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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, SIN QUE SE HAYA DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 96/2023. · Registro digital (IUS): 32306
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-04-05
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo III, Pág.3158.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 96/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 2 DE FEBRERO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DEL MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

B. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales; así como el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

C. LEGITIMACIÓN

14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

I. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

15. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de ha interpretado que los requisitos(3) para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se satisface el requisito.

17. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.

a) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el amparo directo 323/2022 de las características siguientes:

18. El dos de agosto de dos mil veintidós, el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro de la causa penal **********, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de **********, bajo el argumento que no existieron en su contra datos de prueba suficientes para establecer que se cometió el hecho con apariencia de delito de Daño en Propiedad Ajena por Incendio, previsto y sancionado en los artículos 227 y 229, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, ni la probabilidad de que lo hubiese cometido o participado en su comisión, sin que en el caso se hubiere decretado sobreseimiento en la causa.

19. Inconformes con dicha determinación, las víctimas señaladas dentro de la citada causa interpusieron recurso de apelación por conducto de su asesora jurídica, del que conoció la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado Baja California, dentro del toca penal **********, en la que confirmó el auto impugnado el veintinueve de septiembre de dos mi veintidós.

20. Mediante escrito presentado el uno de noviembre siguiente, las víctimas, por conducto de su asesora jurídica, promovieron demanda de amparo directo contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali; de la que conoció dicho órgano colegiado, misma que el diez de noviembre de dos mil veintidós admitió a trámite y ordenó su registro bajo el consecutivo 323/2022, únicamente por cuanto hacía a la Sala mencionada.

21. Así, por auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés se turnaron los autos al Magistrado relator para proyecto de resolución.

22. Dicho órgano colegiado, precisó que de la lectura del acto reclamado, la Sala responsable confirmó el auto de no vinculación a proceso, sin que se apreciara que el Juez de Control hubiere decretado el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria, como lo señala el numeral 328, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinación en contra de la cual no procede el amparo en la vía directa como se pretendía.

23. Sostuvo lo anterior de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a), V, inciso a) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 33, fracción II, 34, 37, 45 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; así como el 319, 327 y 328, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

24. Destacó que de tales numerales se advierte la legal competencia de Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer del juicio de amparo en la vía directa, contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; entendiéndose por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; y en materia penal lo serán, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, las cuales podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

25. Precisó que dicho auto, de conformidad con lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue dictado al no reunirse los requisitos señalados en el propio Código para dictar uno de vinculación; es decir, al considerar que no existían datos de prueba suficientes para decretar en su contra la vinculación a proceso, incluso el juez de control adujo en audiencia, que dicho auto no era una sentencia definitiva, dado que el fiscal podía ejercer de nueva cuenta su acción ante el juez de control, de existir nuevos datos para ello, sin que se hubiera advertido que decretara el sobreseimiento por alguna de las causas que señala el artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

26. Consideró que el acto que se reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no participa de la naturaleza de una sentencia definitiva que hubiera decidido el juicio en lo principal, que hubiera puesto fin al juicio o bien, que sin decidirlo en lo principal lo hubiera dado por concluido; tampoco se trata de una sentencia condenatoria, ni es de aquellas en que se hubiere declarado expresamente la absolución del imputado; ni de una determinación en que se hubiere decretado expresamente el sobreseimiento; sino que por el contrario se trata de un auto de no vinculación a proceso, respecto del cual, el juez de control, al emitirlo puntualizó, que no se trataba de una sentencia definitiva y por el contrario era posible que el fiscal al continuar con la investigación, eventualmente judicializara por dicho imputado, la investigación correspondiente, por lo que, resultaba evidente que no fue intención de la autoridad dar por concluido el asunto.

27. Así, al no actualizarse ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dicha determinación no era reclamable en la vía directa; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo, donde se reclamara un acto de autoridad distinto a los señalados, recaía en los Jueces de Distrito, de conformidad con el contenido del numeral 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y no en los Tribunales Colegiados de Circuito.

28. Razonamiento que apoyó con la tesis I.1o.P.111 P (10a.), de rubro: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA SIN DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO."

29. Finalmente, determinó que carecía de competencia para conocer y resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que, declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito, con sede en esa ciudad, para que se continuara el conocimiento del juicio de amparo y, en su caso, se resolviera lo que en derecho corresponda.

b) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, resolvió el amparo en revisión 130/2022 de las características siguientes:

30. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, dictó auto de no vinculación a proceso dentro de la carpeta judicial **********, iniciada contra **********, por el delito de Difamación, previsto por el artículo 344 del Código Penal del Estado de Nuevo León.

31. Inconforme con esa determinación la víctima, presentó recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Undécima Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, quien el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, al resolver el toca penal **********, confirmó el auto de no vinculación a proceso recurrido.

32. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, la víctima en comento promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos que precisó como:

"III. AUTORIDAD RESPONSABLE.

"UNDÉCIMA SALA UNITARIA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

"Quien tiene su domicilio público y conocido en los términos de la Segunda parte del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, motivo por el que no tengo obligación de señalarlo, sin embargo, puedo decir que se ubica en Juan I. Ramón y Zaragoza s/n, zona centro Monterrey, Nuevo León.

"IV. ACTOS RECLAMADOS:

"1. LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTÓ EN EL TOCA PENAL **********, DE LA UNDÉCIMA SALA UNITARIA PENAL del h. Tribunal Superior de Justicia del Estado, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, MISMA QUE SE NOTIFICÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, respecto de la carpeta judicial **********, en contra de ********** por el delito de difamación, en donde el quejoso es víctima.

"Violando con su actuar ilegal y arbitrario el derecho fundamental a una correcta y efectiva aplicación de la justicia, violentando los derechos de las víctimas."

33. Por razón de turno correspondió el conocimiento al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, mismo que admitió a trámite la demanda de amparo con el número **********.

34. El catorce de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional y el trece de mayo siguiente se dictó la resolución en la que concedió el amparo al quejoso contra el acto que reclamó de la Undécima Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, consistente en la resolución dictada en el toca de apelación **********.

35. Inconforme con lo anterior, la víctima interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turnó correspondió conocer el órgano colegiado de referencia, lo admitió por auto de presidencia el diecisiete de junio de dos mil veintidós, con el número de expediente 130/2022.

36. Por acuerdo de presidencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, se turnó el asunto al Magistrado relator, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

37. Dicho Tribunal Colegiado, consideró que se violentaron las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, que inciden en la competencia del juez de Distrito y obligan a decretar la insubsistencia de la sentencia recurrida y las actuaciones practicadas a partir del auto de admisión de la demanda de amparo.

38. Mencionó que en la audiencia de ley, la jueza de Control estimó que una vez escuchadas las manifestaciones de las partes y analizados los datos de prueba presentados por el asesor jurídico, advertía que el accionante precisó que el hecho con características de delito que se suponía acreditado era Difamación, previsto en el artículo 344 del Código Penal del Estado de Nuevo León, el cual consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a otra persona física o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien.

39. Señaló que la jueza de control consideró que se entendía perfectamente que en el caso, por una cuestión de descrédito a su persona, estableciendo el significado literal de la palabra honor, la cual según el diccionario en un primer término se refiere a la cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente y cumpliendo con deber y de acuerdo con su moral; la otra acepción es la que se tiene como respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona, estimando la resolutora que en ésta es donde iba dirigida la teoría del caso de la asesoría jurídica privada; asimismo, la juzgadora estableció el significado de la palabra deshonra, la cual establece en primer término una pérdida o disminución de la honra o el honor y en su segundo término, se refiere a un dicho o hecho deshonroso.

40. Refirió que la jueza de primer grado puntualizó que en el caso se estableció por parte del accionante privado que en dos oportunidades, es decir, el cuatro y cinco de noviembre de dos mil diecinueve, una persona hizo diversas publicaciones en la red social "**********", las cuales incluían información inherente a una carpeta de orden penal en la cual se había vinculado a proceso a otra persona, asimismo, manifestó que nunca dejaría de perseguirlo de cierta manera; sin embargo, la jueza de Control consideró que conforme a los datos de prueba expuestos por el asesor jurídico privado, se necesitaba un acto tangible de que efectivamente este hecho lo haya afectado deshonrosamente, considerando que ninguno de los datos aportados acreditaba la deshonra o descrédito, por lo que el solo hecho de publicar, lo haya expuesto y lo haya deshonrado, con la afectación que suponía el asesor jurídico, en virtud de ser un delito de orden al honor y no patrimonial.

41. La juzgadora agregó que, si bien se mencionaba la participación de un entrevistado, no se establecía que tenía conocimiento de las publicaciones, si le era conocido a cierta persona y por otra parte, consideró que a pesar de todas esas documentales que adujo el asesor jurídico, no había un dato fidedigno que esclareciera que por la sola publicación en dicha red social se haya establecido esta interrupción de contratos y descrédito, lo cual no era materia de análisis en esa audiencia, ya que se estaba analizando el honor de una persona.

42. Concluyó la juzgadora que aunque once personas diferentes dieron "like" a esta publicación y cuatro la replicaron, tampoco se desprendía un dato objetivo de que haya establecido un resultado de deshonra o descrédito, por lo que, estableció que los datos de prueba que fueron mencionados por el accionante privado no son inherentes para acreditar el hecho con característica de delito de difamación, por ello estimó la no vinculación a proceso.

43. El órgano colegiado resaltó que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende la regla general sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, entre otros supuestos, contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación (fracción V); mientras que del diverso artículo 170 de la propia Ley de Amparo, deviene la regla de que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; acotando la definición en cuanto a que por sentencia definitiva o laudo, son las que decidan el juicio en lo principal, en tanto que por resoluciones que pongan fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.

44. Por lo que, en ese último supuesto de la procedencia del juicio de amparo directo, se ubican los actos reclamados por la víctima.

45. En virtud que el último párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo señala que para efectos de esa propia ley, en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control.

46. El numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal comprende la etapa de investigación tanto inicial como complementaria, la etapa intermedia y la de juicio.

47. Asimismo, dicho numerario dispone que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. A la vez señala, que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia.

48. Así, el órgano revisor consideró que atendiendo a que el acto reclamado consistía en la resolución emitida por la Undécima Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido por la Jueza de Control y de Juicio Oral del Estado, al estimar que los datos de prueba que fueron mencionados por el accionante privado no eran inherentes para acreditar el hecho con característica de delito de difamación, esa determinación puso fin al proceso que se siguió en la carpeta judicial, pues sin decidirla en lo principal, la dio por concluida, por no reunirse alguno de los requisitos para su dictado.

49. En consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito, declaró insubsistente la resolución recurrida y todo lo actuado desde el auto de admisión en el juicio de amparo indirecto del que derivó ese recurso de revisión, asimismo, se imponía que dicho órgano asumiera competencia y se avocara al conocimiento de la demanda de amparo en la vía directa.

50. Apoyó su determinación con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXV/2015 (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMADOS EN LA VÍA DIRECTA, DEBERÁ DECLARARLA INSUBSISTENTE Y AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA VÍA DIRECTA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

51. La anterior relatoría muestra que los Tribunales Colegiados relacionados con la contradicción de criterios, al pronunciar sus decisiones, se vieron en la necesidad de emplear el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada de cada caso que sometieron a su consideración.

52. Esto es, en ambos casos, ejercieron un razonamiento jurídico para determinar cuál es la vía (directa o indirecta) que procede contra la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal.

53. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. El segundo requisito se cumple respecto del Tribunal Colegiado cuyo criterio se resumirá como postura "A", con el Tribunal Colegiado que representa la postura "B". 54. Así, este Pleno Regional considera que existen dos posturas contradictorias diversas definidas con claridad en esta contradicción, entre las cuales existe un punto de toque.

55. Por un lado, se identificará como postura "A" a la defendida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (amparo directo 323/2022) y como postura "B", a la sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito (amparo en revisión 130/2012).

56. Tribunal Colegiado de la postura A. El órgano colegiado adherente a esta postura, en principio, señaló que la Sala responsable confirmó el auto de no vinculación a proceso, sin que el Juez de Control hubiere decretado el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria como lo señala el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinación en contra de la que no procede el amparo en la vía directa.

57. Precisó que de la lectura de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso a) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34, 37, 45 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 319, 327 y 328, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía directa, contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo.

58. Destacó que debe entenderse por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; y en materia penal serán las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, las que podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

59. Así, precisó que el acto reclamado es la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la asesora jurídica de las víctimas en contra del auto de no vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de Daño en Propiedad Ajena por Incendio, previsto y sancionado por los artículos 227, en relación con el 229, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California.

60. Señaló que dicho auto conforme a lo establecido en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue dictado al no reunirse los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, pues no existían datos de prueba suficientes para decretarlo; incluso el juez de control adujo que dicho auto no era una sentencia definitiva, dado que el fiscal podía ejercer de nueva cuenta su acción ante el juez de control, de existir nuevos datos, y que de sus manifestaciones no se advierte que decretara el sobreseimiento por alguna de las causas que señala el artículo 327, del mismo ordenamiento.

61. Por tanto, interpretó que el acto reclamado no tiene naturaleza de una sentencia definitiva que hubiere decidido el juicio en lo principal, que hubiere puesto fin al juicio o bien, que sin decidirlo en lo principal lo hubiere dado por concluido, no se trata de una sentencia condenatoria, ni es de aquellas en que se hubiere declarado expresamente la absolución del imputado; tampoco una determinación en que se hubiere decretado expresamente el sobreseimiento.

62. Por el contrario, es un auto de no vinculación a proceso, respecto del cual el juez de control puntualizó no se trataba de una sentencia definitiva; el fiscal al continuar con la investigación, eventualmente judicializara por el imputado, la investigación respectiva, lo que pone de manifiesto que no fue intención dar por concluido el asunto.

63. En ese sentido, destacó que al no actualizarse ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dicha determinación no es reclamable en la vía directa; por lo que, la competencia para conocer del juicio de amparo, donde se reclame un acto de autoridad distinto a los señalados recae en los Jueces de Distrito, de conformidad con el contenido del numeral 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo anterior con apoyó en lo conducente con la tesis de rubro: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA SIN DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO."

64. Concluyó que conforme a lo establecido en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción II, 34, 37 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicho Tribunal Colegiado carecía de competencia para conocer y resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que, en términos de los artículos 35 y 45, de la Ley de Amparo, declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito, con sede en esa ciudad, para que se continuara con el conocimiento del juicio de amparo y, en su caso, se resolviera lo correspondiente.

65. Tribunal Colegiado de la postura B. El Tribunal Colegiado de tal postura señaló que se violentaron las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, que inciden en la competencia del juez de Distrito, lo que obligaba a decretar la insubsistencia de la sentencia recurrida y las actuaciones practicadas a partir del auto de admisión de la demanda de amparo.

66. Precisó que la víctima reclamó de la Undécima Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, la resolución que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido por la Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, respecto del delito de Difamación, previsto en el artículo 344 del Código Penal del Estado.

67. Señaló que en la audiencia de ley, la juez de Control estimó que escuchadas las manifestaciones de las partes y analizados los datos de prueba se advertía que el hecho con características de delito que se suponía acreditado era Difamación, consistente en comunicar dolosamente a una o más personas la imputación que se le hace a otra persona física o moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pudiera causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien.

68. Destacó que la juez de Control consideró que se entendía perfectamente que en el caso, se trataba de una cuestión de descrédito a su persona; la palabra honor, según el diccionario se refiere como una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente y cumpliendo con deber y de acuerdo con su moral; otra acepción es la que se tiene como respeto y buena opinión, se tiene de las cualidades morales y dignidad de una persona; así la jueza estimó que en ésta es donde iba dirigida la teoría del caso de la asesoría jurídica privada; de igual forma, estableció el significado de la palabra deshonra, la que establece una pérdida o disminución de la honra o el honor, y además, se refiere a un dicho o hecho deshonroso.

69. Que la resolutora de primer grado puntualizó que en el caso, el accionante privado estableció dos momentos, a saber, el cuatro y cinco de noviembre de mil diecinueve el imputado hizo diversas publicaciones en "**********", las cuales incluían información inherente a una carpeta penal en la cual se había vinculado a proceso a una persona, hizo acepciones en cuanto a que nunca dejaría de perseguirlo.

70. La juez de control señaló que conforme a los datos de prueba expuestos por el asesor jurídico privado, se necesitaba un acto tangible en cuanto a que el hecho haya afectado deshonrosamente al sujeto pasivo; considerando que ninguno de los datos acreditaban la deshonra o descrédito, ya que con el solo hecho de publicar, exista una afectación, en virtud que se trata de un delito de honor y no patrimonial.

71. Si bien, se menciona la participación de un entrevistado, no se establece por qué tiene conocimiento de las publicaciones; a pesar de las documentales que fueron aducidas por el asesor jurídico no hay un dato fidedigno que demuestre que por la sola publicación en "**********" se haya establecido una interrupción de contratos y descrédito, aspecto que se precisó no sería materia de análisis en esa audiencia, ya que se estaba analizando el honor de una persona.

72. Así, la juez de control concluyó que aun cuando varias personas dieron "like" a esa publicación y cuatro la replicaron, no se desprendía un dato objetivo de que haya establecido un resultado de deshonra o descrédito, por tanto, estableció que los datos de prueba no son inherentes para acreditar el hecho con característica de delito de difamación, por ello estimó la no vinculación a proceso.

73. Por lo anterior, el órgano colegiado, señaló que del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende la regla sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación –fracción V–. En el diverso precepto 170, del mismo ordenamiento, la regla relativa a que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo.

74. Acotando que por sentencia definitiva o laudo, se entiende a aquellas que decidan el juicio en lo principal, en tanto que por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.

75. Destacó que en el supuesto de la procedencia del juicio de amparo directo,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32306-1fd8f2e9/juicio-de-amparo-directo-es-improcedente-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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