SEGURIDAD PÚBLICA. EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ÚNICAMENTE PROHÍBE LA REINSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES QUE AL MOMENTO DE LA REMOCIÓN NO LLENARON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EXIGIDOS POR LAS LEYES VIGENTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Consta en autos que con fecha nueve de junio de dos mil, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 1107/99, promovido por Víctor Gómez Ramírez, negó el amparo solicitado, con apoyo en las siguientes consideraciones:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación que expresa el quejoso, los que se analizarán de manera conjunta dada su estrecha vinculación. En ellos, de manera fundamental, se aduce que la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada porque resulta inexacta e improcedente la interpretación y aplicación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, al considerar improcedente la condena a la reinstalación, con lo que se vulnera también la disposición contenida en el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, resultando falso que exista impedimento para reincorporarlo en su empleo, porque la disposición constitucional mencionada no contiene el impedimento argumentado por la autoridad responsable, ya que al actualizarse la causa de invalidez prevista por la fracción II del artículo 274 del código de la materia, al no encontrarse debidamente fundada y motivada la resolución por la que se le dio de baja, no resulta aplicable el dispositivo constitucional de referencia y ante la inexistencia del impedimento mencionado, y por así ordenarlo el artículo 276 del código de la materia, debió ordenarse su reinstalación en el puesto que desempeñaba, porque ésta sería la única forma de restituirlo plenamente en el goce del derecho afectado. Continúa argumentando el quejoso, que resulta inaplicable el precepto constitucional en cita porque en él se requiere que la remoción de los miembros de las instituciones policiales de los Municipios y entidades federativas o del Distrito Federal, se hará si no cumplen con los requisitos que las leyes señalen para permanecer en dichas instituciones, y que en el caso, del texto de la resolución emitida por la autoridad demandada, se desprende que ésta no afirma haberlo dado de baja por no cumplir con los requisitos que alguna ley aplicable señale para permanecer en la corporación policiaca en el momento de la remoción, por lo que para que resultara operante el impedimento constitucional para su reincorporación, era necesario que se le hubiera removido del cargo porque así se hubiera señalado en la resolución respectiva y que existiera alguna ley que señalara los requisitos necesarios para permanecer en dicho empleo. Finalmente, aduce que resulta ilegal que la autoridad responsable hubiera dejado sin efectos la jurisprudencia que cita, relativa a la obligación de las autoridades demandadas en un juicio contencioso a reincorporar en el cargo que venían desempeñando a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Estado y Municipios, ante la declaratoria de invalidez de su baja, porque debió aplicar dicho criterio, al no existir precepto legal que le permita dejar sin efecto la jurisprudencia establecida, por considerarla contraria a una norma y aunque tuviera facultades para hacerlo el acuerdo en que lo hizo no se encuentra debidamente fundado y motivado. Como se adelantó al hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, la autoridad responsable modificó la sentencia de primer grado únicamente respecto del alcance dado a la declaratoria de invalidez, considerando que debía ser lisa y llana y no para efectos, además de condenar a la autoridad demandada a cubrir al ahora quejoso la indemnización correspondiente derivada de la remoción de que fue objeto, sin embargo, confirmó el criterio relativo a la imposibilidad constitucionalmente regulada para reincorporarlo en el cargo que venía desempeñando antes de ordenarse su remoción. Sin embargo, el ahora quejoso estima que la aplicación e interpretación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, resulta indebida porque estima que el caso concreto no se ubica en dicha hipótesis y que, por tanto, ante la declaratoria de invalidez de la resolución que ordenó removerlo de su puesto, y en concordancia con la disposición contenida en el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, procedía ordenar su reincorporación a la corporación policiaca para la que prestaba sus servicios, y que el mencionado precepto constitucional no contiene el impedimento a que se refirió la autoridad responsable. No asiste razón al solicitante de amparo, toda vez que el texto constitucional de referencia establece lo siguiente: ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. ... Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.’. Del contenido de dicho artículo, se pone de manifiesto que, por disposición constitucional, no puede realizarse la reincorporación de un elemento de un cuerpo policiaco para que continúe prestando sus servicios, si existe una orden de remoción, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatirlo, y que en su caso sólo procederá la indemnización. En el caso concreto, existe una orden de remoción dictada por el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, la cual se consideró indebidamente fundada y motivada y, por ello, se declaró su invalidez, condenándose a dicha autoridad a cubrir al promovente del juicio los salarios que dejó de percibir y el pago de la indemnización en los términos que con anterioridad fueron puntualizados; sin embargo, en forma legalmente correcta, la autoridad responsable consideró improcedente condenar a la autoridad, ahora tercero perjudicada, a reincorporar al quejoso en el puesto que ocupaba antes de emitirse la resolución mencionada, en estricto acatamiento al precepto constitucional multirreferido, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Por tanto, contrario a lo que menciona el quejoso, existe en el caso concreto exacta adecuación entre éste y la hipótesis constitucional mencionada, por lo cual el proceder de la autoridad responsable resulta ajustado a derecho, aunado a que se justifica la infracción a las formas que regulan la permanencia en la institución policiaca para la que prestaba sus servicios, porque dejó de asistir a laborar durante cuatro días, según se estableció en la resolución impugnada. Sin embargo, no se controvierte en el juicio de origen la facultad de la autoridad tercero perjudicada para ordenar la remoción de los elementos que integran su corporación, sino la imposibilidad de reincorporar al servicio a alguno de ellos, respecto de quien se hubiere ordenado su remoción, con independencia de que exista algún juicio o medio de defensa para impugnar la resolución que la ordena. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo que legalmente procede es negar la protección constitucional que solicita. En el mismo sentido se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 1044/99, promovido por Juan Leonardo Fuentes Ramírez, en sesión de fecha veinticinco de mayo del año que transcurre."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la ejecutoria emitida el dieciocho de mayo de dos mil, al resolver el amparo directo 222/99, promovido por Miguel Águila Méndez, en la parte conducente, sostuvo:
"SEXTO. Resulta fundado el concepto de violación que esgrime el quejoso en lo tocante a que la sentencia que se reclama es incongruente, aun cuando para arribar a tal conclusión sea necesario suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que en la especie se actualiza una violación manifiesta de la ley en perjuicio del quejoso que indudablemente lo ha dejado sin defensa. Ahora bien, para asumir tal posición, es menester ahondar en las siguientes cuestiones: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se erige como el pilar fundamental del sistema jurídico y el parámetro de validez del resto de normas que lo integran, amén de ser, junto con las leyes del Congreso Federal que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, la Ley Suprema de toda la Unión, según lo dispone el artículo 133 de la propia Constitución Federal, que no contempla otra cosa sino la supremacía constitucional y la exigencia de que todos los ordenamientos y actos de autoridad se ajusten de manera estricta a su contenido. Luego, dicho ordenamiento se encuentra integrado por normas de la misma jerarquía, puesto que no se cuenta con un criterio válido para dar preferencia a unas sobre otras, aun cuando el capítulo denominado ‘De las garantías individuales’, contempla una serie de derechos a favor de los gobernados que han de ser respetados por las autoridades, que implican a su vez una serie de abstenciones por parte del Estado a interferir en la vida de los particulares, a menos que tal intromisión se encuentre perfectamente justificada y, además, se ajuste a los parámetros y exigencias legales respectivos, en otras palabras, los actos de autoridad han de ser respetuosos y concordantes con la Norma Suprema del propio sistema jurídico a fin de resultar válidos. Por otra parte, al artículo 123 de la misma Constitución, se le ubica dentro del rubro de garantía social, cuya finalidad es proteger al hombre como integrante de un grupo social determinado y vulnerable, que se instituye como la fuerza laboral en una relación de trabajo, asegurándole condiciones mínimas en las que ha de concurrir a tal relación, alejándole con ello de la explotación y la marginación. A esa luz, aun cuando el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal excluya del régimen federal burocrático a los elementos de los cuerpos policiales, entre otros, también es cierto que señala que se regirán por sus propias leyes, lo que implica que no quedan fuera de la tutela del ordenamiento, sino que en todo caso, dado el régimen especial en el que se ubican, derivado de la naturaleza de las funciones que ejercen, sus relaciones con el Estado deben ser reguladas por sus propias leyes. Tomando como punto de partida tal consideración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la jurisprudencia número P./J. 24/95, cuyo rubro es: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, ha determinado que las relaciones que vinculan a los elementos de seguridad pública con el Estado, revisten naturaleza administrativa, justamente en razón de la exclusión que hace el propio texto constitucional, así como por la exigencia de aplicar leyes cuya esencia es innegablemente administrativa. Así, cuando se susciten controversias entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y las autoridades pertenecientes a la administración pública a la que están adscritos, en aplicación de leyes cuya sustancia es netamente administrativa, entonces se está ante la presencia de un conflicto surgido entre particulares y autoridades. Desde tal perspectiva, es necesario que cuando se emita un acto de autoridad tendiente a afectar tal relación administrativa, éste se produzca ajustándose a las garantías de seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues debe insistirse en el hecho de que se trata de actos de autoridad tendientes a vulnerar la esfera jurídica de los miembros de los cuerpos policiales y, por tanto, a fin de alejarles de la arbitrariedad e ilegalidad, se impone que satisfagan a cabalidad las referidas garantías de seguridad jurídica, entre las que destacan la irretroactividad de la ley secundaria, la privación de derechos, sólo mediante juicio seguido con las formalidades del proceso, que incluye el desahogo de la garantía de audiencia previa a la emisión del acto privativo, el principio de legalidad, el de autoridad competente y el mandamiento escrito, fundado y motivado para poder ser molestado en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, pues opinar lo contrario implicaría no sólo dejarles en un notorio estado de indefensión, sino permitir a las autoridades actuar sin la exigencia de disciplinar sus actos a la Norma Fundamental. Establecidas las premisas precedentes, es dable traer a colación el texto reformado el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, que en la parte conducente, señala: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Ahora bien, de la interpretación armónica y sistemática del transcrito precepto legal, se advierte lo siguiente: Que la reforma citada al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en ningún momento desconoce ni pretende evitar el respeto irrestricto a las garantías de seguridad jurídica que a favor de los justiciables consagran los artículos 14 y 16 del propio cuerpo normativo, por parte de las autoridades correspondientes. Que la aludida reforma sólo refiere que los elementos de los cuerpos policiales podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones. Ahora bien, el alcance del precepto en estudio es que los elementos policiales podrán ser removidos de su cargo, sólo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones. En tal virtud, impera ahora la necesidad de establecer cuáles son los requisitos de permanencia o, en su caso, las causas de remoción que pueden originar la baja del servicio de los miembros de las instituciones policiales en esta entidad federativa que a saber son el Cuerpo Preventivo de Seguridad Pública Estatal, el Cuerpo Preventivo de Seguridad Pública Municipal, la Policía Judicial y los Cuerpos Auxiliares de Seguridad Pública, a que alude el artículo 39 de la Ley de Seguridad Preventiva del Estado de México. De la consulta de la legislación sustantiva aplicable, se observa que, por una parte, la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, prevé en el artículo 78 las causas de remoción, entendida ésta como la baja definitiva del servicio y la terminación de los efectos del nombramiento expedido por la autoridad competente, que son: ‘... I. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias, maltrato a los superiores, compañeros, subordinados o familiares de unos u otros, dentro o fuera del servicio; II. Faltar por más de tres días a sus servicios sin causa justificada, en un periodo de treinta días o de cinco en noventa días; III. Destruir intencionalmente edificios, obras, equipos, vehículos, instrumentos u otros objetos a su cargo; IV. Cometer actos inmorales durante el servicio; V. Revelar asuntos confidenciales o reservados de que tuviera conocimiento con motivo de la prestación del servicio; VI. Ocasionar con su imprudencia, abandono, descuido o negligencia, la suspensión o deficiencia del servicio; VII. Desobedecer las órdenes verbales o escritas que reciba de sus superiores; VIII. Asistir a sus servicios con aliento alcohólico o bajo el influjo de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes; o consumirlas durante el servicio o en el centro de trabajo; y IX. Faltar reiteradamente más de dos veces u ocasiones a las obligaciones que impone esta ley y sus disposiciones reglamentarias.’. Por la otra, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en su parte de interés, refiere: ‘Artículo 21. Para ser agente de la Policía Judicial, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; II. Ser mayor de veinticinco años; III. Poseer grado de escolaridad media superior; IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo considerado como grave, ni haber sido destituido en el desempeño de igual o similar cargo, en ésta o en cualquier otra entidad federativa, o en la administración pública federal; V. Ser de honradez y probidad notorias; VI. Cumplir los requisitos y aprobar los exámenes de selección que se determinen en el reglamento de esta ley; y VII. No tener antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública.’. En el referido contexto, se colige que para separar a un elemento policial de la función que le ha sido encomendada, en primer término es necesario acreditar fehacientemente que ha incurrido en alguna causa que origine su remoción, o bien, que no cumple con los requisitos de permanencia para continuar en el servicio, exigidos por las leyes aplicables vigentes al momento de la remoción, lo que desde luego debe estar precedido por el agotamiento puntual del procedimiento correspondiente, en el que han de respetarse en su favor las garantías de seguridad jurídica a que se ha hecho referencia con antelación. Sólo entonces resultará improcedente su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa que enderecen, tendiente a combatir la remoción. Estimar lo contrario equivaldría a que el propio texto constitucional deslindara a las autoridades de ajustar su actuación a los lineamientos previstos en las garantías de seguridad jurídica consagradas por los preceptos 14 y 16 constitucionales a favor de los gobernados, específicamente a favor de los miembros de las instituciones policiacas, cuya relación vinculante con el Estado, según se ha visto, es de naturaleza administrativa, cuando desde siempre ha sido la voluntad del legislador el que el actuar de los gobernantes se apegue a tales mandatos. Pone de manifiesto lo anterior, el apuntamiento contenido en el debate que se diera al interior de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, a la que se turnara en su oportunidad el proyecto de decreto previamente aprobado por la Cámara de Senadores, a raíz de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, cuando en defensa de la reforma constitucional de mérito, el representante popular afirma: ‘... Y aquí la pregunta que se nos plantea como legisladores es si en esta modernización que se plantea de los cuerpos policiacos, puede darse bajo el marco de arbitrariedad. La respuesta es que no. La propuesta de reforma constitucional claramente establece, por ejemplo, que las remociones que en su caso ocurran, deberán de llevarse a cabo de conformidad con laley vigente. En consecuencia, no podemos hablar de remociones arbitrarias, es decir, de remociones unilaterales o discrecionales, éstas tendrán en todo momento que ceñirse al marco legal establecido que en ese momento esté vigente. En consecuencia, en caso de que ocurra una remoción sin que se cumplan los requisitos de la ley vigente, es claro que el policía en cuestión tendría en su derecho el poder impugnar tal situación, tal remoción, a través de distintos medios de impugnación que existen. Ciertamente si se es violatoria de la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16, es claro que podría proceder un juicio de garantías, un juicio de amparo. En consecuencia, la remoción no ocurre o no podría ocurrir con esa arbitrariedad con que se ha querido interpretar, a partir de una decisión unilateral, a partir de una decisión arbitraria del jefe policiaco, tendrá que ocurrir de acuerdo con el marco jurídico de la ley vigente. Si de acuerdo con ese marco jurídico no se cumplen los requisitos, solamente en esa situación entonces podrá operar la remoción y, en su caso, la liquidación correspondiente, si es que hubiere lugar, siempre y cuando -insisto- se cumplan los requisitos legales. ...’. Así, con el afán de desentrañar el verdadero sentido de la norma constitucional en estudio, valiéndose para ello de una interpretación auténtica, que es la realizada por el propio legislador, es factible concluir que la determinación de la responsable no sólo es ilegal, sino que pretende dar un diverso alcance a la reforma constitucional materia del presente análisis, lo que a su vez se erige como una violación manifiesta a la ley en perjuicio del quejoso, a lo que obedece la suplencia de la deficiencia de su queja. Ciertamente, la responsable estima que la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, prevé la prohibición de reincorporar a Miguel Águila Méndez al cargo que venía ocupando hasta antes de su remoción. No obstante lo anterior, es la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local, quien en su momento y previo el análisis de las constancias procedimentales que integran el juicio contencioso administrativo principal, determinó: Que la autoridad demandada en la controversia original, transgrede en perjuicio del quejoso los artículos 38, fracción II, 57, 59, 95 y 100 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, que rigen los principios de valoración de pruebas porque: a) Otorga un indebido valor probatorio a la documental pública relativa al reporte de fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por el subprocurador general de Justicia del Estado respecto a la visita que hizo al Centro de Justicia del Valle de Chalco, en donde se detectaron irregularidades en la detención de vehículos, afirmando que diversos elementos, entre ellos el actor, se encontraban realizando revisiones a dichos vehículos. b) En la citada documental se advierte que Ismael Arzola Palacios, como dueño de la camioneta Ford Pick-up, con placas de circulación LHA-8161, indicó que Enrique Julián López Pacheco y Jesús Esteban Barranco Cabrales le habían solicitado la cantidad de $5,000.00 para devolverle su vehículo y que la segunda de las personas nombradas ni siquiera era agente de la Policía Judicial. c) Que la afirmación de la demandada nunca fue corroborada con medio de convicción idóneo y suficiente para tal efecto, sino que por el contrario, Ismael Arzola Palacios en ningún momento le atribuye irregularidad alguna. d) Que el actor en todo momento negó las anomalías que se le imputan, por el contrario, señaló que el día en que sucedieron los hechos (dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve) ni siquiera estuvo presente en la revisión de vehículos. e) Que el propio Enrique Julián López Pacheco, al rendir testimonio, acepta que el actor no se encontraba presente en la revisión de vehículos el día dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho. f) Que la manifestación del actor de que no conocía a Luis Esteban Barranco Cabrales, quien se ostentaba como agente de la Policía Judicial, sin serlo, se robustecía con el testimonio rendido por esta persona, quien a su vez refiere no conocer a Miguel Águila Méndez. g) Que la denuncia formulada por Ismael Arzola Palacios fue enderezada única y exclusivamente en contra de dos elementos de la Policía Judicial de nombres Enrique Julián López Pacheco y Luis Esteban Barranco Cabrales y no en contra del demandante. En suma, la a quo decide declarar la invalidez de la resolución impugnada, habida cuenta que la autoridad demandada no acreditó las irregularidades atribuidas al actor, merced a los razonamientos vertidos en líneas precedentes. Sin embargo, concluye que no es procedente ordenar la reinstalación de Miguel Águila Méndez al cargo que venía desempeñando hasta antes de su remoción, aplicando al efecto el precepto 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, lo que en su momento fue ratificado por la responsable, pese a que el demandante adujo la incongruencia de tal decisión. Tal determinación es contraria a la interpretación que se ha realizado del invocado precepto constitucional pues, como se ha demostrado, el alcance de la multicitada reforma no es el que pretende darle la responsable, en lo tocante a que es una prohibición total, pues de ser así, se permitiría el actuar totalmente arbitrario de las autoridades, pese a que el propio legislador reconoce que su actuación en ningún momento debe alejarse de las garantías de seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales. En el orden de ideas establecido, lo procedente es conceder al quejoso la protección constitucional solicitada, con el propósito de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en donde, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie acerca de la procedencia de reincorporar a Miguel Águila Méndez al cargo que venía desempeñando hasta antes de la ilegal destitución de la que fue objeto, desde luego tomando en consideración la interpretación realizada al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, contenida en la presente ejecutoria. Habiendo resultado fundado el concepto de violación en estudio, resulta innecesario el análisis de los diversos razonamientos expresados por el quejoso en el presente medio de control constitucional, pues en nada variarían el sentido del fallo protector. Resultando aplicable la jurisprudencia V.2o. J/7, visible en la página 86 del Tomo VII, abril de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."
QUINTO. Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.
Para ello es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
Es aplicable la jurisprudencia número 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, tomo 58, octubre de mil novecientos noventa y dos, página 22 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
SEXTO. Con el propósito de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar los antecedentes que dieron origen a las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando los aspectos fundamentales de las ejecutorias motivo de la presente contradicción.
A) La ejecutoria dictada en el amparo directo 1107/99 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, tiene como antecedentes los siguientes:
1. Víctor Gómez Ramírez promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por la que se modificó la sentencia de la Primera Sala Regional de ese tribunal, que confirmó la invalidez de la resolución de cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve emitida por el director general de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17190-be700b0c/seguridad-publica-el-parrafo-tercero-de-la-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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