, como titular de las garantías que nuestra Ley Suprema establece. Sin embargo, no sólo el individuo o persona física tiene esta titularidad, sino cualquier sujeto que se encuentre en la situación de gobernado, concepto que ya hemos tratado (véase la voz respectiva) ...’. ‘Gobernado. Es el titular de los derechos subjetivos públicos derivados de la relación jurídica de supra a subordinación denominada impropiamente «garantía individual», siendo, en consecuencia, el sujeto activo de esta relación. Su definición es la siguiente: sujeto cuya esfera jurídica puede afectarse o se afecta por un acto de autoridad, es decir, por cualquier acto que provenga de algún órgano del Estado y que sea unilateral, imperativo y coercitivo. Dentro de la situación de gobernado se comprenden no sólo los individuos o personas físicas, sino las personas morales de derecho privado, las entidades de carácter social, como los ejidos y las comunidades agrarias, las entidades paraestatales y, excepcionalmente, las mismas personas morales oficiales. De esta comprensión resulta la incorrecta denominación con que tradicionalmente se han designado las garantías constitucionales, imputándoles la indebida designación de «individuales». Su nombre atingente debe ser «garantías del gobernado». ...’. En la obra intitulada Las Garantías Individuales, de Ignacio Burgoa, decimoséptima edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1983, capítulo segundo, páginas ciento setenta y cuatro, ciento setenta y cinco, y ciento setenta y seis, se expresa, en lo relativo, lo que enseguida se transcribe: ‘1. En el primer caso, el gobernado es sujeto activo de la garantía individual constituida para todo habitante o individuo que viva en el territorio nacional independientemente de su calidad migratoria, nacionalidad, sexo, condición civil, etc. El término individuo que encarna al sujeto gobernado cuando éste se revela como una persona física, equivale a ser humano en su sustantividad biológica, con independencia de sus atributos jurídicos o políticos. ... 3. Pero no solamente la titularidad de las garantías individuales, es decir, su subjetividad activa, corresponde a las personas físicas y a las morales de derecho privado, sino que se extiende a las personas morales de derecho social y aun las de derecho público. En efecto, hemos dicho que el concepto de individuo a que se refiere el artículo primero constitucional equivale a la idea de gobernado, o sea, al de sujeto físico o moral cuya esfera jurídica es susceptible de constituir el objeto total o parcial de actos de autoridad imputados a órganos estatales. Por tanto, si dicha esfera pertenece a una persona moral de derecho social (sindicato, confederación sindical, comunidad agraria), ésta asume el carácter de gobernado frente a los actos autoritarios de afectación correspondientes, o sea, de individuo para los efectos de la titularidad activa de las garantías que expresamente consagra la Constitución. Por otra parte, si las personas morales oficiales o estatales piden la acción de amparo cuando los actos de autoridad lesionen sus intereses patrimoniales conforme a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, tales personas deben estimarse como sujetos activos de la relación jurídica llamada garantía individual en lo que atañe al ámbito formado por dichos intereses, pues en lo tocante a éstos asumen la calidad de gobernados ... c) Sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual está integrado por el Estado como entidad jurídica y política en que se constituye el pueblo y por las autoridades del mismo.’. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa se reclama, principalmente, el acuerdo dictado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, de diecinueve de diciembre de dos mil, por el que se designa como notario público para la población de Arandas, Jalisco, a ... y sus consecuencias legales inherentes. En el acuerdo recurrido se determinó: ‘El ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dictó el siguiente acuerdo: Guadalajara, Jalisco, 19 diecinueve de diciembre de 2000 dos mil. Resolviendo el procedimiento instaurado para cubrir la vacante de adscripción del notario titular número 2 de la municipalidad de Arandas, de esta entidad federativa y tomando en consideración la información emitida por el Consejo de Notarios de la entidad, mediante oficio número 884/00, de fecha 18 del presente mes, en el sentido de que el ciudadano licenciado ... tenedor de patente de aspirante al ejercicio notarial e interesado en cubrir esa adscripción, aprobó el examen de oposición celebrado en las oficinas de ese organismo los días 13 y 15 de los corrientes, obteniendo una calificación de 85 puntos en la escala del 1 al 100, opinando que procede, por tanto, la designación de éste para ese cargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 19, 23, 25, 27 y 28 de la Ley del Notariado del Estado en vigor, se otorga a dicho profesionista el fiat correspondiente, quien deberá cubrir el pago del derecho fiscal respectivo. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y dénse los avisos correspondientes. Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante el ciudadano secretario general de Gobierno, que autoriza y da fe. El Gobernador Constitucional del Estado. Ing. Alberto Cárdenas Jiménez (firmado). El secretario general de Gobierno. Dr. Mauricio Limón Aguirre (firmado).’ foja 16 vuelta. Pues bien, conforme al texto de los artículos 103, fracción I y 1o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, respectivamente, el juicio de amparo tiene por objeto, a través de los tribunales de la Federación, resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. En concreto, las garantías individuales son de las que goza todo individuo conforme lo dispone el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precepto que dispone: (se transcribe). Y, el término individuo -según la obra intitulada Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española, de Guido Gómez de Silva, doctor en letras, editado por El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, México, segunda edición, 1998-, se define de la manera siguiente: ‘individuo (sustantivo) «persona, ser humano; organismo, respecto de su especie» (individual «relativo a un solo ser humano; separado, particular, propio»); individuo (adjetivo) «individual; indivisible», del latín individuus (adjetivo) «indivisible», de in- «no» (véanse in-2, °no) + dividuus «divisible; dividido», de dividere «dividir».’. En tanto el vocablo función -según la obra citada inmediata y anteriormente-, se define como se transcribe a continuación: ‘función («acción propia de una persona, órgano o mecanismo; actividad, ocupación» (funcionar, «servir, ejecutar la acción propia», funcionario «persona que desempeña un empleo público»): latín functionem, acusativo de functio (radical function) «función, ejecución, cumplimiento, actividad», de functus, participio pasivo de fungi «ejecutar, cumplir, desempeñar» (véase °fungir), + -io ‘acción proceso’ (véase °-ión).’. Conforme a las definiciones inmediatas anteriores, individuo es sólo un ser humano, separado, particular, propio. En tanto funcionario es una persona que desempeña un empleo público. En las condiciones indicadas, se considera pertinente precisar que las garantías individuales son propias de los individuos, mas no de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Lo anterior es así, pues debe tomarse en consideración que, en el caso que nos ocupa, el notario recurrente no se sitúa en los supuestos contemplados por los artículos 103, fracción I, constitucional y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo. Cierto, para ser sujeto de las garantías individuales es conveniente puntualizar que de acuerdo con las acepciones transcritas con antelación del doctrinista Ignacio Burgoa O. en el caso a estudio no se está en la hipótesis de que al inconforme se le considere como gobernado con derecho a ejercer la acción de amparo para impugnar el acuerdo señalado como acto reclamado en la demanda de garantías correspondiente, pues debe diferenciarse que para ser sujeto de las garantías individuales es con independencia de sus atributos jurídicos o políticos, lo que no ocurre en el caso, porque el acto que se está reclamando es, precisamente, con motivo del ejercicio de la función pública que desempeña el peticionario de garantías. Tampoco se trata de una persona moral de derecho social (sindicato, confederación sindical, comunidad agraria), ni de una persona moral oficial o estatal a las cuales se les estén lesionando sus intereses patrimoniales, conforme a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, pues tales personas, en esos supuestos, son sujetos activos de la relación jurídica llamada garantía individual, en lo que atañe al ámbito formado por dichos intereses, pues en lo tocante a éstos asumen la calidad de gobernados. Por último, cabe decir que no se vulneran en perjuicio del promovente las garantías individuales, porque con los actos que reclama no se le está afectando en su integridad personal ni alguno de los bienes tutelados por el artículo 22 constitucional, como puede ser, por ejemplo, confiscación de sus bienes, para estimar que existe afectación a sus bienes patrimoniales, como individuo o persona física, supuestos en los que sí procedería la acción constitucional. Al respecto, es aplicable sobre el particular la tesis publicada en la página cincuenta y siete, tomo 4, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Séptima Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘NOTARIOS PÚBLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.’ (se transcribe). Asimismo, sirve de sustento a lo considerado en esta resolución, el criterio contenido en la tesis c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17667-273d370b/notarios-publicos-del-estado-de-jalisco-y-legislaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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