SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A INCORPORAR A UN SERVIDOR PÚBLICO A ESE PROGRAMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 184/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A continuación se transcribirán las ejecutorias denunciadas como contradictorias, solamente en la parte que contienen las consideraciones que pudieran entrañar divergencia de criterios.
I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial número 5/2003, en sesión de tres de octubre de dos mil tres, consideró en lo conducente lo siguiente:
"SEGUNDO. Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa estima que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal es legalmente competente para conocer y resolver el conflicto jurídico a que este asunto se refiere, como se verá a continuación. Es importante destacar que la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos el tribunal de competencia debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la acción ejercitada, lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis de los actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y, en su caso, de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes contendientes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, tesis P./J. 83/98, página veintiocho, que a la letra dice: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe). Ahora bien, atento lo que se ha dejado precisado con antelación, para resolver un conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, es menester, como se dijo, identificar la naturaleza de la acción a través del objeto de la demanda, la pretensión de las partes, los hechos narrados y las pruebas ofrecidas. De la narración tanto de los actos reclamados como de los antecedentes de la demanda de amparo, los que han quedado precisados en los resultandos primero y segundo de esta resolución, los que en obvio de repeticiones innecesarias se dan por reproducidos en este apartado, se aprecia que la quejosa Maximina Mejía Contreras, sustancialmente se duele de la indebida e inexacta interpretación y aplicación que hacen las autoridades señaladas como responsables de la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, establecido por el Poder Ejecutivo Federal para los servidores públicos del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le han impedido continuar con el trámite de incorporación al Programa de Separación Voluntaria establecido por esa norma. Por su parte, en el segundo concepto de violación la aludida quejosa destacó que: ‘Segundo. La circular número BOO.07.01-0028, de fecha 24 de abril de 2003, así como los demás actos señalados como reclamados, viola en mi perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues al negárseme la posibilidad de inscripción en el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, cuando dada la descripción que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece en la misma, es clara y da oportunidad a todo servidor público interesado a presentar su retiro voluntario y consecuente inclusión al programa en forma voluntaria, es decir, ninguna de las autoridades responsables (incluyendo las hacendarias que hacen una interpretación contradictoria con el sentido fundamental o esencial de la norma) se encuentra facultada para negar, condicionar y menos hacer nugatorio el derecho a la inscripción de cualquier servidor público en este programa y obstruir que realice los trámites correspondientes con el exceso de requisitos que de antemano no pueden crearse nuevas plazas, omitiendo además señalar cómo el trabajador que desee incorporarse al programa puede solicitar, demandar, reclamar o coadyuvar con la «conversión de una plaza» en el mejor de los casos.’. Por su parte, los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que rigen la competencia de los Jueces en Materia Administrativa y de Trabajo establecen: ‘Artículo 52.’ (se transcribe). ‘Artículo 55.’ (se transcribe). De lo transcrito con antelación se aprecia, como ya se dejó asentado en el inicio de este considerando, que el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal es el competente para conocer del juicio de amparo promovido por Maximina Mejía Contreras, en relación con los actos que se han dejado narrados con antelación en el inicio de este considerando, ya que según se ha dejado plasmado se trata de un acto cuya naturaleza se refiere a cuestiones laborales, por lo que encuadra en el supuesto de la fracción III del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que no se trata de un acto meramente administrativo, sino que se refiere al derecho innegable de solicitar el retiro voluntario del servicio. En efecto, como se aprecia de lo transcrito con antelación, la quejosa precisa que del acuerdo a que se ha hecho referencia se establece que no puede impedírsele la oportunidad de que gozan los servidores públicos a solicitar su retiro voluntario a través de su inclusión en el programa a que se refiere la norma en comentario. Así pues, lo cierto es que el acto reclamado del que se advierte se duele, lo es la negativa de las autoridades responsables a continuar con el trámite de incorporación al Programa de Separación del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de conformidad con la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal de fecha veinticuatro de enero de dos mil tres, de lo que se puede advertir con meridiana claridad que es un acto que recae dentro de la materia laboral, pues su naturaleza y particularidad están vinculadas con las prestaciones derivadas de la relación laboral que los une con el Estado patrón, es decir, constituye, como ya se dijo, una cuestión relacionada con la materia laboral. En las relacionadas condiciones procede, como ya se precisó, declarar que es legalmente competente para conocer del juicio de amparo relativo el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal es el competente para conocer del juicio de amparo promovido por Maximina Mejía Contreras en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución."
II. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial número 7/2003, en sesión de once de septiembre de dos mil tres, sostuvo en lo conducente lo siguiente:
"SEGUNDO. De los datos precisados en los resultandos precedentes se evidencia que existe el conflicto competencial planteado, pues las Jueces de Distrito contendientes se niegan a conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Graciela Torres López, Dolores Brito Macedo, Vicente Aguilar Morales, Ángel Miranda Martínez y Aarón Hernández Hernández, en el que reclaman la negativa de incorporarlos al Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal 2003, contenida en el oficio número 308-A-0406. TERCERO. Con el propósito de determinar cuál de los Juzgados de Distrito en conflicto resulta competente para conocer del juicio de amparo indirecto de que se trata, es necesario precisar las consideraciones que cada uno de ellos expuso para sustentar su postura: La Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal consideró que los actos reclamados provienen de una resolución de naturaleza laboral, porque hacen referencia a una indemnización; además indica que los promoventes del amparo no forman parte de la clase de trabajadores de cuyos conflictos laborales deben conocer los Jueces en Materia Administrativa, tales como los militares, marinos, de seguridad pública y del servicio exterior. En cambio, la Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal no aceptó la competencia declinada, porque estima que el acto reclamado no es una prestación de carácter laboral, pues la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria de mérito, fue emitida por la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no en su carácter de patrón, pues la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del Instituto Nacional de Cardiología únicamente notificó esa resolución; programa que tiene como objetivo coadyuvar con las acciones de la administración pública federal tendientes a avanzar en la eficiencia y racionalidad del gasto público a través de una compensación económica derivada de la opción de separación del cargo, la que es independiente a los derechos que en materia de seguridad social le correspondan a los trabajadores de la administración pública federal, apoyando su determinación en la jurisprudencia de rubro: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’. Esas consideraciones evidencian la existencia de un conflicto competencial entre ambas Jueces de Distrito, pues cada una de ellas, respectivamente, considera que el acto reclamado tiene diferente naturaleza jurídica, esto es, administrativa y laboral; en tal sentido, con el objeto de ilustrar la materia competencial en el ámbito federal, conviene traer a contexto el contenido de los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ‘Artículo 52.’ (se transcribe). ‘Artículo 55.’ (se transcribe). Tomando en consideración que el aspecto fundamental conforme al cual se determina la competencia material a favor de algún Juez de Distrito, reside fundamentalmente en la naturaleza jurídica del acto reclamado, consecuentemente, es necesario precisar, en primer término, el acto destacado en el juicio de garantías del que deviene el presente conflicto competencial. ‘IV. Actos reclamados: a) La ilegal determinación adoptada por la Unidad de Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el oficio número 308-A-0406 de fecha 29 de mayo de 2003, de excluir del beneficio del Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal al Instituto Nacional de Cardiología, a pesar de que el citado programa así como la norma que lo regula no prevé tal circunstancia. b) La negativa por parte de la Dirección y Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del Instituto Nacional de Cardiología a través de oficio personalizado a cada uno de los citados quejosos de otorgarnos el beneficio de incorporarnos al Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, en virtud de la determinación adoptada por la Unidad de Servicio Civil en el citado oficio número 308-A-0406.’. Esa transcripción revela que el acto reclamado no se circunscribe a la norma que contiene el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, sino que se refiere precisamente a la negativa contenida en el oficio número 308-A-0406 de incluir a los quejosos en ese programa, consideración que encuentra sustento en los antecedentes del acto reclamado que, en la parte conducente, señalan: ‘... Como se advierte de lo anterior, cada uno de los suscritos quejosos trabajamos para el Instituto Nacional de Cardiología en áreas administrativas, por lo que somos servidores públicos, pues dicho instituto es un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, en consecuencia el citado Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal 2003, sí es aplicable a los suscritos, en virtud de que éste se encuentra dirigido a todos aquellos servidores públicos de la administración pública federal que deseen separarse voluntariamente. Por otra parte, no debe perderse de vista que conforme a las normas que regulan el Programa de Separación Voluntaria, sólo quedan excluidos de aquél, en relación con el sector salud, el personal de ramas médicas, paramédica y grupos afines, como se desprende de lo previsto en el punto número 3 denominado «Sujetos de la norma» de las referidas normas que regulas (sic) el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal. Por tanto, si los suscritos quejosos pertenecemos al área administrativa del Instituto Nacional de Cardiología, no existe impedimento alguno para que proceda la separación voluntaria, y por ello es que realizamos el trámite respectivo en tiempo y forma; sin embargo, de una inexplicable y, por ende, carente de una correcta fundamentación y motivación, la Unidad de Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 308-A-0406 del 28 de mayo de 2003, determinó subjetivamente que el Instituto Nacional de Cardiología no entraba dentro del programa, ya que pasó por alto lo establecido en el propio decreto que creó el mencionado programa, así como la norma que regula el referido Programa de Separación Voluntaria que no excluye de manera alguna al Instituto Nacional de Cardiología de dicho beneficio, sino sólo lo limita a que aquél no sea para las personas cuyo trabajo es el de médico, paramédico o puestos afines. En este contexto se colige que es evidente que la determinación adoptada en el oficio 308-A-0406 del 28 de mayo de 2003, determinó subjetivamente que el Instituto Nacional de Cardiología no entraba dentro del programa, ya que pasó por alto lo establecido en el propio decreto que creó el mencionado programa, así como la norma que regula el referido Programa de Separación Voluntaria que no excluyen de manera alguna al Instituto Nacional de Cardiología a dicho beneficio, sino sólo lo limita a que aquél no sea para las personas cuyo trabajo es el de médico, paramédico o puestos afines. En este contexto se colige que es evidente que la determinación adoptada en el oficio 308-A-0406 de excluir del beneficio del Programa de Separación Voluntaria al Instituto Nacional de Cardiología es ilegal, pues no se apega a los lineamientos de exclusión establecidos expresamente en el programa o en la norma que lo regula.’. Por tanto, el acto jurídico que determina la materia competencial en conflicto lo es precisamente la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, que tiene como rubro y objetivo los siguientes: ‘... Ahora bien, del análisis de lo expuesto se concluye que esa norma reviste aspectos formalmente administrativos, porque contiene las siguientes características: Fue emitido por el titular de la Unidad de Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su objetivo se refiere a la optimización del gasto público federal. Su ámbito de aplicación se circunscribe a la administración pública federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Servicio Civil, es competente para interpretar la norma con efectos administrativos. Sin embargo, las circunstancias anteriores no desvirtúan el hecho de que del análisis del contenido de la regla de mérito pueda calificársele como materialmente laboral. Para corroborar tal aserto, conviene transcribir la parte conducente del punto número cinco de dicha regla, que es del tenor siguiente: (se transcribe). Esa transcripción precisa la existencia de un beneficio económico como causa del retiro voluntario del trabajador de la administración pública federal, prestación extraordinaria a la que podrá hacerse merecedor cuando cumpla con los siguientes requisitos: a) Que sea servidor público considerado como personal operativo de base en el tabulador general de las dependencias del Gobierno Federal y de confianza hasta el nivel 27ZC en el tabulador de los puestos de enlace. b) Que tenga una antigüedad mínima de seis meses en la dependencia de su adscripción. c) Que por razón de edad y/o años de servicio no tenga derecho a pensión o jubilación al momento de solicitar su retiro voluntario. d) Que no forme parte de la rama médica, paramédica o afines; ni del personal docente del modelo de educación básica, media superior y superior; ni de los mandos medios, superiores y homólogos o de alto nivel de responsabilidad, a excepción de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo haya incorporado al programa. e) Que renuncie al puesto o plaza que tenía en la administración pública federal. f) Que llene y presente la solicitud respectiva en la unidad administrativa presupuestaria de su correspondiente adscripción. Asimismo, esa transcripción revela la existencia de un pago único de una compensación económica que se calculará tomando como base los años de servicio y el número de remuneraciones asignado a cada trabajador de acuerdo con el tabulador establecido para tal efecto en la norma de referencia, pago que será independiente de los beneficios a que tenga derecho en materia de seguridad social. En esas condiciones, es evidente que como el contenido de la norma regula la existencia del pago de una compensación por razón del retiro voluntario de un trabajador de la administración pública federal, reviste el carácter de laboral y no administrativo, ya que norma la existencia de una institución jurídica de carácter laboral, como lo es la terminación de la relación laboral por renuncia voluntaria del trabajador. Sobre esta figura jurídica, atendiendo al principio de libertad de trabajo consagrado en el artículo 5o. de la Constitución Federal, cabe destacar que el retiro voluntario es una forma de terminación de las relaciones labores, pues surge como consecuencia de un acto unilateral del trabajador que decide poner fin a la relación de trabajo que lo liga con su patrón por convenir a sus intereses particulares sin responsabilidad de su parte, excepción hecha de cualquier compromiso económico que hubiera contraído con anterioridad, y sin perjuicio de los derechos y prestaciones que le corresponden por disposición legal, lo que en el presente caso implica un beneficio de pago único que puede homologarse a una prima de retiro o antigüedad, porque nace a partir de la actualización previa de diversas condiciones de índole personal, temporal y formal que se establecen para tal efecto en la norma en estudio. En ese orden de ideas, si la normatividad del Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal regula diversas figuras jurídicas que tienen una naturaleza de carácter laboral, es inconcuso que los conflictos y ejercicio de acciones que surjan con motivo de su aplicación (otorgamiento o denegación de incorporación al programa, cuantificación del beneficio económico, entre otras), también tendrán esa naturaleza jurídica, independientemente de que la autoridad que las emita, las interprete o las aplique, desempeñe funciones administrativas pues, analógicamente, participa en la misma esencia y naturaleza de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, además de que es una prestación que debe cubrirse independientemente de los demás beneficios que deban otorgarse al trabajador en virtud de la seguridad social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diez del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216, Primera Parte de la Séptima Época, que dice: ‘ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe). Además, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, Octava Época, que más adelante se transcribe, los conflictos laborales suscitados entre el Estado y los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, son los únicos que revisten un carácter administrativo, ya que aquél actúa como autoridad y no como patrón: ‘POLICÍAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). En esa tesitura, con fundamento en el artículo 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en comento se surte a favor de la Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. A la misma conclusión arribó este Tribunal Colegiado al resolver, en sesión del veintinueve de agosto de dos mil tres, el conflicto competencial administrativo número 6/2003, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Graciela Torres López, Dolores Brito Macedo, Vicente Aguilar Morales, Ángel Miranda Martínez y Aarón Hernández Hernández, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, remítase el juicio de amparo indirecto número 1076/2003, a la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, para que se aboque al conocimiento del asunto."
III. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial número 6/2003, en sesión de veintinueve de agosto de dos mil tres, consideró en lo conducente lo siguiente:
"Resulta competente para conocer del juicio de amparo relacionado, la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. El referido precepto legal establece los diversos supuestos de competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, siendo uno de ellos el previsto en la fracción IV, que señala que dichos juzgadores conocerán ‘De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 (que se refiere a los procedimientos de extradición) y III del artículo anterior en lo conducente.’ (Que se refiere a los juicios de amparo que se promueven contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal). Para resolver los conflictos de incompetencia por razón de la materia no debe atenderse a la calidad de los sujetos relacionados en la norma legal que se dice aplicable al quejoso, ni a la naturaleza de sus consecuencias, o de los derechos del quejoso que dice se vulneran, sino ‘exclusivamente a la naturaleza de la acción’, según lo establece el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia P./J. 83/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, con el siguiente rubro y texto: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe). Ahora bien, en el caso a estudio se advierten los siguientes elementos y constancias de autos: 1) En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: de la autoridad ordenadora: ‘Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del subsecretario de Egresos y titular de la Unidad de Servicio Civil de dicha dependencia’, la resolución dictada el diecinueve de mayo del año en curso y notificada por la autoridad ejecutora: ‘Tribunal Superior Agrario por conducto de su presidente, oficial mayor y director general de Recursos Humanos’; atribuyéndole a esta autoridad el cumplimiento que pretende dar a dicha resolución. Como antecedentes del caso, entre otros: ‘1. Con fecha diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, el suscrito ingresó a los tribunales agrarios obteniendo nombramiento de ingeniero agrario. ... 3. Con fecha diez de febrero del año en curso (2003), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del titular de la Unidad de Servicio Civil, hace pública la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal mismo entró (sic) en vigor el día 17 de febrero del año en curso y hasta el 30 de mayo del mismo (2003), en el periodo en que los servidores públicos sujetos a la norma podían solicitar separación voluntaria de su encargo y con base en los lineamientos establecidos en la propia norma, anexando dicha norma en copia simple (anexo 4). 4. Siguiendo los lineamientos que la norma establece en su numeral cuatro, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció vía internet la página www.separaciónvoluntaria.gob.mx, para realizar el registro central de incorporación de los trabajadores del programa. 5. El suscrito, habiendo tomado la determinación de separación voluntaria del servicio público federal, por ser los tribunales agrarios y tribunales administrativos y, por consiguiente, dentro del ámbito de la aplicación de la norma, tal como textualmente lo establece el numeral 2 de la misma. Con fecha del quince de abril del año en curso, ingresé a la dirección o página de internet antes referida para solicitar mi inscripción al programa, encontrando en la lista de dependencias cuyo personal podía inscribirse a los tribunales agrarios, por lo que procedí a proporcionar todos y cada uno de los datos referidos para obtener mi inscripción, y habiéndolos cubierto, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me registró otorgándome la solicitud número 311000013-37 de fecha quince de abril del año en curso, tal como lo acredito con la copia que anexo (anexo 5). Misma que al calce tiene una leyenda que me instruía me presentara en el área de Recursos Humanos correspondiente a partir del siete de abril del año 2003. 6. Siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha veintinueve de abril del año en curso, mediante un escrito dirigido al C. Director general de Recursos Humanos del Tribunal Agrario, presenté mi solicitud de retiro voluntario (anexo 6). 7. Habiendo quedado inscrito en el Programa de Separación Voluntaria sin que existiera impedimento legal alguno, esto es, resolución judicial por la cual existiese impedimento para hacerlo, quedé en espera de notificación de la fecha de separación del encargo público y la correspondiente compensación a los años de servicio, y con base en las disposiciones que la propia norma estableció en su numeral 6.3, transcurrieron los días hasta que el día veintiséis de mayo del año en curso, vía fax, el oficial mayor del Tribunal Superior Agrario me notificó el oficio OM/0281/2003 en el que se me hacía saber la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que al Tribunal Superior Agrario no le es aplicable la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria, resolución que el tribunal hace suya a través de la notificación que se me hace ...’. Y como conceptos de violación, la quejosa argumentó, entre otros, que la resolución reclamada viola lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, porque las autoridades responsables pretenden privarlo de su derecho a separarse voluntariamente de la administración pública federal; infringen el diverso artículo 8o. constitucional, porque su petición no fue atendida en los términos solicitados, no obstante que cubrió todos los requisitos requeridos; y que el numeral 6.9 de la norma en que se sustenta la determinación de la responsable, no establece la exclusión del programa de alguna dependencia y que, en todo caso, la cancelación de la plaza debió ser ponderada por el Tribunal Superior Agrario desde el momento en que entró en vigor la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria. 2) En el oficio OM/0281/2003 de fecha veintiuno de mayo de dos mil tres, que obra en la foja 6 del cuaderno de incompetencia remitida por la Juez a quo, se advierte que el oficial mayor del Tribunal Superior Agrario hace del conocimiento del hoy quejoso Vicente Ruiz Jiménez, que ‘... co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18132-223acbe8/separacion-voluntaria-en-la-administracion-publica-federal-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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