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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DERIVADA DE DIVERSOS RIESGOS DE TRABAJO. EL PAGO DEL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE DEBE HACERSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE QUEDE FIRME EL LAUDO RESPECTO DE CADA PADECIMIENTO (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17451
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 448.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de verificar si existe la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene en el expediente DT. 5740/2001, resuelto el día veintiocho de junio del año dos mil uno, lo siguiente:

"QUINTO. El concepto de violación formulado por el quejoso, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, es fundado. Argumenta, en lo esencial, que el laudo reclamado transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 841, 842 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, porque la Junta responsable en el considerando II y en el resolutivo tercero del mencionado laudo, determina que la pensión mensual de incapacidad parcial permanente del 51% de la total orgánico-funcional, debe ser cubierta a partir de la mencionada resolución; lo cual es incorrecto, según sostiene, porque dicha pensión debe pagársele a partir del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que se dictó el primer laudo en el juicio de origen y se determinó el grado de incapacidad del quejoso. Se desprende de las constancias del juicio laboral que la Junta responsable dictó un primer laudo de fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el que, en cuanto al tema que interesa, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar al actor, hoy quejoso, una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 51% de disminución orgánico-funcional total; empero, ese laudo fue reclamado por dicho instituto mediante demanda de garantías cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a este Tribunal Colegiado bajo el expediente número 5230/99, y mediante ejecutoria dictada en sesión de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuya copia certificada obra a fojas 51 a 79, se concedió al Instituto Mexicano del Seguro Social el amparo solicitado, para el efecto de que ‘la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro, en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria analice cada uno de los dictámenes periciales rendidos en el procedimiento laboral de origen y resuelva con plenitud de jurisdicción lo procedente en derecho’. En cumplimiento a esa ejecutoria, la Junta responsable, el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dictó un segundo laudo, en el cual determinó, en el resolutivo tercero, lo siguiente: ‘TERCERO. Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor C. Jesús Espejel Rubio presenta el padecimiento que ha sido determinado y, como consecuencia de ello, a otorgar y pagar una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 21% de disminución de su capacidad orgánico-funcional, a partir del 9 de noviembre de 1998 ...’. Tal resolutivo se debe a que la Junta del conocimiento, según se advierte de lo que expuso en el considerando II, sólo tuvo por acreditada la profesionalidad del padecimiento diagnosticado al actor por el perito médico tercero en discordia, consistente en ‘cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 26%’, el cual valoró en un 21% de incapacidad orgánico-funcional. Ese laudo fue reclamado por el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante demanda de garantías, cuyo conocimiento correspondió a este tribunal bajo el expediente número DT. 7470/2000, y mediante ejecutoria emitida en sesión de fecha veintitrés de agosto del dos mil, al resultar por una parte inoperantes y por otra infundados los conceptos de violación que hizo valer, se determinó negar el amparo. Asimismo, el actor, hoy peticionario, promovió en contra de dicho segundo laudo dictado el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve demanda de garantías, que correspondió sustanciar a este Tribunal Colegiado bajo el expediente número DT. 7460/2000, habiendo dictado en sesión de fecha veintitrés de agosto del dos mil, la ejecutoria que obra a fojas 114 a 140, mediante la cual, en lo conducente, concedió el amparo para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente el citado laudo, y emitiera otro en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria ‘... determine que el padecimiento consistente en bronquitis crónica industrial es de carácter profesional y resuelva conforme a derecho proceda (sic) en cuanto a la pensión por incapacidad parcial permanente ...’. Finalmente, en cumplimiento a la precitada ejecutoria, la Junta responsable dictó, con fecha once de septiembre del dos mil, el laudo que ahora se reclama, en el cual, en lo conducente, se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar al actor, hoy quejoso, a partir de la fecha del propio laudo ‘una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 51% de disminución de su capacidad orgánico-funcional total’. Cabe hacer notar que ese porcentaje total (51%) de disminución orgánico-funcional, resultó de haber incrementado al 21% en que se valoró el padecimiento de ‘cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 26%’, el 30% de disminución orgánico-funcional en que se valoró el padecimiento de bronquitis crónica industrial, cuya profesionalidad reconoció la Junta responsable al dar cumplimiento a la ejecutoria precitada que dictó este Tribunal Colegiado. Ahora bien, en términos de la enunciada suplencia, como lo dispone el artículo 76 bis, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, es incorrecto que la Junta responsable hubiere determinado que la pensión aludida se pague a partir del laudo ahora reclamado. En efecto, como se dejó visto en los antecedentes mencionados, la Junta responsable dispuso en el segundo laudo emitido con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que la pensión correspondiente al 21% de disminución orgánico-funcional, por lo que concierne al padecimiento de ‘cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 26%’, se pagara a partir del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; condena que se dejó intocada porque, además de que se negó al Instituto Mexicano del Seguro Social el amparo que solicitó en contra de ese segundo laudo, no cuestionó esa fecha a partir de la cual se ordenó el pago, lo que se advierte de los conceptos de inconformidad que hizo valer, cuyas temáticas versaron sobre temas ajenos a esta determinación. Por consiguiente, la pensión por incapacidad parcial permanente a cuyo pago se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social debe cubrirse al trabajador, hoy quejoso, en el monto que corresponda al porcentaje de 21% de disminución orgánico-funcional, a partir de la fecha determinada por la Junta responsable en el segundo laudo, o sea, a partir del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sin perjuicio de que el incremento del 30% de disminución orgánico-funcional, por lo que hace al diverso padecimiento de ‘bronquitis crónica industrial’, se le pague a partir del laudo reclamado dictado con fecha once de septiembre del dos mil, porque fue a partir de dicho laudo donde se decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación en cuanto concierne a este último padecimiento. En las relatadas condiciones, resultando violatorio de garantías el laudo reclamado, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el que atendiendo a lo considerado en esta ejecutoria determine, como se indica, las fechas a partir de las cuales debe pagarse al trabajador la aludida pensión por incapacidad parcial permanente y, en consecuencia, resuelva lo que en derecho proceda."

Dicho criterio dio origen a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, diciembre de 2001

"Tesis: I.10o.T.35 L

"Página: 1771

"PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU PAGO DEBE HACERSE A PARTIR DE LA FECHA DEL LAUDO EN QUE SE DETERMINEN. Si en un laudo anterior se reconoce la profesionalidad y grado de incapacidad sólo de uno de los padecimientos diagnosticados al actor, y en otro ulterior dictado en cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo al trabajador, se reconoce la profesionalidad y grado de incapacidad de diverso padecimiento diagnosticado también al operario, entonces la pensión debe pagarse en el porcentaje correspondiente al padecimiento primeramente reconocido, a partir de la fecha de aquel anterior laudo por haber quedado firme la determinación respectiva al no haberse impugnado por la parte demandada, sin perjuicio de que el incremento correspondiente al padecimiento reconocido ulteriormente, se pague a partir del laudo posterior que así lo determinó, pues en éste se decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la pretensión sólo en cuanto a ese último padecimiento.

"DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO."

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene en el expediente DT. 16396/2001, resuelto el día veinticuatro de enero del año dos mil dos, lo que enseguida se transcribe:

"CUARTO. Es infundado el concepto de violación que se hace valer. En efecto, el quejoso aduce que el laudo impugnado es ilegal, ya que afirma que la fecha a partir de la cual procede el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente reclamada debe ser el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, porque en esta fecha se dictó el primer laudo en el juicio laboral 3716/97 y no a partir del segundo laudo, como lo consideró la Junta. Sobre el argumento anterior, cabe hacer notar que lo infundado del mismo radica en que, en efecto, de la lectura del segundo laudo dictado el dieciocho de mayo del año dos mil uno se advierte que la Junta responsable al condenar al ahora tercero perjudicado a la asignación y pago a la parte actora de la pensión correspondiente a la incapacidad parcial permanente valuada en un 38% (treinta y ocho por ciento) de disminución en su capacidad orgánico-funcional total, estimó como fecha para surtir sus efectos este segundo laudo, según consta en la parte final del considerando IV y su tercer punto resolutivo, visibles a foja 146 de los autos. Ahora bien, en relación con la determinación adoptada por la Junta responsable respecto de la fecha a partir de la cual procedía el pago de la pensión correspondiente, debe decirse que contrariamente a lo que sostiene el quejoso, tal resolución no es violatoria en su perjuicio de las garantías constitucionales que en su demanda de amparo invoca, si se toma en consideración que en el primer laudo de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la Junta había condenado sólo al pago de la pensión valuada en un 20% (veinte por ciento) de la total orgánico-funcional, según consta en el considerando II y punto resolutivo segundo (folios 102 a 110 del expediente laboral), valuación que fue materia de la impugnación por la parte actora, quien estimó que de manera ilegal la Junta había dejado de considerar como integrante de la pensión la valuación del padecimiento denominado ‘bronquitis crónica’, tal y como se corrobora con la lectura del juicio de amparo directo DT. 3376/2001, resuelto por este Sexto Tribunal Colegiado en sesión de nueve de mayo del año dos mil uno, en el sentido de conceder el amparo al quejoso ‘para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente dicho laudo y en su lugar dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria determine de manera fundada y motivada las razones por las cuales concede o niega eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por el perito de la parte actora y el tercero en discordia, y resuelva lo que proceda. Lo anterior sin perjuicio de los aspectos ya definidos’ (folio 123 vuelta). Con base en lo anterior, cabe destacar que si con apoyo en la ejecutoria de mérito la Junta analizó la procedencia de la pensión y estimó que ésta debía incluir la valuación del tercer padecimiento denominado ‘bronquitis crónica’ y como consecuencia de lo anterior aumentó el monto de la pensión de un 20% a un 38%, es incuestionable que en el caso a estudio el laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora debe ser el punto de partida para el referido pago, porque el amparo se concedió por algún aspecto relacionado con el establecimiento y condena del pago de la pensión, por ello, dicho laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora deberá ser el punto de partida para el referido pago, porque es hasta este segundo laudo donde se decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 108/99, publicada a foja 158 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, Segunda Sala, que dice: ‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. FECHA A PARTIR DE LA QUE DEBE PAGARSE, EN CASO DE QUE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, SE HAYA PROMOVIDO JUICIO DE AMPARO. La anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 4a./J. 4/93, de rubro: «PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.», estableció que si bien los artículos 51, 65 y 68 de la Ley del Seguro Social no señalan en forma expresa a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad parcial o total por grado de riesgo, dicho pago debe hacerse a partir de que la autoridad correspondiente lo determine, lo que ocurre cuando el consejo técnico emite su resolución, en el caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir ante él inconformándose con la calificación del riesgo hecho por el instituto, o bien, cuando la autoridad laboral competente dicte el laudo respectivo, en el supuesto de que el asegurado hubiera ejercitado la acción correspondiente. En concordancia con dicha jurisprudencia, debe señalarse que, en caso de que en contra de esta determinación de incapacidad de la Junta laboral, se hubiere promovido juicio de amparo, en el que se haya controvertido la determinación en sí misma considerada, así como aspectos aleatorios o diversos a ella, de conformidad con los efectos que tiene el juicio de amparo y al carácter de resolución declarativa que, en la especie, tiene dicho laudo, lo procedente es que, en cumplimiento de esta sentencia de amparo, en el evento de que se hubiere confirmado la determinación de la incapacidad, ya sea porque no fue motivo de análisis o porque al serlo resultó correcta y se concediera el amparo por algún aspecto aleatorio o diverso a la prestación señalada, la fecha a partir de la que debe pagarse la pensión correspondiente es la del primer laudo, ya que en él se determinó la incapacidad del trabajador. En cambio, si el amparo se concedió por algún aspecto relacionado con el establecimiento y condena del pago de la pensión, el laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora deberá ser el punto de partida para el referido pago, porque será hasta ese fallo donde se decida, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación.’. En las relatadas condiciones, al no ser violatorio de garantías el laudo impugnado ni advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."

CUARTO. Una vez asentado lo anterior, debe precisarse si existe la contradicción de tesis señalada.

Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Para determinar cuándo existe contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Tesis: 1a./J. 5/2000

"Página: 49

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."

Con base en ello, puede concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, ya que en las ejecutorias transcritas se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de los mismos elementos.

En efecto, se trata de una contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados quienes al revisar determinaciones de Juntas de Conciliación y Arbitraje, referentes al momento en que debe iniciar el pago de pensiones por incapacidad parcial permanente derivadas de riesgos de trabajo (accidentes o enfermedades profesionales), conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, cuando se han otorgado amparos previos, resolvieron en los siguientes términos:

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene que:

"Por consiguiente, la pensión por incapacidad parcial permanente a cuyo pago se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, debe cubrirse al trabajador, hoy quejoso, en el monto que corresponda al porcentaje de 21% de disminución orgánico-funcional, a partir de la fecha determinada por la Junta responsable en el segundo laudo, o sea, a partir del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sin perjuicio de que el incremento del 30% de disminución orgánico-funcional, por lo que hace al diverso padecimiento de ‘bronquitis crónica industrial’, se le pague a partir del laudo reclamado dictado con fecha once de septiembre del dos mil, porque fue a partir de dicho laudo donde se decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación en cuanto concierne a este último padecimiento."

Para llegar a esa conclusión consideró los antecedentes siguientes:

1. El trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el actor Jesús Espejel Rubio demandó, entre otras cosas, al Instituto Mexicano del Seguro Social la pensión por incapacidad total permanente, valuada en un 81% de disminución de su capacidad orgánico-funcional, por los siguientes padecimientos: "1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico; 2. Bronquitis crónica industrial; 3. Síndrome orgánico-cerebral por solventes; 4. Síndrome doloroso lumbar crónico secundario a espondiloartrosis grado III; 5. Presbicia bilateral; 6. Gonartrosis bilateral; 7. Insuficiencia vascular periférica de miembros inferiores; 8. Neurosis ansioso-depresiva.".

2. Conoció del asunto la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien resolvió el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en la parte que interesa: "SEGUNDO. Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor Jesús Espejel Rubio, presenta en la actualidad los padecimientos precisados por el perito médico tercero en discordia y, como consecuencia de ello, a otorgar y pagar una ... 51% de disminución orgánico-funcional total, que se traduce en una cantidad de $6,238.89 a partir de la fecha de la presente resolución, más los incrementos generados a la cuantía de la pensión que se condena, así como el otorgamiento de las prestaciones en especie, en los términos de la parte final considerativa de esta resolución.".

3. En contra de ello, el instituto referido presentó demanda de amparo directo, misma que conoció este Tribunal Colegiado, concediéndole el amparo.

4. En cumplimiento, la Junta responsable dictó otro laudo el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el que dejando insubsistente el anterior dijo: "TERCERO. Se condena al instituto ... a reconocer que el actor ... presenta el padecimiento que ha sido determinado y, como consecuencia de ello, otorgar y pagar una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 21% de disminución de su capacidad ... a partir del 9 de noviembre de 1998 ..." (cortipatía 21%).

5. Inconformes, tanto el actor como el demandado promovieron amparos directos, resueltos por el propio colegiado, quien lo concedió sólo por lo que hace al primero.

6. En cumplimiento, la Junta resolvió el once de septiembre de dos mil dejar insubsistente el anterior y: "TERCERO. Se condena al instituto ... a reconocer que el actor ... presenta los padecimientos del orden profesional que han sido determinados por el perito médico tercero en discordia y, como consecuencia de ello, a otorgar y pagar una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 51% de disminución ... y que deberá ser pagada a partir de la fecha de la presente resolución ..." (cortipatía 21% y bronquitis 30%, los demás pertenecen a ramas de enfermedad general).

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene:

"Con base en lo anterior, cabe destacar que si con apoyo en la ejecutoria de mérito la Junta analizó la procedencia de la pensión y estimó que ésta debía incluir la valuación del tercer padecimiento denominado ‘bronquitis crónica’ y como consecuencia de lo anterior aumentó el monto de la pensión de un 20% a un 38%, es incuestionable que en el caso a estudio el laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora debe ser el punto de partida para el referido pago, porque el amparo se concedió por algún aspecto relacionado con el establecimiento y condena del pago de la pensión, por ello, dicho laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora deberá ser el punto de partida para el referido pago, porque es hasta este segundo laudo donde se decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación."

Los antecedentes de ese asunto fueron:

1. El tres de junio de mil novecientos noventa y siete, Ismael Gutiérrez Alcántara demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras cosas, el reconocimiento de los siguientes padecimientos profesionales, los dos últimos derivados de accidentes de trabajo: "1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 37%; 2. Bronquitis química industrial; 3. Síndrome doloroso lumbar crónico secundario a hernia discal de L5-S1 postraumático que condiciona entorpecimiento de los movimientos; 4. Amputación de falange distal del dedo medio mano izquierda postraumático ...".

2. La Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien conoció del asunto, dictó un primer laudo el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, donde dijo: "SEGUNDO. Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgarle al actor una incapacidad parcial permanente en un 20% de incapacidad parcial permanente ... a partir de la fecha de aprobación del presente laudo ..." (cortipatía y amputación).

3. Contra ello, ambas partes presentaron demanda de amparo directo de las que conoció el Sexto Tribunal Colegiado referido, donde sólo se otorgó el amparo al actor.

4. Para cumplir con lo indicado, la responsable emitió nuevo laudo el dieciocho de mayo del dos mil uno, dejando insubsistente el anterior y: "TERCERO. Se condena al instituto ... a pagar al actor una incapacidad parcial permanente del 38%, de disminución de su capacidad orgánico-funcional total, por la cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada, por la amputación de falange distal del dedo medio mano izquierda postraumático y bronquitis crónica ... pensión la que deberá de cuantificarse a partir de la fecha de aprobación del presente laudo ... Dejando intocados los aspectos que no fueron materia del juicio de amparo.".

Como se ve, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene que la fecha en que debe empezarse a pagar la incapacidad parcial permanente, cuando ésta deriva de distintas enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, es a partir de cuando se determina por la autoridad jurisdiccional laboral la procedencia de la pensión y su monto por la enfermedad o riesgo correspondiente y el laudo quede firme, ya sea porque no se combata en esa parte o, de ser así, porque se sobresea en el juicio de amparo o se niegue la protección constitucional, sin perjuicio de que un nuevo laudo, en cumplimiento de otro amparo, aumente la pensión, porque ésta debe cubrírsele a partir de ese nuevo laudo.

Por su parte, el Sexto Tribunal de la misma materia y circuito considera que en los mismos supuestos, la pensión debe pagarse a partir del segundo laudo de cumplimiento, porque hasta entonces quedó firme la determinación del tribunal laboral.

Una vez precisada la existencia de la contradicción, lo procedente es determinar qué criterio debe prevalecer.

Para ello debe tenerse presente el marco general del seguro de riesgos de trabajo previsto por la ahora abrogada Ley del Seguro Social, aspecto del cual esta Segunda Sala ya se ha ocupado al resolver la diversa contradicción de tesis 94/97, el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho, donde emitió, junto con otra, la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Apéndice 1917-2000

"Tomo: V, Laboral, Sección Jurisprudencia S.C.J.N.

"Tesis: 585

"Página: 475

"SEGURO SOCIAL. INVALIDEZ Y RIESGOS DE TRABAJO. ESOS SEGUROS TIENEN ORÍGENES Y CONTENIDOS DIFERENTES, QUE OBLIGAN A DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRESTACIONES MEDIANTE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PROPIOS. De lo establecido en los artículos 48 a 74, de la Ley del Seguro Social del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, abrogada el uno de julio de mil novecientos noventa y siete, se desprende que el seguro de riesgos de trabajo ampara las contingencias relativas a los accidentes y enfermedades sufridos por los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo, mediante el otorgamiento de prestaciones en especie y en dinero, graduadas en función del tipo de consecuencia producida en la integridad del asegurado, y que el derecho para recibir esas prestaciones no requiere más exigencia que la contingencia se haya originado en el eje

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17451-29bdc878/pension-por-incapacidad-parcial-permanente-derivada-de-diversos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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