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Modo: Corpus Pro

CRITERIO NO VINCULATIVO 27/ISR/NV, CONTENIDO EN EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015. AL NO SER SUSCEPTIBLE DE GENERAR, POR SÍ, UNA AFECTACIÓN AL PARTICULAR, DADO SU CARÁCTER ORIENTADOR, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 130/2016. · Registro digital (IUS): 27627
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-02-23
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Pág. 1240.

AMPARO EN REVISIÓN 130/2016. 27 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DAVID GUSTAVO LEÓN HERNÁNDEZ. SECRETARIA: EDNA MATUS ULLOA.

CONSIDERANDO:

NOVENO.-Estudio. Son infundados los agravios formulados, sin que se advierta motivo para suplir la queja deficiente pues, en el caso, se examinarán conforme al principio de estricto derecho, al tratarse de un asunto en materia administrativa; además, no se advierte que haya existido una violación manifiesta de la ley en contra de la parte inconforme.

De acuerdo con el considerando anterior, sólo es materia de este recurso el sobreseimiento decretado por la Juez de amparo, respecto del Criterio no vinculativo 27/ISR/NV que, dijo la quejosa, modifica de forma sustancial los artículos 1, 7, quinto párrafo, 27, fracción XI, 28, fracción XXX, 90 y 93, fracciones VIII y IX, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reclamado al 4. Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en cuanto a su emisión, y al 1. Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores; y al 2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a la emisión de los referidos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Debe precisarse que la Juez de Distrito, en el sobreseimiento decretado respecto del Criterio no vinculativo 27/ISR/NV, incluyó a los numerales 1, 7, quinto párrafo, 27, fracción XI, 28, fracción XXX, 90 y 93, fracciones VIII y IX, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Al respecto, son inoperantes en una parte, e infundados en otra, los agravios expuestos.

En los agravios, la parte quejosa recurrente manifiesta, esencialmente:

La sentencia recurrida es ilegal y contraria a lo establecido en los artículos 1o., 5o., fracción I y 113 de la Ley de Amparo vigente; y, 1o., 8o., 14, 16, 17 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 63 de la Ley de Amparo; así como a los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según los cuales, el derecho a una tutela jurisdiccional completa y efectiva para la defensa de los derechos fundamentales del individuo, tiene como presupuesto necesario la ausencia de los obstáculos económicos y técnicos que no encuentren justificación en otro bien o valor constitucionalmente protegido.

Es inoperante lo alegado por la recurrente, porque no es factible plantear a través del presente medio impugnativo, que los Jueces de Distrito violen derechos fundamentales, pues cuando actúan como órganos de control constitucional no los infringen, por ser ellos quienes los tutelan.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, que establece:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el A quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En los restantes argumentos de inconformidad que formula el representante de la persona moral recurrente, esencialmente manifiesta:

La sentencia recurrida contraviene los artículos 1o., 5o., fracción I y 113 de la Ley de Amparo, toda vez que, contrario a lo señalado por el a quo, el acto reclamado sí afecta la esfera jurídica de la quejosa; por ende, es procedente la instauración del juicio constitucional de amparo.

Lo anterior, pues consideró que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y que para accionar el amparo la quejosa puede invocar un interés jurídico o legítimo.

Entonces, dice la parte recurrente, lo resuelto por la Juez de Distrito es por demás ilegal y contrario al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que sobresee la demanda de amparo por actualizarse un motivo de improcedencia contenido en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado por la empresa quejosa (Criterio no vinculativo 27/ISR/NV, dado a conocer a través del anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de dos mil quince) no genera obligación alguna para los particulares, pues sólo constituyen simples juicios de interpretación de las leyes fiscales hacia el interior del Servicio de Administración Tributaria, que deben seguir las diversas dependencias en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales para garantizar su debido cumplimiento.

Sin embargo, añade la inconforme, que la Juez de Distrito no fundó ni motivó debidamente su resolución para llegar a la conclusión de que se actualizó y acreditó una causa de improcedencia; es decir, no dijo por qué la unidad jurídica reclamada no afecta los intereses jurídicos de la quejosa.

Que, contrario a lo acordado por la Juez de Distrito, en el caso, los preceptos reclamados sí afectan derechos sustantivos de la quejosa.

Lo anterior es así, porque el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a favor de los gobernados los derechos fundamentales de legalidad, proporcionalidad y equidad, los cuales son afectados por los preceptos reclamados en el presente juicio, toda vez que al disponer que no son deducibles ni exentas para efectos del impuesto sobre la renta las erogaciones por concepto de previsión social, precisamente se vulneran dichos principios, puesto que no existe precepto legal que disponga que no se puede entregar previsión social en medios equivalentes al efectivo, y el hecho de negarle el carácter de deducibilidad y de exentos a las erogaciones de previsión social afecta la capacidad contributiva de la quejosa; esto es, viola el principio de proporcionalidad y mínimo vital; los que deben ser considerados de imposible reparación, pues no sólo constituye una invitación de la autoridad fiscal a la quejosa a evitar incurrir en una práctica realizada por aquélla, que se consideraría indebida, sino que verdaderamente, al considerar una práctica fiscal indebida, la entrega de la previsión social afecta a la quejosa, porque por ese simple hecho las erogaciones de previsión social no serán deducibles para ésta.

Esto es, aun cuando el criterio en sí no resulte vinculante, el simple hecho de no acatarlo sí trae consecuencias, entre ellas, que dichas erogaciones no sean deducibles y exentas, por lo que sí afectan derechos sustantivos, siendo por tanto, procedente el juicio de amparo.

Aunado a lo anterior, la unidad jurídica indisoluble reclamada viene a modificar precisamente la forma en que la quejosa entrega previsión social, ya que esto se hacía a través de medios electrónicos; sin embargo, con la entrada en vigor de esa unidad, ya no se puede realizar por dicho medio, puesto que se considera una práctica fiscal indebida, por lo que también causa una afectación a los derechos sustantivos de la quejosa y de sus trabajadores.

La sola emisión del criterio no vinculativo causa una afectación a la esfera jurídica de la quejosa, pues si bien es cierto que de acuerdo con el principio de autodeterminación tributaria, corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario; es decir, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley; también lo es que la sola elección de esta quejosa de no aplicar el criterio no vinculativo genera un estado de zozobra e inseguridad jurídica, pues desde el momento de no enterar la retención del impuesto correspondiente, se cae en el supuesto cuya opinión han hecho pública las autoridades responsables, de considerar gastos como no deducibles, con las respectivas consecuencias jurídicas.

Agrega la parte recurrente, que el hecho de no acatar el mencionado criterio no vinculativo le causa una afectación, porque la responsable, en automático, considera como no deducibles los gastos de previsión social, pues precisamente es la finalidad de tal criterio; así como que el hecho de que la quejosa elija no aplicar la unidad normativa reclamada, generará que la autoridad fiscal haga efectivo el apercibimiento emitido a través del Criterio no vinculativo 27/ISR/NV, en el sentido interpretativo que le ha dado.

Al efecto, por estimarlas aplicables, la recurrente invoca la jurisprudencia «2a./J. 5/2000» emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL APERCIBIMIENTO DE MULTA CONFORME AL REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY RELATIVA Y SUS REGLAMENTOS, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." (publicada en la página 73, Tomo XI, enero de 2000, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con número de registro digital: 192499), así como la tesis aislada 2a. XXXIX/99, sustentada por la propia Sala del Alto Tribunal del País, cuyo rubro establece: "MULTA. EL SOLO APERCIBIMIENTO DE IMPONERLA CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO PREVÉ Y OTORGA INTERÉS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, SI LA AUTORIDAD ESTABLECE CON PRECISIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA EN CASO DE QUE EL GOBERNADO INCUMPLA EL REQUERIMIENTO." (localizable en la página 317, Tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con número de registro digital: 194365).

En la sentencia recurrida, la Juez de Distrito consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5o., fracción I, del mismo ordenamiento legal, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, por las siguientes consideraciones:

- De acuerdo al último artículo, los gobernados cuentan con dos momentos para impugnar normas generales: con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación, y el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa.

- Para la impugnación de normas, mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal. Destacó que la quejosa controvierte la constitucionalidad del Criterio no vinculativo 27/ISR/NV, por su sola entrada en vigor.

- Una vez que la Juez de Distrito transcribió el contenido del criterio no vinculativo reclamado, destacó que conforme a los artículos 33 y 35 del Código Fiscal de la Federación, no generan obligación alguna para los particulares, pues sólo constituyen simples juicios de interpretación de las leyes fiscales hacia el interior del Servicio de Administración Tributaria, que deben seguir las diversas dependencias en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, para garantizar su debido cumplimiento, que si bien resultan de aplicación necesaria, su contenido no necesariamente refleja una interpretación exacta, dado que se basa en el análisis de determinado precepto legal; de tal suerte que, agregó, sólo son ilustrativos sobre el alcance de alguna disposición de observancia general y, de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, sólo otorgan derechos a los contribuyentes.

- Señaló que sólo las leyes fiscales emanadas de acuerdo con el proceso legislativo previsto en la Constitución, pueden establecer obligaciones para los contribuyentes. Por lo cual, dijo, el criterio impugnado no afecta el interés jurídico de la quejosa, con su sola entrada en vigor.

- Continuó diciendo la Juez de Distrito que, debido a que la quejosa manifestó que el criterio impugnado también le causa perjuicio como norma heteroaplicativa, para lo cual exhibió diversas pruebas, una vez que valoró tales probanzas, concluyó que al constituir el acto reclamado una directriz cuya aplicación no resulta inminente, el perjuicio que aduce tener la quejosa no se ha actualizado, máxime que no demostró que ha calculado la base gravable del impuesto sobre la renta, deduciendo las aportaciones de previsión social pagadas en efectivo, y que, con motivo de ello, las autoridades responsables le hayan exigido actuar de manera diversa, pues sólo las leyes fiscales emanadas de acuerdo con el proceso legislativo que prevé la Constitución puede establecer obligaciones a los contribuyentes.

- En ese orden de ideas, la Juez de Distrito declaró fundada la causa de improcedencia planteada por las autoridades responsables, en relación con el Criterio no vinculativo 27/ISR/NV, porque no generan obligación alguna para los particulares, pues sólo constituyen simples juicios de interpretación de las leyes fiscales hacia el interior del Servicio de Administración Tributaria, que deben seguir las diversas dependencias en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales para garantizar su debido cumplimiento, que si bien resultan de aplicación necesaria hacia el interior de ellas, su contenido no necesariamente refleja su interpretación exacta, dado que se basa en el análisis de determinado precepto legal; de tal suerte que sólo son ilustrativos sobre el alcance de alguna disposición de observancia general y, de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgaban derechos a los contribuyentes.

- Además, expuso que los criterios no vinculativos, como su nombre lo indica, no tienen fuerza vinculatoria alguna para los contribuyentes, por lo que no pueden obligarlos legalmente; lo que, además, se robustece con lo dispuesto por los artículos 33, fracción I, inciso h) y fracción III, penúltimo párrafo, así como 35 del Código Fiscal de la Federación; que, asimismo, tienen como finalidad desincentivar a los contribuyentes para que realicen determinada aplicación de las disposiciones fiscales que desde el punto de vista de la autoridad fiscal resulta "indebida".

- Que entonces -argumentó la a quo-, se puede apreciar que el citado criterio se trata de la difusión del alcance que conforme al criterio de una autoridad fiscal debe darse a una disposición general, sin que tal interpretación sea vinculatoria para los gobernados, lo que se explica, porque no son actos producto del ejercicio de una potestad normativa que, conforme a lo establecido en la respectiva cláusula habilitante pudieran desarrollar lo previsto en una ley o un reglamento, sino simplemente interpretaciones administrativas. Citando al efecto la tesis IV.2o.A.64 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1754, de título y subtítulo: "CRITERIOS INTERNOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES CON BASE EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO GENERAN OBLIGACIÓN ALGUNA A LOS CONTRIBUYENTES Y SÓLO LES OTORGAN DERECHOS CUANDO SE PUBLIQUEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."

Ahora, los argumentos de la persona moral quejosa, estudiados en su conjunto, son infundados.

En efecto, contrario a lo que alega la quejosa, el Criterio no vinculativo 27/ISR/NV, contenido en el anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, no genera obligación alguna para el gobernado, como lo determinó la Juez de Distrito; en cambio, sí es factible que genere derechos si es publicado en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo disponen los artículos 33, fracción I, inciso h) y 35 del Código Fiscal de la Federación que disponen:

Código Fiscal de la Federación

"Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

"I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:

"...

"h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras."

"Artículo 35. Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación."

Del contenido de los preceptos citados se desprende que el legislador estableció que, en relación con los criterios no vinculativos dados a conocer por los funcionarios fiscales a las diversas dependencias fiscales, son criterios de aplicación de diversas normas, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares; en cambio, sí derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuál es la naturaleza del criterio "no vinculativo" o "criterio interno", en la tesis aislada P. LV/2004.

Dicha tesis se encuentra publicada en la página 15, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL.-De los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. En tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la Resolución Miscelánea Fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúltimo y 35, ya que éstos se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emita el Presidente del Servicio de Administración Tributaria, las cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada en algún medio de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos, total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios y, en su caso, a las condiciones que establezca el legislador para su dictado."

En el amparo en revisión 1532/2003, que dio origen al criterio citado, en lo que interesa, sustancialmente se consideró:

"Finalmente, por lo que ve al argumento sintetizado en el inciso c), es conveniente señalar que lo dispuesto en la regla 9.33. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de dos mil dos sí vincula a los prestadores de los servicios náutico-recreativos, ya que se trata de una resolución dictada por una autoridad fiscal mediante la cual se establece una disposición de carácter general, cuya publicación se realizó atendiendo a lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, y en el diverso 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, pero que en manera alguna se rige por lo dispuesto en el artículo 35 del ordenamiento citado ni, menos aún, en el párrafo penúltimo del propio artículo 33. Los referidos preceptos señalan:

"(se transcriben)

"Como se advierte de los preceptos antes transcritos, debe distinguirse entre los criterios de carácter interno que emiten las autoridades fiscales, con el fin de lograr el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, previstos en los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del citado código tributario, y las disposiciones de observancia general que una específica autoridad hacendaria puede emitir, las cuales encuentran su origen en una habilitación legal mediante la cual el Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en los artículos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución General de la República -en ejercicio de sus atribuciones para distribuir los negocios del orden administrativo entre los órganos que integran la administración pública federal centralizada-, faculta a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia general como sucede, en el caso, en virtud de lo previsto en el artículo 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

"En efecto, la atribución que se confiere a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las diferentes normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de alguna norma de esa naturaleza y, en su caso, de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. Es decir, se trata de la difusión del alcance que conforme al criterio de una autoridad fiscal debe darse a una disposición general, sin que tal interpretación sea vinculatoria para los gobernados, lo que se explica porque no son actos producto del ejercicio de una potestad normativa que permite establecer nuevos supuestos y las correspondientes consecuencias de derecho, sino simplemente de interpretaciones administrativas.

"...

"Entonces, al tratarse de actos de diversa naturaleza, no existe razón alguna para considerar que las disposiciones de observancia general agrupadas en la Resolución Miscelánea Fiscal se rigen por lo previsto en los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación, ya que estos numerales se refieren exclusivamente a los criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emita el Presidente del Servicio de Administración Tributaria, las que son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, en virtud de una sentencia dictada en alguno de los medios de defensa jurisdiccionales que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos total o parcialmente, por no respetar los principios que rigen su emisión."

Así, de acuerdo con lo anterior, en materia tributaria existen criterios de carácter interno que emiten las autoridades fiscales con el fin de lograr el debido cumplimiento de las disposiciones tributarias, lo que encuentra su fundamento en los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del citado código tributario, como en el caso son los criterios no vinculativos y, en ese mismo tenor, se distinguen de las disposiciones de observancia general, como son las misceláneas fiscales, las cuales encuentran su origen en una habilitación legal mediante la cual el Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en los artículos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución General de la República, facultan a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia general.

Además, la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las diferentes normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa; por lo cual, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, son ilustrativas sobre el alcance de alguna norma de esa naturaleza y, en su caso, de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes.

Ahora bien, si en el caso se trata de la reclamación de un criterio no vinculativo realizado por una autoridad fiscal, respecto de diversas disposiciones fiscales, tal interpretación no es vinculatoria para los gobernados, lo que se explica porque no son actos producto del ejercicio de una potestad normativa que permite establecer nuevos supuestos y las correspondientes consecuencias de derecho, sino simplemente de interpretaciones administrativas.

En esa medida, los criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, aunque sí podrán derivar derechos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Luego, en el caso, el criterio no vinculativo, de manera alguna genera obligaciones para los particulares, por lo que no se afecta el interés jurídico o legítimo de la quejosa, pues dicho criterio es sólo una opinión que emiten las autoridades fiscales, sin ninguna obligatoriedad para el gobernado.

Además, no podría ser de otra manera, porque la propia ley le otorgó esa naturaleza, tal como se define en los artículos 33, fracción I, inciso h) y 35, ambos del Código Fiscal de la Federación, y lo corrobora el criterio invocado.

Por tanto, el hecho de que se alegue que la sola emisión del criterio no vinculativo causa una afectación a la esfera jurídica del gobernado, porque en caso de que elija no aplicar la norma reclamada, se genera que la autoridad haga efectivo el apercibimiento emitido en el criterio no vinculativo resulta infundado, porque su naturaleza es sólo una opinión de una determinada autoridad fiscal, sin obligatoriedad alguna.

En esa medida, al no tener carácter obligatorio el criterio no vinculativo, es indudable que no afecta derechos sustantivos porque, dada su naturaleza, no resulta obligatorio, por más que en él se contenga un apercibimiento, máxime que sólo es un criterio de interpretación, sin que sea una norma de observancia general.

Tampoco obsta a lo anterior, el argumento relativo a que basta que se ubique en el supuest

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27627-b96b3e75/criterio-no-vinculativo-27-isr-nv-contenido-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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