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Modo: Corpus Pro

QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL PLAZO DE UN AÑO PARA SU INTERPOSICIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE LAS PARTES HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE ENTRAÑEN ESOS VICIOS (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 437, PUBLICADA EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 291). QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SIN QUE SU VIABILIDAD ESTÉ CONDICIONADA A PRONUNCIAMIENTO ALGUNO DEL TRIBUNAL DE AMPARO SOBRE SU ACATAMIENTO, SENTIDO O FIRMEZA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2003-PL. · Registro digital (IUS): 18162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y TERCERO EN MATERIA
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 563.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el día quince de agosto de dos mil tres por mayoría de dos votos contra uno, el recurso de queja número QA. 71/2003, en lo conducente, son las siguientes:

"CUARTO. Resulta innecesario el examen de los agravios planteados, así como de la resolución a través de la cual la Octava Sala Regional Metropolitana dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías identificada con anterioridad, puesto que este Tribunal Colegiado estima que el recurso de queja en que se actúa es improcedente por las consideraciones siguientes: Una interpretación armonizada de los preceptos legales que se encuentran en el capítulo XII de la Ley de Amparo, denominado ‘De la ejecución de las sentencias’, permite sostener que la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, Juez de Distrito o Tribunal Colegiado, están obligados a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias sin que puedan archivar los asuntos que estén pendientes de cumplimentación de una ejecutoria protectora. Conforme al artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra el acto a través del cual la autoridad responsable cumple de manera defectuosa o excesiva una ejecutoria de amparo, ya que tiene por objeto subsanar tales deficiencias. El artículo 97, fracción III, del citado ordenamiento, establece el término de un año para interponer el citado medio de impugnación. No obstante lo anterior, el referido recurso de queja por exceso o defecto se torna improcedente a pesar de que sea promovido dentro del plazo referido, si la autoridad que conoció del juicio de amparo tiene por cumplimentada la ejecutoria de amparo y tal determinación se encuentra firme antes de que se promueva la queja indicada, ya que ésta no puede tener el efecto de alterar en modo alguno tal determinación, esto es, no puede revocarla o modificarla, puesto que ha adquirido firmeza al no haber sido impugnada por la parte a quien le perjudica y, en consecuencia, constituye una verdad legal. Tal consideración no implica en modo alguno dejar en estado de indefensión a quien esté inconforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En efecto, si quien promueve la queja es el impetrante del amparo, está en aptitud de inconformarse cuando se le dé vista con el informe rendido por la responsable sobre el cumplimiento que haya realizado, en términos del artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. En cambio, si se trata del tercero perjudicado, está en aptitud de reparar la deficiencia del cumplimiento a través de la queja respectiva, la que deberá interponer desde la fecha en que le surte efectos la notificación por lista del acuerdo en el que se da vista a la parte impetrante con el informe rendido por la responsable respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria hasta antes de que la autoridad que conoció del juicio analice el cumplimiento y emita pronunciamiento al respecto. Lo anterior es así, porque al haber sido parte en el juicio de garantías tiene acceso al expediente y, por consiguiente, resulta indudable que tiene conocimiento pleno de todo lo actuado en él respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que le es notificado por lista, por lo que está en condiciones de imponerse de las constancias de autos. En tal virtud, si considera que existe defecto en el cumplimiento debe promover el recurso de queja en el periodo indicado, ya que no puede alegar el desconocimiento del acuerdo referido, el que por lo general se emite en el sentido de que en caso de que la parte quejosa no desahogue la vista, se resolverá con las constancias de autos y los datos aportados sobre el cumplimiento por parte de la autoridad responsable. Además, es el periodo oportuno con que cuenta el tercero perjudicado para promover la queja, porque si la autoridad que conoció del juicio de garantías resuelve en el sentido de tener por cumplida la ejecutoria, esta determinación no podrá impugnarla porque contra ésta sólo procede la inconformidad prevista en el artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, pero el tercero perjudicado carece de legitimación para promoverla, atento la jurisprudencia 2a./J. 9/95, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, página 218, localizable bajo el título: ‘INCONFORMIDAD, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 105, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.’. De ahí que para no correr el riesgo de que se determine que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria, decisión que no puede impugnar por carecer de legitimación, debe interponer el recurso de queja por defecto en el lapso antes indicado, pues de hacerlo con posterioridad el citado medio de impugnación se torna improcedente. Establecidas las premisas que anteceden, se procede al estudio del caso concreto, por lo que para mayor claridad y comprensión se considera oportuno relatar en síntesis los antecedentes conducentes que dieron lugar a la queja materia de la presente resolución, los que se desprenden de las actuaciones que conforman el expediente del juicio de amparo DA. 201/2002, promovido por Óscar Eduardo Badillo Gutiérrez, del que correspondió conocer a este órgano colegiado, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2o. 1. El juicio de garantías ya identificado fue resuelto en sesión de doce de julio de dos mil dos, en el sentido de otorgar la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera una nueva en la que observara los lineamientos precisados en la ejecutoria indicada. 2. Por acuerdo de once de octubre de dos mil dos, el presidente de este órgano colegiado requirió a la Sala responsable informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria mencionada. 3. Mediante oficio de catorce de octubre de dos mil dos, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de catorce de octubre de dos mil dos, que emitió en el expediente 13878-17-08-4, en cumplimiento a la ejecutoria de doce de julio de dos mil dos en el juicio de garantías DA. 201/2002. 4. Con el oficio y anexo referidos en el punto que antecede, se dio vista a la quejosa por acuerdo de presidencia de doce de noviembre de dos mil dos, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en caso de omisión, se resolvería sobre el cumplimiento con base en las constancias que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. 5. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dos, se tuvo por no desahogada la vista, previo análisis de las constancias emitidas por la Sala responsable sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Se ordenó dar vista con tal determinación al quejoso, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibido que de no hacerlo se tendría por consentido lo acordado. La notificación al tercero perjudicado se hizo por lista el veinticinco de noviembre de dos mil dos. 6. Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil dos, se acordó tener por consentida la resolución emitida en el sentido de tener por cumplimentada la ejecutoria de amparo, toda vez que el impetrante del amparo no impugnó tal decisión; por lo que se consideró un asunto concluido y, por consiguiente, se ordenó su archivo. La notificación de este proveído se hizo por lista el nueve de diciembre de dos mil dos. Los antecedentes precisados conducen a considerar improcedente el recurso de queja interpuesto por el instituto recurrente, porque como puede apreciarse, por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dos, este órgano colegiado tuvo por cumplimentada la ejecutoria dictada en el juicio de amparo, decisión que quedó firme y, por consiguiente, tiene la presunción de verdad legal, dado que el quejoso no impugnó tal determinación. Al aplicar lo antes considerado al caso concreto, es de señalar que el promovente de la presente queja es el instituto tercero perjudicado en el juicio de garantías, quien promovió queja por considerar que existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria. La interposición del citado medio de impugnación ocurrió con posterioridad al pronunciamiento de tener por cumplimentada la ejecutoria de amparo emitido por este órgano colegiado. Esta circunstancia provoca la improcedencia del presente recurso de queja, en virtud de que como ya se dijo, el citado medio de impugnación no puede afectar o alterar en modo alguno la determinación de tener por cumplimentada la ejecutoria de amparo, puesto que ha adquirido firmeza y, por consecuencia, constituye una verdad legal. Lo hasta aquí considerado no implica en modo alguno que el ahora inconforme haya quedado en estado de indefensión, puesto que estuvo en aptitud de reparar la deficiencia del cumplimiento a través de la interposición de la queja que ahora se plantea, desde la fecha en que surtió efectos la notificación hecha por lista del acuerdo de doce de noviembre de dos mil dos, en el que se dio vista a la quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, esto es, desde el catorce de noviembre de ese año, ya que al haber sido parte en el juicio, le surtía efectos esa notificación por lista, por lo que estaba en condiciones de imponerse de las constancias de autos, y si consideraba que existía defecto en el cumplimiento debió promover el recurso de queja desde esa fecha, máxime que no pudo desconocer el contenido del acuerdo referido en el sentido de que en caso de que la parte quejosa no desahogara la vista, se resolvería con las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Esta conducta debió observar el instituto tercero perjudicado, ahora quejoso, máxime que reconoce de manera expresa, en el escrito de queja, que carece de legitimación para promover el incidente a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, ya que incluso cita la jurisprudencia 2a./J. 9/95, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: I, mayo de 1995. Tesis: 2a./J. 9/95. Página: 218. ‘INCONFORMIDAD, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 105, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. Una correcta interpretación del artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone establecer que es al quejoso al que corresponde promover el incidente de inconformidad, puesto que es a quien beneficia la concesión del amparo y perjudica la resolución emitida por la autoridad que conoció del mismo, en la que tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de garantías, y no al tercero perjudicado, que carece de legitimación al no verse afectado en sus intereses con tal determinación, pudiendo éste, si lo estima pertinente, interponer el recurso de queja previsto por el artículo 95 del propio ordenamiento legal, cuando considere que se incurrió en defecto o exceso en el cumplimiento, o bien un nuevo juicio de amparo por violaciones de garantías que en su opinión haya cometido la responsable al emitir el acto de cumplimiento a la ejecutoria relativa.’. En tal virtud, si el propio recurrente invoca la jurisprudencia que ha quedado transcrita, ello constituye un reconocimiento expreso de que tenía pleno conocimiento de que al emitirse pronunciamiento en el sentido de tener por cumplida la ejecutoria, tal determinación no podría impugnarla, por carecer de legitimación, al no verse afectado en sus intereses con tal determinación. En otro orden de ideas, cabe destacar que de una interpretación armonizada de los preceptos legales que se encuentran en el capítulo XII de la Ley de Amparo denominado ‘De la ejecución de las sentencias’, se llega a la conclusión de que la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias sin que puedan archivar algún asunto, quedando pendiente la ejecución de la sentencia de amparo. Si en el caso la autoridad que conoció del juicio emite pronunciamiento en el sentido de que está cumplimentada la ejecutoria, esta determinación tiene la presunción de ser una verdad legal que sólo puede ser desvirtuada por la parte quejosa, de ahí que surja otra razón más para declarar improcedente la queja en que se actúa. En tal virtud, al quedar evidenciado que en el caso que nos ocupa no se actualiza alguna hipótesis de procedencia del recurso de queja de que se trata, ha lugar a desecharlo. La improcedencia de la queja ha sido considerada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 621/90, promovido por Salvador de la Cruz Clavel, en sesión de catorce de febrero de 1991, por unanimidad de votos, cuyo criterio aparece publicado en los términos siguientes: Octava Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VII, abril de 1991. Página: 226. ‘QUEJA, ES IMPROCEDENTE LA QUE SE PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA DE AMPARO. La queja interpuesta en contra de un acuerdo dictado por el Juez de Distrito después de concluido el juicio de amparo, que tenga por cumplida la sentencia ejecutoria, es improcedente, porque no encuadra dentro de ninguna de las hipótesis contenidas en las distintas fracciones del artículo 95 de la Ley de Amparo y, además, porque dicho acuerdo es recurrible ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 105 de dicho ordenamiento legal.’. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito sostiene una posición contraria en la tesis cuyos datos de localización y texto se transcriben: Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: XV.1o.9 K. Página: 518. ‘SENTENCIA DE AMPARO, EL HECHO DE QUE SE TENGA POR CUMPLIDA, NO IMPIDE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. El hecho de que el Juez de Distrito con apoyo en la parte final del párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo, tenga por consentida y, en consecuencia, cumplida la sentencia de amparo y ordene el archivo del expediente como asunto totalmente concluido, no implica que se haga nugatorio el derecho del interesado para hacer valer el recurso de queja por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues a ese respecto no existe disposición que limite la interposición de dicho recurso a los asuntos que estén archivados, de ahí que de considerarse que existió defecto o exceso en la citada resolución, queda expedito su derecho para promover el recurso de queja dentro del término que para ello confiere la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo.’. Como puede verse, el criterio que antecede se sustenta en la simple consideración de que no existe precepto que limite el término de un año para interponer el recurso de queja, cuando se estime que existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria protectora del amparo, previsto en la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo. Sin embargo, este órgano colegiado no comparte tal punto de vista, atento las consideraciones que se precisarán enseguida, lo que provoca que deba hacerse la denuncia de contradicción de criterios. Lo anterior es así, atento las razones expresadas con anterioridad que en obvio de repeticiones deben tenerse por reproducidas y en virtud a la interpretación que hace este órgano colegiado de los puntos 8 y 10 contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 9/2001, que corroboran la improcedencia de la queja. Para facilitar el examen de lo afirmado con anterioridad, se considera pertinente citar los datos de localización y texto de la jurisprudencia indicada, que son del siguiente tenor: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, octubre de 2001. Tesis: 2a./J. 9/2001. Página: 366. ‘CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.’. Del texto que antecede, resulta que el contenido de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 denotan que no existe pronunciamiento por parte de la autoridad protectora que determine el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de ahí que sólo sea procedente el incidente de inejecución de sentencia previsto en el párrafo cuarto del artículo 105 de la Ley de Amparo, o bien, que la autoridad indicada actúe en términos del punto 9. Ahora bien, el pronunciamiento sobre si se ha dado cumplimiento o no con la ejecutoria, se da sólo hasta que se actualice la hipótesis indicada en el punto 8. Si la determinación es en sentido de que no se ha dado cumplimiento, se actuará en términos de los artículos 4o. a 6o. En cambio, si se resuelve en sentido contrario, contra tal decisión procede el recurso de inconformidad, que sólo compete interponer al quejoso. Sin embargo, puede suceder que la determinación emitida en el sentido de que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria sea consentida por el quejoso, al no interponer el citado medio de impugnación, lo que provoca que adquiera firmeza y certeza jurídica por constituir cosa juzgada. En tal caso, no puede aceptarse en modo alguno que tal determinación pueda ser impugnada a través del recurso de queja, por el simple hecho de no existir disposición legal que lo prohíba, como es considerado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Aceptar este punto de vista implicaría que el pronunciamiento que constituye una verdad legal por haber adquirido firmeza, pudiera ser modificado o alterado, en virtud de un recurso de queja por defecto o exceso, el que si bien la parte que lo interponga cuenta con el plazo de un año para hacerlo, no debe perderse de vista que ese derecho precluye para quien lo intente, cuando exista una determinación en el sentido de que está cumplida y esté consentida, porque en tales circunstancias ya no puede ser modificada ni alterada, por constituir cosa juzgada. Lo anteriormente considerado explica la razón por la que en el artículo 105 de la Ley de Amparo sólo se prevé la inconformidad para impugnar la resolución que tiene por cumplida una sentencia, pues de otro modo no podría haber seguridad ni certeza jurídica, ya que la autoridad tendría que pronunciarse posteriormente sobre el mismo cumplimiento que ya fue materia de análisis y cuyo resultado podría ser modificado; lo cual no es admisible lógica ni jurídicamente, máxime si se tiene en cuenta que el juzgador que conoció del juicio de amparo tiene obligación de analizar escrupulosamente las actuaciones al realizar un pronunciamiento sobre el cumplimiento. Es de resaltar que si el juzgador de amparo da por cumplida una sentencia esa determinación crea una situación jurídica cierta cuyos efectos no pueden ni deben depender de una eventualidad, como lo es el hecho de que posteriormente se haga valer un recurso de queja; si esto aconteciere, la determinación emitida en la queja afectaría los actos jurídicos generados a raíz de la determinación de cumplimiento. Es por esa razón que el artículo 105 de la Ley de Amparo contempla la inconformidad como único medio para oponerse al auto que declara cumplida una ejecutoria, ya que tiene como objeto primordial el análisis del verdadero cumplimiento de ésta. Ello obedece a que la declaratoria de cumplimiento concluye un periodo procesal y permite el archivo del expediente según lo dispuesto por el precepto citado. En consecuencia, no puede aceptarse en modo alguno que la determinación del juzgador al señalar que una ejecutoria está cumplida sea un pronunciamiento a medias o sujeto a la voluntad de las partes, dependiente del hecho de que se promueva o no el recurso de queja por defecto o exceso. Por todas estas razones este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuya tesis ha quedado transcrita con anterioridad y el contenido en la jurisprudencia IV.2o.T. J/36, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, mayo de 2003, página 1149, que dice: ‘QUEJA POR EXCESO O DEFECTO. EL TÉRMINO DE UN AÑO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL TRIBUNAL RESPECTIVO DICTE LA RESOLUCIÓN EN QUE TENGA POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. En acatamiento a la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 366 del Tomo XIV, octubre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: «CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.», debe considerarse que si el órgano judicial que conoció del juicio de amparo en que se otorgó la protección federal no ha emitido ninguna resolución en que determine si la sentencia respectiva fue o no cumplida, es improcedente el recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo. Sin que obste para tal efecto lo dispuesto por el artículo 97, fracción III, de la invocada ley, acerca de que la queja por exceso o defecto puede interponerse dentro de un año a partir de que se notifique al quejoso «el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia», pues en la hipótesis descrita, el aludido término debe computarse a partir del día siguiente al en que se notifique la resolución del tribunal respectivo en que declara cumplida la ejecutoria de que se trate.’. Lo anterior se robustece si se tiene presente que el incidente de inconformidad es procedente cuando el Juez de Distrito no ha emitido pronunciamiento sobre el cumplimiento, atento las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 9/2002, las que fueron resueltas en el sentido de declarar infundadas las inconformidades planteadas, en virtud de que se consideró que la autoridad señalada como responsable había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De ahí que la misma razón opere en el presente caso. La improcedencia de la queja ha sido sustentada por este órgano colegiado, por unanimidad de votos, al resolver los recursos de queja 11/2003, 30/2003 y 59/2003, en sesiones de veintiséis de mayo, nueve y diecisiete de junio del año en curso. Atento las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 196 y 197 de la Ley de Amparo, se formula la denuncia de contradicción de tesis, por lo que deberán remitirse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la resuelva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 95 y 99 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de queja, promovido por el Instituto Federal Electoral en contra de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por defecto en la ejecución de la sentencia de doce de julio de dos mil dos, en términos del último considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se denuncia la contradicción de tesis en los términos del último considerando de esta resolución. Notifíq

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18162-74f4b44b/queja-por-exceso-o-defecto-en-la-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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