SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
AMPARO DIRECTO 132/2012 (EXPEDIENTE AUXILIAR 226/2012). 13 DE ABRIL DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIA: CLAUDIA LUZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación.
I. Antecedentes del acto reclamado.
Antes de entrar al análisis de los conceptos de violación formulados por la quejosa, es pertinente hacer la reseña de los siguientes hechos:
a) Por escrito de nueve de agosto de dos mil once, la ahora quejosa solicitó al delegado estatal en Chiapas de la Procuraduría General de la República, entre otras cosas, que se levantara la suspensión decretada en su contra como agente del Ministerio Público de la Federación con fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
b) Mediante oficio ********** de veinticuatro de agosto de dos mil once, la autoridad señalada en el inciso anterior, contestó en sentido negativo la solicitud en cuestión.
c) En contra del oficio de mérito, la solicitante promovió juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo Magistrado instructor desechó la demanda de nulidad por auto de veintisiete de octubre de dos mil once.
El desechamiento obedeció a que, a juicio del Magistrado instructor, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no era competente para conocer de la impugnación de la resolución controvertida, pues ésta no encuadra en las hipótesis previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de dicho tribunal.
d) Inconforme con ese acuerdo, la demandante interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la citada Sala Regional mediante sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil once, que ahora se reclama, en el sentido de confirmar el auto recurrido.
Una vez expuesto lo anterior, es importante destacar que los conceptos de violación se analizarán en un orden distinto al expuesto por la quejosa y en forma conjunta, atendiendo a la naturaleza de los planteamientos en ellos contenidos, de conformidad con el artículo 79 del mismo ordenamiento legal.(1)
II. Suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación.
Antes de entrar al análisis de la demanda de garantías, es pertinente establecer si la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación resulta procedente cuando el quejoso alegue, o el juzgador advierta, la violación de derechos humanos.
Para dilucidar esa cuestión, es pertinente recordar que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se configuró la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Con motivo de la reforma, el artículo 1o. constitucional consagró la existencia y protección de los derechos humanos en los siguientes términos:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
El primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna incorpora como materia de protección por parte del Estado a los derechos humanos reconocidos por la misma y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión.
El segundo párrafo establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.
Lo anterior sienta las bases de dos principios fundamentales que rigen la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos:
i. El de interpretación conforme, consistente en que dichas normas deberán interpretarse siempre de acuerdo con los postulados de la Carta Magna y los tratados internaciones, en materia de derechos humanos.
ii. Principio pro homine (o pro personae), que conlleva la idea de que siempre deberá optarse por la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos que resulte más favorable a la persona en su contexto más amplio. Es decir, implica la aplicación preferente del ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos.
El tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sienta la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La obligación de respetar los derechos humanos que deriva de dicho párrafo no se limita a cierta clase de autoridades públicas sino a todas éstas en general, en el ámbito de sus respectivas competencias, además de que su actuación no debe sustraerse al simple respeto, sino a la promoción, protección y garantía de dichos derechos.
Para tener una idea clara de cada una de las posturas que toda autoridad debe asumir con respecto a los derechos humanos, cabe transcribir la definición de los conceptos mencionados en el párrafo anterior.(2)
- Respetar. Tener respeto, veneración, acatamiento.
- Promover. Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro.
- Proteger. Amparar, favorecer, defender. Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etcétera.
- Garantizar. Dar garantía. Garantía. Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad.
Ahora bien, en relación con los derechos humanos, al Poder Judicial de la Federación corresponde la responsabilidad que deriva del artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..."
Si bien en principio los tribunales de la Federación deben observar todas las conductas que en relación con los derechos humanos corresponden a cualquier autoridad, lo cierto es que en atención a su ámbito especial de competencia, consistente en resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, tienen especial relevancia los actos consistentes en proteger y garantizar esos derechos.
En efecto, de conformidad con el precepto constitucional transcrito, ante la transgresión de los derechos humanos por parte de una autoridad, corresponde a los tribunales de la Federación resolver la controversia que se suscite con motivo de dicha violación, actuación que conlleva la obligación de proteger y garantizar esos derechos.
Por otra parte, el mismo tercer párrafo del artículo 1o. constitucional establece que el respeto a los derechos humanos debe realizarse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
i. El principio de universalidad consiste en que los derechos humanos corresponden a todos los seres humanos con independencia de sus particularidades políticas, económicas, sociales, culturales o religiosas, así como del contexto temporal o espacial en que se ubiquen.
ii. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros, de manera que no cabe relegar a algunos para conceder prioridad a otros. De ello se desprende que el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que conllevan los derechos civiles y políticos sólo puede realizarse si se logra también la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, el cumplimiento de unos incide en la observancia de los otros.
iii. La indivisibilidad parte de la idea de que todos los derechos humanos tienen como origen común la dignidad humana, por lo que no puede existir ninguna jerarquía entre ellos, ya que se conciben como una totalidad indisociable.
iv. La progresividad persigue en esencia la aplicación preferente del ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por lo que las autoridades deben atender a la evolución de éstos, a fin de que, de existir contraposición entre un derecho humano consagrado en la Constitución y el previsto en un tratado internacional, se aplique el de mayor beneficio para la persona (principio pro homine o pro personae).
Finalmente, el tercer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna señala que como consecuencia de lo anterior, es decir, atendiendo a la obligación de todas las autoridades de respetar los derechos humanos conforme a los principios mencionados, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, en los términos que establezca la ley.
Lo expuesto revela que de conformidad con los artículos 1o. y 103 constitucionales, los tribunales de la Federación tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen esos derechos.
Cabe hacer hincapié en que la citada obligación no se encuentra sujeta a condición alguna, es decir, la Carta Magna no establece requisitos para que los Tribunales de la Federación, al resolver una controversia sujeta a su jurisdicción, se avoquen a la protección y garantía de los derechos humanos vulnerados por la autoridad.
De ello se colige que la protección de dichos derechos por parte de los tribunales federales es procedente no sólo cuando lo solicite el gobernado titular de los mismos, sino también en el caso de que, sin mediar dicha petición dentro de la controversia, la autoridad jurisdiccional advierta su transgresión por parte de la autoridad.
Sobre este tema, resulta ilustrativa la explicación del tratadista Eduardo Ferrer Mac-Gregor,(3) quien al referirse a este tópico indicó:
"C. Debe ejercerse ‘de oficio’: sea invocado o no por las partes.
"Esta característica del ‘control difuso de convencionalidad’ constituye una precisión de la doctrina original. Se estableció en el caso trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros vs. Perú), dos meses después del caso Almonacid Arellano vs. Chile, y a partir de entonces se ha mantenido firme en la jurisprudencia de la Corte IDH. Consiste en la posibilidad de ejercer dicho control por los Jueces nacionales, con independencia de que las partes lo invoquen. En realidad constituye un complemento del carácter ‘difuso’ de dicho control. Si en la anterior característica del ‘control difuso de convencionalidad’ se establecía la intencionalidad de la Corte IDH de que se ‘debe’ ejercer por cualquier Juez, con independencia de su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización (de donde deriva que sea un ‘control difuso’), ahora se acentúa dicho carácter al especificar que además se ejerce ‘de oficio’, lo que implica que en cualquier circunstancia los Jueces deben realizar dicho control, ya que ‘esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto’.(4)
"Pudiera suceder, incluso, que en el ámbito interno procedan recursos o medios de defensa adecuados y eficaces para combatir la falta o inadecuado ejercicio del ‘control difuso de convencionalidad’ por algún Juez (por ejemplo, a través de una apelación, recurso de casación o proceso de amparo), al no haberse realizado ex officio dicho control. Se trata de una nueva vertiente del principio iura novit curia (el Juez conoce el derecho y la jurisprudencia convencional)."
Lo anterior conforma el denominado medio de control de convencionalidad ex officio, que consiste en la aptitud de los tribunales de actuar oficiosamente en el supuesto de que adviertan una transgresión a los derechos humanos, esto es, con independencia de que dentro de la controversia, el interesado invoque dicha violación.
Es aplicable al caso la tesis P. LXVII/2011 (9a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:(5)
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."
Lo anterior sin soslayar los presupuestos necesarios para que el juzgador aborde el estudio de la violación, tales como que aquél sea competente para conocer de la controversia y que el juicio de amparo sea procedente, y sin que el órgano jurisdiccional pueda variar la litis planteada por el quejoso.
Ello es así, en razón de que no podría pretenderse que el tribunal correspondiente analice la violación de los derechos humanos si no tiene facultades para conocer del asunto sometido a su jurisdicción o si el medio de defensa intentado, en este caso, el juicio de amparo, no resulta procedente.
Igualmente, debe hacerse hincapié en que para la procedencia de dicho beneficio, es necesaria la existencia de un derecho humano consagrado en la Carta Magna o en un tratado internacional suscrito por México que se considere vulnerado, y que dicha violación sea perceptible por el órgano jurisdiccional.
En esta tesitura, puede concluirse válidamente que tratándose de la transgresión de derechos humanos, procede la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda de amparo y agravios en los recursos, cuando el juzgador federal advierta dicha vulneración, pues se encuentra constreñido a proteger y garantizar su observancia, aunque no medie solicitud expresa del interesado dentro de la referida demanda.
La conclusión anterior se robustece con lo dispuesto en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen:
"Artículo 8
"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley."
"Artículo 25 Protección judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."
Los citados preceptos consagran el derecho de toda persona a contar con un medio de defensa efectivo que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales, lo cual se traduce en el derecho de acceso a la justicia.
Al interpretar su texto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para satisfacer el derecho fundamental de acceso a la justicia no basta con la existencia formal de un recurso sino que, además, es necesario que el mismo sea "efectivo", es decir, capaz de producir resultados o respuestas al problema planteado y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada.
Aplicando esas premisas al presente juicio de amparo, que es el medio de defensa ejercido por la quejosa para denunciar la violación a un derecho humano, es preciso que dicho juicio se traduzca en un medio efectivo que garantice a la interesada el debido análisis y resolución de la transgresión alegada, a fin de asegurar la observancia del postulado contenido en los artículos de mérito.
Lo anterior robustece la pertinencia de suplir la deficiencia de los conceptos de violación en el juicio de amparo en el que se alegue la violación de un derecho humano, pues de esta forma se estará garantizando la efectividad de ese recurso extraordinario como medio para proteger los derechos fundamentales del individuo.
En otro orden de ideas, es importante destacar que la suplencia de mérito no guarda relación ni se contrapone con la prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo,(6) pues la procedencia de ambas obedece a circunstancias distintas.
En efecto, entre los dos tipos de suplencia mencionados se advierten las siguientes diferencias:
Ver diferencias
De lo anterior se advierte que entre ambas clases de suplencia existen diferencias subjetivas y objetivas, en el entendido de que mientras una tiene mayores alcances en cuanto al sujeto, la otra lo tiene respecto del objeto en relación con el cual proceden, de manera que lejos de contraponerse se complementan en favor del gobernado.
Lo expuesto se ilustra en el siguiente cuadro.
Ver cuadro
Lo anterior revela que la suplencia prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo tiene menores alcances, en cuanto al sujeto, que la suplencia en materia de derechos humanos, pues en tanto la primera procede sólo en beneficio de determinados individuos, la segunda opera en favor de cualquier ser humano.
Por el contrario, el beneficio previsto en el mencionado precepto de la Ley de Amparo revela mayores alcances, en cuanto al objeto, que la suplencia en materia de derechos humanos, ya que la primera se extiende a las violaciones en materia de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, en tanto que la segunda se limita a violaciones a derechos humanos en materia de constitucionalidad y convencionalidad.
Ello deja entrever que lejos de contraponerse, ambas clases de suplencia se complementan en beneficio del gobernado, de manera que las dos pueden tener plena eficacia sin resultar excluyentes entre sí.
En efecto, si bien las dos clases de suplencia pueden ser concurrentes en ciertos casos, también puede ocurrir que en otros supuestos una tenga mayor alcance que la otra.
Ejemplo de procedencia concurrente sería cuando el acto de autoridad fuera violatorio de un derecho humano en materia penal consagrado en la Carta Magna en favor de un reo. En esta hipótesis procedería la suplencia en materia de derechos humanos por la violación de una prerrogativa fundamental del individuo prevista en la Constitución, pero también operaría con fundamento en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del beneficio en favor del reo.
En el supuesto de la violación del derecho de audiencia de un patrón, en un juicio laboral, si bien no opera la suplencia de conformidad con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo (en términos de la fracción IV), sí procedería la suplencia en materia de derechos humanos.
En la hipótesis de que un trabajador recurriera en queja el auto dictado por un Juez de Distrito que admita la demanda de amparo del patrón (artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo(7)), no procede la suplencia en materia de derechos humanos de los agravios del recurrente, pero sí operaría ese beneficio en su favor con fundamento en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
En esta tesitura, puede afirmarse válidamente que la procedencia de la suplencia en materia de derechos humanos y la prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo no son excluyentes sino complementarias, por lo que pueden coexistir en beneficio del gobernado.
II. Violación al derecho de acceso a la justicia.
Antes de abordar el análisis de los conceptos de violación, es pertinente recordar que la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo se hizo consistir en el oficio ********** de veinticuatro de agosto de dos mil once, mediante el cual el delegado estatal en Chiapas de la Procuraduría General de la República negó la solicitud de la ahora quejosa de levantar la suspensión decretada en su contra de conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría,(8) vigente en el momento de la suspensión (veintiocho de noviembre de dos mil ocho).
La parte conducente del oficio en cuestión señala lo siguiente:
"En principio, cabe mencionar que con relación a su solicitud estipulada en el punto número uno, con fecha 28 de noviembre de 2008 el licenciado **********, en ese entonces delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas, decretó a usted la suspensión temporal de sueldo y funciones en el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación, por motivo de estar sujeta al proceso penal ********** instruido en el índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por el delito contra la administración de justicia previsto en el numeral 225, fracción IX (hipótesis de abstenerse injustificadamente de consignar un detenido que se encuentra a disposición como probable responsable de un delito) y sancionado en el último párrafo de dicho numeral del Código Penal Federal. Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos 44, fracción III y 46 de la Ley Orgánica de la institución. Dicha medida le fue debidamente notificada mediante oficio número ********** de 28 de noviembre de 2008, le fue notificada (sic).
"Ahora bien, del análisis del numeral 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de 2002, si bien es cierto el 17 de noviembre de 2009 el Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, dentro del toca penal **********, emitió resolución a su favor confirmando el auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito contra la administración de justicia, previsto en el numeral 225, fracción IX (hipótesis de abstenerse injustificadamente de consignar un detenido que se encuentra a disposición como probable responsable de un delito), y sancionado en el último párrafo de dicho numeral del Código Penal Federal, declarando con ello que dicha resolución ha quedado firme, no menos cierto es que dicha resolución no constituye una sentencia absolutoria ejecutoriada, en virtud que no resuelve de fondo el asunto. En esta tesitura, no es procedente acordar favorablemente su primera petición. Sin que sea óbice lo anterior el hecho que en términos de lo previsto por el numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, en su facultad investigadora, puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder en su contra y reanudar el proceso."
En contra de esa determinación, la solicitante presentó demanda de nulidad, la cual fue desechada por el Magistrado instructor de la Sala responsable, con el argumento de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es competente para conocer de la impugnación de la resolución controvertida antes transcrita, pues no encuadra en las hipótesis previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de dicho tribunal.
Inconforme con ello, la demandante interpuso recurso de reclamación, que fue resuelto por la citada Sala mediante la sentencia ahora reclamada, la cual confirmó el acuerdo desechatorio de la demanda de nulidad.
Ahora, en la primera parte del concepto de violación identificado como primero de la demanda de amparo, la quejosa aduce, entre otras cosas, que la resolución reclamada es violatoria del principio de convencionalidad, al contravenir lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969).
Afirma que lo anterior es así porque el referido artículo prevé que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la citada convención, lo cual soslayó la Sala responsable al determinar que el conocimiento de la resolución impugnada en el juicio de nulidad no era de su competencia, realizando con ello una indebida interpretación y aplicación de los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Asimismo, en la primera parte del concepto de violación identificado como segundo, la quejosa afirma que sus derechos humanos fueron desatendidos por la responsable, al determinar que no era competente para conocer de su demanda de nulidad, porque el acto impugnado no era una resolución definitiva y no se había aplicado en él la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Igualmente, en una parte del concepto de violación identificado como tercero, la quejosa manifiesta que contrariamente a lo resuelto por la responsable, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de su demanda de nulidad, pues aun cuando la suspensión decretada en su contra no se fundó en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sí se aplicó el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que regula un acto de naturaleza administrativa.
Es fundado el concepto de violación, suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo expuesto en el apartado que antecede.
El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
Por su parte, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone:
"Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley."
A su vez, el artículo 25.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que la quejosa considera violado, señala:
"Artículo 25. Protección judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funcio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24298-78b37adf/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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