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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17224
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 663.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A continuación se transcribirán las ejecutorias denunciadas como contradictorias, solamente en la parte que contienen las consideraciones que pudieran entrañar divergencia de criterios.

I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 3204/2001 (improcedencia), promovido por Salomón Hanan Minian, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil uno consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO. Son fundados y suficientes para revocar el auto recurrido, la parte de los agravios en que, sustancialmente, argumenta la recurrente que el a quo indebidamente desecha la demanda de amparo por improcedente, porque no se respetó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, al considerar que previamente a la acción constitucional debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en contra del acto reclamado a la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin tomar en cuenta que esa autoridad no cumplió con lo dispuesto por el artículo 3o., fracción XV, de dicho ordenamiento, imperativo legal de hacerle saber la posibilidad de recurrir dicha resolución a través de un medio de defensa, como lo es el recurso de revisión que menciona en el auto recurrido. En efecto, no obstante que existe criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se deben agotar previamente al juicio constitucional los medios de defensa ordinarios previstos en un ordenamiento legal, no es suficiente para concluir que en el caso se surta la causal de improcedencia invocada por el a quo, conforme a las siguientes consideraciones: El artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su fracción XV, establece: 'Artículo 3o. Son elementos y requisitos del acto administrativo: ... XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan.'. En la especie, de dicha transcripción se aprecia que uno de los elementos que la ley citada exige en el dictado de un acto administrativo estriba, precisamente, en hacer del conocimiento del interesado qué recurso procede en contra de la determinación que le afecta, disposición esta que por virtud del artículo 1o. del citado ordenamiento federal, también resulta aplicable al caso por tratarse de actos dictados por organismos descentralizados del ámbito federal. Por tanto, si en el caso concreto la autoridad responsable no cumplió con tal disposición, es decir, no hizo saber al afectado el recurso que procedía en contra de la decisión tomada, el quejoso no está obligado a agotar el recurso previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues para que así suceda es necesario que la autoridad emisora del acto administrativo exprese en éste los recursos procedentes, lo cual no aconteció ya que de la lectura integral de la resolución reclamada no se desprende ese evento; por lo que contrariamente a lo determinado por el Juez del conocimiento, el quejoso no estaba obligado a agotar el recurso previsto en el artículo 83 de la referida ley procesal o acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En función de lo anterior, si bien es cierto que por disposición expresa del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha normatividad resulta aplicable a los organismos descentralizados de la administración pública federal respecto a sus actos de autoridad, y aun aceptando la existencia de jurisprudencia obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito en el sentido de que los recursos administrativos contenidos en leyes diversas, las que rigen un determinado acto de procedimiento, sí resultan obligatorios para éstos, tal regla general no opera en el caso del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando en el acto o resolución por impugnar no se dio a conocer al interesado el recurso o medio de defensa que procede en su contra. Lo anterior es así, ya que no resulta lógico ni jurídico aceptar que una disposición normativa sólo resulte aplicable a un particular en aquellos aspectos de procedimiento que le perjudican (como lo es aducir que no agotó un recurso administrativo de manera previa al juicio de garantías) desconociendo a su vez que en ese mismo cuerpo normativo existen disposiciones de índole sustantivo que le benefician y que también se deben observar, como lo es la ya identificada fracción XV del artículo 3o. de la referida Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que impone a la autoridad la obligación de indicar, en todo acto administrativo recurrible, el medio de defensa ordinario que en su contra puede oponerse. Lo anterior se hace patente cuando el acto administrativo o resolución por impugnar se rige por normas procedimentales especiales cuyas legislaciones no prevén recurso alguno, de ahí que la importancia de hacer saber al interesado sobre la existencia de un recurso administrativo previsto en otra ley, se constituye como un elemento imprescindible de certidumbre jurídica. Por tanto, la inobservancia de lo dispuesto en la ya invocada fracción XV del artículo 3o. en examen no puede tener otra consecuencia (para los efectos estrictos del juicio de garantías) que la de relevar al particular de la obligación de cumplir con el principio de definitividad, en otras palabras, produce la no necesidad de agotar tal medio de defensa de manera previa al juicio de amparo, por surtirse la hipótesis de excepción contenida en la parte final de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, esto es, debe considerarse que se está en el caso de ausencia de fundamentación que oriente al particular acerca de la legislación que le es aplicable, ello, independientemente de los efectos que tal inobservancia acarrea, ya que la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo previene específicamente en sus artículos 5o. y 7o. relativos a la anulabilidad del acto administrativo. En el contexto anterior, se puede concluir que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en que funda su desechamiento el Juez del conocimiento, lo que lleva a revocar el auto recurrido y ordenar admitir la demanda de amparo, siempre y cuando no exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia."

II. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 11312/2001-RA. 566/2001 (improcedencia), promovido por Industrial Castor, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de veintiuno de enero de dos mil dos, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Son fundados los argumentos que propone la sociedad quejosa en el agravio que hace valer en contra del acuerdo del treinta de octubre de dos mil uno, dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante el cual desechó de plano la demanda de amparo por considerar aplicable el artículo 145 de la Ley de Amparo, al estar en presencia de una demanda de notoria e indudable improcedencia, aunque para llegar a aquella conclusión sea necesario acudir a la facultad que confiere el artículo 76 bis a este Tribunal Colegiado para suplir la deficiencia del recurso que se estudia, pues se observa que se cometió en contra de la quejosa una manifiesta violación de la ley que le impidió una adecuada defensa de sus derechos. Con el fin de llegar a una conclusión adecuada en el presente recurso, procede hacer el desglose de los razonamientos que llevaron al a quo a emitir el auto que se impugna a través del recurso de revisión: 1. La demanda de amparo se promovió en contra de la resolución emitida por la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la que declaró la caducidad del procedimiento marcario por el transcurso del término que trata el artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles. 2. El a quo resolvió desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que la resolución administrativa que constituye el acto reclamado pudo ser impugnada mediante el recurso administrativo de ley, ante la propia autoridad administrativa o mediante el juicio de nulidad previsto en el artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, al no haberlo hecho así, deviene motivo para fundar la causa de improcedencia del juicio constitucional, porque también por esos medios pudo ser modificada, revocada o nulificada la resolución que se reclama; de esta manera, estima el Juez Federal que procede el recurso de revisión a que alude el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad indicado y, por ende, procedente el desechamiento de la demanda porque: a) La Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé la suspensión de los efectos del acto que se reclame mediante la interposición del recurso. b) Por reforma introducida a la ley mencionada en el inciso a) el diecinueve de abril del año dos mil, vigente a partir del día siguiente, consistente en la adición, entre otros, a los artículos 1o. y 83, con el fin de hacer aplicable la precitada ley a los organismos descentralizados de la administración pública paraestatal, respecto a sus actos de autoridad; y, asimismo, hacer procedente el recurso de revisión que prevé el segundo de los preceptos, a los organismos descentralizados federales. c) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Ley de la Propiedad Industrial se considera al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, lo que corrobora que a los actos emitidos por las autoridades del instituto le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por lo mismo, en satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo la sociedad debió agotar el recurso aludido o el juicio de nulidad a que se refiere el artículo ya mencionado. d) Afirma el a quo que el acto que se reclama en el juicio de amparo, es susceptible de ser impugnado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, fracción XIII, de su ley orgánica ya citado, y de la tesis de jurisprudencia que se cita en segundo término. e) Que la conclusión anterior se corrobora con lo que dispone el artículo 208 bis del Código Fiscal de la Federación, adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre del año dos mil, que prevé los requisitos que debe satisfacer el particular que por sí o por medio de representante, acuda al juicio de nulidad y soliciten la suspensión de la ejecución del acto impugnado. f) Concluye el acuerdo recurrido sobre ese tema, que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque de conformidad con lo dispuesto en el indicado artículo 208 bis, no se exige, para que proceda la suspensión, mayores requisitos que los que establece el ordenamiento legal en cita, ya que, según su personal apreciación 'se advierte que son idénticos a los que exige la Ley de Amparo en sus artículos 124 y 135'. g) Agrega que además de las razones dadas, la persona moral quejosa no da otro motivo ni se encuentra en el supuesto de alguna de las excepciones señaladas en la Ley de Amparo, para no cumplir el principio de definitividad de rigor. h) Por tanto, procedió a desechar de plano la demanda de garantías. En contra de las anteriores consideraciones la sociedad recurrente declara que no está obligada a agotar vía alguna antes de acudir al presente juicio y aduce la incorrecta interpretación de las reformas a las Leyes Federal de Procedimiento Administrativo y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que para una adecuada aplicación debió tomarse en cuenta lo dispuesto en diversos criterios del Poder Judicial de la Federación relacionados con la supletoriedad de las leyes pues, en el caso concreto, sí se está en una situación de excepción, en la cual es procedente el juicio de garantías. Además, argumenta que la autoridad que emitió la resolución que impugna, subdirectora divisional de Poderes de Propiedad Industrial, infringió en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 3o., fracciones V, VII y XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De la síntesis de los argumentos propuestos por el Juez y por la recurrente se advierte que el primero de ellos desecha el juicio de amparo porque afirma que la sociedad quejosa debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 citado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto con el fin de dar satisfacción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En esas condiciones, este tribunal llega a la conclusión de que es incorrecta la resolución del a quo de desechar la demanda, pues por lo que hace a la necesidad de agotar el recurso, el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su fracción XV impone a la autoridad emisora de la resolución que afecte el interés jurídico del particular de comunicarle que está en posibilidad de interponer el recurso de revisión que prevé la propia ley, por lo que si tal comunicación no se le hizo sí afectó sus defensas. Por tanto, como ya se dijo al inicio de este considerando, son fundados los agravios propuestos, pues la quejosa no agotó el recurso de revisión ante la autoridad marcaria, como se desprende de la simple lectura de los autos que integran el expediente que se revisa. Así, con independencia de que esté obligada o no a acudir y agotar el recurso de revisión ante el propio instituto o a elección suya, al juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que ambos recursos son optativos entre sí, el primer motivo que esgrimió el Juez relacionado con la obligación de agotar el recurso administrativo es inaplicable al no haber sido prevenida por la autoridad marcaria respecto de las opciones que como medios de defensa tenía el aquí quejoso, esto es, interponer el recurso de revisión ante la propia autoridad marcaria, o acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actitud que lesiona las garantías de la empresa quejosa, al propiciarse un estado de indefensión. Por otra parte, es inexacto que el artículo 208 bis del Código Fiscal de la Federación conceda la suspensión del acto impugnado en los mismos términos que los dispuestos en los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo. Por tanto, se dice que es inexacto lo afirmado por el a quo, para acreditarlo basta la lectura de aquel precepto, para advertir que se requieran mayores requisitos para que proceda la suspensión. 'Artículo 124.' (se transcribe). 'Artículo 135.' (se transcribe). Así, de su lectura se advierte que: a) El párrafo segundo de la fracción III del artículo 208 bis del Código Fiscal de la Federación, dispone que contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso alguno; disposición distinta a los preceptos de la Ley de Amparo que establece el recurso de queja ante los Tribunales Colegiados de Circuito, lo que indudablemente constituye una ventaja para las partes, la que le es negada por el párrafo y fracción transcritos. b) La fracción IV de dicho artículo preceptúa que el Magistrado instructor dará cuenta a la Sala para que en el término máximo de cinco días dicte sentencia interlocutoria que decrete o niegue la suspensión. El procedimiento establecido en las fracciones apenas transcritas va más allá de las hipótesis de la Ley de Amparo, pues en ésta se prevé que cuando hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Es indudable para este tribunal que el lapso previsto en la fracción IV constituye una circunstancia gravosa para el actor ya que en éste puede llevarse a cabo la ejecución del acto impugnado, la que habrá de prevalecer hasta la sentencia definitiva ante la inexistencia del recurso y el hecho de no preverse en el artículo 208 bis la posibilidad de que se retrotraigan los efectos. Este tribunal tiene establecido el anterior criterio, en el expediente RA. 3752/2001 (improcedencia), promovido por Tapetes Cueto, S.A. de C.V., fallado el cuatro de abril de dos mil uno, sobre las bases que se enunciarán, el cual dice: 'Al efecto, en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro de agosto de 1994, en que se promulgó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se dispuso, en su parte conducente, lo siguiente: «Artículo 1o.» (se transcribe). «Artículo 83.» (se transcribe). «Artículo 3o.» (se transcribe).'. Sentado lo anterior, lo conducente es declarar fundado el agravio y, con ello, el recurso estudiado por lo que procede revocar el auto del Juez y admitirse a trámite la demanda de amparo propuesta. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto recurrido del treinta de octubre de dos mil uno, dictado por la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito. SEGUNDO. Admítase a trámite la demanda de garantías propuesta."

III. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 3752/2001, promovido por Tapetes Cueto, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de diez de abril de dos mil uno sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

"SEGUNDO. Se hace innecesario transcribir la sentencia recurrida así como los agravios hechos valer por la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en virtud de que el recurso interpuesto es improcedente por las siguientes consideraciones. Este Tribunal Colegiado advierte la existencia de Jueces, lato sensu, que dependiendo del Poder Judicial o de alguno de los otros poderes ejercen la función jurisdiccional, ya que se les faculta para decidir controversias entre particulares a través de procedimientos enmarcados en ordenamientos adjetivos que culminarán con una resolución en la que se reconozca el mejor de los derechos de alguna de las partes litigantes. Así, cuando el juzgador actúa como sujeto de la trilogía procesal 'actor, demandado y Juez', lo hace con el carácter de tercero imparcial, encargado, como ya se apuntó, de dirimir una controversia planteada entre actor y demandado. En este caso, las normas que rigen el procedimiento confieren a dos de los sujetos de la relación procesal derechos y obligaciones con el fin de garantizar la igualdad procesal en cuanto al trato y las oportunidades entre los contendientes, trato y oportunidades que deben ser otorgadas por el Juez o el tribunal, para lo cual el legislador ha dispuesto un cúmulo de formalidades. En esas condiciones, las normas procedimentales tienen como único y exclusivo objeto garantizar la satisfacción de los intereses de los particulares; por tanto, cuando la actuación del juzgador no se apega a la imparcialidad, las normas de procedimiento conceden a los particulares lesionados la vía que prevé la ley procesal, como pueden ser los incidentes, los recursos e inclusive el juicio de amparo. La autoridad responsable cuando ejerce sus facultades jurisdiccionales y con ellas hubiera emitido una sentencia, un laudo o una resolución en un procedimiento, ya concretamente en el juicio de amparo tiene la oportunidad de defender la constitucionalidad de sus actos, que constituye tanto un derecho como una obligación, al rendir un informe justificado con todas las prerrogativas que la ley de la materia le concede; sin embargo, carece de legitimación para hacer valer los medios de defensa referidos en el párrafo anterior, los que se establecen sólo en beneficio de los particulares afectados por los actos de la propia autoridad jurisdicente. Admitir lo contrario significaría la pérdida de la imparcialidad del juzgador y romper el equilibrio entre las partes litigantes al conferirle la facultad de actuar a favor de una de ellas, la que no obtuvo a través de la sentencia de amparo dictada por el Juez de Distrito, pues se dan casos que el particular que se vio afectado con dicha sentencia tácitamente se conforma con ella, al no hacer valer el recurso de revisión al que tiene derecho, de esta manera la autoridad pretende sustituirse a la voluntad de quien tiene la legitimación y el derecho tutelado por la ley, cuando considere que aquél y ésta fueron infringidos por la sentencia de amparo. El agravio que otorga la legitimación para acudir al juicio constitucional, así como al recurso de revisión debe provenir de la afectación a un derecho reconocido legalmente, del cual carece la autoridad emisora de la resolución que constituye el acto reclamado, pues no puede argüirse que tiene el derecho a que se reconozca la legalidad de su actuación, y no obstante que esto pudiera constituir un argumento válido para la autoridad, no lo es para la procedencia del recurso, dado que ninguna ley en forma específica dispone que deba fallarse siempre a favor de la determinación de la autoridad, motivo por el que no puede aducirse la existencia de un derecho a su favor. En estas condiciones puede citarse en apoyo de lo invocado en este párrafo, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, así sea analógicamente, que dice: 'JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN ÉSTE CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL MISMO.' (se transcribe). Asimismo, son de invocarse los siguientes criterios: 'AUTORIDADES RESPONSABLES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER REVISIÓN, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA ENTRE PARTES.' (se transcribe). Y la tesis III.1o.C. J/16 visible a folio 45 del tomo 63, marzo de 1993, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'REVISIÓN. LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO ESTÁ FACULTADA PARA INTERPONERLA.' (se transcribe). Es aplicable, por analogía, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P. CXV/95, página 258, que en la parte que interesa, establece: (se transcribe). En las relacionadas condiciones lo procedente es desechar el recurso a estudio."

IV. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 47/2002 (improcedencia), promovido por Tequila San Matías de Jalisco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de treinta de enero de dos mil dos consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios que hace valer la recurrente se estiman infundados. Aduce en síntesis que se conculcan en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales 73, fracción XV, 114, fracción II y 145 de la Ley de Amparo, así como el artículo 1o., segundo y tercer párrafos, reformado el diecinueve de abril de dos mil, 83, reformado el treinta de mayo de dos mil, 86, 87 y 91, todos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y los artículos 6o., párrafo primero y 7o., y falta de aplicación del 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, por considerar inaplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, en atención a que dentro de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial no existe precepto legal alguno que contemple la interposición de recursos en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de estimar que en el caso a estudio no son aplicables en forma supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado que el artículo 1o., párrafo tercero, al referir las materias excluidas del ámbito de aplicación de la ley, menciona la 'competencia económica', por lo que entendiendo la propiedad industrial como una materia que forma parte de esa disciplina, se puede sostener que tal ordenamiento legal no le es aplicable. Agrega que tampoco resulta aplicable la supletoriedad porque la Ley de la Propiedad Industrial no prevé la aplicación de recurso alguno y para que operara dicha figura debe, entre otros requisitos, estar prevista en la ley la figura jurídica que se pretende regular y suplir, requisito que al no cumplirse trae como consecuencia la improcedencia de cualquier recurso que se interponga ante la autoridad emisora del acto reclamado. Aunado a lo anterior, alega que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece de facultades para estudiar y resolver el recurso de revisión a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues no existe superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado de conformidad con el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, en donde sólo establece que es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, no así la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Finaliza citando varios criterios de Tribunales Colegiados referentes a las condiciones que deben llenarse para que una ley sea supletoria de otra, así como del juicio de nulidad improcedente en contra de resoluciones que determinan infracciones administrativas y diversas tesis publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial con base en las cuales dice, se debe revocar la sentencia en tanto que el desechamiento de demanda resulta violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. No tiene razón la agraviada en los argumentos sintetizados por las razones siguientes. Para poner en evidencia lo anterior, conviene traer a colación, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, que establecen: 'Artículo 1o.' (se transcribe). 'Artículo 6o.' (se transcribe). El contenido de los preceptos referidos pone de manifiesto, entre otras cosas, que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tiene aplicación a los organismos descentralizados y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene ese carácter. De esa manera, opuestamente a lo señalado por la recurrente, es correcto el desechamiento de demanda decretado por el Juez de amparo en tanto que la recurrente no agotó el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, habida cuenta de que no obstante que la Ley de la Propiedad Industrial no prevea ese recurso, con motivo de la regulación de ese medio de impugnación en la primera de las leyes citadas, la promovente del recurso estaba obligada a agotarlo, pues para efectos del desechamiento de la demanda de amparo no importa que el recurso esté regulado en una ley distinta a la que rige el acto, ya que el legislador no está sujeto a regular un recurso en la propia ley en la que crea un procedimiento, sino que puede acudir, para ello, a distinto cuerpo normativo. En ese aspecto tiene aplicación la tesis número 2a./J. 116/99, visible en la página 447 del Tomo X, correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de octubre de 1999, que a la letra dice: 'RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).' (se transcribe). Por tanto, el desechamiento de la demanda no cede por el hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial no prevea el recurso de revisión ni la circunstancia de que en ésta se establezca que a falta de disposición se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque la verdad es que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo determina que ese ordenamiento legal es aplicable a los organismos públicos descentralizados dentro de los cuales está el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en tal razón, tampoco se ubica en el caso de excepción previsto por el artículo 1o., párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo a la competencia económica, materia excluida del ámbito de aplicación de la ley, en atención a que en términos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracciones V y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma tiene por objeto, en lo que al caso interesa, lo siguiente: '... V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas resp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17224-04e8485b/procedimiento-administrativo-no-es-necesario-agotar-el-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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