INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL IMPUTADO PARA PROMOVERLO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (SISTEMA PENAL ACUSATORIO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTES: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 1 de septiembre de 2021, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 63/2019, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
Determinada la existencia de la contradicción de tesis, el problema consiste en dilucidar si el imputado tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución del Juez de Control que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación.
I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de febrero de 2019,(1) el Magistrado Gustavo Gallegos Morales, presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicho Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión 484/2018; y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/2 (10a.), publicada el viernes 7 de diciembre de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación.
2. En el amparo en revisión 484/2018, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso. El Tribunal Colegiado explicó que, contrario a lo argumentado por el Juez de Distrito en el acto reclamado, el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de la resolución del Juez de garantía de partido judicial que revoca la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la investigación instruida al quejoso, y ordena continuar con la etapa de investigación inicial.
3. La denuncia de contradicción fue presentada en contra del criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja penal número 7/2017.
4. En el recurso de queja penal 7/2017, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito declaró infundada la queja y desechó la demanda de amparo. El Tribunal Colegiado consideró que la quejosa carece de interés jurídico para instar al juicio de amparo indirecto(2) promovido en contra de la determinación del Juez de Control que revocó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público, y ordenó continuar con la investigación.
5. Trámite de la denuncia. Por auto de 25 de febrero de 2019,(3) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la presente contradicción de tesis, solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito que remita por medio de MINTERSCJN la versión digitalizada del original y, de ser el caso, copia certificada de las ejecutorias relativas a los recursos de queja 2/2017, 7/2017, 8/2017, 20/2017 y 137/2017 de su índice, así como del proveído en el que informe si el criterio sustentado en dichos asuntos se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados, además de señalar las razones que sustentaran las consideraciones respectivas. Finalmente, que una vez integrado el expediente, se turnara para su estudio al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
6. Por acuerdo de 8 de marzo de 2019,(4) el Ministro presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el registro de ingreso del mismo. Asimismo, se tuvo por integrada la presente contradicción de tesis por lo que ordenó remitir el asunto a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de distinto circuito, en la que no se requiere la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.(5)
III. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo, al ser realizada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito que, al resolver el amparo en revisión 484/2018, determinó conceder el amparo al quejoso al considerar que el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de la resolución del Juez de la causa penal que revoca la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la investigación instruida al quejoso, y ordena continuar con la etapa de investigación inicial. Este criterio forma parte de la denuncia de contradicción.
IV. CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES
9. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, así como constatar que el estudio sea procedente, es conveniente hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.
A) Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 484/2018.
- Antecedentes
10. ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de la determinación de 7 de junio de 2018, dictada en audiencia oral por el Juez de Garantías del Partido Judicial.(6) En la resolución impugnada, dicho juzgador determinó fundado el recurso de impugnación interpuesto por la víctima contra la determinación de archivo definitivo por No delito emitida por el órgano ministerial y, con ello, reabrió la investigación seguida en contra del quejoso(7) a fin de que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, y declaró nula la determinación de archivo definitivo.
11. Correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California.(8) En acuerdo de 27 de junio de 2018, la demanda de amparo fue desechada al advertir que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo.(9) El juzgador consideró que el acto combatido no es de aquellos de imposible reparación.
12. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de queja en contra de la determinación anterior, de la cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, quien determinó fundada la queja.(10)
13. En cumplimiento, el 24 de octubre de 2018 el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo indirecto, al advertir que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5o. de la Ley de Amparo;(11) pues estimó que el acto reclamado no produjo afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. En ese sentido, el Juez de Distrito consideró que el quejoso carece de interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto en contra de la determinación del Juez de Garantías que revocó la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal y ordenó continuar con la etapa de investigación inicial.
14. El juzgador señaló que ni la Constitución Federal ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la continuación de una carpeta de investigación, aun cuando se considere su participación en el hecho delictivo; afirmó que estimar lo contrario sería anteponer el interés particular al de la sociedad.
15. Añadió que la decisión de revocar el no ejercicio de la acción penal no actualiza perjuicio actual al quejoso, pues sus efectos no son de imposible reparación, es decir, que pueden ser desvirtuados o contrarrestados dentro de la misma etapa de investigación desformalizada, a partir del ofrecimiento y desahogo de datos de prueba, en los términos y requisitos que fijen las leyes.
16. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del Juez de Distrito. El asunto se registró con el número 484/2018 y fue turnado para su estudio al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
- Razonamiento del Tribunal Colegiado
17. En el amparo en revisión 484/2018 referido, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso. Estimó que no se actualiza la causal de improcedencia alegada, puesto que el amparo indirecto sí es procedente en contra de la resolución del Juez de Garantías que revoca la determinación de no ejercicio de acción penal emitida por el órgano ministerial y ordena la reapertura de la investigación seguida en contra del quejoso.
18. El Tribunal Colegiado explicó que la resolución de 7 de junio de 2018, dictada por el Juez de Garantías del Partido Judicial, donde se revoca la determinación de archivo definitivo por no ejercicio de la acción penal, sí afecta la esfera jurídica del quejoso. A juicio del Tribunal Colegiado, en virtud de la determinación de no ejercicio de la acción penal se creó un estado jurídico a favor del quejoso, al dejar de tener la calidad de indiciado. Continuar bajo la categoría procesal de indiciado deja al quejoso en estado de inseguridad jurídica respecto a su situación.
19. La resolución que revoca la determinación de archivo por no delito del Ministerio Público y ordena dar oportunidad a la víctima de aportar un dictamen para determinar si se acreditó el delito en cuestión y la participación del indiciado en su comisión, indudablemente constituye una decisión susceptible de violentar derechos fundamentales del quejoso y, consecuentemente, en su contra procede el juicio de amparo indirecto. Dicha determinación incide de manera directa en la continuación de la averiguación previa y, por ende, en la libertad del procesado; por lo que es necesario que el Juez responsable analice su constitucionalidad.
20. El Tribunal Colegiado determinó inaplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de esta Primera Sala, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA."(12)
21. El Tribunal Colegiado argumentó que la jurisprudencia en cita constituye un caso distinto al analizado. Mientras que, en el caso aludido en la tesis de jurisprudencia de esta Sala, la resolución reclamada deriva del procurador general de Justicia, es decir, constituye un acto emitido dentro de la misma averiguación previa; en el presente asunto, la resolución reclamada deriva de un órgano jurisdiccional, lo cual, obliga a analizar la procedencia del amparo en su contra con base en un parámetro legal distinto.
B) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja penal 7/2017 (y reiterado en los recursos de queja 2/2017, 8/2017, 20/2017 y 137/2017)
- Antecedentes
22. ********** promovió demanda de amparo indirecto en contra de la determinación de 18 de noviembre de 2016, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo revocó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal por el delito de discriminación simple dictado por el órgano ministerial,(13) y ordenó continuar con la investigación hasta saber el motivo por el cual se negó el acceso a ********** a pertenecer al **********.
23. Del asunto correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua(14) quien, en resolución de 14 de diciembre de 2016, determinó desechar la demanda al advertir que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.(15) El Juez de Distrito consideró que el acto reclamado por la quejosa no le causa perjuicio irreparable, es decir, no le produce afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo. El Juez de Distrito explicó que el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. Los actos verificados durante esta etapa no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, pues son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la etapa de investigación complementaria.
24. De lo contrario, se vería obstaculizada injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito y la probable responsabilidad del indiciado. El acto reclamado por la quejosa, a juicio del Juez de Distrito, sólo produce efectos intraprocesales y no una afectación en grado predominante o superior, de ahí que no proceda en su contra el juicio de amparo indirecto. Al no haber señalado como acto reclamado en el juicio de amparo el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación, no procede la demanda de garantías.(16)
25. Se apoyó en la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de esta Primera Sala, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA.", citada en supra líneas.
26. Inconforme, la quejosa promovió recurso de queja en contra del auto de 14 de diciembre de 2016. Del recurso de queja correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien registró el asunto bajo el número 7/2017.
- Criterio del Tribunal Colegiado
27. Al resolver el recurso de queja 7/2017, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito declaró infundada la queja y desechó la demanda de amparo. El Tribunal Colegiado descartó la actualización de la causal de improcedencia advertida por el Juez de Distrito, sin embargo, consideró que se actualizaba la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo,(17) puesto que la quejosa carece de interés jurídico para instar al juicio de amparo indirecto.
28. Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal Colegiado argumentó que el acto reclamado en el juicio de amparo –la resolución dictada por el Juez de Control en la que revoca la determinación de no ejercicio de la acción penal– es un acto dictado dentro de la etapa de investigación, previo al proceso penal y, por tanto, se trata de una resolución dictada con anterioridad al juicio y no dentro del mismo. De conformidad con lo establecido por el artículo 170 de la Ley de Amparo,(18) el juicio penal comienza con la audiencia inicial, es decir, una vez concluida la etapa de investigación. En ese sentido, la causal de improcedencia respecto de actos que no son de imposible reparación sólo se actualiza cuando lo reclamado en el juicio es dictado durante la tramitación del mismo.
29. No obstante, el Tribunal Colegiado advirtió que en el caso se actualiza diversa causal de improcedencia –la contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo–, puesto que la quejosa no tiene interés jurídico o legítimo para instar al juicio de amparo indirecto.
30. El acto reclamado en el juicio de amparo revoca la determinación de no ejercicio de la acción penal a efecto de que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, es decir, sólo ordena que continúe la investigación; lo cual, no afecta derechos sustantivos de la quejosa. No existe legislación o mandato constitucional que otorgue el derecho a los gobernados de oponerse a la continuación de una investigación, ello implicaría anteponer el interés particular a una cuestión de orden público.
31. Máxime que, explica el Tribunal Colegiado, durante la etapa de investigación inicial no se priva al imputado de demostrar que los hechos no constituyen delito. Una posible afectación a los derechos del imputado se actualizaría hasta que se emita una orden de aprehensión o bien, un auto de vinculación a proceso. La continuación de la labor fundamental del órgano ministerial encuentra fundamento en el artículo 21 constitucional. Puesto que la determinación de no ejercicio de la acción penal puede ser confirmada o revocada por las autoridades judiciales, mientras dicha resolución se encuentre sub júdice, el indiciado no ha perdido esa calidad jurídica.
32. Aunado a lo anterior, el Tribunal Colegiado aseguró que, conforme a los precedentes de esta Sala, no puede sostenerse que a la quejosa le causa perjuicio actual la determinación ministerial en cuestión, si sus efectos no son de imposible reparación, ya que las pruebas que se recaben durante la etapa de investigación podrán ser desvirtuadas o contrarrestar sus efectos con las pruebas de descargo o argumentos de la defensa. El momento en que podría verse afectada la esfera de derechos de la quejosa es hasta que la autoridad judicial libre orden de aprehensión o posible vinculación a proceso.
33. Consideró aplicable la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), de título y subtítulo: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DE CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO."(19)
34. De lo resuelto en el asunto que se analiza –recurso de queja 7/2017 y reiterado en los recursos de queja 2/2017, 8/2017, 20/2017 y 137/2017–, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el 7 de diciembre de 2018, el órgano colegiado publicó la tesis de jurisprudencia de título, subtítulo y texto siguientes:
"RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el Ministerio Público determina, entre otros, el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido del delito podrá impugnarla ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá en definitiva; por lo que, en caso de que dicho juzgador revoque esa determinación ministerial, dejándola sin efectos para que se siga con la investigación respectiva, esa resolución judicial no causa perjuicio al imputado por no afectar su interés jurídico, ya que tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno, ni sus efectos son de imposible reparación, por lo que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. De ahí que el juicio de amparo indirecto es improcedente por falta de interés jurídico, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo."
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
35. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la contradicción denunciada es existente. Para sustentar la anterior consideración, en principio, es importante mencionar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado jurisprudencialmente los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de tesis:(20)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
36. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que les fueron presentados, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
37. En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 484/2018, consideró que la parte quejosa sí tiene legitimación para instar al juicio de amparo indirecto, promovido en contra de la resolución judicial que revoca la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el órgano ministerial, y ordena la reapertura de la investigación seguida en contra del quejoso.
38. A juicio del Tribunal Colegiado, la resolución que revoca la determinación de archivo definitivo por no ejercicio de la acción penal, sí afecta la esfera jurídica del quejoso. Esto es así, pues en virtud de la determinación de no ejercicio de la acción penal se creó un estado jurídico a favor del quejoso, quien dejó de tener la calidad de indiciado. Dicha determinación incide de manera directa en la continuación de la averiguación previa seguida en contra del quejoso y, en consecuencia, en la libertad del procesado.
39. Así, a juicio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, la determinación judicial que revoca el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público es una determinación susceptible de violentar derechos fundamentales del procesado. Por lo cual, es impugnable por el procesado vía amparo indirecto.
40. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja penal 7/2017, consideró que la quejosa no tiene interés jurídico o legítimo para acudir al juicio de amparo indirecto, promovido en contra de la determinación judicial que revoca el acuerdo ministerial de no ejercicio de la acción penal, y ordena que la investigación seguida en contra de la quejosa continúe.
41. A juicio del Segundo Tribunal Colegiado, dicha determinación judicial no vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa, pues sólo ordena que continúe la investigación a efecto de recabar y desahogar diversos medios de prueba. En todo caso, podría haber afectación material a los derechos fundamentales de la parte quejosa hasta que se dicte una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso.
42. Criterio que derivó en la tesis de jurisprudencia de rubro: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO."
43. De lo anterior, es claro que ambos Tribunales Colegiados ejercieron arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo; lo cual, permite considerar actualizado el primer requisito.
44. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido. Del estudio de las sentencias denunciadas como contradictorias, se advierte que ambos Tribunales Colegiados sostuvieron distintas líneas argumentativas en relación con el interés jurídico del imputado -quejoso- para efectos de la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto al impugnar la determinación judicial que revoca el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la investigación y ordena la reapertura de la investigación seguida en su contra.
45. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito expresamente determinó inaplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de esta Primera Sala, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA.", mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito fundó su criterio en dicha tesis de jurisprudencia.
46. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito publicó la jurisprudencia de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO.". Este criterio que se contrapone al sostenido por el Tribunal Colegiado contendiente.
47. Tercer requisito: Que la existencia de la contradicción entre los criterios jurídicos de lugar a la formulación de una pregunta. Esta Primera Sala también ha determinado que, una vez que se advierte la existencia de un punto de choque o de contradicción entre los criterios jurídicos sustentados es necesario que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
48. Situación que también se advierte en el caso, pues los criterios sustentados dan lugar a responder el siguiente cuestionamiento: ¿El imputado cuenta con interés jurídico para promover el amparo indirecto en contra de la resolución del Juez de Control que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación?
VI. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER
49. Esta Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria, por las razones que se expondrán a continuación.
50. Por metodología, esta Sala realizará el análisis del presente asunto en el orden que sigue: A) La determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el órgano ministerial en la etapa de investigación –inicial y complementaria– bajo el sistema penal acusatorio; B) El parámetro constitucional del derecho de acceso a la justicia y derecho a un recurso efectivo; y, C) La procedencia del juicio de amparo indirecto y la conclusión para el presente caso.
51. Como una cuestión previa, se advierte que los Tribunales Colegiados citaron –para separarse o para fortalecer sus consideraciones– la jurisprudencia 1a./J. 87/2008 de esta Primera Sala, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30509-c82aa242/interes-juridico-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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