PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY RELATIVA FUE DEROGADO TÁCITAMENTE POR EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN CUANTO ÚNICAMENTE PREVÉ LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A continuación se transcribirán las ejecutorias denunciadas como contradictorias, solamente en la parte que contienen las consideraciones que pudieran entrañar divergencia de criterios.
I. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 86/2001 (improcedencia), promovido por Alberto Sion Cheja, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil uno consideró, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO. ... En el segundo agravio se aduce, sustancialmente, que la a quo, en la resolución recurrida, viola en perjuicio de la hoy recurrente lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues de dicha resolución se advierte que la causa de improcedencia esgrimida no es aplicable al caso concreto, ya que la Juez de Distrito trata de acreditar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable al caso concreto, sin embargo, no lo es según lo dispone el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que sólo será aplicable, supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en tratándose de solicitudes de declaración administrativa, por lo que se establece un procedimiento propio con la única suplencia del código antes mencionado. Se agrega que no todos los actos que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son actos formalmente administrativos, ya que los procedimientos contenciosos, si bien son formalmente administrativos, materialmente son jurisdiccionales, por lo que deben cumplir con las formalidades del Código Federal de Procedimientos Civiles y no de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues en ésta no se sustancia y sigue un procedimiento administrativo de nulidad, caducidad o infracción de marca, por lo que el medio de impugnación no lo es el recurso de revisión y, por tanto, no puede existir supletoriedad de dicha ley, ya que las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no son actos administrativos formales, sino materialmente jurisdiccionales. Se expresa que de la resolución señalada como acto reclamado se desprende que no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que debe contener el acto administrativo, que entre otros son, según se exige en la fracción XV del numeral en cita, deberá hacerse mención de los recursos que procedan, requisito que dicha resolución no satisface, por lo que en todo caso era optativo para la promovente del juicio de garantías la interposición de dicho recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la ley en comento, invocando al efecto la tesis de rubro: ‘LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL PARTICULAR DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN SU ARTÍCULO 83, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.’. Tales argumentos son infundados, en primer término, debe precisarse el texto del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial al cual alude la recurrente, y precisar que el mismo se encuentra inmerso en el capítulo II de dicha ley, denominado ‘Del procedimiento de declaración administrativa’, precepto que establece: ‘Artículo 187. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.’. Como se desprende del texto del artículo en cita, el Código Federal de Procedimientos Civiles será aplicable, supletoriamente, para sustanciar y resolver las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa establecidas por la ley; sin embargo, lo establecido en el precepto en comento no excluye la aplicación del recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuanto a la impugnación de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ello es así, en virtud de que si bien el ordenamiento aplicable de manera supletoria al procedimiento y forma de resolución establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con las solicitudes de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa regulados por dicho ordenamiento, lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal disposición no debe dar lugar a confundir que dicho ordenamiento es supletorio para todo el contenido de la Ley de la Propiedad Industrial. La anterior afirmación encuentra sustento en que, tomando en consideración lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que el legislador otorgó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial atribuciones de diversa naturaleza, como lo es la material y formalmente administrativa y la materialmente jurisdiccional, como lo es la resolución de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa que la ley en cita prevé, siendo importante destacar que sólo en relación con tales procedimientos se establece la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo expresa la norma al respecto, ya que señala que los procedimientos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento contenido en el capítulo respectivo, siendo aplicable supletoriamente el mencionado código en lo que no se oponga, es decir, expresamente se restringe su supletoriedad para la sustanciación y resolución de los mencionados procedimientos de declaración administrativa, pero no de manera general al resto del texto de la ley. Por tales motivos, atendiendo al texto expreso de la ley, la supletoriedad específica del Código Federal de Procedimientos Civiles no hace inaplicable, en la regulación restante, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que este último ordenamiento se aplica para supuestos distintos a la sustanciación y resolución de las solicitudes que dan lugar a los procedimientos de declaración administrativa, siendo que los supuestos de aplicación de los mencionados Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Procedimiento Administrativo son diversos. En efecto, el ámbito de aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles se refiere a la tramitación del procedimiento que debe seguirse para las declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, así como para la valoración de las constancias que darán lugar a la emisión de la resolución correspondiente, es decir, la aplicación del código en cita tendrá lugar en la función materialmente jurisdiccional que la ley otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado su objeto, tiene un ámbito de aplicación distinto y totalmente independiente del que la ley establece para el Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo es su aplicación supletoria para la emisión de los actos y tramitación de procedimientos que el mencionado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza en ejercicio de su función materialmente administrativa, como lo es la expedición de patentes, registro de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas, entre otros casos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que a continuación se transcribe: ‘Artículo 2o. Esta ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo conducente.’. Es decir, la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se actualiza cuando dentro de las disposiciones de la ley especial de que se trate, en el caso la Ley de la Propiedad Industrial, no se especifica un trámite o un plazo que debe cumplirse para lograr la obtención de cualquiera de los mencionados actos administrativos o, en su caso, para determinar si la emisión del acto adolece de algún vicio que lo haga anulable, del acceso a la información con que cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la realización de las funciones de inspección que debe realizar dicho instituto, entre otros casos. En ese orden de ideas, la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, está claramente determinada por la propia Ley de la Propiedad Industrial y por la naturaleza del acto de autoridad realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahora bien, para determinar cuál es el medio de defensa procedente para impugnar las resoluciones emitidas por las dependencias y órganos sujetos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe atenderse al contenido del artículo transitorio segundo de la ley en cita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en relación con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio relativo al decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, los cuales disponen, respectivamente, lo siguiente: decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro: ‘Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta ley, se resolverán conforme a la ley de la materia.’. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil: ‘Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este decreto. Los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor del mismo, se resolverán conforme a la ley de la materia.’. Del contenido de los artículos transitorios de referencia, aplicando su texto a las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, independientemente de que tengan el carácter de materialmente administrativas o jurisdiccionales, resulta que el recurso procedente para impugnar dichas resoluciones lo es el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siempre que tales resoluciones hayan sido combatidas con posterioridad al treinta de mayo de dos mil, toda vez que de conformidad con los preceptos transitorios mencionados, se derogaron todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la ley en comento, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cual implica que a partir de la entrada en vigor de dicha ley, y en el caso de organismos descentralizados, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a partir de la publicación del artículo segundo transitorio del decreto de reformas que apareció en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, el recurso procedente para impugnar sus actos de autoridad lo es el recurso de revisión. Ello obedece a que sólo los recursos administrativos tramitados ante dichos organismos descentralizados se resolverán conforme a la ley de la materia, siempre y cuando estuvieran en trámite a la entrada en vigor del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, es decir, a contrario sensu, los que no hayan estado en trámite en esa fecha, por haberse iniciado posteriormente, como sucede en la especie, se resolverán conforme al recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En tales condiciones, carece de razón la recurrente cuando afirma que si el acto reclamado en la demanda de garantías que promovió tiene naturaleza materialmente jurisdiccional, no le es aplicable el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la naturaleza del acto no es un criterio que el legislador haya tomado en cuenta para determinar la aplicación del recurso previsto en la ley en cita, ya que su reglamentación es de carácter genérico, supuesto en el que sí es aplicable el principio jurídico relativo a que cuando la ley no distingue el intérprete no debe distinguir. Relacionado con la anterior conclusión, debe decirse que también carece de razón la ahora recurrente, al afirmar que el recurso de revisión establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no opera supletoriamente a la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que no está previsto expresamente en este último ordenamiento y que atendiendo a que para que opere la supletoriedad debe estar prevista la figura en la ley a suplir, al no estar previsto dicho recurso, no opera el recurso de revisión citado. En efecto, carece de razón la recurrente, toda vez que respecto al medio de impugnación de los actos a los que les es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe resaltarse que la ley no establece la suplencia, sino que expresamente deroga los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas y establece como medio de impugnación de manera genérica e imperativa, es decir, aplicable para todas esas leyes, al recurso de revisión en comento, según se desprende de lo dispuesto en los artículos transitorios de la ley en cita a que se ha hecho referencia en esta ejecutoria, por lo que los argumentos de la recurrente dirigidos a señalar que no se prevé la supletoriedad del mencionado recurso de revisión y las tesis que en relación con ese punto invoca la recurrente son inaplicables, pues no se está en presencia de una supletoriedad, sino de la derogación de diversos recursos y del establecimiento de uno para los actos de autoridad de la administración pública federal y de los organismos descentralizados respecto de sus actos de autoridad, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. de la multicitada Ley Federal de Procedimiento Administrativo. También vinculado con que la aplicación del recurso de revisión de que se trata es imperativa y no supletoria, debe decirse que tal cuestión está establecida en una ley, siendo válido que alguno de sus preceptos, incluso transitorios, deroguen los recursos previstos en las diversas leyes administrativas, pues al tener el carácter de ley posterior puede derogar lo establecido en una ley anterior, ya que tienen la misma jerarquía y para su creación se cumplió con lo establecido en el artículo 72 constitucional, careciendo de razón también en este sentido la recurrente. Por lo que hace al argumento que la recurrente hace consistir en que la resolución señalada como acto reclamado no reúne los requisitos establecidos en el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en particular en su fracción XV, debe decirse que el mismo es inatendible, ya que la materia del presente recurso se limita a determinar si la resolución que desecha la demanda de garantías presentada es apegada a derecho al ser el recurso de revisión previsto en el ordenamiento aludido, el medio para impugnar una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que niega la declaración de nulidad de un registro marcario, pero no si a dicha resolución le es aplicable el artículo 3o. de la ley en comento, el cual establece los elementos y requisitos del acto administrativo, o si la resolución adolece de uno de los requisitos que establece este último precepto, cuestión que está relacionada, en todo caso, con la legalidad del acto de autoridad reclamado y que es materia de estudio del fondo del asunto, siendo, por tales motivos, el argumento en estudio ajeno a la materia del presente recurso. En cuanto a la afirmación de la recurrente en el sentido de que era optativo para ella interponer el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe decirse que carece de razón, ya que si bien dicho precepto establece la opción de intentar tal recurso o la vía jurisdiccional que corresponda, tal opción está referida precisamente a intentar el mencionado recurso o acudir ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano con funciones jurisdiccionales, mas no autoriza a acudir al juicio de garantías directamente sin agotar los medios de defensa ordinarios, en relación con lo cual es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad de los actos de autoridad y no un medio de defensa ordinario. Brinda apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 139/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 61, Tomo XI, junio de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’, que fue invocada en la resolución ahora recurrida y cuyo contenido fue transcrito en esta ejecutoria al transcribir dicha resolución, por lo que en obvio de repeticiones inútiles se da por reproducida en este apartado. Por otra parte, también en el segundo agravio formulado la recurrente indica que el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que el recurso de revisión debe ser resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto, siendo que en el caso la autoridad competente para resolver el acto es la subdirectora divisional de Procesos de la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que se le conceden facultades al director general del mencionado instituto para resolver controversias en materia de propiedad industrial, quien carece de facultades para resolver, ya que la reglamentación especial no las prevé. En relación con este punto debe decirse que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto y ser resuelto por el superior jerárquico, y que ello puede implicar otorgar facultades al superior jerárquico de la autoridad que emitió el oficio mediante el cual se negó la declaración de nulidad de un registro marcario y que fue señalado como acto reclamado, sin embargo, ello no significa que tal superior jerárquico carezca de facultades para resolver el recurso de revisión en cuestión, ya que si así lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es precisamente tal ordenamiento el que está otorgando la facultad de que se trata, sin que sea necesario que se prevea en la reglamentación especial que establece las atribuciones de los servidores públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En efecto, independientemente de que en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, normatividad que establece la adscripción y organización interna de las áreas administrativas del instituto en cita, así como la distribución de funciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, prevea o no la facultad del superior jerárquico de la autoridad que emitió el oficio que se hizo consistir en el acto reclamado, no debe pasar desapercibido que tal normatividad tiene una jerarquía inferior a la de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual es una ley emitida por el Congreso de la Unión, en tanto que el mencionado estatuto tiene el carácter de un manual de organización emitido por el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos del artículo 15, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, por lo que aun cuando dicho estatuto no prevea de manera expresa que el director divisional de Protección a la Propiedad Industrial, superior jerárquico de la subdirectora divisional de Procesos de la Propiedad Industrial, tiene la atribución de resolver los recursos de revisión que se interpongan, dicha facultad se la otorga una ley en sentido formal y material, que es de mayor jerarquía. En consecuencia, resultan infundados los agravios hechos valer por la recurrente, al ser aplicable a las resoluciones que con el carácter de autoridad son emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como sucede con el acto reclamado, el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo el medio de defensa ordinario previsto por las leyes que debe ser agotado por los particulares antes de acudir al juicio de garantías, es evidente que la demanda de garantías presentada sin haber agotado dicho recurso ordinario es notoriamente improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 145, en relación con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por lo que debe confirmarse la resolución combatida."
La ejecutoria anterior dio lugar a la tesis que a la letra dice:
"Novena Época
"Instancia: Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, abril de 2002
"Tesis: I.10o.A.31 A
"Página: 1315
"PROPIEDAD INDUSTRIAL. CASOS EN QUE OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY RELATIVA. Para determinar en qué casos procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en la emisión de los actos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse a la naturaleza del acto en concreto. Ello obedece a que la citada Ley de la Propiedad Industrial prevé actos de diversa naturaleza: aquellos mediante los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dirime alguna cuestión controvertida, es decir ‘materialmente jurisdiccionales’, previstos en su capítulo II, denominado ‘Del procedimiento de declaración administrativa’, en cuyo artículo 187 se establece que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento contenido en el capítulo II en cita y a las formalidades que la propia ley prevé, estableciendo de manera expresa que será aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, para la tramitación y resolución de las solicitudes de declaración administrativa mencionadas, a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, dicha disposición no es aplicable a los diversos actos que también se prevén en la Ley de la Propiedad Industrial, tales como la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas, entre otros casos, los cuales tienen una naturaleza ‘formal y materialmente administrativa’, actos en cuya emisión debe aplicarse supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues su artículo 2o. expresamente establece que dicho ordenamiento se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, lo cual lleva a concluir que para la emisión de actos material y formalmente administrativos, el ordenamiento aplicable supletoriamente es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
II. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 2993/2001-150 (improcedencia), promovido por Glaxo Group, LTD, consideró, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO. ... Asimismo, también resulta infundado el argumento que alega que no es posible la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que ésta exclusivamente contempla en su artículo 187 la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior es así, porque en el caso, el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ha derogado tácitamente al artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto que este artículo, que proviene del Congreso de la Unión, ha tenido la intención de que la primera ley sea supletoria a todas las leyes administrativas de la administración pública federal, incluyendo, a partir de la última reforma a su artículo 1o. a los actos de autoridad de los organismos descentralizados como lo son los que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que no puede alegarse una exclusión, ni tampoco un conflicto de leyes. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 32/98 del Pleno del más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, página 5, que a la letra indica: ‘CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR.’ (se transcribe). Además de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no deroga del todo la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que la traslada a un plano secundario, como se desprende de su artículo 2o., pues seguirá rigiendo supletoriamente a la de procedimiento administrativo, tal como se desprende de su texto que indica: ‘Artículo 2o. Esta ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo conducente.’. Por otra parte, la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ya ha sido adoptada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puesto que la reforma de diecinueve de abril de dos mil adicionó a esta ley, además de las reformas ya referidas, un título tercero A, relativo a ‘De la mejora regulatoria’, de donde se desprende que habrá una Comisión Federal de Mejora Regulatoria y con el fin de que los procedimientos sean más ágiles y expeditos, el artículo 69-C permite a los titulares de las dependencias y organismos públicos descentralizados, mediante acuerdos de carácter general que publiquen en el Diario Oficial de la Federación, establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos en las leyes y reglamentos. Lo anterior ya ha sido realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se desprende del ‘Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil, dictado en cumplimiento a lo ordenado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el cual se incluye expresamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sentadas las anteriores premisas, resulta inconcuso que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable a los procedimientos que tramita y a las resoluciones que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, razón por la cual resulta infundada la primera parte de los agravios. En la parte complementaria, destaca que la figura de la supletoriedad, que en su concepto debe interpretarse a la luz del criterio IV.2o.8 K del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro indica: ‘SUPLETORIEDAD DE UNA LEY A OTRA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.’, inobservado por el Juez de Distrito, no puede tener alcances de incluir dentro de alguna normatividad instituciones que deliberadamente no hayan sido contempladas u omitidas por el legislador, como lo es el recurso de revisión no contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en virtud de que la supletoriedad sólo aplica para integrar debidamente una reglamentación que sea deficiente, es decir, cuando haya una omisión en la ley a una figura contemplada en ella, por lo que debe tomarse en cuenta que la figura de la revisión no se encuentra contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, dado que es un procedimiento administrativo. El agravio anterior también resulta infundado a la luz de los argumentos que enseguida se exponen. La recurrente atribuye al Juez de Distrito la inobservancia de la tesis IV.2o.8 K del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 480, que a la letra indica: ‘SUPLETORIEDAD DE UNA LEY A OTRA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.’ (se transcribe). Como se desprende de la transcripción que antecede, la tesis anterior es un criterio aislado cuyo acatamiento no es obligatorio para el Juez de Distrito en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, además de que en la práctica ha sido contradicho en múltiples ocasiones. A manera de ejemplo, se transcriben las siguientes tesis del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde claramente no operan las reglas a que las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17311-8e388af8/propiedad-industrial-el-articulo-187-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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