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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL PERSONAL DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 357/2024. · Registro digital (IUS): 33298
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-06-20
Promovente: .
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo III, Volumen 2, Pág.1475.

AMPARO DIRECTO 357/2024. 11 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO VÁZQUEZ MORALES. SECRETARIA: SOFÍA CUEVAS CANO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del día once de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo directo número 357/2024; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, por conducto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo en contra del acto de la Segunda Sala Regional de Occidente del mismo Tribunal, consistente en la sentencia definitiva de once de octubre de dos mil veinticuatro, pronunciada en el expediente número **********.

Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, la responsable entre otras cuestiones, tuvo por recibida la demanda de amparo, ordenó emplazar a la tercera interesada (lo que aconteció el cuatro de noviembre siguiente) y ordenó se remitiera el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno.

SEGUNDO. La referida demanda se turnó el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo entonces Magistrado Presidente la admitió en proveído de nueve de diciembre consecuente, con el número de expediente 357/2024 y dio intervención legal a la representación social adscrita.

TERCERO. En proveído de trece de diciembre de dos mil veinticuatro, se agregó a autos el escrito signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formuló diversos alegatos.

CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, se turnó el asunto a la ponencia del Magistrado Vázquez Morales, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO. Por acuerdo de cuatro de febrero siguiente, se agregó a autos el escrito signado por el Titular de la Unidad Asuntos Legales, Derechos Humanos y Transparencia de Prevención y Reinserción Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social actualmente Titular de Prevención Social y Reinserción Social, mediante el cual formuló diversos alegatos.

SEXTO. La sesión de este asunto mediante videoconferencia por este Órgano Colegiado para resolver vía remota, se fundamenta en el “ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO”, punto “CUARTO”, artículo 30, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, que disponen:

“CUARTO. Se reforman los artículos 2, fracciones II, XII a XIV, XX, XXV y XXXI; 3; 4; 9; 10 párrafo primero; 12 párrafo primero; 22; 23; 24; 26; 27 párrafos primero y último; 28, fracción XI; 30; 31, párrafos primero y quinto; 33; 36 párrafos segundo y tercero; 37; 40; 61, párrafo segundo; 62, párrafo primero y fracción I; 64, párrafo tercero; la denominación del Capítulo Séptimo; 68, párrafo primero; 69; 70; la denominación del Capítulo Octavo; 71; 72; 76, último párrafo; 80; 81; 82; 84, último párrafo; 85; 89 último párrafo; 91, último párrafo; 92 párrafo segundo; 95, último párrafo; la denominación del Capítulo Décimo Primero; 101, párrafo primero; 107 párrafo primero; 109; 111, párrafo segundo; y 113; y se adicionan las fracciones VI Bis, XI Bis, XX Bis y XXXI Bis al artículo 2; las fracciones XI y XII al artículo 3; un último párrafo al artículo 14; los artículos 26 Bis; 26 Ter; 41 Bis; 72 Bis; 72 Ter; 77 Bis; 78 Bis; 78 Ter; y se deroga el último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para quedar como sigue:

...

Artículo 30. Los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del CJF que permita la celebración de videoconferencias, para lo cual deberán atender en lo que corresponda a lo previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo Técnico. Con independencia de la solución digital utilizada, en lo relativo a los lineamientos que regulan las sesiones resulta aplicable lo señalado en los Acuerdos Generales 16/2009 y 8/2015; salvo por lo que hace a la presencia física de sus participantes y del público quienes participarán virtualmente en la sesión de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y su Anexo. ...”

Además, con fundamento en el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 1 del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión.

Por tanto, en cumplimiento a las referidas disposiciones, es incuestionable que este Tribunal Colegiado está en posibilidad legal para resolver a distancia el presente asunto, a través de la plataforma digital determinada por videoconferencia, por el Consejo de la Judicatura Federal; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V y VI, de la Constitución General de la República, 33, fracción II, y 34 de la actual Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, así como 35, fracción I, inciso b), y 36 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, compete legalmente a este Tribunal Colegiado conocer del presente juicio de amparo directo, ya que se reclama una sentencia definitiva, dictada por la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en el Tercer Circuito, en el que este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción, por razón de la materia.

SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia de la resolución constitutiva del acto reclamado quedó acreditada con el expediente **********, que envió con su informe la autoridad responsable, en el que aparece engrosada.

TERCERO. Legitimación. El juicio constitucional fue promovido por parte legítima, toda vez que la demanda fue signada por **********, parte actora, carácter que tiene reconocido en los autos del juicio de nulidad de origen (foja 24 del juicio de origen); además de que reclama una resolución adversa a sus intereses, pues se confirmó el auto que le causa agravio.

CUARTO. Oportunidad. La demanda de amparo se promovió oportunamente, ya que la resolución reclamada se notificó por boletín jurisdiccional a la parte quejosa el veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro; diligencia que surtió sus efectos al tercer día hábil siguiente, esto es, el veintiocho inmediato (por haber sido sábado y domingo el veintiséis y veintisiete, respectivamente), por lo que el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia transcurrió de la siguiente manera, del veintinueve de octubre al veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, cómputo del que se excluyen los días uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete y dieciocho del referido noviembre, por ser inhábiles, de conformidad con el precepto 19 de la ley de la materia. Por lo que, si la demanda de que se trata fue presentada el veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, es oportuna.

No es obstáculo que la referida demanda se haya presentado antes de que iniciara el plazo para hacerlo, dado que ello no determina su extemporaneidad, con fundamento en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO. El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para interponer el recurso de revisión es de 10 días, y acorde con el diverso 22 de la misma ley, donde se precisan las reglas para el cómputo de los plazos en el juicio de amparo, en ellos se incluirá el día del vencimiento. De esta manera, de la interpretación de ambos preceptos se concluye que, al fijar un plazo para la interposición del recurso, el legislador quiso establecer un límite temporal a las partes para ejercer su derecho de revisión de las resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo, a fin de generar seguridad jurídica respecto a la firmeza de esas decisiones jurisdiccionales; sin embargo, las referidas normas no prohíben que pueda interponerse dicho recurso antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley."(1)

QUINTO. Innecesaria transcripción de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación. Se tiene por reproducida la sentencia reclamada, de la cual se ordena agregar copia certificada a los presentes autos, sin que resulte necesaria su transcripción; igualmente se dan por transcritos los conceptos de violación planteados en su contra, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las resoluciones no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que disponga esa obligación a cargo de este Tribunal Colegiado de Circuito; además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte recurrente, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo resulta innecesaria su transcripción, toda vez que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate derivados del escrito de expresión de los agravios, los cuales deben ser estudiados y dárseles la respuesta oportuna, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, formulados en el escrito relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional.

Apoya lo anterior la jurisprudencia clave 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."(2)

SEXTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. Es oportuno precisar que, en el caso concreto, opera en favor del quejoso, la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, mismo que dispone lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

(...)

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; (...)”.

Porción normativa de la cual se advierte, sin género de duda, que tratándose de las relaciones de trabajo existentes entre empleador y empleado, la figura jurídica de la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente a favor de los trabajadores, con entera independencia de que el vínculo relativo se encuentre regulado por el derecho laboral o el derecho administrativo.

SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado.

1. **********, por propio derecho, por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, compareció el a demandar la nulidad de:

“III. LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. Lo es la resolución definitiva contenida en el oficio **********, mediante la cual se dan por terminados los efectos de mi nombramiento. Bajo protesta de decir verdad manifestó que la autoridad demandada me la entregó en copia simple y no levantó constancia de su notificación, y que fui sabedora de esta el día 24 de julio de 2024.”

Señalando bajo protesta de decir verdad, como hechos que dieron origen a la demanda de nulidad, los siguientes:

“HECHOS

PRIMERO. Con fecha 01 de junio de 2022, causé alta en el sistema penitenciario federal, adscrita al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Centros Federales de Readaptación Social en la República Mexicana, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con un nombramiento final de especialista en readaptación penitenciaria.

SEGUNDO. El día 24 de julio de 2024, me fue entregada copia simple del oficio No. **********, suscrito por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual me imponía una sanción consistente en la terminación de efectos de mi nombramiento, en términos de los artículos 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 101 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, sin levantar constancia de su notificación, y sin la posibilidad de ejercer mi derecho de audiencia y defensa”.

2. Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, la Magistrada Instructora desechó por improcedente la demanda de nulidad, al considerar que la resolución combatida no actualiza ningún supuesto de procedencia; inconforme con lo cual, la actor promovió recurso de reclamación, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el diez de marzo de dos mil veintidós.

3. Previo requerimiento, se admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto, por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós ordenando correr traslado a la demandada, para que en el término de ley manifestara lo que a su derecho conviniera, habiendo comparecido, mediante oficio ********** depositado en las oficinas de correos de México, el trece de abril de dos mil veintidós e ingresado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales del aludido Tribunal, el veintiuno siguiente.

4. Por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la demandada desahogando la vista concedida, turnándose los autos a la Sala para emitir la interlocutoria correspondiente.

5. Mediante interlocutoria de once de octubre de dos mil veinticuatro, se resolvió el recurso de reclamación en los siguientes términos:

“I. Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en consecuencia;

II. Se confirma el auto de 12 de agosto de 2024.

III. NOTIFÍQUESE”.

Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo.

OCTAVO. Estudio. Los conceptos de violación son parcialmente fundados y suficientes, para conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa.

- Consideraciones que sustentan la resolución reclamada:

- Calificó de infundado el agravio en donde la actora señala que el acuerdo recurrido es ilegal al contravenir lo establecido en los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracciones XII, XVI y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que la resolución emitida por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, pone fin a un procedimiento administrativo e impone una sanción consistente en la terminación de la relación laboral de personal adscrito a un centro penitenciario federal es de naturaleza administrativa.

En el que además sostuvo que la resolución con la cual culmina el procedimiento administrativo de separación del cargo relativo al incumplimiento de los requisitos de permanencia de los servidores públicos, con la imposición de alguna de las sanciones previstas en el 59 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es naturaleza administrativa, y por ende, el despido, cese o separación de un trabajador de alguno de los Centros Federales de Readaptación Social, constituye una sanción derivada de la falta o responsabilidad administrativa que solo puede impugnarse en la vía administrativa.

- La Sala consideró que los mismos resultan infundados y por ende, insuficientes para revocar el acuerdo recurrido, atento a las siguientes consideraciones. Los artículos 8, fracción II, y 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen:

- Dijo que procederá el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo federal, cuando aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 8 de la Ley en cita, en el caso, cuando:

a) el Tribunal no sea competente para dirimir la cuestión sometida a su tutela jurisdiccional y

b) durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia.

- Que del oficio "**********", exhibido por la actora, se advierte que desempeñó el puesto de "enfermera penitenciaria", cuyas labores y funciones que desempeñaba en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", no eran funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública.

En ese sentido, es de concluirse que:

1) El puesto de "enfermera penitenciaria", que ostentaba la demandante no se encuentra sujeto al sistema de carrera policial y

2) Las funciones que realizaba no tienen injerencia en la investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública. Lo anterior cobra relevancia, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.), sentó el criterio en el sentido de que el régimen de excepción de derechos previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, Constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se apoya en la tesis: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUELLAS ES DE NATURALEZA LABORAL”.

- Analizó la ejecutoria de la contradicción de tesis 93/2012, de la Segunda Sala de la Corte y el dictamen de la Cámara de Diputados, en el que se especificó que respecto al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional "la colegiatura reconoció que el propósito de la reforma es crear un régimen legal de excepción para regular el trabajo de quienes, por las funciones que desempeñan, su régimen laboral puede poner en peligro la seguridad nacional o la seguridad pública.

- Sostuvo que de las sendas reformas al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional responden a la necesidad de prever un régimen de excepción respecto a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, para garantizar la debida función de seguridad pública, en específico la prevención y sanción en la comisión de infracciones y delitos, el auxilio a los agentes del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas y prevenir las libertades, el orden y la paz públicos.

- Que las reformas son tendentes a establecer el citado régimen de excepción con base no a la pertenencia de un servidor público a una institución específica, sino que trasciende a ésta, es decir, se origina y fundamenta en la naturaleza misma de la función que se desempeña en aras de la seguridad pública, brindando a los miembros que desarrollan la función de policía la posibilidad de ejercer la fuerza pública del Estado para el debido y eficaz cumplimiento de sus atribuciones, mientras dicho ejercicio se sujete a un análisis de razonabilidad que lo legitime.

- Manifestó que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública título quinto intitulado "Del desarrollo policial", capitulo primero, disposiciones generales, artículo 73, establece expresamente que las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, siempre y cuando el servidor público pertenezca a la carrera policial -servicio profesional de carrera policial-, puesto que cuando dicha condición no se cumpla, la relación será de carácter laboral, que además determina que la carrera policial, cumple con los fines de: Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las instituciones policiales.

- Que a la luz de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, se promueve que los servidores públicos que efectivamente estén facultados para ejercer las atribuciones propias de la función policial se sujeten a un régimen excepcional que garantice a la sociedad, una labor sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos y que satisfagan los fines generales de la seguridad pública, es decir, que se salvaguarde la integridad y derechos de las personas, se preserven las libertades, el orden y la paz públicos.

- Concluyó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que, sólo los miembros de las instituciones policiales que realicen efectivamente la función de policía y que, por tanto, estén sujetos a la carrera policial en los términos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estarán sujetos al Régimen de Excepción previsto en el artículo 123, apartado B, Fracción XIII, Constitucional y, en consecuencia, los demás miembros que aun perteneciendo a dichas instituciones, no realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantendrán una relación de naturaleza laboral con la institución policial de mérito y, por tanto, se regirán por la fracción XIV del multicitado precepto constitucional.

- Argumentó que si la competencia de ese Tribunal para conocer sobre los conflictos suscitados entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado, en el que se reclama el pago de alguna prestación originada con motivo de esa relación, se actualiza con motivo del régimen de excepción de derechos previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, Constitucional, el cual es aplicable únicamente a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; siendo que en el presente asunto, la actora realiza funciones meramente médicas y administrativas por lo que no se encuentra sujeta al Servicio Profesional de Carrera Policial, entonces, es evidente que no se actualiza la competencia de ese Tribunal, para conocer de la resolución por la cual fue separado de su empleo, por ser una cuestión meramente laboral.

- Determinó que ello se corrobora de lo señalado en el artículo 73, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que se desprende, en lo que aquí interesa, que todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la carrera policial, se considerarán trabajadores de confianza y que de la resolución impugnada, se constataba que el puesto que ostentaba la actora era de "ENFERMERA PENITENCIARIA", el cual era de confianza.

- Concluyó que por una parte, la demandante no realiza funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y la más importante, que no se encuentra sujeta al sistema de carrera policial, por lo que se actualiza la improcedencia del juicio contencioso administrativo federal, en virtud de que, la relación jurídica de la demandante para con el Centro Federal de Readaptación Social, es de naturaleza meramente laboral y no administrativa.

Citó las tesis de rubros: “SEGURIDAD PÚBLICA. LOS TRABAJADORES QUE SE IDENTIFICAN COMO ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN A SU CARGO ESA FUNCIÓN Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SON DE CONFIANZA POR DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA”, "TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ. POR DISPOSICIÓN LEGAL, LOS QUE REALIZAN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS SON DE CONFIANZA” y "SEGURIDAD PÚBLICA. LOS TRABAJADORES QUE SE IDENTIFICAN COMO ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN A SU CARGO ESA FUNCIÓN Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SON DE CONFIANZA POR DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA.

- Añadió que no era óbice lo señalado por la actora, en el sentido de que el despido, cese o separación de un trabajador de alguno de los Centros Federales de Readaptación Social, constituye una sanción derivada de la falta o responsabilidad administrativa que solo puede impugnarse en la vía administrativa ante ese Tribunal; en virtud de que el acto impugnado no fue dictado con motivo de un procedimiento de responsabilidad administrativa, sino que se trata de aquella a través de la cual se dan por concluidos los efectos de su nombramiento y, por tanto, la relación laboral que guardaba con la dependencia.

- Sostuvo que las ejecutorias de juicios de amparo no son criterios de observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo y por lo que ve a los criterios que se sostuvo esa Sala, dijo que lo resuelto deriva de una nueva reflexión.

- Resolvió como infundado el recurso de reclamación y confirmó el acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro.

- Síntesis de los conceptos de violación:

- Afirma que la resolución violenta los principios pro-persona, de igualdad ante la ley, progresividad, legalidad y acceso a la justicia, y en consecuencia dicha sentencia no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, aunado a una indebida o nula valoración de las pruebas, que deben de tener todas las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

- Sostiene que la autoridad responsable, no valora las pruebas que obran en el expediente, como lo es que la baja proviene de las evaluaciones de control y confianza en aplicación a la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, ni los diversos hechos notorios que fueron invocados.

- Refiere que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluyendo a las salas regionales de occidente, sí son competentes para conocer de los asuntos relativos a las bajas o ceses del personal de centros penitenciarios, que la baja y/o terminación de efectos de nombramiento de como elemento de seguridad pública federal perteneciente a un Centro Federal de Readaptación Social perteneciente a Prevención y Readaptación Social puede ser estudiada por afinidad, no obstante de no estar contemplados de manera específica en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Cita las tesis de rubros; "TRABAJADORES DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. AL SER GARANTES DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO FEDERAL AL QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS, ASÍ COMO DE LA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LOS INTERNOS, TIENEN LA CALIDAD DE CONFIANZA.", "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA).” Y “COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33298-a664bcfa/competencia-por-materia-para-conocer-de-los-conflictos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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