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Modo: Corpus Pro

PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO ACTUALIZA DE FORMA NOTORIA Y MANIFIESTA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 104/2024. · Registro digital (IUS): 32875
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.608.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 104/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DEL MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA.

1. Contradicción de criterios penal 104/2024 denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, respecto de los criterios sustentados por ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 70/2024 y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 3/2022, cuyo criterio se reflejó en la tesis aislada II.3o.P.15 P (11a.), de rubro:

“PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE LA AUTORIZA A PETICIÓN DE LA FISCALÍA, AL NO SER NOTORIO NI MANIFIESTO QUE SOLAMENTE AFECTA DERECHOS ADJETIVOS DEL IMPUTADO O NO IRROGA LESIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES”.

2. La problemática jurídica que se precisó que debía resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consistió en determinar si se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Juez de Control que otorga una prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria, al no ser un acto de imposible reparación.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

3. Mediante oficio recibido en este Pleno el treinta de mayo de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

4. Por acuerdo de presidencia de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la denuncia, se ordenó registrar el expediente con el número de contradicción de criterios 104/2024. Respecto al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al ser denunciante se presumió la vigencia del criterio sostenido al resolver el recurso de queja 70/2024, asimismo, se advirtió que hizo disponible el expediente electrónico de dicho asunto y se le solicitó que informara, de ser el caso, si el criterio sustentado en el asunto de su índice, era superado o abandonado.

5. Por otra parte, se requirió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para que informara si continuaba vigente el criterio sustentado o si existía alguna condición que afectara la firmeza del mismo, adjuntara copia digital certificada de la ejecutoria respectiva y vinculara el expediente electrónico correspondiente; asimismo, se turnó electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.

6. De igual forma, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, quien informó mediante misiva DGCCST/X/553/06/2024, que no se encontraba contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

7. Mediante oficio A-11/2024, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito informó que el criterio sostenido al resolver el el recurso de queja 3/2022 se encontraba vigente, ordenó adjuntar copia digital certificada de dicha ejecutoria e hizo disponible la consulta del expediente electrónico.

8. Por auto de dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo por integrada la presente contradicción de criterios y se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto correspondiente.

PRESUPUESTOS PROCESALES.

A. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE.

9. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

10. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

B. COMPETENCIA.

11. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

12. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; así como el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

C. LEGITIMACIÓN.

13. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado Presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

I. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

14. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de ha interpretado que los requisitos(3) para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se satisface el requisito.

16. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.

a) El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, resolvió el recurso de queja 70/2024 de las características siguientes:

17. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Juicio Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, por el acto consistente en: “LA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO DE INVESTIGACIÓN “DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL **********.”

18. El veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, radicó el expediente ********** y desechó la demanda por notoriamente improcedente de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertir la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado es un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, puesto que aún no concluía la fase en que se emitió el pronunciamiento reclamado (investigación complementaria), por lo que, conceder la prórroga del plazo de investigación complementaria, no afecta materialmente derechos sustantivos de las partes.

19. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, lo admitió a trámite con el número 70/2024, y turnó los autos para la elaboración del proyecto correspondiente.

20. El órgano colegiado estimó que los agravios expresados por el quejoso eran inoperantes e infundados.

21. En razón que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como la vida, integridad personal, libertad, propiedad, entre otros, en virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió.

22. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados.

23. En contraste, los actos que no tienen una ejecución de imposible reparación en el juicio, se caracterizan porque la afectación relativa incide únicamente sobre derechos adjetivos o procesales, al vincularse con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento para obtener una resolución favorable, por lo que, al lograr ese objetivo, las violaciones se extinguen sin haber afectado los derechos sustantivos del quejoso, en caso de no obtener un fallo favorable al resolverse el medio de impugnación que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas en el amparo directo contra esa sentencia que pondrá fin al juicio.

24. Por lo que, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues tales actos para ser calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, o sea, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que:

1) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica formal que no necesariamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva; y,

2) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas, es decir, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos.

25. Indicó que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, son aquellos que de modo material afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales.

26. Estimó aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)”.

27. En ese sentido, dicho órgano colegiado indicó que el acto reclamado consistente en “LA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO DE INVESTIGACIÓN”, produjo únicamente efectos intraprocesales, ya que solamente otorgó más tiempo a la fiscalía para continuar la investigación, tiempo en el que también el imputado puede incorporar nuevos datos de prueba; por lo que, no puede catalogarse como acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente ningún derecho sustantivo.

28. Aunado a que, la parte quejosa consideró que ello podía violar su derecho a una justicia pronta y expedita; lo cual no se considera una violación que vulnere materialmente derechos sustantivos.

29. Al respecto, citó la tesis aislada IV.1o.P.27 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, de rubro: “ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO”.

30. Y la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO”.

31. Bajo ese contexto, el órgano colegiado coincidió con el Juez de Distrito, respecto a que el acto reclamado no constituía un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta en forma material derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y sus consecuencias sólo son de carácter intraprocesal.

32. En efecto, ya que la causa de improcedencia era notoria y manifiesta, pues el acto reclamado que se traducía en que se “prorrogara el plazo de la investigación complementaria”, para dar la oportunidad Ministerio Público de seguir obteniendo datos o medios de prueba, por sí mismo no es de ejecución irreparable, pues no se coarta ningún derecho humano del imputado de manera inmediata y material.

33. Máxime que él también podrá ofrecer datos o medios de prueba durante el plazo de investigación que fue conferido, tampoco le genera cargas injustificadas de ejecución inmediata que trastoquen derechos fundamentales, por tanto, contra la determinación que otorga una prórroga de investigación complementaria resulta improcedente el juicio de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, estos últimos aplicados en sentido contrario.

34. En ese orden, el tribunal colegiado contendiente, precisó que no compartía el criterio aislado II.3o.P.15 P (11a.) ya que se basa en que puede afectar el derecho de igualdad procesal de las partes; sin embargo, consideró una posible violación a los principios informadores de la prueba, como son los que deben regir las audiencias (contradicción, inmediación, oralidad, igualdad procesal y de armas, necesidad de la prueba, libertad de la prueba, pertenencia, idoneidad y utilidad o el principio dispositivo) residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal.

35. Aunado a que el auto que otorga una prórroga para la investigación complementaria no es de aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados, lo que puede advertirse desde el auto inicial.

36. De ahí que, compartía la tesis XI.P.4 P (11a.), del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, de rubro: “PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE OTORGARLA CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR DATOS DE PRUEBA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO”.

37. Finalmente, declaró infundado el recurso de queja interpuesto.

b) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resolvió el recurso de queja 3/2022 de las características siguientes:

38. Mediante escrito de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el defensor particular del quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, del Estado de México, por el acto relativo a la audiencia que concedió (por segunda ocasión) a la fiscalía la prórroga para el cierre de investigación complementaria.

39. Correspondió el conocimiento al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, lo registró con el número ********** y desechó la demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

40. Inconforme con lo anterior, la defensa particular del promovente interpuso recurso de queja, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo admitió a trámite con el número de queja 3/2022 y posteriormente turnó el expediente para la elaboración del proyecto correspondiente.

41. El Tribunal Colegiado indicó que la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, encargada del despacho por vacaciones del titular, precisó el acto reclamado como: “la resolución del veintinueve de noviembre del año en curso (sic), dictada en la causa penal 1325/2021, en que el juez responsable concedió, por segunda ocasión, una prórroga para el cierre de la investigación complementaria”.

42. Respecto del cual determinó actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

43. Al respecto, indicó que los agravios hechos valer por el quejoso eran fundados y suficientes para declarar fundado el recurso.

44. En efecto, ya que la determinación del A quo fue incorrecta, pues desechó la demanda de amparo indirecto, al estimar que en contra de dicha determinación, procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, numeral del cual se advierte que el recurso contiene dos requisitos de procedibilidad, a saber:

a) Procede contra resoluciones de mero trámite; y,

b) Que se resuelvan sin sustanciación.

45. En relación con el segundo requisito de procedencia, destacó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2019 estableció que desde la apreciación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sustanciación tiene un enfoque concreto y para su delimitación debía remitirse a la exposición de motivos, que en su parte medular, regulada en el punto trece, referente a los recursos indica textualmente:

“[...] El de revocación. Para decisiones de mero trámite, tomadas dentro o fuera de la audiencia; sin que en el primer supuesto haya precedido debate.”

46. Se enfatizó que el recurso de revocación es procedente contra determinaciones de mero trámite; sin embargo, en la propuesta legislativa se precisó que dichas resoluciones, no debían estar precedidas por debate entre las partes, si se dictaban dentro de audiencia. 47. En la exposición de motivos de la disposición legal que regula el recurso de revocación, como supuesto para su procedencia se planteó: “no deben estar precedidas por debate entre las partes”, sin embargo, el legislador lo sustituyó por el concepto “sin sustanciación”.

48. Refirió que una resolución sin sustanciación, es la determinación de mero trámite emitida de plano, ya que la norma procesal que rige el actuar del juzgador no exige ciertas formalidades como emplazar o notificar la petición de su contraparte, ni otorga un plazo para contestar tal petición, por tanto, el juzgador resuelve lo pedido de plano.

49. Así, buscando el fin del objeto del medio de impugnación, es inconcuso que la sustanciación a que se refiere el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implica que se trate de resoluciones emitidas de plano, por no existir en la norma procesal, una tramitación especial para su dictado, de manera que no se puede limitar únicamente a la falta de debate entre las partes contendientes, sino a la falta de un trámite específico previamente establecido.

50. Consideraciones que indicó se reflejan en la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘SIN SUSTANCIACIÓN’, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”.

51. En ese sentido, el órgano colegiado destacó que al resolver la “ampliación del plazo para el cierre de la investigación complementaria” solicitada por la fiscalía, el juez de control responsable celebró audiencia, para la cual convocó a las partes a efecto de generar debate y contradicción previo a resolver dicha petición, lo anterior, señaló pone de manifiesto que la solicitud formulada por la representación social se debatió en audiencia, a la cual fueron convocadas las partes, circunstancia que denota que lo ahí determinado por el juez de control responsable, se resolvió con sustanciación, por lo que resultaba improcedente interponer el recurso de revocación.

52. No obstante lo anterior, dicho tribunal colegiado precisó que se encontraba en aptitud de determinar si emergía una causa de improcedencia diversa a la analizada por el juzgado de Distrito, para que eso sucediera debía ser indudable y manifiesta, tal y como lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo.

53. Precisó que tal dispositivo prevé la posibilidad de desechar la demanda de amparo, cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción.

54. En ese tenor, si bien pudieran existir diversas causas sobre la improcedencia del juicio de amparo, necesariamente no dan lugar al desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales.

55. De ahí que, el tribunal colegiado mencionó que del análisis oficioso del asunto consideró la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

56. Sin embargo, para estimar que se surtía ese supuesto normativo, se debe tener la certeza de que el acto reclamado únicamente afecta derechos procesales, y por ende, su ejecución no es de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos, de manera que se llegue al pleno convencimiento de que la tramitación del juicio, en el que se rindan los informes justificados y se alleguen, en su caso, las constancias de las que emane el acto reclamado, en nada cambie esa determinación.

57. Así, destacó que la determinación de ampliar el plazo para el cierre de la investigación complementaria, a solicitud de la fiscalía, constituía una resolución que eventualmente podía producir afectación a derechos adjetivos del imputado, cuyos efectos sean solamente de carácter formal o intraprocesal.

58. Sin embargo, también es susceptible de irrogar lesión a sus derechos fundamentales, dependiendo de su resultado, e incluso de que la solicitud de la prórroga para el cierre de la investigación complementaria, se haya realizado oportunamente y se encuentra debidamente justificada; pues una vez agotado el plazo otorgado para tal efecto, el Ministerio Público habrá de solicitar el sobreseimiento parcial o total de la causa; la suspensión del proceso; o bien, formular acusación; lo anterior, conforme lo prevé el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

59. En razón que solo con pleno conocimiento de la forma en que se desenvolvió esa fase; se puede llegar a dilucidar cuál de esas dos afectaciones tuvo lugar, es decir, si la lesión irrogada al imputado es de índole meramente intraprocesal o si, en su caso, se generó alguna afectación a sus derechos fundamentales, por violentarse el principio de igualdad procesal de las partes, al colocarlo en una posición desventajosa frente al órgano acusador; al derecho a una justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso al derecho de ser juzgado dentro del plazo legalmente previsto.

60. Argumentos que reflejó en la tesis aislada II.3o.P.15 P (11a.) de rubro: “PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE LA AUTORIZA A PETICIÓN DE LA FISCALÍA, AL NO SER NOTORIO NI MANIFIESTO QUE SOLAMENTE AFECTA DERECHOS ADJETIVOS DEL IMPUTADO O NO IRROGA LESIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES”.

61. Además, indicó que la única información con que se cuenta es la contenida en el escrito de demanda, por lo que, no era factible establecer si la determinación del juez de control, que otorgó al Ministerio Público la ampliación de la prórroga para el cierre de la investigación complementaria, afectó derechos puramente adjetivos o intraprocesales, pues se carece de los elementos indispensables.

62. Así, el órgano colegiado estimó que en ese momento procesal no se podía concluir que existiera una causa notoria y manifiesta que actualizara la improcedencia del juicio de amparo indirecto y condujera al desechamiento de la demanda.

63. Finalmente, declaró fundado el recurso de queja interpuesto, a efecto que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, dejara insubsistente el acuerdo impugnado y verificara el cumplimiento de los requisitos que debe tener la demanda, es decir, para proveer lo conducente en relación con su admisión, en términos de lo dispuesto en los artículo 112, 113, 114 y 115 de la Ley de Amparo.

64. Apoyó lo expuesto con la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR”.

65. La anterior relatoría muestra que los Tribunales Colegiados relacionados con la contradicción de criterios, al pronunciar sus decisiones, se vieron en la necesidad de emplear el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada de cada caso que sometieron a su consideración.

66. Esto es, en ambos casos, ejercieron un razonamiento jurídico en cuanto a si el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, es la actuación procesal oportuna para determinar si la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es notoria y manifiesta cuando el acto reclamado es la determinación del Juez de Control que otorga prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria.

67. Sin que sea óbice a lo anterior, que en acuerdo de presidencia de treinta y uno de mayo del año en curso, se señaló de forma preliminar diverso tema de contradicción, a saber: “Determinar si se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Juez de Control que otorga una prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria, al no ser un acto de imposible reparación.”; toda vez que los autos de presidencia no causan estado,(4) por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos.

68. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. El segundo requisito se cumple respecto del Tribunal Colegiado cuyo criterio se resumirá como postura “A”, con el Tribunal Colegiado que representa la postura “B”.

69. Así, este Pleno Regional considera que existen dos posturas contradictorias diversas definidas con claridad en esta contradicción, entre las cuales existe un punto de toque.

70. Por un lado, se identificará como postura “A” a la defendida por el Segundo Colegiado del Vigésimo Octav

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32875-6b90b737/prorroga-del-plazo-para-el-cierre-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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