INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL SECRETARIO TÉCNICO DE COMBATE A LA TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP), PARA RECLAMAR LAS OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN LA INVESTIGACIÓN CON MOTIVO DE LA DENUNCIA DE ACTOS DE TORTURA CONTRA UNA PERSONA AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN POR AGENTES DEL ESTADO.
AMPARO EN REVISIÓN 166/2021. SECRETARIO TÉCNICO DE COMBATE A LA TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 14 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA. PONENTE: MAURICIO BARAJAS VILLA. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ TORRES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Levantamiento del sobreseimiento.
La improcedencia del juicio de amparo sujeto a revisión, por falta de interés legítimo del promovente,(5) habría sido suficiente para decretar el sobreseimiento total, más allá de la eventual existencia de algunos de los actos reclamados.
Considerar ambas hipótesis en la sentencia recurrida es una conclusión técnicamente incorrecta, pues si el juicio de amparo pudiera ser improcedente por ausencia de interés legítimo, resultaría ocioso verificar la existencia o no de los otros actos reclamados, por ser aquél un presupuesto de la segunda.
Por esa razón, en un primer momento se analizarán los agravios por los cuales el promovente del amparo sostiene la actualización de su interés legítimo, y después los relativos a la supuesta inexistencia de los actos reclamados, tal como se razona en el escrito de interposición.
I. Incorrecta desestimación del interés legítimo del promovente.
Como se adelantó, en la sentencia de amparo se estableció que el promovente carecía de "legitimación" para instar la acción constitucional porque:
a. No tenía la calidad de víctima, ofendido o representante de alguna de las partes en la carpeta de investigación de origen;
b. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 12/2021 (10a.), sólo el asesor jurídico victimal está facultado para promover el juicio de amparo, de suerte que la formulación de la denuncia de posibles actos de tortura tampoco le confería legitimación; y,
c. Acudió con la calidad de funcionario de la dependencia en la que labora, sin contar con personalidad reconocida para representar a la víctima, y el servicio que presta la Defensoría Pública está condicionado a que las partes lo soliciten.
Pues bien, el análisis de las consideraciones base de la decisión que ahora se revisa permite advertir que el sobreseimiento en el juicio se sustentó en premisas atinentes a la figura de la legitimación procesal activa.(6)
Y tales proposiciones se relacionaron, a su vez, con la categoría de promoción del amparo con base en el interés jurídico,(7) por quien resiente directamente el efecto de los actos que reclama por ser representante del titular de los derechos sustantivos involucrados.
Así pues, exigir que el quejoso tuviera la calidad de víctima, ofendido o representante de alguna de las partes en la carpeta de investigación de origen para promover el juicio de amparo, significa que la resolutora entendió que el quejoso necesariamente debería ser el titular del derecho público subjetivo transgredido, o bien, representante legal de los afectados.(8)
Por tanto, es patente que el interés que se consideró necesario en la sentencia recurrida para promover el juicio de amparo sujeto a revisión respondió a lo que tradicionalmente se ha entendido como la relación de dicho interés con la existencia de un agravio personal y directo, esto es, interés jurídico.
Sin embargo, no debe soslayarse que los artículos 107, fracción I, constitucional y 5o., fracción I, de su ley reglamentaria, desarrollaron y segmentaron al interés necesario para promover dicho medio de control en dos supuestos, y así no sólo el titular de un derecho subjetivo es quien puede promoverlo, sino también quien posea un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Por ello, aun cuando es cierto que el promovente del amparo y ahora recurrente, evidentemente no cuenta con el interés jurídico referido en la sentencia de amparo (pues no es víctima u ofendido, ni representante legal de alguno de ellos), también es cierto que en el escrito de demanda, de manera enfática e, incluso, de forma cautelar o preventiva, se alejó de esa categoría de promoción del juicio constitucional, y en atención a su calidad de secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, enarboló el interés legítimo, por la afectación indirecta de los actos omisivos reclamados a partir de su especial situación frente a ellos, en contraste con el parámetro de regularidad constitucional.
Lo anterior evidencia que en el fallo constitucional existió una confusión de términos jurídicos, ya que habiéndose promovido la demanda bajo el esquema del interés legítimo, el enfoque de análisis se centró en el jurídico, transitando por la legitimación procesal activa, estructurando la decisión en premisas incompatibles y refractarias del interés legítimo con el que se promovió la demanda de amparo.
Como consecuencia de esa confusión conceptual, se evadió el análisis del interés legítimo propuesto y profusamente razonado en la demanda de amparo para justificar la procedencia del juicio.
En este contexto, aun cuando normalmente esta imprecisión sería suficiente para levantar el sobreseimiento bajo la idea de que este tribunal no advierte otro motivo de improcedencia, lo cierto es que en el caso se hace naturalmente necesario emprender el análisis del planteado interés legítimo debido a que su configuración normativa corresponde a una categoría de promoción del juicio de amparo reciente y poco explorada a partir de casos concretos, cuya actualización debe considerarse caso por caso, de acuerdo con la línea trazada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. Elementos del interés legítimo.
La actual doctrina jurisprudencial sobre el interés legítimo se ha venido construyendo a partir de casos concretos estudiados y decididos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Inicialmente, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País conoció del caso en el que una demanda de amparo fue desechada, en la que se había reclamado de las autoridades legislativas federales la omisión de expedir las reformas correspondientes a la Ley de Amparo. En primera instancia se consideró que el quejoso, una persona física, carecía de interés legítimo porque los eventuales efectos de una sentencia protectora no podían involucrar a más personas que al propio promovente, en atención al principio de relatividad de las sentencias de amparo.
En ese amparo en revisión 366/2012, la Sala definió el interés legítimo como "aquel interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso", el cual "deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole".(9)
Dicho interés –acotó la propia Primera Sala en la tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.), derivada de ese recurso de revisión–, debía distinguirse del interés simple o jurídicamente irrelevante que no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado y, por ende, no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso o quejosa en ningún sentido.(10)
En diversa oportunidad, la propia Sala conoció de casos en los que una asociación y algunos particulares, en representación de sus hijos menores de edad, respectivamente, solicitaron la protección constitucional contra actos de autoridades gubernativas, consistentes en la aprobación y ejecución de proyectos en diversos inmuebles que repercutieran en la privación de la práctica de actividades deportivas de esos menores de edad, desarrolladas en esos predios que tenían en posesión. En primera instancia se desecharon las respectivas demandas sobre la premisa de que los quejosos no contaban con interés legítimo.
Los Tribunales Colegiados contendientes discreparon, pues mientras uno revocó para ordenar la admisión de la demanda, por considerar que ello era un tema de fondo, el otro confirmó el desechamiento.
En la contradicción de tesis 553/2012(11) donde se dirimió ese tema, la propia Sala sostuvo que el interés legítimo puede actualizarse cuando existen actos de autoridad que no están dirigidos directamente a las o los quejosos, pero que por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio en la esfera jurídica a la persona que acude al amparo por su especial situación frente al orden jurídico.
Posteriormente, el Tribunal Pleno conoció en vía de unificación de criterios número 111/2013,(12) sobre la contradicción entre el sostenido por la Primera Sala en el ya referido amparo en revisión 366/2012, en contraste con el emitido por la Segunda Sala, en los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013.
En esos amparos en revisión, la Segunda Sala conoció de casos en los que una asociación civil promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del juicio de amparo.
El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar que una eventual concesión de amparo no podría ser armónica con el principio de relatividad de los efectos que rige a dicho juicio.
Al conocer de esos recursos de revisión, la Segunda Sala indicó que el interés legítimo se encuentra dirigido a proteger entidades sociales más o menos amplias, pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica, tutelando así intereses colectivos, ya que si el agravio es susceptible de individualizarse en una persona concreta, se está en presencia de un interés jurídico.
Al dirimir la contradicción, en primer lugar, el Tribunal Pleno retomó las consideraciones del referido amparo en revisión 366/2012, para ubicar al interés legítimo en un plano intermedio entre el interés jurídico y el interés simple, ya que "no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo (como en el caso del interés jurídico), pero tampoco implica que cualquier persona, sin más, pueda promover la acción (como sería con el interés simple)." Más bien, el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico."(13)
En segundo lugar, señaló que el interés legítimo requiere de un "vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto". En este sentido, el requisito de que el beneficio o efecto positivo sea "cierto" implica que sea "real y actual, no hipotético". La sentencia protectora, continuó el Pleno, debe provocar "la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse."(14)
Finalmente, el Pleno resolvió que no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable, pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo.
El criterio jurisprudencial –P./J. 50/2014 (10a.)– derivado de la contradicción de tesis mencionada es del siguiente contenido:
"INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto –en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales–, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica –no exclusivamente en una cuestión patrimonial–, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas."
Sobre las premisas resultantes de ese criterio, el Pleno sintetizó las notas distintivas del interés legítimo, al precisar:
a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y la persona que comparece en el proceso.
b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.
c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple.
d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso.
e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad.
f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.
g) La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.
h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.
i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica.
j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte.
Esas notas distintivas han servido para la identificación del interés legítimo en variados casos concretos sometidos a la consideración del Máximo Tribunal del País.
A continuación se sintetizan algunos casos concretos en los que el Máximo Tribunal del País se ha pronunciado sobre la inexistencia del interés legítimo en los promoventes del amparo, y otros en los que consideró que sí estaba actualizado, con el objeto de advertir las bases comunes que servirán de pautas para la precisión del interés expuesto en la especie por el recurrente.
III. Hipótesis en las que se consideró por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no existe interés legítimo
a. Usuario o beneficiario del gasto público.
Una persona acude al juicio de amparo con esa calidad, pero no lo hace como contribuyente.
La Primera Sala al conocer del amparo en revisión 216/2014, del que emanó la tesis CLXXXVI/2015 (10a.),(15) estableció que quienes alegan una afectación por la indebida integración del gasto público, acuden al juicio de amparo con una afectación que es societaria y abstracta, no reducible al interés legítimo, y señaló que este tipo de reclamos abstractos y generales, si bien existentes, no son aptos para ser dirimidos en sede de control constitucional, sino por los canales democráticos.
b. Denunciante de queja administrativa respecto de responsabilidades de servidores públicos.
La persona que formuló la denuncia contra un servidor público solicita la protección constitucional contra el desechamiento de la queja administrativa.
La Segunda Sala que conoció de la contradicción de criterios 321/2018, que propició la jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.),(16) estableció que el orden jurídico procesal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas. c. Aspirante en el procedimiento de selección y nombramiento de Magistrado en el Poder Judicial.
El quejoso promovió un juicio de amparo contra el nombramiento de un Magistrado en el Poder Judicial de un Estado, considerando que cumple en mejor medida los requisitos del cargo.
La Segunda Sala que conoció de los amparos en revisión 613/2019, 646/2019, 788/2019, 784/2019 y 871/2019, que generó la jurisprudencia 2a./J. 24/2020 (10a.),(17) estableció que el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados.
IV. Supuestos en los que el Máximo Tribunal del País concluyó que sí existe interés legítimo.
a. Interés legítimo en la comunidad LGTBI+ en torno al matrimonio igualitario.
La parte quejosa, persona perteneciente a la comunidad LGBTI+ enmarcó su reclamo en el tema del matrimonio igualitario sin un acto concreto de aplicación.
La Primera Sala consideró que en ese supuesto sí existe interés legítimo.
De ese contexto, la Sala desprendió dos escenarios en situaciones generales.
i) Cuando existe solicitud de matrimonio por personas del mismo sexo y el Registro Civil niega o la declara improcedente, en atención a que la norma define el matrimonio con el binomio hombre-mujer y la procreación como fin. Dicha negativa propicia la acción de amparo.(18)
ii) Otro supuesto se presenta cuando no existe un acto de aplicación de la norma, sino que se reclama por su sola existencia y provoca una afectación en la esfera jurídica de las y los quejosos.(19) Éste fue el contexto del reclamo en el supuesto de que se trata.
En esos casos, la Sala identificó la diferencia en el tipo de interés que se adujo, pues mientras en el primero se trata de un interés jurídico en la medida en que hay un acto de aplicación que afecta los derechos subjetivos de la parte quejosa; en el segundo se trata de un interés legítimo, en donde la pertenencia a la comunidad LGBTI+ y la proximidad física al ámbito espacial de validez de la norma impugnada es lo que se tomó en cuenta para acreditarlo.(20)
Para establecer la afectación, la Sala se basó en el esquema de distinción de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, e identificó un componente valorativo en la definición legal de matrimonio encaminado a construir y promocionar un significado social de exclusión y degradación que afectaba la esfera jurídica de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, aun cuando no existiera ningún acto de aplicación.(21)
En esos asuntos, el reconocimiento de la pertenencia a la comunidad LGBTI+ de las personas quejosas y de su proximidad física con la norma, derivó de que se ostentaron como homosexuales y que su ubicación geográfica era la demarcación territorial de la norma correspondiente, ello bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo.(22)
Sobre la base de la buena fe que permea en el juicio de amparo, se partió de la autodeterminación de las personas promoventes para definir su orientación sexual, donde el papel del órgano de control constitucional fue reconocer la manera en que se presentaron sin mayor exigencia que la de manifestarlo bajo protesta de decir verdad, además de que no fue cuestionada su proximidad física con el ámbito espacial de validez de la norma.(23)
b. Interés legítimo de la comunidad LGBTI+ y sus familiares en el procedimiento legislativo.
Las personas quejosas cuestionaron a) la imposición de un mecanismo de votación por cédulas secretas sobre el "Dictamen para reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán con el objetivo de permitir el matrimonio igualitario en la entidad"; y, b) como consecuencia, la votación por cédulas secretas realizada sobre el referido dictamen, en el marco de un procedimiento legislativo que no culminó con la emisión de una norma; de hecho, el cuestionamiento de los actos fue autónomo y no como parte de ese procedimiento.
La Primera Sala reconoció que aunque usualmente el análisis de la regularidad de votaciones al interior del órgano legislativo se hace como parte de la impugnación de una norma legal concreta, no existe impedimento para la viabilidad de impugnación de la forma expuesta en ese caso que se reclamó un mecanismo que denominó intra legislativo.
La Sala zanjó su decisión al señalar como premisa que el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que se guarda frente al ordenamiento jurídico, lo cual permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo –noción ésta asociada clásicamente al interés jurídico–.
Indicó que concurre una pretensión de los quejosos mediante el juicio de amparo indirecto: que se declare la violación de sus derechos humanos a la participación política y a la libertad de expresión e información con motivo de una incorrecta imposición y votación por cédula al interior del Congreso del Estado.
Señaló que esos derechos de participación política y libertad de expresión e información están reconocidos como derechos objetivos de rango constitucional y el interés de las personas quejosas está garantizado por dichos derechos, en virtud de su especial situación en el ordenamiento jurídico, lo cual hace que dicho interés sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.
La Primera Sala advirtió un vínculo suficiente entre los derechos humanos reclamados y la situación de las y los quejosos, dado que el principio de publicidad parlamentaria guarda una conexión patente con el derecho a la participación política y la libertad de expresión e información. Incluso, el principio mencionado se configura como una obligación exigida por estos derechos, de modo que su incumplimiento puede generar una violación de éstos y, de esa manera, los efectos que acarrea una votación secreta por medio de cédula en escenarios no permitidos pueden implicar una transgresión de su alcance.
La Sala tuvo cuidado al señalar que aparentemente la generalidad de la población podría encontrarse en esos supuestos de promoción por interés legítimo; sin embargo, acotó que las personas que promovieron la demanda de amparo y que gozan de tales derechos se encuentran en una situación particular frente a esta posible violación, dado el contexto fáctico y normativo en el que se desenvuelven.
Esto es, un contexto en donde son víctimas de la estigmatización provocada por la norma que prohíbe implícitamente el matrimonio igualitario al reconocer sólo la unión entre hombre y mujer con fines de reproducción, las personas que accionaron el juicio de amparo son destinatarias de un mensaje que les afecta en su esfera jurídica de manera particular y diferenciada frente al resto de la sociedad.
Cabe destacar en este punto que la Primera Sala consideró que en la demanda de amparo, las personas promoventes del amparo señalaron que pertenecían a la comunidad LGBTI+, o eran sus familiares, pero lejos de discutir quiénes de ellos se autodeterminaban como miembros de esa comunidad, en razón de que no contaba con elementos objetivos para distinguirlos, generalizó que se trataba de un conjunto de personas que los reclamaban por el mensaje estigmatizante por su identidad o por su relación familiar, pues de otro modo propiciaría perpetuar discriminaciones, de manera que debía priorizarse el fondo frente a los formalismos procedimentales, y reconocer el interés de las personas quejosas.(24)
El mensaje estigmatizante, dijo la Sala, lo sufre cualquier persona que se identifique con ese mensaje discriminatorio y es una afectación que incide de manera individualizada en cualquier persona que no puede contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo, que también afecta al conjunto de esas personas como colectividad (que pertenecen al grupo LGBTI+) y a las personas que se dedican a la defensa y protección de los derechos de esta colectividad.(25)
Para concluir el tema del interés legítimo en ese asunto, la Primera Sala señaló cómo la posible concesión del amparo sí puede generar un beneficio positivo en la esfera jurídica de la quejosa de carácter actual, pues de considerarse que la votación por cédula que desechó el referido dictamen se llevó a cabo en contraposición a los derechos a la participación política, libertad de expresión e información, el efecto de la sentencia consistirá en reponer el procedimiento para que se lleve a cabo la votación cumpliendo con la publicidad que exigen interrelacionadamente los derechos a la participación política, libertad de expresión e información, lo cual beneficia positivamente a las y los quejosos en relación con su especial situación frente al ordenamiento, pues podrán tener elementos informativos suficientes sobre el ejercicio de representación que realizan sus legisladores en torno a una norma que genera un efecto estigmatizante discriminatorio; esto, para poder participar activamente con esa información en los asuntos públicos en relación con ese mensaje discriminatorio con el cual se sienten identificados.(26)
c. Interés legítimo de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Asociación Civil, en defensa del derecho de reinserción social de los sentenciados.
Dicha asociación presentó escritos dirigidos al secretario de Gobernación y otras autoridades del Estado de Nuevo León, mediante los cuales –en ejercicio del derecho de petición– solicitó información relacionada con la situación de los penales en el Estado de Nuevo León, por un lado, y los exhortó a cumplir con sus deberes de atención y protección a los derechos de las personas privadas de su libertad y de readaptación social, por el otro, acordadas en reuniones previas.
La asociación acudió al juicio de amparo para reclamar las omisiones para implementar las acciones y estrategias acordadas en las reuniones, para evitar problemas como sobrepoblación, autogobierno y violencia al interior de los centros penitenciarios, que no h
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31035-79f3b1ac/interes-legitimo-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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