SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE REGULA ESE PROGRAMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, PRIMERO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A continuación se transcribirán las ejecutorias denunciadas como contradictorias, solamente en la parte que contienen las consideraciones que pudieran entrañar divergencia de criterios.
I. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 27/2004, suscitado entre la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión de dos de junio de dos mil cuatro, consideró en lo conducente lo siguiente:
"CUARTO. No existe el conflicto competencial sometido al conocimiento de este órgano jurisdiccional, en virtud de las consideraciones siguientes: José Natividad Rivas Velázquez, demandó en la vía ordinaria laboral ante una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el cumplimiento de diversas prestaciones derivadas de la aplicación de la ‘Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal’, emitida por el titular de la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cuatro de febrero de dos mil tres, vigente a partir del diecisiete del mismo mes y año. La Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien se le turnó la demanda, se declaró incompetente para conocer de la controversia planteada, por considerar que la conformación económica derivada del programa citado no le otorgaba facultades para apoyar la separación voluntaria de los servidores públicos pertenecientes a la administración pública federal, por no existir en la Ley Federal del Trabajo alguna disposición que así lo estableciera. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante quien la Junta declinó la competencia para hacerse cargo del asunto, tampoco aceptó conocer del mismo, por estimar que el planteamiento sometido a su consideración, no encuadraba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; razón por la cual el asunto que se examina llegó a este órgano jurisdiccional. Para resolver el asunto en cuestión, este órgano colegiado toma en consideración la jurisprudencia 51/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintitrés de abril de dos mil cuatro, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A INCORPORAR A UN SERVIDOR PÚBLICO A ESE PROGRAMA.’ (se transcribe). Como se ve, la competencia para decidir si procede o no otorgar las prestaciones demandadas por José Natividad Rivas Velázquez, que fueron precisadas en el resultando primero de esta sentencia, no corresponde ni a la Junta Especial Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ni al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que el ejercicio de la acción ejercitada con motivo de la aplicación de la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, vigente en 2003, produce un agravio al demandante, no en la vía ordinaria sino en la vía constitucional, por lo que se estima que debió ejercerse una acción de amparo cuya competencia no es atribuible a ninguno de los órganos jurisdiccionales que controvierten ahora su competencia, sino ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. Lo anterior deriva del contenido del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone que: ‘Artículo 52.’ (se transcribe). Visto lo anterior, no es factible que este tribunal resuelva este conflicto competencial declarando competente al Juzgado de Distrito mencionado y enviando los autos de la acción ordinaria ejercida para el cumplimiento total y definitivo del retiro voluntario de José Natividad Rivas Velázquez, pues ello implicaría sustituirse en la voluntad del interesado respecto del tipo de acción que quiso ejercitar. En efecto, el quejoso manifestó en su escrito de demanda que se registró vía internet en el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, y que el Colegio de Bachilleres (su patrón) lejos de aplicar las disposiciones impuestas para llevar a cabo las acciones administrativas que aseguraran la operación expedita del citado programa, así como otorgar todas la facilidades y medios que permitieran la incorporación de aquellos servidores públicos que desearan ser beneficiados con el mismo, obstaculizó a través de diversos comunicados dirigidos tanto al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el debido cumplimiento de la ‘Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal.’. En ese tenor, es claro que se está combatiendo una cuestión de tipo administrativo, por ser el titular de la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien emitió la multicitada ‘Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal’, la cual fue expedida con fundamento en los artículos 31, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 5o. y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 3o. del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 7o., fracción III, 34, párrafo tercero, 40 y segundo transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003 y 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por tanto, desde el punto de vista formal la ‘Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal’ es de naturaleza administrativa, pues fue emitida por el titular de la administración pública federal, por conducto del titular de la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de optimizar el gasto público federal; y desde el punto de vista material, dicha norma también es de naturaleza administrativa, por las siguientes razones: Las relaciones laborales de los destinatarios del programa en cuestión se rigen por los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Federal, que consagran las garantías mínimas de que deben gozar los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos (apartado A), así como los empleados públicos al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal (apartado B), y sienta las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debe expedir las leyes sobre el trabajo que deberá regirlos. Ahora bien, entre los beneficios que las mencionadas leyes laborales otorgan a sus destinatarios no se encuentra la compensación económica por razón de separación voluntaria; consecuentemente, los conflictos y ejercicio de acciones que surjan con motivo de la aplicación de la aludida norma son de naturaleza administrativa. En consecuencia, siguiendo el origen y prescindiendo de la calidad de la autoridad emisora, en este caso el Colegio de Bachilleres, al demandársele el cumplimiento de la ‘Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal’, vigente en 2003, que prevé una compensación económica para diversos servidores públicos de la administración pública federal y de las entidades paraestatales que se rigen por los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se separen voluntariamente de su empleo, es de considerarse que por estar en el caso de una acción intrínsecamente administrativa debe ser combatida mediante juicio de amparo que se promueva contra la negativa a incorporar a un servidor público a tal programa, juicio que será competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, en términos del artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, citado. A mayor abundamiento, es de aclararse que pueden existir conflictos competenciales en materia ordinaria, en donde se decida quién es la autoridad que deberá conocer del caso, pero en la especie, no le es dable a este tribunal decidir que deba conocer del mismo una autoridad de amparo, porque su naturaleza es distinta a la de la autoridad ordinaria, esto en razón de que no se puede cambiar el tipo de acción ejercida por el actor, es decir, de ordinaria a constitucional, pues no fue así su intención, por lo cual sólo procede declarar que no son competentes ninguno de los dos órganos involucrados en este conflicto competencial. En las relatadas condiciones, lo procedente es devolver los autos al órgano laboral que previno en el conocimiento de este asunto, para que deseche la demanda interpuesta al no ser la autoridad competente para su conocimiento, en los términos de la citada jurisprudencia 51/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintitrés de abril de dos mil cuatro, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta."
II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de siete de junio de dos mil cuatro el conflicto competencial 4/2004-47, suscitado entre la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Junta Especial Número 14 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, sostuvo en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:
"SEGUNDO. El problema consiste en dilucidar si es competente la Junta Especial Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje o la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para conocer de la demanda promovida. Para tal fin, se tiene presente que la actora demandó, esencialmente, las prestaciones consistentes en la compensación económica prevista en el programa de retiro voluntario, además de las que establece la Ley Federal del Trabajo. Pues bien, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el problema en cuanto a quién debe conocer de la separación de retiro voluntario planteado por la actora en su demanda. Al efecto, estipula que para resolver este tipo de conflictos debe atenderse a la naturaleza material del acto reclamado tomando en cuenta su origen y prescindiendo de la calidad de la autoridad emisora, por lo que, si la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, vigente en dos mil tres, no está regulada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ni en la Ley Federal del Trabajo que regulan los apartados A y B del artículo 123 constitucional, debe considerarse que, al tratarse de prestaciones distintas, su naturaleza es administrativa, en virtud de que deriva de una norma administrativa no en una ley laboral; por lo que los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación, también lo son, por tanto, la competencia para conocerlos se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, en términos del artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El criterio anterior se encuentra sustentado en la contradicción de tesis 184/2003-SS, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del veintitrés de abril de dos mil cuatro, de rubro: ‘SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A INCORPORAR A UN SERVIDOR PÚBLICO A ESE PROGRAMA.’ (se transcribe). En este orden, si en el caso se reclama la falta de aplicación de la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, que estipula beneficios económicos para los trabajadores que quieran acogerse a ella, y el pago de tales prestaciones no puede ser motivo de acción ante los órganos jurisdiccionales en conflicto, dada la naturaleza administrativa de la norma que regula las prestaciones aludidas, debe decidirse que la competencia para conocer de la demanda promovida por Ofelia Velázquez Hernández se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno en el Distrito Federal, a quien deberán remitírsele los autos, esto es, la demanda y sus anexos."
III. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veintiséis de mayo de dos mil cuatro el conflicto competencial 3/2004, suscitado entre la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sostuvo en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:
"SEGUNDO. Para estar en condiciones de determinar a favor de qué órgano contendiente debe resolverse el presente conflicto competencial, resulta procedente precisar las consideraciones que vertieron los diferentes órganos jurisdiccionales en conflicto para negarse a conocer del juicio de amparo promovido por Minerva Yolanda Román Martínez, Ezequiel Fidel Delgadillo Torres, María de la Cruz López Hernández, Celia Mecalco Jaime, José Enrique Camacho Bustamante, Guillermina Muñoz Mendieta, Maricela Torres Beltrán, Esther Gómez Serralde, Josefina Sandoval, Patricia Eugenia Gómez Vázquez, en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. 1. Los Magistrados que integran la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se declararon legalmente incompetentes para conocer de la demanda de nulidad por estimar que la actora se dolía básicamente de los siguientes autos: a) oficio número 308-A. 0406 de veintinueve de mayo de dos mil tres, emitido por el titular de la Unidad de Servicio Civil, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; b) los oficios número SSP/372/2003 y SSP/401/2003 de diez y veinte de junio de dos mil tres respectivamente, emitidos por el subdirector de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud; y los oficios número Ref/DA/207/1/2003 de once de junio y ocho de agosto de ese año, emitidos por el director de Administración del Hospital General ‘Dr. Manuel Gea González’, de la Secretaría de Salud, mediante los cuales se determinó que la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria, no es aplicable a las plazas de los institutos y hospitales en donde prestan sus servicios los actores. También señalaron los Magistrados que integran la Sala en comento, que las resoluciones recurridas por los hoy actores, derivan de un procedimiento de índole laboral al sustentarse en los artículos 123 apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 8o., fracción VI y 30, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, dado que en dichas resoluciones se les niega a los actores la petición de retiro voluntario. Ahora bien, es importante señalar que la Sala en comento estimó que con base en el artículo 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 3o. del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, era incompetente para conocer de la demanda de garantías. 2. Los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, motivaron su falta de competencia legal, en el hecho de que lo que la parte actora demanda, es la nulidad de diversas resoluciones administrativas por las que se niega la petición de retiro voluntario los cuales no derivan de una relación laboral de ningún procedimiento de esta índole ni el fundamento jurídico se establece en modo alguno en el apartado B del artículo 123 constitucional. Por su parte, en la demanda de nulidad, el quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: (se transcribe). Por otra parte, no debe perderse de vista que, en esencia, se reclamaron dos cuestiones: 1) La resolución mediante oficio número 308-A. 0406, de fecha veintinueve de mayo de dos mil tres, dirigida a la Subsecretaría de la Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, emitida por el titular de la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se resuelve la no incorporación de los institutos de salud y de los organismos públicos descentralizados de las entidades federativas, al Programa de Separación Voluntaria del año de dos mil tres; y, 2) Diversos oficios emitidos por el subdirector de Servicios al Personal de la Dirección de Relaciones Laborales, Desarrollo de Personal e Innovación de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud y director de Administración del Hospital General ‘Dr. Manuel Gea González’, como consecuencia de la resolución especificada en el punto anterior, en virtud de que del contenido de dichos oficios como se puede apreciar de las transcripciones anteriores, únicamente hacen del conocimiento de los actores la resolución de referencia. El primer acto impugnado, es típicamente administrativo y es el elemento rector del conflicto; por lo que hace al segundo acto, se consideran actos en donde únicamente se informa a los actores de su solicitud hecha respecto a la inscripción de los mismos en el Programa de Separación Voluntaria, por lo que se concluye que actúan como intermediario entre la Secretaría de Hacienda Público y las actoras, toda vez que los recursos para cubrir el programa de referencia, iban a ser aportados por el Gobierno Federal, no así por el subdirector de Servicios al Personal de la Dirección de Relaciones Laborales, Desarrollo de Personal e Innovación de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud y director de Administración del Hospital General ‘Dr. Manuel Gea González’. En esas condiciones, no se puede dividir la continencia de la causa. En efecto, el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dispone: ‘Artículo 124.’ (se transcribe). Del precepto legal transcrito, se desprende que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los juicios que se promuevan entre titulares y trabajadores de las distintas dependencias del gobierno contra resoluciones del orden laboral, de lo que se concluye que conocerán de los juicios que se interpongan contra resoluciones del orden laboral. Ahora bien, de la demanda de nulidad promovida por Minerva Yolanda Román Martínez, Ezequiel Fidel Delgadillo Torres, María de la Cruz López Hernández, Celia Mecalco Jaime, José Enrique Camacho Bustamante, Guillermina Muñoz Mendieta, Maricela Torres Beltrán, Esther Gómez Serralde, Josefina Sandoval y Patricia Eugenia Gómez Vázquez, se advierte que los actos reclamados derivan de un acto de autoridad realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como diversos oficios emitidos por el subdirector de Servicios al Personal de la Dirección de Relaciones Laborales, Desarrollo de Personal e Innovación de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud y director de Administración del Hospital General ‘Dr. Manuel Gea González’, en donde únicamente fungieron como intermediarios entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las actoras, por lo que es evidente que no se trata de una relación laboral entre patrones y trabajadores, sino de un acto realizado por una autoridad administrativa, por ende, el caso propuesto a estudio no se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I del artículo 124 antes transcrito. Por consiguiente, se estima que le asiste razón a los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en cuanto a que ‘... se desprende que los actores demandan la nulidad de diversas resoluciones administrativas por las que se niega la petición de retiro voluntario los cuales no derivan de una relación laboral de ningún procedimiento de esta índole ni el fundamento jurídico se establece en modo alguno en el apartado B del artículo 123 constitucional ...’. En esa tesitura, es de decirse que el juicio de nulidad se promueve contra actos atribuidos a autoridades distintas de la laboral, ya que el quejoso señaló como autoridades responsables en su demanda de amparo, a las siguientes: a) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; b) Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; c) Titular de la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; d) Secretario de Salud; e) Subdirector de Servicios al Personal de la Dirección de Relaciones Laborales, Desarrollo de Personal e Innovación, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud; f) Director general del Hospital General ‘Dr. Manuel Gea González’; g) Director de Administración del Hospital General ‘Dr. Manuel Gea González’. De lo anterior, se desprende que de las ‘autoridades’ señaladas como responsables, tienen el carácter de autoridades administrativas. Asimismo, debe tenerse presente que, como ya se dijo, el elemento rector del conflicto es el acto reclamado que se hace consistir en el oficio número 308-A. 0406 de fecha veintinueve de mayo de dos mil tres, emitido por el titular de la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que resuelve la no incorporación de los institutos de salud y de los organismos públicos descentralizados de las entidades federativas al Programa de Separación Voluntaria dos mil tres; en consecuencia, este tribunal estima que la competencia para conocer de la demanda de nulidad promovida por Minerva Yolanda Román Martínez, Ezequiel Fidel Delgadillo Torres, María de la Cruz López Hernández, Celia Mecalco Jaime, José Enrique Camacho Bustamante, Guillermina Muñoz Mendieta, Maricela Torres Beltrán, Esther Gómez Serralde, Josefina Sandoval y Patricia Eugenia Gómez Vázquez, le corresponde a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese orden de ideas, no le asiste razón a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando dice que los actos reclamados por su naturaleza pertenecen a la materia laboral toda vez que se sustentan en los artículos 124, apartado B, fracción XII, constitucional; 1o. y 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 8o., fracción VI y 30, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en las cuales se les niega a los actores la petición de retiro voluntario. Cobra aplicación al presente asunto la jurisprudencia por contradicción número 51/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala textualmente lo siguiente: ‘SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A INCORPORAR A UN SERVIDOR PÚBLICO A ESE PROGRAMA.’ (se transcribe). Así las cosas, se impone devolver los autos a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para el efecto de que, con plenitud de jurisdicción, provea lo que en derecho proceda, respecto a la admisión de la demanda."
CUARTO. Corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción de criterios denunciada.
Con ese propósito es necesario establecer que la contradicción de tesis se suscita cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, ante las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes; esa diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, siempre que los criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se ha establecido en la jurisprudencia número P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, cuyo contenido y datos de publicación son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Esta jurisprudencia establece un principio esencial de las contradicciones de tesis, al determinar que la oposición de criterios debe provenir de la resolución de negocios en los cuales se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios divergentes, precisamente, respecto de la misma cuestión jurídica.
Ahora bien, para efectuar el análisis comparativo entre las ejecutorias denunciadas como contradictorias a fin de determinar si existe oposición de criterios respecto de una misma cuestión jurídica, deben precisarse las características fundamentales de éstas, al tenor de los elementos precisados en la jurisprudencia número P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno ya transcrita, lo cual se hace enseguida.
Tales características son las siguientes:
I. Conflicto competencial 27/2004.
a) José Natividad Rivas Velázquez acudió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a demandar del Colegio de Bachilleres, el cumplimiento total y definitivo de su retiro voluntario conforme a la "Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal", el pago de la compensación económica prevista en esa norma, y de todos y cada uno de los derechos laborales, beneficios, incrementos y compensaciones económicas contempladas en la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo vigente, derivadas de su retiro voluntario.
b) Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil cuatro, la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, se declaró legalmente incompetente para resolver el asunto, por considerar que las prestaciones reclamadas son improcedentes en materia de derecho laboral, en virtud de que no existe fundamento legal ni regulación alguna dentro de la Ley Federal del Trabajo para conocer de la separación de retiro voluntario, por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a favor del cual consideró que se surtía la competencia en términos del artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que otorga competencia a ese órgano jurisdiccional para conocer "de las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes con cargo al erario federal de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones".
c) La Décima Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que se turnó el asunto, declinó la competencia planteada, al estimar que en términos de lo dispuesto en el mencionado artículo 11 sólo son impugnables las resoluciones definitivas que emita una autoridad y que se ubiquen en alguna de las fracciones que integran ese precepto, entre las cuales no se encuentra comprendida la norma referida no obstante su carácter administrativo; por tal razón, ordenó la remisión del asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a efecto de que resolviera el conflicto competencial suscitado.
d) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Tribunal, que conoció del asunto, registró el expediente como conflicto competencial 27/2004, y en sesión de dos de junio de dos mil cuatro resolvió, por mayoría de votos, que no existía el conflicto planteado con base en las siguientes consideraciones:
• De acuerdo con la jurisprudencia número 51/2004 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A INCORPORAR A UN S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18528-c5399b9f/separacion-voluntaria-en-la-administracion-publica-federal-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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