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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO PUEDE, DE OFICIO, DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE UN JUICIO, HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18529
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 641.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la competencia 24/2004, son las siguientes:

"PRIMERO. Sí existe conflicto de competencia entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ambas con residencia en esta ciudad, para conocer y resolver sobre la demanda planteada por José de Jesús Meléndez Murillo en contra del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana, toda vez que el tribunal que previno en el conocimiento de la demanda declinó la competencia en favor de la referida Primera Junta Especial, quien la rechazó; todo lo cual configura un conflicto de competencia cuya resolución corresponde a este Tribunal Colegiado de conformidad con la fracción II del punto quinto del Acuerdo Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos reservados que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. SEGUNDO. La Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco es la competente para conocer del asunto en que se suscitó el conflicto de competencia. Como se advierte del libelo laboral, José de Jesús Meléndez Murillo demandó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana, por la reinstalación, salarios vencidos, aguinaldo y otras prestaciones, para sustentar sus pretensiones señaló que instruyó un procedimiento administrativo en su contra que culminó con su cese, debido a que el ciudadano Daniel Robles Márquez presentó una queja ante el SIAPA, porque supuestamente elementos de la cuadrilla 521 a su cargo, habían instalado una toma de agua clandestina. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, previo al dictado del laudo, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral con apoyo en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y remitió los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que sostuvo, como la demandada es un organismo público descentralizado del Estado, que las relaciones laborales entre éste y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, por tanto, el conocimiento del conflicto laboral corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, a la que fue turnado el asunto de referencia, rechazó la competencia declinada por extemporánea, en virtud de que se dio por concluido el procedimiento, y previo al dictado del laudo el Tribunal de Arbitraje se declaró incompetente. La determinación del Tribunal de Arbitraje en cuanto a que se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto sometido a su consideración, previo al dictado del laudo, es correcta, toda vez que de conformidad con el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que dispone ‘si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, lo declarará de oficio.’, el Tribunal de Arbitraje puede declararse incompetente en cualquier etapa del procedimiento previo al dictado del laudo, no se desatiende que conforme al artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas, de oficio, deberán declararse incompetentes hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas; sin embargo, el artículo 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios dispone que en los casos no previstos por dicha ley se aplicarán, en su orden: I. Los principios generales de justicia social, que derivan del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; III. La Ley Federal del Trabajo; IV. La jurisprudencia; V. La costumbre; y VI. La equidad, luego, si el Tribunal de Arbitraje y Escalafón fue el tribunal que previno en el conocimiento del asunto de índole burocrático, en esa medida está obligado a observar las normas de acuerdo a la legislación que rigen su actuación, así que correctamente se apoyó en el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Además, la incompetencia que se plantea en este asunto es una competencia constitucional, pues el tribunal se declaró incompetente porque, según sostiene, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el apartado B del artículo 123 constitucional, el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia Ley Fundamental, sólo autoriza a las Legislaturas de los Estados a expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, esto es, entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que puedan incluirse los organismos descentralizados y, por consiguiente, al quedar excluidos dichos organismos, en consecuencia, el asunto sometido a su consideración se rige por el apartado A del artículo 123 constitucional. Con respecto a la competencia constitucional, cabe distinguirla de la competencia jurisdiccional, ya que la primera es aquella que se encuentra contemplada en el artículo 16 de la Carta Magna, que deriva directamente de tal precepto y se configura como el conjunto de facultades que se otorgan a determinado órgano del Estado, de manera que la autoridad será competente si los actos que realizan encuadran en la esfera de las atribuciones que la propia Ley Suprema le ha otorgado, y carece de dicha competencia si rebasa los límites establecidos dentro de sus facultades, de ahí que ésta sea improrrogable y no está sujeta a preclusión; en tanto que la segunda, la competencia jurisdiccional es la prevista en el artículo 14 del Máximo Ordenamiento Jurídico y deriva de leyes secundarias, referida a la competencia que se plantea entre tribunales del mismo fuero por razón de territorio o cuantía, y que en el supuesto de suscitarse un conflicto de esa naturaleza, en todo caso se atendería al procedimiento establecido en las leyes secundarias que los rigen pero, en la especie, se insiste, se planteó una competencia que deriva de un precepto constitucional, y en esa medida, la competencia se analiza a la luz de la Carta Magna, que no está sujeta a procedimientos, prórroga o preclusión y no de las leyes secundarias. En mérito de lo anterior, deben desestimarse las consideraciones sostenidas en el incidente de competencia, en cuanto a que de acuerdo con el artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Tribunal de Arbitraje debió declararse legalmente incompetente antes de cerrar el periodo de instrucción, porque conforme a dicho precepto, es la etapa en la que se declara concluido el procedimiento y, por tanto, no es dable declinar su competencia con posterioridad a dicha etapa. En efecto, como se dejó asentado, el Tribunal de Arbitraje se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto sometido a su consideración, previo al dictado del laudo, con base en el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la ley burocrática local, mismo que dispone ‘si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, lo declarará de oficio.’, en este contexto, la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje estimó extemporánea la declaración de incompetencia, porque conforme al artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el procedimiento concluye con el desahogo de pruebas, por lo que estimó que es precisamente antes de que concluya esta etapa, cuando el tribunal puede declararse incompetente para conocer del asunto oficiosamente. De manera previa debe tenerse presente que por proceso se entiende, el conjunto de actos que el Estado realiza en ejercicio de su jurisdicción, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, que tiende a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo, esto es, un conjunto de actos procesales que se inician con la presentación de la demanda y termina cuando éste concluye por las diferentes causas que la ley admite, en tanto que el procedimiento es el modo como se va desenvolviendo el proceso, los términos a que está sujeto y la manera de sustanciarlo. Ahora bien, el artículo 135 de la ley burocrática jalisciense dispone: ‘El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de pruebas. Los servidores públicos autorizados de las entidades públicas, pondrán a disposición del tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieran o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el tribunal. Concluido el procedimiento se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles’. Del contenido del artículo transcrito se obtiene que el procedimiento laboral como la mayoría de los procesos se encuentra dividido en dos etapas, el de instrucción y el de juicio, la primera de las fases que engloba varios actos procesales y en la cual las partes en el proceso plantean ante el órgano jurisdiccional sus pretensiones y excepciones o defensas y exponen los fundamentos de hecho y de derecho que consideraran les son favorables y en cuya etapa por regla general se fija el contenido del debate, se desarrolla toda la actividad probatoria y se formulan los alegatos de las partes, es decir, es toda una primera fase de preparación que permite al tribunal la concentración de todos los datos obtenidos de los planteamientos de las partes derivados de sus pretensiones y defensas, así como de los elementos de prueba, las afirmaciones negativas y deducciones de todos los sujetos interesados y terceros involucrados que facilitan que el tribunal tenga todos los elementos necesarios para dictar la resolución o veredicto que dilucide la contienda; así se llega a la segunda etapa que es el juicio propiamente dicho y que entraña y se configura con el procedimiento a través del cual se pronuncia la resolución respectiva. Así, si como se vio, el proceso aunque dividido en dos etapas comprende desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la resolución que da por terminado el conflicto, es dable concluir que el tribunal contendiente en términos del artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que establece que ‘si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, lo declarará de oficio.’, válidamente podía declararse incompetente para conocer del asunto sometido a su consideración, previo al dictado del laudo, sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios disponga que una vez concluido el procedimiento se dictará el laudo correspondiente, toda vez que conforme al primero de los artículos, la declaración de incompetencia puede darse en cualquier etapa del proceso, de ahí que no sea viable declarar sin materia el conflicto. Además, no debe perderse de vista que la competencia del órgano jurisdiccional constituye uno de los presupuestos sin los cuales no puede iniciarse, tramitarse ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento, por ende, el Tribunal de Arbitraje válidamente podía examinar de oficio, previo al dictado del laudo su competencia, salvo claro está, que previamente se hubiera planteado la incompetencia del tribunal y éste se hubiera pronunciado sosteniendo su competencia. En resumidas cuentas, no es dable jurídicamente declarar sin materia el conflicto competencial suscitado bajo el argumento de que el tribunal que previno se declaró incompetente después de agotada la instrucción, cuando sólo restaba pronunciar el laudo definitorio de la contienda, como lo sostiene la Junta Especial que rechazó el conocimiento del asunto, porque según lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la ley burocrática jalisciense, conforme a su artículo 10, fracción II, establece que ‘si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal su incompetencia lo declarará de oficio.’; sin que sea óbice a lo anterior que el numeral 135 de la citada ley de esta entidad federativa disponga que una vez concluido el procedimiento se dictará el laudo correspondiente; cuenta habida de que el proceso se inicia con la demanda y concluye, con las salvedades ejecutivas relativas, con el dictado de la resolución respectiva, máxime que en la especie se trata de un conflicto competencial que involucra aspectos referentes a la competencia constitucional de la Junta de Conciliación y Arbitraje que no está sujeta a procedimientos, prórroga o preclusión, y que implica para la dilucidación del juicio de la aplicación de legislaciones diferentes, y que incluso la competencia del órgano jurisdiccional laboral constituye uno de los presupuestos sin los cuales no puede iniciarse, tramitarse ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento de esta índole. Cabe destacar que la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado rechazó la competencia declinada con base en la ejecutoria 80/2003, sin que al respecto proporcionara mayores datos, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, por lo que luego de una búsqueda en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se localizó el Tomo XVIII, octubre 2003, Novena Época, página 760, el siguiente criterio: ‘COMPETENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL CONFLICTO CUANDO EN EL JUICIO NATURAL SE DETERMINÓ QUE SE PRONUNCIARA EL LAUDO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, como este tribunal difiere de lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, lo que procede es remitir copia certificada de la presente resolución y el diskette correspondiente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la posible contradicción de criterios. Por otra parte, como se vio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda laboral y remitió los autos a la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, porque sostuvo que la demandada es un organismo público descentralizado del Estado, y que si bien el artículo 1o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios dispone que dicha ley es obligatoria y de observancia general para los titulares y servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus dependencias respectivas; de los Ayuntamientos; de los organismos públicos descentralizados del Estado y sus Municipios; así como de aquellas empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, en que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegue a establecer su aplicación, asimismo, que el diverso dispositivo 114 le otorga competencia para conocer, entre otros conflictos, de aquellos que se susciten entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores, que sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación a los artículos 123, apartados A y B, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, estableció que las relaciones laborales entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores se rigen por el apartado A de la Constitución Federal y, por ende, el conocimiento del asunto corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa: ‘La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b. Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que sean conexas ...’. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, de la ley en comento dice: ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’. Mientras que el artículo 698 de la Ley Federal del Trabajo establece: ‘Será competencia de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de la competencia de las Juntas Federales. Las Juntas Federales de Conciliación y Federal de Conciliación y Arbitraje, conocerán de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123 A fracción XXXI de la Constitución Política y 527 de esta ley.’. El artículo 1o., de la ley que otorga el carácter de organismo público descentralizado intermunicipal denominado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado dice: ‘Se otorga el carácter de organismo fiscal autónomo al organismo público descentralizado intermunicipal, creado mediante convenio de asociación por los Ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, denominado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en adelante SIAPA.’. Por otro lado, el artículo 1o. de la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios señala: ‘La presente ley es obligatoria y de observancia general para los titulares y servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus dependencias respectivas; de los Ayuntamientos; de los organismos descentralizados del Estado y sus Municipios, así como de aquellas empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, en que por leyes, decretos reglamentos o convenios, llegue a establecerse su aplicación.’. Y el artículo 114 de la ley antes citada, en lo conducente dispone: ‘El Tribunal de Arbitraje y Escalafón será competente para resolver las controversias que se susciten entre los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los organismos descentralizados, empresas o asociaciones de participación mayoritaria estatal o municipal y sus servidores, así como de los conflictos que surjan entre la federación de sindicatos de servidores públicos y los sindicatos que la integran, o sólo entre éstos. También será competente para invalidar las resoluciones de las Comisiones Mixtas de Escalafón, a instancia de uno o varios concursantes que consideren vulnerados sus derechos escalafonarios.’. Ahora bien, ha sido criterio reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 123, apartados A y B, y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las relaciones laborales de los entes que integran la administración pública paraestatal de carácter federal o local, se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, en tanto que el régimen aplicable a los trabajadores al servicio del Estado, es el que regula el apartado B del propio precepto constitucional, asimismo, ha determinado que las Legislaturas de los Estados únicamente están facultadas para legislar en materia de trabajo en lo concerniente a las relaciones laborales existentes entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus trabajadores, sin que dentro de ese contexto se puedan incluir los organismos públicos descentralizados, por ende, resulta irrelevante que el artículo 1o. de la ley burocrática jalisciense incluya a los organismos públicos descentralizados como sujetos de regulación, toda vez que como lo ha sostenido el Tribunal Pleno y aplicando el principio de jerarquía, deberá atenderse a lo dispuesto por los artículos constitucionales y, en consecuencia, las relaciones laborales entre el organismo público descentralizado y su trabajador José de Jesús Meléndez Murillo, debe regirse por el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, como se anticipó, el órgano competente para conocer de la demanda laboral promovida por dicho trabajador es la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En apoyo de lo anterior, concurre el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXV/98 y jurisprudencia 1/96 publicadas, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, página 122, y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 52, que en su orden dicen: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve. PRIMERO. Sí existe un conflicto de competencia entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas de esta entidad federativa. SEGUNDO. Se declara que la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver respecto de la demanda planteada por José de Jesús Meléndez Murillo, en contra del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana. TERCERO. Denúnciese la posible contradicción de criterios a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales a que haya lugar, enviándosele copia autorizada de la presente resolución y el diskette correspondiente."

Dicho criterio dio origen a la tesis que a continuación se transcribe, pendiente de publicación, que a la letra dice:

"CONFLICTO COMPETENCIAL. NO PUEDE DECLARARSE SIN MATERIA, PORQUE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE SE DECLARÓ INCOMPETENTE DESPUÉS DE AGOTADA LA INSTRUCCIÓN. No es dable jurídicamente declarar sin materia el conflicto competencial suscitado bajo el argumento de que el tribunal que previno, se declaró incompetente después de agotada la instrucción, cuando sólo restaba pronunciar el laudo definitorio de la contienda, como lo sostiene la Junta Especial que rechazó el conocimiento del asunto, porque según lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la ley burocrática jalisciense, conforme a su artículo 10, fracción II, establece: ‘si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, lo declarará de oficio.’; sin que sea óbice a lo anterior que el numeral 135 de la citada ley de esta entidad federativa disponga que una vez concluido el procedimiento se dictará el laudo correspondiente, habida cuenta de que el proceso se inicia con la demanda y concluye, con las salvedades ejecutivas relativas, con el dictado de la resolución respectiva, máxime que en la especie se trata de un conflicto competencial que involucra aspectos referentes a la competencia constitucional de la Junta de Conciliación y Arbitraje que no está sujeta a procedimientos, prórroga o preclusión, y que implica para la dilucidación del juicio de la aplicación de legislaciones diferentes, y que incluso la competencia del órgano jurisdiccional laboral constituye uno de los presupuestos sin los cuales no puede iniciarse, tramitarse, ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento de esta índole."

CUARTO. En virtud de que las ejecutorias pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (competencias números 21/2002, 25/2002, 28/2002, 23/2003 y 49/2003), se sustentaron en consideraciones esencialmente iguales, únicamente se transcribirán las que rigen el sentido de la primera (21/2002) que, en lo que interesa dicen:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito es legalmente competente para resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 21, fracción VI y 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 5/2001, en su quinto punto, fracción II, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de dirimir la competencia para conocer de un juicio entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, correspondientes a este Tercer Circuito. Así como de acuerdo al contenido de la tesis 2a. XCVII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 406, Tomo VI, septiembre de 1997, que es de contenido: ‘COMPETENCIA. LA DECISIÓN DEL CONFLICTO ENTRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MISMO ESTADO, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD DE LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, CORRESPONDE A LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ (se transcribe). SEGUNDO. Este Tribunal Colegiado de Circuito hace una nueva reflexión sobre el tema. En efecto, en el conflicto competencial 18/2002, resuelto en sesión de ocho de noviembre de dos mil dos, se determinó (folios 21 vuelta y 22): ‘Primero, se advierte que la Junta señala en su acuerdo, que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se declaró incompetente fuera del término legal, pues ya se habían desahogado las pruebas y estaba concluido el procedimiento para dictarse el laudo correspondiente, por lo que el procedimiento había concluido, lo que es incorrecto en virtud de que de los autos remitidos a este Tribunal Colegiado se aprecia que si bien es cierto las pruebas estaban desahogadas, el procedimiento ante el tribunal contendiente se encontraba pendiente de dictar laudo, pero éste no se elaboró, puesto que la resolución referida no resuelve el fondo del asunto, sino únicamente es la declaratoria por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, de su incompetencia para seguir conociendo del juicio laboral, por lo cual, al ser los argumentos de la Junta incorrectos, no trascienden para la presente resolución ni son de tomarse en consideración.’. Sin embargo, al efectuar un análisis minucioso del tema, se considera que es improcedente el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, toda vez que la declinación de competencia efectuada por el primero de los órganos jurisdiccionales aludidos fue de manera extemporánea, como más adelante se verá: Ciertamente, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, una vez que radicó la demanda laboral, sustanció el juicio laboral por cada una las etapas legales del procedimiento hasta el seis de julio de dos mil uno, fecha en la que el secretario general de ese tribunal certificó lo siguiente: ‘El secretario general del de Arbitraje y Escalafón certifica y hace constar que han sido desahogadas la totalidad de las pruebas admitidas a las partes. (Una firma).’. A lo anterior, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón acordó lo siguiente: ‘Vista la certificación que antecede y con fundamento en el artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena traer los autos a la vista del Pleno para que dicte el laudo correspondiente. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia, firmando en unión del C. auxiliar de instrucción y del secretario general que autoriza y da fe (firmas).’. El veintidós de julio siguiente, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en lugar de dictar el laudo correspondiente, pronunció una resolución de manera oficiosa, en la que se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio laboral y declinó la competencia al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. En dicha resolución de incompetencia por declinatoria, el Tribunal de Arbitraje invocó en su pronunciamiento el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18529-ecb7378c/competencia-en-materia-laboral-el-tribunal-de-arbitraje · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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