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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LOS NOMBRADOS ANTES DE QUE ENTRARAN EN VIGOR LAS REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY BUROCRÁTICA ESTATAL, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE ENERO DE 1998, ADQUIRIERON EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A RECLAMAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ÉSTE, EN CASO DE DESPIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 156/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17581
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 566.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 156/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A continuación se transcribirán las ejecutorias denunciadas como contradictorias, solamente en la parte que contienen las consideraciones que pudieran entrañar divergencia de criterios.

I. Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

1) Amparo directo 54/99, promovido por Luz María Villanueva de la Mora.

En sesión de primero de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito concedió el amparo solicitado con base en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Los conceptos de violación, estudiados en diverso orden al planteado, son en parte inoperantes y en parte sustancialmente fundados, por las razones y en la medida que a continuación se verán. Se advierte del juicio laboral que conforma los antecedentes del acto reclamado, que la empresa paraestatal tercero perjudicada al contestar la demanda instaurada en su contra, en diversas partes del escrito respectivo afirmó que la quejosa tenía categoría de empleado de confianza (fojas 10 a la 14); aseveración que se corrobora si se toma en cuenta que entre los documentos que se anexaron al procedimiento se encuentra el nombramiento expedido por la entidad pública a favor de ‘Villanueva de la Mora Luz María’, respecto del puesto de ‘secretaria de departamento’, de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, en donde se le otorga la categoría de servidor público de confianza. Además, también es de tomarse en cuenta que conforme a la parte final del artículo 4o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, son empleados de confianza aquellos que ocupen los puestos que enumera el precepto y los que deriven de cargos o categorías que se creen y que no estén comprendidos en dicho numeral, con la condición de que se haga constar en el nombramiento si es de base o de confianza. Pues bien, como del procedimiento laboral se deriva que la impetrante de amparo, ni en la demanda, ni en la réplica que produjo a la contestación de la tercero perjudicada en la audiencia respectiva (foja 27) se ostentó con un carácter diferente al de empleado de confianza, ni tampoco objetó el contenido del nombramiento respectivo en donde, como ya quedó asentado, se advierte que tenía la categoría de servidor público de confianza, por tanto, tal circunstancia, además de que, en términos de lo expuesto se encuentra acreditada en autos, no formó controversia en la litis en aquel juicio. Luego, debe estimarse que, si bien este Tribunal Colegiado no comparte el criterio de la autoridad responsable por cuanto a que la categoría de empleado de confianza pueda ser acreditado con la confesional, supuesto que es un hecho relativo a la relación de trabajo que deriva de la ley o del nombramiento respectivo y no de la decisión unilateral de las partes, sin embargo, al no haber sido materia de controversia en la litis laboral tal aspecto, resulta inoperante el concepto de violación que al respecto se vierte. Resulta aplicable en lo conducente por compartirse el criterio, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 179, Tomo II, Segunda Parte-1, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, POR PLANTEAR CUESTIONES AJENAS A LA LITIS.’ (se transcribe). El artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: ‘A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’. El principio establecido en el precepto constitucional de referencia, conocido como ‘de irretroactividad de la ley’ descansa en el supuesto de derecho de que se protege al gobernado contra la retroactividad de las leyes si les causan perjuicio y, en este aspecto, se ha sostenido por los tribunales federales que para determinar la existencia de tal perjuicio se requiere que la norma que se pretende aplicar obre hacia el pasado y lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores. Lo asentado se verifica del contenido de las jurisprudencias 464, visible en la página 309, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO.’ y, en lo conducente, la 302, ubicada en la página 282, Tomo I de la obra citada, bajo el rubro: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR.’. En la especie, el tribunal responsable estimó que la impetrante de garantías carece de derecho para ejercitar la acción de reinstalación o pago de indemnización constitucional, con fundamento en los artículos 8o., 22, interpretado a contrario sensu, 23 y 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. La conclusión de la responsable se sostuvo bajo el razonamiento de que, de acuerdo a los citados preceptos, solamente son ‘los servidores públicos de base los que tienen derecho a ejercitar las acciones de reinstalación o pago de la indemnización constitucional, ya que debido a las reformas que se hicieron a la mencionada ley, mediante Decreto Número 17121 diecisiete mil ciento veintiuno, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, de fecha 17 diecisiete de enero de 1998, excluyó a los servidores públicos de confianza para el ejercicio de dichas acciones’. Tal conclusión deriva incorrecta, dado que, como se advierte del nombramiento de la quejosa, aportado como prueba por la propia paraestatal tercero perjudicada, éste data del tres de julio de mil novecientos noventa y seis, circunstancia que por otra parte, no es materia del debate, de donde se verifica con precisión meridiana que los preceptos reformados que tuvo en cuenta la autoridad responsable entraron en vigor con posterioridad al inicio de la relación de trabajo. Ahora, basta la lectura de los artículos de referencia, pero con la redacción que tuvieron con anterioridad a la precitada reforma para constatar que les otorgaban los mismos derechos sustantivos a los servidores públicos de confianza que a los de base por lo que se refiere a la obligación de ser oídos y vencidos para poder dictaminarse su cese, primeramente en el procedimiento administrativo que prevé el artículo 23 de la referida ley y, con posterioridad, en caso de inconformidad, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Así es, los artículos 8o., 22, 23 y 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, anteriores a las reformas establecen: (se transcriben). Como puede observarse, los servidores públicos de confianza contratados al amparo de la ley burocrática del Estado, vigente en la fecha en que la quejosa inició la relación de trabajo bajo el nombramiento ofertado como prueba, contaban con mayores derechos laborales de los que las reformas aludidas les otorguen, por ello, éstas no podían aplicárseles en forma retroactiva ya que entonces se haría obrando hacía el pasado y con lesión a los mencionados derechos adquiridos. Luego, resulta incuestionable que la autoridad responsable aplicó una norma sustantiva en perjuicio de la quejosa y con su actuar incurrió en violación de garantías, por ende, los conceptos de violación que al respecto se vierten, son esencialmente fundados. ... En los términos expuestos, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro, en el que con base en los lineamientos de esta ejecutoria sostenga las consideraciones y resolutivos que no hayan sido materia de estudio, así como la determinación de estimar como servidor público de confianza a la quejosa y, en observancia a lo preceptuado en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco anterior a las reformas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, se pronuncie con plenitud de jurisdicción acerca de la procedencia de la acción de indemnización constitucional y el pago de las prestaciones derivadas de ésta. Y en el aspecto relativo al pago de la prestación consistente en el pago de la parte proporcional de aguinaldo y vacaciones, se pronuncie en forma congruente de acuerdo a las constancias que al respecto obran en el juicio laboral ..."

2) Amparo directo 332/2002, promovido por Ricardo Mendoza Guzmán.

En sesión de cuatro de octubre de dos mil dos, el referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito concedió el amparo solicitado con base en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer. ... A juicio de este tribunal conclusión (sic) deriva incorrecta en el presente caso, y por tanto no se comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, pues si bien es cierto que este criterio deriva igualmente de una reclamación de un servidor público de confianza contratado con anterioridad a las reformas a la ley burocrática, también lo es que se arriba a conclusiones distintas en la medida que la redacción de los artículos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que utiliza la responsable como base para su determinación, fue establecida con motivo de la reforma de fecha diecisiete de enero del año de mil novecientos noventa y ocho, con vigencia a partir del día siguiente, que establecen la carencia de estabilidad en el empleo de los servidores de confianza, pero, no se aprecia de estas reformas que los trabajadores de confianza cuyo nombramiento se otorgó antes de la entrada en vigor de las mencionadas reformas a la ley, estén impedidos para ejercitar las acciones de cumplimiento de contrato o de pago de la indemnización constitucional, con sus consecuencias legales, si consideran que el cese del que pueden ser objeto, es injustificado, por lo que de aplicarse la ley reformada, se estaría violentando el principio de irretroactividad de la ley. Para llegar a esta conclusión fue necesario hacer las siguientes consideraciones: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración como parámetros para determinar si una ley es o no retroactiva, esencialmente, por una parte, la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y, por otra, los componentes de toda norma jurídica, como son el supuesto y su consecuencia. Conforme a la primera teoría, para determinar si el precepto impugnado es o no violatorio de la garantía mencionada, es necesario precisar, en primer lugar, si el quejoso tenía ya dentro de su haber jurídico el derecho al que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho. Efectivamente, al respecto el más Alto Tribunal de México, ha sustentado el criterio visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección Segunda, Precedentes que no han integrado jurisprudencia, página seiscientos cincuenta y cinco, que a la letra dice: ‘DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). En términos de la tesis que antecede, el derecho adquirido es aquel en virtud del cual se introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Es decir, mientras que el derecho adquirido constituye un presente, a la expectativa de derecho corresponde un futuro, el cual todavía no se concretiza. Ciertamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer del amparo en revisión 2013/88, promovido por Rolando Bosquez Jasso, en sesión del día dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, por mayoría de diecinueve votos, determinó que dado que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si el supuesto se realiza debe generarse la consecuencia jurídica, consecuentemente, para determinar cuándo una norma jurídica cumple con la garantía de no retroactividad, se debe atender al momento de realización de sus componentes. Y en este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró: (se reproduce). De conformidad con la teoría que antecede, se debe analizar la verificación del supuesto y de la consecuencia previstos en la norma jurídica correspondiente, para así poder determinar qué ley les debe regir y, en su caso, establecer el carácter retroactivo o no de la ley cuestionada. En el caso concreto, ni en los anteriores artículos 22 y 23 de la ley burocrática estatal, ni en algún otro, se excluía a los trabajadores de confianza de ejercitar las acciones de indemnización o de reinstalación cuando no estuviesen de acuerdo con su cese, pues al respecto estatuían: (se reproducen). Pues bien, en la especie, el titular de la dependencia pública efectuó el cese del trabajador con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. En el precepto único transitorio del decreto de reformas, tampoco señala algún efecto que tienda a anular o desposeer a los servidores públicos de confianza, contratados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, de su derecho adquirido relativo a la estabilidad en el empleo. En este sentido, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el inciso 1) de la relación que antecede ya que la ley reformada, suprime un supuesto estatuido en el anterior artículo y por tanto si se aplicara retroactivamente resultaría violatorio del artículo 14 constitucional, porque regularía una situación acontecida bajo la vigencia de la ley anterior. Todo lo anterior es así porque el derecho a la estabilidad en el empleo se refiere a elementos de existencia o de validez del nombramiento del servidor público, los que, por regla general, sí deben ser regidos por las normas vigentes al momento del otorgamiento del mismo. Entonces, si se aplicara el precepto mencionado que entró en vigor a partir del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, respecto de servidores públicos de confianza contratados antes de la reforma, implica la afectación de un derecho adquirido antes de la vigencia de tal norma porque se estaría actuando sobre elementos de formación y validez del nombramiento. Además, para sostener las anteriores argumentaciones, este órgano colegiado tiene en consideración lo siguiente: 1o. Que la observancia de las reformas legales debe ser inmediata dada la naturaleza misma que les corresponde, pues no puede dudarse que la sociedad está interesada en que los actos de aplicación de la ley se refieran a las normas en vigor y no a aquellas que ya no tienen fuerza obligatoria; además, porque por encima de la determinación de abrogar una ley o de derogar o modificar determinados preceptos, está el interés público en que dicha ley o normas dejen de ser aplicadas; 2o. Que juzgar un acto o hecho determinado bajo la luz de preceptos legales que han dejado de tener obligatoriedad por haber sido éstos reformados, sin analizar el contenido de las nuevas normas legales que le son exactamente aplicables, se traduciría en: a) Aplicar una ley que no es vigente y, por ende, juzgar el acto con base en normas que ya no le son aplicables; y b) Desatender la voluntad del legislador y, por tanto, la voluntad democrática del pueblo expresada a través de los órganos competentes, que determinó abrogar la ley o derogar o modificar los preceptos legales correspondientes, evidentemente por considerar que son las nuevas normas legales y no las de anterior vigencia las que deben de regir dicho acto. Es aplicable al caso la jurisprudencia por reiteración emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, tesis P./J. 87/97, página 7, que textualmente indica: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’ (se transcribe). No pasa inadvertida a este Tribunal Colegiado, la redacción de la fracción II del numeral 16 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente a partir del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, que textualmente dice: ‘Artículo 16. Los nombramientos de los servidores públicos, sólo podrán otorgarse si se encuentra creada alguna plaza específica en los presupuestos de egresos legalmente expedidos. Dichos nombramientos podrán ser: ... II. De confianza, cuando se otorguen para cubrir una plaza cuyo titular tenga alguna de las características a que se refiere el artículo 4o. de esta ley, y que por lo tanto, a quienes se les otorgue, no tienen estabilidad e inamovilidad en el empleo ...’; artículo reformado que lejos de contrariar, da sustento a las anteriores consideraciones de este órgano de control constitucional, pues el mismo no deja lugar a dudas que efectivamente la intención del legislativo estatal al emitir las reformas a la ley burocrática del Estado de Jalisco, fue que solamente a los servidores públicos de confianza cuyo nombramiento se otorgara posteriormente a la vigencia de las reformas a la ley, los cuales estarían enterados de las condiciones de sus nombramientos bajo la luz de estas reformas sin violárseles su garantía de seguridad jurídica, se les privaría del derecho a la estabilidad e inamovilidad en el empleo, pues la aludida redacción del artículo, no deja lugar a dudas de que esta negativa del derecho a la estabilidad en el empleo únicamente actúa hacia el futuro, al decir ‘cuando se otorgue’ y ‘a quienes se les otorgue’, pues de haber pretendido lo contrario, el Legislativo del Estado hubiese señalado expresamente que el no derecho a la estabilidad e inamovilidad en el empleo, sería también relativo y aplicable a los nombramientos de esta categoría ya otorgados en el pasado, por lo que, si se pretendiera aplicar este dispositivo legal en su actual redacción, a los servidores públicos de confianza nombrados con antelación a la vigencia de las reformas, sí se actuaría hacia el pasado violentando derechos adquiridos previamente con base al nombramiento y a las disposiciones legales anteriormente vigentes, como lo son el derecho a la estabilidad e inamovilidad en el trabajo, y sí se caería en la aplicación retroactiva de una ley en perjuicio de persona alguna, lo que expresamente está prohibido por el artículo 14 constitucional. Ahora bien, en la demanda laboral, el actor manifestó: ‘II. En el mes de septiembre del año de 1995 (mil novecientos noventa y cinco) reingresé a la institución hoy demandada, en el mismo puesto de agente de segunda de la Policía Judicial del Estado, siendo comisionado al área de recuperación de vehículos robados, posteriormente en el mes de octubre de ese mismo año, se me comisionó a la población de Puerto Vallarta, Jalisco, lugar donde permanecí por espacio de un año aproximadamente, siendo comisionado después a la población de Tala, en este Estado y aproximadamente seis meses después, en abril de 1997 (mil novecientos noventa y siete), se me comisionó al área de delitos sexuales, y posteriormente a la de secuestros, donde duré aproximadamente otros seis meses, siendo posteriormente designado en el área de robos varios, después a órdenes de aprehensión y en el mes de mayo de 1998 (mil novecientos noventa y ocho) fui comisionado a delitos varios, permaneciendo ahí hasta que injustificadamente, en el mes de octubre del año próximo pasado se me ordenó que permaneciera en la guardia de la policía investigadora, hasta nueva orden, ya que se habían hecho imputaciones por demás calumniosas; como en su momento se demostrará y estuve ahí hasta el día 31 de diciembre pasado, fecha que se determinó para destituirme injustificadamente de mi cargo, sin que el suscrito haya dado motivo alguno para ello.’. Por su parte, la demandada al respecto expuso: ‘II. Lo manifestado por el actor en este punto de hechos, en parte es cierto y en parte es falso, en cuanto a los lugares de adscripción y el puesto, existen documentos en su expediente personal dentro de la oficina correspondiente de la demandada que así lo señalan, siendo totalmente falso que se le haya ordenado injustificadamente su adscripción a la guardia de la policía investigadora, también es falso que se le hayan hecho imputaciones calumniosas, sino que las imputaciones que se le hicieron al actor, fueron ciertas y demostradas dentro del procedimiento administrativo instaurado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual culminó en el cese dictado por el titular de la misma conforme a derecho, en tal virtud tampoco es cierto que se le haya determinado destituir al hoy actor injustificadamente de su cargo, sino por lo contrario, el cese fue justificado, por haberse demostrado dentro del multicitado procedimiento administrativo las faltas en que incurrió en el desempeño de sus funciones, las que constituyen debidamente la causal de cese.’. De lo anterior se evidencia que no existió controversia en cuanto a la fecha de ingreso y puesto del actor. Como corolario de lo anterior, se tiene que el argumento del tribunal responsable, consistente en que el actor no tiene estabilidad en el empleo, de acuerdo con la legislación de que se trata, es ilegal, toda vez que debe tenerse en consideración que fue contratado bajo una legislación que sí le daba esa estabilidad (la vigente en mil novecientos noventa y cinco) y desde ese momento adquirió ese derecho, de modo tal que si una reforma establece que los empleados de confianza no tienen estabilidad en el empleo, como acontece en el caso, no puede la misma aplicarse a una situación pasada, como a la del actor, dado que si se aceptara que la nueva norma le es aplicable, sería retroactiva en su perjuicio, lo que no es válido constitucionalmente, dado que se le privaría de ese derecho adquirido conforme a la ley anterior, el de la estabilidad en el empleo. ... En virtud de lo considerado en esta ejecutoria se ordena realizar denuncia de contradicción de tesis, con el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito en el amparo directo 494/2001 y para tal efecto solicítesele copia certificada de dicha resolución. Al resultar eficaces los conceptos de violación lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: La autoridad responsable dejará insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emitirá otro, en el que, tomando en cuenta que la condición de empleado de confianza del actor no afecta su estabilidad en el empleo, atento las razones antes expresadas, proceda al estudio de la acción principal de reinstalación así como al de las acciones accesorias: salarios caídos, incrementos salariales y aguinaldo posterior a la fecha del cese, debiendo reiterar lo relativo a las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcional a la fecha del cese."

II. Del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

1) Amparo directo 494/2001, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta.

En sesión de veinte de febrero de dos mil dos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito concedió el amparo solicitado con base en las siguientes consideraciones:

"TERCERO. ... Lo antes expuesto permite estimar que resulta fundado y suficiente para otorgar la protección federal solicitada la parte de la queja en la que se alega la ilegalidad del laudo reclamado bajo el argumento de que el demandante tiene el carácter de servidor público de confianza y en esa calidad, no se encuentra protegido por la ley burocrática aplicable en cuanto a la estabilidad en el empleo, lo que implica la improcedencia de la indemnización constitucional y el pago de salarios vencidos con motivo del cese; evento cuya actualización, de acuerdo a la técnica jurídica, hace innecesario analizar cualquier otro aspecto relacionado con los hechos en que se sustentaron las pretensiones ejercitadas al efecto en el libelo natural. Ciertamente, la circunstancia indicada por el cuerpo edilicio quejoso en el sentido de que el accionante se desempeñaba como contralor municipal, se deriva de lo confesado por éste en el punto primero del capítulo de hechos de la demanda laboral, toda vez que en él narró que con fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho ingresó a prestar sus servicios a la demandada en el cargo indicado desarrollando la revisión del gasto efectuado por las diferentes dependencias de aquel Ayuntamiento con el propósito de llevar un control estricto del gasto público (foja 1). Precisado lo anterior, debe indicarse que de la lectura de las fracciones IX y XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República se deriva que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley; que en caso de que sean separados de manera injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal; que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, así como el que las personas que desempeñen éstos disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Además, del análisis del artículo 115, fracción VIII, último párrafo, de aquel ordenamiento legal, se aprecia que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Constitución Federal. Por su parte, el numeral 116 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que las relaciones laborales del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de ambos con sus servidores, se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la que deberá establecer el servicio civil de carrera, respetando las disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. En ese tenor se tiene que la citada Ley para los Servidores Públicos del Estado Jalisco y sus Municipios, que es el ordenamiento que regula las relaciones de la institución pública quejosa con los trabajadores a su servicio, recoge el contenido de la fracción IX, apartado B, del artículo 123 constitucional, en sus artículos 7o., 22, primer párrafo, 23, antepenúltimo y penúltimo párrafos y 107, vigentes en el mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (las reformas del segundo y cuarto de los dispositivos invocados entraron en vigor el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, según se deduce del Decreto 17121 de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete, expedido por la Legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial de la entidad el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho), que establecen que los servidores públicos de base serán inamovibles y los de nuevo ingreso no lo serán sino después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de servicios, sin nota desfavorable en su expediente; que ningún servidor público de base podrá ser cesado, sino por causa justificada; que el servidor público podrá optar en ejercicio de las correspondientes acciones ya sea por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba, con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas condiciones que lo venía desempeñando o porque se le indemnice con el importe de tres meses de sueldo; por si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad pública la causa de terminación o cese, el servidor público tendrá derecho además a que se le paguen los sueldos vencidos, desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo; que prescribirán en sesenta días las acciones de los servidores públicos de base, para pedir la reinstalación en su trabajo, o la indemnización que la ley concede, contando el término a partir del día siguiente en que le sea notificado el cese. En tanto que lo estatuido en la fracción XIV del mismo numeral 123 constitucional invocado, relativo a los cargos que deben considerarse de confianza y a las canonjías a que tienen derecho los servidores públicos que ocupen cargos de esa naturaleza, son recogidos en los artículos 4o., fracción III y 8o., de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en el mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (las reformas del segundo de los dispositivos invocados entraron en vigor el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, según se deduce del Decreto 17121 del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete, expedido por la Legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial de esta entidad el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho), de los que se evidencia que serán considerados como trabajadores de confianza en los Ayuntamientos, entre otros, los contralores; que tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas, sin responsabilidad para ellas, y sin necesidad de instaurar procedimiento administrativo, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal, podrán sin más trámite, dictar el cese que termine la relación laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza a juicio del titular de dicha entidad pública. También debe resaltarse que el dispositivo 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco vigente en el mes de junio de mil no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17581-8b69ea96/servidores-publicos-de-confianza-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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