NOTARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A QUE LA PROTOCOLIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DETERMINADOS ACTOS JURÍDICOS DEBEN LLEVARSE A CABO POR NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA PARA AQUELLOS FEDATARIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil dos, dictada en el amparo en revisión 302/2002, en la parte que interesa, se hicieron consistir en lo siguiente:
"QUINTO. Resulta innecesario analizar los agravios formulados por la parte quejosa, así como la sentencia de amparo, pues en el caso se actualiza diversa causal de improcedencia a la estudiada por el Juez de Distrito, prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’. Ahora bien, el artículo 73 establece: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio. ...’. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Es aplicable al particular, la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, que es del tenor literal siguiente: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.’. Así como la tesis 2a. XIX/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página 206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, que dice: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.’. Por su parte, los artículos 18, fracción I, 52, fracción XVIII, 56, 67, fracción III, 70, último párrafo, 71, 72, último párrafo, 81, fracción III, 100, fracción VI, 101, último párrafo, 107, fracción IV, 109, fracción II, 115, fracción VI, 116, penúltimo párrafo y 154 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, establecen: ‘Artículo 18. La comisión en su funcionamiento observará las siguientes reglas: I. Integrará en su seno los dictámenes de factibilidad y de impacto regional, los cuales se conformarán con las autorizaciones, licencias y dictámenes de las instancias gubernamentales participantes, remitiéndolos a la secretaría. Las autorizaciones y licencias serán protocolizadas por los notarios públicos del Estado de México.’. ‘Artículo 52. El acuerdo de autorización de un conjunto urbano contendrá: ... XVIII. Plazo de 60 días para inscribir el acuerdo de autorización, en el Registro Público de la Propiedad, debidamente protocolizado por notario público del Estado de México.’. ‘Artículo 56. La transferencia de las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano y a vialidades en favor del Estado y del Municipio, según corresponda, deberá formalizarse por éstos mediante contrato que celebren con el titular del desarrollo, de conformidad a las disposiciones de la legislación aplicable de la materia. Dicho contrato se suscribirá a la entrega-recepción definitiva de las obras de urbanización, equipamiento y, en su caso de infraestructura primaria, debiendo las autoridades inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad dentro de los 30 días siguientes. Las superficies de terreno destinadas a vías públicas pasarán a ser del dominio público del Municipio desde el momento en que se celebre el acta de entrega-recepción de las obras de urbanización y equipamiento urbano y, en su caso, de infraestructura primaria, debiendo inscribirla en el Registro Público de la Propiedad, dentro de los treinta días siguientes. Las mismas formalidades se observarán, en la proporción que corresponda, para cada una de las etapas y secciones en que se haya autorizado la ejecución de un desarrollo o cuando se realicen entregas parciales de las obras de urbanización, equipamiento y, en su caso de infraestructura primaria. Tratándose de áreas de donación destinadas a equipamiento urbano cuya localización se autorice fuera del desarrollo de que se trate, su transferencia al Municipio podrá formalizarse antes de la entrega-recepción final de las obras de urbanización y equipamiento urbano y, en su caso, de infraestructura primaria. La transmisión de la propiedad al Estado y a los Municipios de las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano y a vialidades, se formalizarán con notarios públicos del Estado de México.’. ‘Artículo 67. La autorización para iniciar la ejecución de obras de urbanización, equipamiento y, en su caso de infraestructura primaria del desarrollo, la enajenación o gravamen de lotes y la promoción de un desarrollo, contendrá lo siguiente: I. Mención de las obras de urbanización y equipamiento que se autoriza ejecutar, con indicación, como corresponda, de la normatividad o especificaciones técnicas aprobadas por la dependencia o el organismo correspondiente, las que se tendrán como partes integrantes de la autorización para todos sus efectos. II. Fecha de vencimiento del plazo para la realización de las obras. III. Determinación de que se autoriza la primera etapa de venta de lotes en un 25 por ciento del total de los mismos y especificación de aquellos cuya enajenación se autoriza, la cual será protocolizada por notarios públicos del Estado de México. IV. Los contenidos de la promoción y la publicidad que se autoriza. V. Orden de recabar las claves catastrales de los lotes del conjunto urbano. VI. En su caso, señalamiento de que se autoriza fideicomitir, gravar o afectar para sí en alguna forma los lotes resultantes del conjunto urbano. VII. En su caso, plazo para presentar los proyectos ejecutivos y memoria de cálculo de las obras de infraestructura primaria establecidas en el acuerdo de autorización, aprobados por las instancias gubernamentales respectivas y su programa de obra y presupuesto a costo directo, a efecto de constituir la correspondiente garantía. No se autorizará la enajenación o gravamen de los lotes que se encuentren en garantía hipotecaria a favor del Estado o del respectivo Municipio, hasta en tanto no se apruebe por la secretaría su sustitución o se extinga la garantía correspondiente.’. ‘Artículo 70. La secretaría podrá autorizar la sustitución de los lotes constituidos en garantía hipotecaria. En la solicitud correspondiente, el titular de la autorización del desarrollo señalará los lotes que pretende sustituir, los cuales deberán estar libres de gravamen. Asimismo la secretaría podrá autorizar la sustitución de garantías hipotecarias por fianzas o viceversa o la combinación de ambas. La secretaría, en su caso, emitirá la autorización dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud, la cual deberá protocolizarse por notarios públicos del Estado de México.’. ‘Artículo 71. La autorización para fideicomitir, gravar o afectar para sí en alguna forma los lotes vendibles de un conjunto urbano, se otorgará una vez que se hayan inscrito en el Registro Público de la Propiedad el acuerdo de autorización y sus planos respectivos, así como garantizado las obras de urbanización, equipamiento urbano y, en su caso de infraestructura primaria. La secretaría, en su caso, emitirá la autorización dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Dicha autorización se protocolizará por notarios públicos del Estado de México. La autorización se podrá integrar a la del inicio de ejecución de obras, enajenación de lotes y promoción del desarrollo.’. ‘Artículo 72. Para enajenar lotes no comprendidos dentro de la autorización del inicio de ejecución de obras, enajenación de lotes y promoción del desarrollo, el titular del conjunto urbano deberá solicitar a la secretaría la autorización correspondiente, debiendo para tal efecto contar con el avance proporcional en la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento y, en su caso, de infraestructura primaria del desarrollo. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, la secretaría llevará a cabo la supervisión de las respectivas obras de urbanización, equipamiento y, en su caso, de infraestructura primaria, a efecto de verificar su grado de avance. Al término de la supervisión, en la bitácora de supervisión se dejará constancia del estado y grado de avance de las obras, la cual será firmada por los que en ella intervinieron. Si de la supervisión se desprende que la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento y, en su caso, de infraestructura primaria, presenta un avance proporcional al número de lotes que se pretende enajenar, la secretaría emitirá la autorización respectiva dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. Las enajenaciones de lotes que se autoricen en términos de este artículo deberán protocolizarse por notarios públicos del Estado de México.’. ‘Artículo 81. La autorización de relotificación será emitida por la secretaría y contendrá: I. La mención de que se autoriza la relotificación, señalando que el plano de la misma, debidamente firmado y sellado, se tendrá como parte integrante de la autorización para todos sus efectos. II. La relación de los lotes resultantes con sus respectivas superficies y usos del suelo. III. La orden de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su expedición, la autorización de relotificación y su plano, protocolizados por notarios públicos del Estado de México.’. ‘Artículo 100. La autorización de la subdivisión deberá contener: I. Referencia al respectivo plano, a la relación de lotes, dimensiones, superficies y usos del suelo, densidades e intensidades máximas de ocupación y aprovechamiento de los mismos. II. Señalamiento, en su caso, de la obligación de ceder áreas de donación y de ejecutar obras de equipamiento urbano, así como del plazo para su realización o bien, de encontrarse exento de cumplir con dichas obligaciones. III. Referencia, en su caso, al cambio aprobado de uso del suelo, de densidad o intensidad de su aprovechamiento o de la altura máxima permitida, por parte de la autoridad municipal. IV. Obligación de incluir, en su caso, en los contratos traslativos de dominio, la referencia al compromiso del titular de ceder áreas de donación y de ejecutar obras de equipamiento urbano. V. Señalamiento de que se presentaron, en su caso, los respectivos proyectos arquitectónicos de equipamiento urbano, ya autorizados por las autoridades competentes, y de que en consecuencia procede el inicio de su construcción. VI. Orden de inscribir en el Registro Público de la Propiedad la autorización de la subdivisión y su respectivo plano, dentro de los 90 días siguientes a su emisión. La autorización y el plano deberán ser protocolizados por notarios públicos del Estado de México. VII. Orden de formalizar la entrega de áreas de donación al Estado o al Municipio, en su caso, dentro de los 90 días siguientes al de la fecha de la autorización de subdivisión. VIII. Referencia al dictamen de impacto regional, que en su caso, hubiere emitido la secretaría. IX. Referencia, en su caso al convenio que se hubiere suscrito con las autoridades municipales para la introducción de los servicios públicos municipales.’. ‘Artículo 101. Para los efectos de lo previsto por el artículo 5.48 (sic) fracción IV del código, la secretaría podrá emitir la autorización de subdivisión de predios que provengan de inmatriculaciones administrativas, informaciones de dominio, usucapiones u otras figuras jurídicas que den como resultado la división de predios, inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Las autorizaciones que se emitan en términos de este artículo, deberán ser protocolizadas por notarios públicos del Estado de México e inscritas en el Registro Público de la Propiedad.’. ‘Artículo 107. La autorización de relotificación de subdivisiones contendrá: I. La mención de que se autoriza la relotificación, señalando que el plano de la misma, firmado y sellado, forma parte de la autorización para todos sus efectos. II. La relación de los lotes resultantes con sus respectivas superficies, usos del suelo, densidades e intensidades de ocupación y aprovechamiento. III. El cambio de ubicación de las áreas de donación, en su caso. IV. La orden de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de su expedición, la autorización de relotificación y su plano, protocolizados por notarios públicos del Estado de México.’. ‘Artículo 109. La autorización para fusionar predios, se sujetará al procedimiento siguiente: I. La secretaría en su caso, emitirá la autorización de fusión de predios correspondiente dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud y de los documentos establecidos en el artículo anterior, previo el pago de los derechos respectivos. II. La autorización y el plano respectivo de la fusión, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, dentro de los 90 días siguientes al de la fecha de la autorización, la que conjuntamente con el plano deberán ser protocolizados por notarios públicos del Estado de México.’. ‘Artículo 115. La autorización que emita la secretaría respecto de la lotificación de un predio para constituirlo en régimen de condominio horizontal o mixto, deberá contener: I. Referencia a la lotificación que se autoriza, de acuerdo al plano y descripción de las áreas privativas y comunes. II. Señalamiento de las obras de urbanización que deban ser ejecutadas al interior del predio, así como el plazo para su ejecución. III. Señalamiento del área de donación que se cede y de las obras de equipamiento urbano que, en su caso, deban llevarse a cabo y su costo, así como el plazo para su conclusión y entrega. IV. Apercibimiento al titular de la autorización de que deberá obtener de la secretaría los permisos respectivos para celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o promesa de los mismos, respecto de las áreas privativas del condominio, así como para su promoción o publicidad, lo cual podrá solicitar una vez concluidas las obras de urbanización al interior del condominio y de equipamiento urbano, o en su caso, asegurada su ejecución mediante fianza o garantía hipotecaria o cubierto el pago sustitutivo del equipamiento. V. Prevención de que el titular de la autorización o los adquirentes de las áreas privativas, no podrán llevar a cabo edificación alguna sin obtener previamente las correspondientes licencias y autorizaciones. VI. Establecimiento del plazo de 90 días para inscribir en el Registro Público de la Propiedad, la escritura pública de constitución del condominio horizontal o mixto que contenga la autorización y el plano respectivo de la lotificación. La escritura deberá realizarse por notarios públicos del Estado de México. VII. Orden de formalizar la entrega de áreas de donación al Estado o al Municipio, en su caso, dentro de los 90 días siguientes al de la fecha de la autorización de la lotificación.’. ‘Artículo 116. Para que la secretaría expida la autorización para celebrar actos, convenios y contratos traslativos de dominio sobre las áreas privativas de los condominios horizontales o mixtos, así como para aprobar su promoción y publicidad, se requerirá solicitud del interesado a la que se acompañe: I. Escritura pública de constitución del condominio, inscrita en el Registro Público de la Propiedad. II. En su caso, fianza o garantía hipotecaria correspondiente a favor del Estado, para garantizar la ejecución de las obras de urbanización al interior del condominio y de equipamiento urbano o cuando así corresponda, comprobante del pago sustitutivo realizado al Municipio por el equipamiento urbano. III. Contenido de la publicidad proyectada, que señalará los datos de la autorización. IV. Reglamento interior del condominio. La secretaría, en su caso, emitirá la autorización correspondiente dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud y de los documentos establecidos en este artículo. Los actos, convenios y contratos traslativos de dominio a que se refiere este artículo, deberán celebrarse ante notarios públicos del Estado de México. La ocupación de las áreas privativas objeto de la enajenación, procederá cuando estén terminados y funcionando los servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje.’. ‘Artículo 154. Las infracciones a las disposiciones del código y de este reglamento se sancionarán conforme a las reglas establecidas en el artículo 5.75 del código y 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. La autoridad estatal, en la imposición de las sanciones buscará primordialmente la restitución al orden urbano de aquellas obras, usos o aprovechamientos del suelo, fusiones y divisiones de predios y demás acciones u omisiones que se hayan realizado en contravención a las disposiciones del código, su reglamentación o los planes de desarrollo urbano.’. A su vez, los artículos 2o., 4o., 6o. y 8o. del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, establecen lo siguiente: ‘Artículo 2o. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a las unidades administrativas del Ejecutivo del Estado vinculadas con la materia del desarrollo urbano, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.’. ‘Artículo 4o. Toda acción que signifique la fusión o división del suelo, la construcción en, sobre o bajo la tierra, la realización de cualquier cambio material en edificios existentes y en su uso, requerirán de la autorización previa y expresa de las autoridades estatales y municipales correspondientes, en los términos del código y su reglamentación.’. ‘Artículo 6o. Las autorizaciones a que se refiere el código y este reglamento, son instrumentos para la administración y control del desarrollo urbano y la protección de su entorno, por lo que formarán parte de las mismas, las normas, limitaciones y prohibiciones en ellos establecidas. En consecuencia, sus titulares quedan obligados a su cumplimiento. La secretaría, en las autorizaciones o dictámenes que expida, señalará las restricciones conducentes del plan de desarrollo urbano aplicable, así como las que en su caso determinen al efecto organismos públicos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales de México, Comisión Nacional del Agua, Dirección General de Protección Civil, Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras dependencias u organismos de carácter federal, estatal o municipal. La secretaría podrá allegarse y solicitar de otras autoridades, dictámenes, documentos, opiniones y demás elementos para apoyar los actos administrativos que emita.’. ‘Artículo 8o. El trámite o gestión para obtener las autorizaciones y dictámenes estará sujeto a las siguientes reglas específicas: I. Las solicitudes deberán contener: A) Datos de identificación del predio o inmueble; su ubicación y, en su caso, la distancia de éste a las dos esquinas más próximas o a elementos fijos de referencia; los nombres de las calles que delimiten la manzana y su orientación; sus dimensiones y medidas; y, en su caso, el nombre con el que se le conozca. B) Nombre completo de la persona física o moral solicitante y, en su caso, el de su representante legal, quienes deberán acreditar su personalidad. C) Domicilio en el Estado de México para recibir notificaciones, así como número telefónico o dirección de correo electrónico, si se tuvieren, u otro medio de comunicación. D) Tipo de autorización o dictamen que se desea con las referencias que correspondan a los documentos que se acompañan y justifican el pedimento. E) Cuando deban acompañarse planos, se entregarán dos tantos en material reproducible, salvo que este reglamento especifique un número o un material diferente de acuerdo al trámite de que se trate. F) Lugar y fecha, así como firma del solicitante o de su representante legal. II. Toda solicitud deberá acompañarse de identificación del o los solicitantes, quienes podrán acreditarse mediante credencial oficial vigente que cuente con fotografía, debiendo agregarse copia cotejada de la misma al expediente. III. De cada trámite o gestión se integrará un expediente que contendrá un tanto de la documentación requerida, sea en original, copia certificada o copia simple cotejada. No se exigirá documentación que ya hubiera sido requerida y obre en su expediente, proporcionando el solicitante, en su caso, los datos necesarios para su identificación. IV. Los plazos establecidos por este reglamento se entenderán contados en días hábiles. V. Las autorizaciones y dictámenes tendrán vigencia de un año, contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de su emisión, salvo disposición expresa de este reglamento. VI. Las autorizaciones y dictámenes además de los datos señalados en los incisos A), B) y C) de la fracción I de este artículo, contendrán el número de identificación y del expediente que le corresponda, el lugar y fecha de expedición, así como el nombre, firma y cargo del servidor público que la expida.’. De los artículos 2o., 4o., 6o. y 8o. del citado reglamento se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y las unidades administrativas del Ejecutivo del Estado vinculadas con la materia del desarrollo urbano, tendrán a su cargo la aplicación y vigilancia del cumplimiento de sus normas; a su vez, toda acción que signifique fusión, división, construcción sobre o bajo la tierra, así como cualquier cambio material o en su uso en edificios existentes, requerirán de la autorización previa y expresa de las autoridades estatales y municipales del Estado de México, y que esas autorizaciones son instrumentos para la administración y control del desarrollo urbano y la protección de su entorno, las cuales, junto con los dictámenes respectivos, señalarán las restricciones conducentes del plan de desarrollo urbano aplicable. Además, para el trámite o gestión para obtener las autorizaciones y dictámenes respectivos se sujetarán a las reglas que indica el artículo 8o. de dicho reglamento. De los artículos que el quejoso tilda de inconstitucionales se evidencia que la internación (sic) del notario público se traduc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17768-2521c553/notarios-publicos-del-distrito-federal-las-disposiciones-relativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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