INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMBATE A LA TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP), PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR, DE FORMA DILIGENTE O EN UN PLAZO RAZONABLE, POSIBLES ACTOS DE TORTURA COMETIDOS EN CONTRA DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, POR LO QUE NO PUEDE INVOCARSE LA FALTA DE ESE INTERÉS COMO UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 356/2021. SUSCITADA ENTRE DIVERSOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTES CIRCUITOS. 11 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE SEPARA DE ALGUNOS PÁRRAFOS, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día once de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Correspondiente a la contradicción de criterios 356/2021, suscitada entre los criterios sustentados por diversos Tribunales Colegiados de Circuitos Judiciales distintos y cuya problemática jurídica puede ser fraseada de la siguiente manera:
Cuando la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública promueve amparo indirecto, aduciendo tener interés legítimo, contra la omisión de investigar, de forma diligente y en un plazo razonable, posibles actos de tortura cometidos en contra de personas privadas de su libertad ¿Se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional?
I. ANTECEDENTES
1. El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública envío un escrito el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En dicho escrito se denunció una posible contradicción de criterios derivada de la resolución de múltiples recursos de queja en los cuales el titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del referido instituto figuró como una de las partes.
2. Al respecto, el denunciante señaló que veinticuatro Tribunales Colegiados de diecisiete circuitos judiciales distintos determinaron, en esencia, confirmar los acuerdos de admisión de la demanda o, en su caso, revocar los acuerdos que desecharon las demandas de amparo indirecto presentadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de su Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, bajo la figura del interés legítimo, en las que se reclamó de funcionarios de la Fiscalía General de la República la omisión de investigar el delito de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con la debida diligencia y en un plazo razonable. Los órganos que resolvieron en ese sentido son los que a continuación se indican:
Ver órganos
3. A su vez, se indicó que cinco Tribunales Colegiados de tres circuitos judiciales distintos confirmaron los autos que desecharon las demandas de amparo indirecto por notoriamente improcedentes promovidas por el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de su Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, bajo la figura del interés legítimo, en las que se reclamó de funcionarios de la Fiscalía General de la República la omisión de investigar el delito de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con la debida diligencia y en un plazo razonable. Los órganos que resolvieron en ese sentido son los que a continuación se indican:
Ver cuadro de órganos
II. TRÁMITE
4. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente 356/2021, mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós.
5. En dicho acuerdo, además, se indicó que esta Suprema Corte carecía de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados del mismo circuito y especialización, por lo que, si en el caso se denunciaba la posible contradicción entre los criterios sustentados, por una parte, por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Noveno y Décimo en Materia Penal del Primer Circuito; Cuarto en Materia Penal del Segundo Circuito; y Segundo del Décimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja 198/2019, 194/2019, 209/2019, 204/2019, 195/2019, 58/2021, 22/2021, 49/2021 y 85/2020, respectivamente, en contra de los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Octavo en Materia Penal del Primer Circuito; Segundo en Materia Penal del Segundo Circuito; y Tercero del Décimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja 194/2019, 6/2021, 202/2019, 168/2020 y 139/2021, respectivamente, entonces debía remitirse la versión digitalizada del escrito de denuncia y del acuerdo de admisión en cuestión a los Plenos en Materia Penal del Primer y Segundo Circuitos, así como al Pleno del Decimoquinto Circuito, para que dieran trámite a la respectiva contradicción de criterios de su circuito.
6. No obstante, también se apuntó que, para efectos de la presente contradicción de criterios, se debían tener como contendientes a todos los órganos jurisdiccionales denunciados, en virtud de las particularidades que de su estudio pudieran derivar.
7. Asimismo, en el acuerdo de referencia se turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá; se ordenó enviar el expediente a esta Primera Sala para continuar con su trámite y se requirió a la presidencia de todos los tribunales contendientes para que remitieran versión digitalizada de las ejecutorias de los recursos de queja que resolvieron, así como del respectivo acuerdo en el que informaran si el criterio sustentado en los asuntos de su índice se mantenía vigente o, de ser el caso, indicaran la causa para tenerlo por superado o abandonado.
8. Esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto, mediante acuerdo dictado por su presidenta el veintiséis de enero de dos mil veintidós. Posteriormente, en desahogo a los requerimientos realizados por esta Suprema Corte, se tuvo a los Tribunales Colegiados contendientes informando sobre la vigencia de los criterios emitidos en los asuntos de su índice que motivaron la presente contradicción de criterios y remitiendo las ejecutorias respectivas. Ello, mediante acuerdos de veintiséis, veintisiete y treinta y uno de enero, así como de uno, dos, cuatro, ocho, diez, quince, dieciséis, dieciocho y veinticuatro de febrero, todos de dos mil veintidós.
9. En acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós se declaró debidamente integrado el expediente y se ordenó su envío al Ministro ponente para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
III. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (ambas legislaciones en su redacción vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno),(4) en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia penal, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito judicial.
11. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5)
12. Por otra parte, tal como se refirió en el acuerdo admisorio de diez de enero de dos mil veintidós, este Tribunal Constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre el diferendo de criterios denunciado entre los siguientes órganos jurisdiccionales:
• Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Noveno y Décimo en Materia Penal del Primer Circuito, en contra de los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Octavo en Materia Penal del Primer Circuito.
• Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en contra del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
• Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en contra del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
13. Lo anterior, al tratarse de órganos colegiados especializados en una misma materia y pertenecer a un mismo circuito judicial. De ahí que la competencia para conocer y resolver sobre la contradicción respectiva le corresponde a los Plenos en Materia Penal del Primer y Segundo Circuitos, así como al Pleno del Decimoquinto Circuito.(6)
IV. LEGITIMACIÓN
14. La denuncia proviene de parte legitimada porque el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través del titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, formó parte en los asuntos que motivaron la presente contradicción de criterios. De ahí que, si la denuncia en cuestión fue presentada por Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del instituto aludido, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(7)
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
15. Este Alto Tribunal ha establecido que para que se actualice la contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(8)
16. Así, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios, deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
17. En el caso, se actualizan los requisitos señalados, tal como enseguida se demostrará.
18. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
19. Para demostrar lo anterior, en atención a la multiplicidad de ejecutorias que originaron el presente asunto y a la similitud de los hechos que les dieron origen, se realizará una reseña de estos últimos y, posteriormente, se efectuará una tabla con las consideraciones estructurales de los criterios contendientes.
20. Pues bien, de las ejecutorias de los recursos de queja emitidas por los tribunales contendientes, se observa que tienen su origen en demandas de amparo indirecto promovidas por el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, bajo la figura del interés legítimo. En dichas demandas se reclamó, esencialmente, la omisión de diversas autoridades de la Fiscalía General de la República, de realizar con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación por posibles actos de tortura o malos tratos cometidos en contra de personas que se encontraban privadas de su libertad, en calidad de procesados y que habían sido representadas por defensores de ese instituto.(9)
21. En el acuerdo inicial, algunos Jueces de Distrito determinaron que se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues el secretario técnico de referencia no contaba con el interés legítimo que aducía, lo cual conllevó a que se desecharan de plano las demandas respectivas. Por el contrario, otros de los juzgadores federales determinaron, sin mayor cuestión, admitir las demandas de amparo promovidas por esa misma parte quejosa.
22. El secretario técnico (parte quejosa) y la autoridad responsable interpusieron recursos de queja en contra de los correspondientes acuerdos que no decidieron de forma favorable a sus intereses (desechamiento de plano y admisión, respectivamente). Los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvieron dichos medios de defensa concluyeron, en unos casos, confirmar la admisión de la demanda o bien revocar el auto impugnado a fin de que se admitiera; mientras que en otros arribaron a la convicción de que debía ser confirmado el desechamiento de plano impugnado.
23. No obstante, esta Primera Sala observa que las consideraciones esenciales de las numerosas resoluciones que nos ocupan se concretizan en tres criterios o rutas argumentativas diferenciables, tal como se ilustra en la siguiente tabla:
Ver tabla
24. Como se observa, los órganos colegiados efectivamente ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en determinar si se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública promueve un amparo indirecto contra la omisión de investigar, de forma diligente y en un plazo razonable, posibles actos de tortura cometidos en contra de personas privadas de su libertad que fueron representadas por ese instituto en los procesos penales respectivos.
25. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Por otra parte, esta Primera Sala considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes sí existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.
26. Al respecto, conviene recordar que los juicios de amparo fueron promovidos por el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, bajo la figura del interés legítimo, y en ellos fueron reclamadas diversas omisiones de las autoridades de la Fiscalía General de la República, concretamente vinculadas con no realizar una investigación diligente y en un plazo razonable sobre los posibles actos de tortura o malos tratos, cometidos en contra de personas privadas de su libertad que fueron representadas por defensores federales de dicho instituto en los respectivos procesos penales seguidos en contra de aquéllas.
27. Derivado de lo anterior, es factible concluir que los amparos indirectos aludidos derivaron de cuestiones jurídicamente similares. Sin embargo, al resolver los recursos de queja correspondientes, los tribunales contendientes emitieron soluciones diferentes.
28. En efecto, para la mayoría de los órganos colegiados no debía desecharse de plano la demanda de amparo promovida por el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, pues no era posible analizar su interés legítimo al momento del dictado del acuerdo inicial, debido a que no se contaba con todos los elementos necesarios para tal efecto, sino que dicho análisis debía efectuarse durante la sustanciación del juicio e, incluso, hasta la sentencia; mientras que otros Tribunales Colegiados sostuvieron que, derivado del examen preliminar del escrito de demanda y anexos, en conjunción con los hechos de los casos que se analizaron y el marco legal que regula las obligaciones de la parte quejosa, resultaba posible inferir la existencia de un interés legítimo, en grado presuntivo, cuyo análisis debía perfeccionarse durante la tramitación del juicio constitucional.
29. Por el contrario, una minoría de tribunales contendientes determinó que la demanda de amparo sí debía desecharse de plano, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de procedencia, ya que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública no cuenta con interés legítimo para reclamar la omisión de investigar de forma diligente posibles actos de tortura, pues no guarda una especial situación frente al orden jurídico en defensa de algún derecho fundamental propio. Además de que, al ser una autoridad pública, en atención al objeto y funciones para las que fue creada, no puede invocar dicho interés; aunado a que no se comprobó una afectación en su patrimonio.
30. En este sentido, sí existe un punto de toque entre los criterios adoptados por los tribunales contendientes, mismo que amerita ser resuelto en esta instancia, a fin de determinar si se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional, cuando la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública promueve amparo indirecto, aduciendo tener interés legítimo, contra la omisión de investigar, de forma diligente y en un plazo razonable, posibles actos de tortura cometidos en contra de personas privadas de su libertad.
31. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Así, el problema a dilucidar en la presente contradicción de criterios puede ser fraseado de la siguiente manera:
• Cuando la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública promueve amparo indirecto, aduciendo tener interés legítimo, contra la omisión de investigar, de forma diligente y en un plazo razonable, posibles actos de tortura cometidos en contra de personas privadas de su libertad ¿Se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional?
VI. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER
32. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala, al tenor de las consideraciones que se desarrollan en el presente apartado.
33. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo,(10) el órgano jurisdiccional que conoce de un juicio de amparo debe examinar la demanda y desecharla de plano en el auto inicial si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia.
34. Al respecto, debe recordarse que las causas de improcedencia constituyen una excepción a la regla general que es la procedencia del juicio de amparo, como medio de control constitucional para la protección de los derechos humanos frente a normas generales, actos u omisiones de la autoridad. De ahí que dichas causales deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones; además de que, si el desechamiento de una demanda se realiza con base en una causal manifiesta e indudable, debe operar un estándar probatorio más estricto.(11)
35. En efecto, tanto el Pleno como las Salas de este Tribunal Constitucional han señalado que una causa manifiesta e indudable de improcedencia es aquella que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.(12) 36. Además, de que la improcedencia del juicio constitucional en esos términos sólo puede ser declarada cuando existe la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.(13)
37. Teniendo en cuenta esas directrices, esta Primera Sala considera que la promoción de una demanda de amparo indirecto por parte de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, contra la omisión de investigar de forma diligente y en un plazo razonable, posibles actos de tortura cometidos en contra de personas privadas de su libertad, bajo la figura del interés legítimo, no actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que amerite el desechamiento de plano de la demanda de amparo. Ello es así porque en ese supuesto, existen elementos suficientes para considerar que dicha Secretaría Técnica sí tiene un interés legítimo susceptible de tutelarse a través del juicio constitucional, tal como enseguida se demostrará.
38. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
39. A su vez, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo retoma lo previsto en el Texto Constitucional, al establecer que tiene el carácter de parte quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vulneran derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
40. Asimismo, esta Primera Sala ya ha tenido oportunidad de construir una línea jurisprudencial en torno al concepto de interés legítimo, pues desde el amparo en revisión 366/2012, se indicó que el mismo puede definirse como aquel interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, en el entendido de que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; y que para su existencia debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra.(14)
41. Por su parte, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte mantuvo una línea argumentativa similar en la contradicción de tesis 111/2013,(15) en la cual señaló que el interés legítimo supone una legitimación intermedia entre interés jurídico e interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquiera pueda promover la acción, de tal manera que el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico.
42. De la referida contradicción de tesis emanó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.),(16) de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", en la cual, además de indicarse que el interés legítimo exige la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, que no necesariamente debe ser patrimonial, se precisó que dicha afectación requería ser apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de amparo implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.
43. Ahora bien, a efecto de verificar la existencia de un interés legítimo en los casos a que se refiere el punto de contradicción, resulta conveniente recordar que el artículo 17, octavo párrafo, de la Constitución Federal(17) prevé la obligación de la Federación y de las entidades federativas de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población. A su vez, el artículo 100, octavo párrafo, de la misma Norma Fundamental(18) establece que el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.
44. En este sentido, la Ley Federal de Defensoría Pública es el ordenamiento que tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, entre otras, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que establece dicha ley.(19)
45. Conforme a los artículos 2, 3 y 4 de ese ordenamiento legal, para la prestación de los servicios de defensoría pública se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual es un órgano del Poder Judicial de la Federación que goza de independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones; además de que el servicio aludido debe ser gratuito y prestarse bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo y de manera obligatoria, a través de defensores públicos en los asuntos del orden penal federal y del Sistema de Justicia Penal Integral para Adolescentes, así como de asesores jurídicos en asuntos de orden no penal.(20)
46. El referido instituto cuenta con una junta directiva, un director general y las unidades administrativas y personal técnico que para el adecuado desempeño de sus funciones se determinen en el presupuesto.(21) Entre las facultades de dicha junta directiva, está la de aprobar las bases generales de organización y funcionamiento del instituto en cuestión, mientras que dentro de las atribuciones del director general, se encuentra la de dar seguimiento a los asuntos penales cuya defensa esté a cargo de los defensores públicos federales.(22)
47. Así, en uso de las facultades con las que cuenta la junta directiva, fueron aprobadas la nuevas Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública en sesión extraordinaria de doce de febrero de dos mil diecinueve, en cuyo artículo 5(23) se le confieren atribuciones adicionales al director general, como la de expedir circulares, instructivos, así como disposiciones técnicas y operativas necesarias para el mejor funcionamiento del instituto. Además, destaca que en el artículo 17 se dispone que las atribuciones de las Secretarías Técnicas serán asignadas por el director general.(24)
48. En este contexto, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública emitió la Circular 14/2019, mediante la cual comunicó la creación de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, ante la apremiante necesidad de coordinar e impulsar esfuerzos institucionales para el combate de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio de las personas representadas por el instituto aludido.
49. Asimismo, en la mencionada circular se informó que Salvador Leyva Morelos Zaragoza fungiría como encargado de esa Secretaría Técnica y entre sus funciones, estaría la de dar seguimiento a informes, recomendaciones y sentencias sobre tortura; coordinar y trabajar junto con los defensores públicos adscritos a las delegaciones del instituto, especialmente con aquellos adscritos a agencias de investigación y demás representaciones de la Fiscalía General de la República, para identificar y documentar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; e impulsar su investigación y eventual sanción y reparación, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
50. De igual forma, a través de la circular aludida, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública solicitó a los titulares de las delegaciones elaborar informes en los que se incluyeran todos aquellos casos en los que se presuma que pudo haberse cometido algún acto de tortura o tratos crueles e inhumanos o degradantes en contra de personas representadas por defensores públicos del instituto en comento, que continúen en cualquier etapa del proceso penal o en etapa de ejecución de sentencia.
51. El director general instruyó que dichos informes fueran comunicados de manera prioritaria, con el fin de coordinar las acciones legales correspondientes sin mayor dilación. Además, emitió los "Lineamientos para la elaboración y actualización de la base de datos de expedientes relacionados con actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos", en donde se prevé que las Delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública deben rendir el informe actualizado de casos relacionados con actos de tortura durante los primeros cinco días de cada mes.(25)
52. Estos elementos ponen de relieve la existencia de las notas distintivas del interés legítimo, toda vez que el marco jurídico del que deriva
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30856-541d98c6/interes-legitimo-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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