TORTURA. SI EL QUEJOSO REFIERE EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO -COMO ASPECTO NOVEDOSO- QUE SUFRIÓ ESTE TIPO DE ACTOS, SIN QUE LO HAYA ALEGADO PREVIAMENTE EN ALGUNA FASE DEL PROCEDIMIENTO PENAL, NI SE ADVIERTA EVIDENCIA RAZONABLE O RAZÓN FUNDADA DE QUE PUDIERON COMETERSE EN SU CONTRA, NO PROCEDE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NO OBSTANTE, DEBE REALIZARSE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE DE AQUÉLLA COMO DELITO.
AMPARO DIRECTO 151/2016. 19 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN RELACIÓN CON EL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. DISIDENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: ROBERTO CÉSAR MORALES CORONA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Violaciones procesales
Conforme con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en el primer amparo directo que promueva un justiciable con relación a un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.
El presente juicio constitucional es el primero que promueve la parte quejosa con motivo del juicio natural. Por tanto, a fin de evidenciar el cumplimento de la precitada norma constitucional y legal, conviene destacar lo siguiente:
a) Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso formuló un concepto de violación procesal;
b) Asimismo, se actualiza el supuesto de suplencia de la queja previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que se cometió una transgresión manifiesta a los derechos fundamentales del quejoso durante la secuela del procedimiento que afectó sus defensas.
1. Tortura
En parte del único concepto de violación el quejoso sostiene que su confesión se obtuvo por medio de tortura, puesto que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, generalmente obtiene confesiones por ese medio.
El anterior argumento es infundado.
Esto es así, derivado de que de la revisión exhaustiva de las constancias que integran la causa penal de origen, así como de las que conforman el toca penal en el que se emitió la sentencia reclamada, este tribunal observa que no obra ningún indicio, dato de prueba o medio de convicción del que se desprenda que el solicitante del amparo o su defensa hubieran indicado la existencia de dichos actos. Por lo que este órgano colegiado carece de elementos para estimar que debe ordenarse la reposición del procedimiento, ya que la manifestación realizada en la demanda de derechos fundamentales no aporta alguna referencia que razonablemente permita presumir que se cometieron actos de tortura; no obstante lo anterior, dicha expresión sí es suficiente para dar vista al agente del Ministerio Público, a efecto de que investigue la comisión de tales actos.
Así es, la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación,(44) ha establecido que por la trascendencia de afectación al derecho humano a la integridad personal, con motivo de la comisión de actos de tortura, se requiere que dicha conducta sea investigada desde dos vertientes, como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sometida a algún procedimiento penal, a partir de pruebas que presuntamente se obtuvieron con motivo de actos de tortura a los que fue sometido el inculpado.
Por ende, frente a la denuncia o alegada tortura, ante cualquier autoridad, surgen los siguientes deberes:(45)
1) Las personas que denuncien actos de tortura, tienen el derecho a que las autoridades investiguen la tortura para esclarecerla como delito, así como de realizar las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión.
2) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso.
3) Debe considerarse como denuncia de un acto de tortura, a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.
4) Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma.
En consecuencia, cuando alguna autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa.
Adicionalmente, la tortura implica una auténtica violación a derechos fundamentales, que genera diversas afectaciones, no sólo en contra de la víctima de la misma, sino también al derecho fundamental del debido proceso.
Esto, pues la declaración obtenida bajo tortura o cualquier otro medio de coacción, no podrá ser utilizada dentro del proceso y bajo ninguna circunstancia como una prueba de cargo válida en contra de la víctima de dicha agresión.
Deviene trascendente precisar que cuando una persona alega tortura, no es a él al que le corresponde demostrar el grado o nivel de agresión sufrida, ni tampoco la veracidad del alegato sino, por el contrario, corresponde a la autoridad iniciar, con inmediatez, una investigación que tenga por objeto esclarecer la verdad de los hechos.
Por ende, tanto el Ministerio Público como las autoridades jurisdiccionales de primera y segunda instancias, así como las de amparo, se encuentran vinculadas a verificar oficiosamente si existe evidencia razonable o razón fundada de que una persona haya sido torturada.
De las consideraciones anteriores, derivaron las jurisprudencias 1a./J. 11/2016 (10a.) y 1a./J. 10/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafes y textos siguientes:(46)
"ACTOS DE TORTURA. LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE LO RIGEN POR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA INMEDIATA ANTERIOR AL AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN. La violación al debido proceso, derivada de la omisión de investigar la existencia de actos de tortura, con motivo de una denuncia o la existencia de indicios concordantes para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció, da lugar a que la vía de reparación óptima sea ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de realizar la investigación respectiva. Lo anterior, porque sólo será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso penal, una vez que ésta se acredite, como resultado de una investigación exhaustiva y diligente. Así, la reposición del procedimiento tiene como justificación que se investiguen los actos de tortura alegados para verificar su existencia, y no por la actualización de alguna otra violación concreta y constatada al derecho de defensa del imputado; por tanto, no existe razón para que se afecte todo lo desahogado en el proceso, pues en caso de que la existencia de actos de tortura no se constate con la investigación, las correspondientes actuaciones y diligencias subsistirán íntegramente en sus términos; y para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que en su caso será objeto de exclusión al dictar la sentencia; de ahí que la reposición del procedimiento deberá realizarse hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema penal tradicional."
"ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia."
En concordancia con lo anterior, también la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la denuncia de tortura, en sus vertientes de delito y de violación a derechos humanos, de ninguna manera puede condicionarse a circunstancias de temporalidad o de oportunidad para alegarla, o incluso, para determinar que se investigue en caso de que se advierta la existencia de indicios concordantes con actos de tortura, esto es, no puede impedirse que se alegue en cualquier etapa del procedimiento judicial. Por tanto, la denuncia o existencia de indicios de que ocurrieron actos de tortura en contra de una persona en procedimiento, actualiza la obligación de investigación de la autoridad que conozca del caso.
En ese sentido, la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura realizada en el proceso penal, constituye una violación a las leyes del procedimiento, que trasciende a la defensa del quejoso, en términos de la fracción XII del artículo 173 de la Ley de Amparo.
Lo anterior sólo resulta aplicable en cuanto a la tortura como violación de derechos humanos, ya que en su vertiente de delito, si una autoridad -incluso la de amparo- advierte la desatención de una denuncia de tortura o la existencia de indicios de que se cometió la misma, inmediatamente cuenta con la obligación de hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público.
Ahora bien, de acuerdo con las bases expuestas, es dable sostener que en el supuesto de que en ningún momento -durante cualquier fase del procedimiento penal- haya sido denunciado algún acto de tortura, ni exista evidencia razonable o razón fundada de que el procesado haya sido torturado durante su procesamiento, no es factible estimar que la denuncia de tortura realizada hasta la demanda de amparo deba suponer que existió una violación a las leyes del procedimiento que transcendió a las defensas del quejoso y, por tanto, que debiera ordenarse la reposición del procedimiento.
Esto es así, en razón de que el sujeto a quien se le instruye un procedimiento penal cuenta con una diversidad de oportunidades para denunciar la comisión de actos de tortura y, en ese sentido, lo puede hacer por sí mismo o por conducto de su defensa en cualquier intervención que tenga en el proceso (declaración preparatoria, desahogo de pruebas, comparecencia o escrito libre), pudiéndolo hacer, incluso, ante una diversa autoridad jurisdiccional. De modo que, formulada la denuncia de tortura, la autoridad ordinaria deberá atenderla y actuar en consecuencia, sólo en el caso de que eluda sus obligaciones, será la instancia de amparo la que repare dicha omisión, pues al conocer del juicio de amparo tendrá una razón fundada para estimar que la tortura pudo tener impacto en el procedimiento.
Empero, en el caso de que durante todo el procedimiento penal no se hubiera alegado la comisión de actos de tortura, ni exista en autos alguna evidencia razonable o razón fundada de que se cometieron tales actos en contra del sentenciado, la denuncia formulada hasta la demanda de amparo no puede provocar la reposición del procedimiento, por haberse configurado la falta de atención del alegato de tortura, sino únicamente surge el deber de denunciar la misma como delito ante el Ministerio Público.
En efecto, en el escenario planteado sólo se permite al tribunal que conozca del amparo ordenar la investigación del delito de tortura, en la medida en que durante el procesamiento punitivo no aconteció -ni siquiera- un asomo de que el sentenciado hubiera sido o podido ser sujeto de actos de tortura. Por tanto, no podría afirmarse que bajo un análisis de razonabilidad las autoridades ordinarias debieron atender una denuncia de tortura, que sería el supuesto para ordenar la corrección del procedimiento.
Al respecto, resulta ilustrativa la tesis 1a. LIII/2015 (10a.),(47) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:
"TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE CUANDO LA ALEGUE EL PROCESADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 173, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio; así, la omisión del Juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura alegados por los procesados constituye una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigación, la sentencia condenatoria se basará, entre otras probanzas, en una confesión obtenida mediante coacción."
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, como se adelantó, de una revisión de las actuaciones que integran la causa penal ********** y el toca de apelación **********, no se aprecia que el peticionario del amparo o su defensa hubieran mencionado que durante la secuela procesal se hubiera cometido algún acto de tortura; esto es, en ninguna diligencia ni promoción dirigida al Juez del proceso o a la Sala de apelación, se hizo referencia a actos de tortura en contra del procesado.
De acuerdo con lo dicho, este órgano colegiado carece de elemento alguno para sospechar, de manera razonable, que en el proceso incoado al solicitante del amparo se cometió algún acto de tortura que hubiere afectado sus defensas de modo tal que fuera evidente la reposición del procedimiento.
Se adiciona a lo anterior, el hecho de que de las constancias precitadas tampoco se aprecia algún indicio o dato de prueba de que el sentenciado hubiere sufrido algún acto de tortura, pues incluso cuando fue presentado ante la autoridad ministerial (el veintitrés de diciembre de dos mil doce), el médico legista **********, hizo constar lo siguiente:
"Planteamiento del problema
"Que se realice la integridad física y/o dictamen médico de lesiones así como la clasificación de las mismas en caso de existir y la temporalidad de la misma, al C. **********.
"El día 23 de diciembre del año 2012, siendo las 23:00 horas, en las instalaciones de la subprocuraduría, en el departamento de Medicina Legal y Forense se elabora el dictamen solicitado, a la persona de nombre **********.
"...
"Procedimiento
"Antecedentes: Al interrogatorio directo refiere contar con ********** años de edad; sin ser portador de enfermedades crónico-degenerativas ni transmisibles.
"A la exploración física se encuentra masculino, consciente, orientado en las tres esferas neurológicas, con edad aparente igual a la referida, bien conformado, con marcha normal, motricidad y sensibilidad conservada, cooperador; con signos vitales: TA: 110/70, FC 75XMIN.
"Lesiones:
"No refiere ni presenta lesiones al exterior del cuerpo.
"...
"Conclusión
"El C. **********, es masculino sin lesiones al exterior del cuerpo, aparentemente sano."
De la cita que antecede, se observa que el justiciable no manifestó haber recibido algún maltrato, además de que el citado especialista médico dio fe de que el mismo no presentaba alguna lesión exterior visible.
Por tanto, se estima insuficiente para ordenar la reposición del procedimiento, la afirmación que hace el promovente del amparo, en el sentido de que la autoridad ministerial (Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo), constantemente obtiene confesiones a través de actos de tortura de los indiciados; puesto que dicha afirmación no arroja ningún indicio o sospecha de que en la etapa de preinstrucción -que se desahoga ante el agente investigador- se hubieren cometido actos de esa naturaleza, pues en contra de esta aseveración, se tiene el aludido dictamen médico de veintitrés de diciembre de dos mil doce, en el que se hizo constar que el indiciado no presentaba ni afirmaba tener alguna lesión.
Cabe aclarar que lo anterior no pretende establecer que el dictamen presentado por el médico legista adscrito a la institución ministerial sea un impedimento para estimar que, probablemente, se cometieron actos de tortura en contra del indiciado, sino que lo trascendente de dicha prueba es que modula la manifestación del justiciable para estimar que debiera reponerse el procedimiento a fin de que la autoridad jurisdiccional ordinaria excluya las pruebas que derivaron directa o indirectamente de dicha detención; esto, sobre la base de que la expresión del peticionario del amparo carece de apoyo alguno para crear convicción sobre la existencia de los referidos actos proscritos.
Ello es así, pues de llegar al extremo de estimar que cualquier manifestación imprecisa o vaga -realizada hasta la instancia de amparo- de que se cometieron actos de tortura en el procesamiento penal de una persona, es suficiente para reponer el procedimiento, conllevaría sujetar el proceder de los órganos de amparo a las afirmaciones defensivas -sin algún sustento- de los procesados o su defensa; dado que bastaría la simple enunciación en la demanda de derechos fundamentales de que se cometieron actos de tortura, para echar abajo todo el proceso penal que se hubiere incoado, sin que exista una base razonable sobre la cual desprender tal decisión que indudablemente también impacta en los derechos de la víctima u ofendido.
Sin embargo, lo que sí debe reconocerse, conforme a los criterios jurisprudenciales citados, es que la sola expresión del solicitante del amparo, en el aspecto de que pudo ser sujeto de actos de tortura, es suficiente para que este órgano de control de constitucionalidad ordene al agente del Ministerio Público que inicie una indagatoria a fin de esclarecer si en la detención que resintió el quejoso o durante su procesamiento penal, pudo haber recibido actos de tortura; lo anterior, será abordado por este tribunal con posterioridad (en un apartado específico), a fin de evidenciar la violación a derechos fundamentales advertida en suplencia de la queja deficiente.
2. Detención en flagrancia
El quejoso cuenta con el beneficio de la suplencia de la queja(48) prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, y ante ese panorama, este órgano colegiado advierte que en el presente caso existió una violación al procedimiento que afectó las defensas del quejoso que pudiera trascender al resultado del fallo reclamado.
Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:(49)
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.-La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."
a. Justificación del análisis de la detención como violación procesal en amparo directo
En cuanto a la detención que resintió el quejoso con motivo del delito que se le imputa, es importante mencionar como preámbulo, que si bien es cierto que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 20 constitucionales, para diseñar el sistema acusatorio y de juicios orales, también lo es que en el segundo artículo transitorio del decreto en comento se precisó que el sistema procesal penal acusatorio entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, y de la declaratoria por el Poder u órgano legislativo competente, en la que se señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos, sin que se excediera el plazo de ocho años contado a partir de la publicación del decreto, lo cual implica que aun cuando se encuentra vigente el nuevo texto constitucional el mismo no es aplicable en este asunto, porque en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a la fecha del hecho y a la instauración del procedimiento -año dos mil trece- aún no entraba en vigor el aludido sistema acusatorio.(50)
Fijado el marco legal aplicable, se transcribe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
Tal numeral exige que en todo juicio seguido ante tribunales previamente establecidos se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a saber, aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa, por lo que cualquier norma secundaria reguladora o acto de una autoridad dentro de un procedimiento judicial que impida tal defensa resultará infractor de la garantía de audiencia que consagra el precepto constitucional citado.
Esta garantía obliga al legislador a consignar en sus leyes la manera en que los gobernados, antes de ser afectados por un acto de privación, tengan la posibilidad de ser oídos en un procedimiento en el cual se observen, como formalidades esenciales mínimas, aquellas que garanticen su defensa, lo que se conoce como debido proceso.
Por su parte, el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior al reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, tenía un amplio espectro de la garantía de defensa adecuada, prevista en la fracción IX, que debe operar en todo proceso penal, incluso, en la averiguación previa. Tal como se advierte de la siguiente transcripción:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado: ...
"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,
"..."
En ese sentido, de conformidad con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano jurisdiccional está obligado a analizar el sustento jurídico del acto reclamado con base en la legalidad de las actuaciones que se desahogaron en la averiguación previa, incluso, aquellas producto de la detención del quejoso, pues podrían constituir una transgresión al derecho humano al debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales, lo que estará condicionado a que no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto.
Lo anterior, porque no es obstáculo que en la etapa de preinstrucción, el inculpado haya promovido el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en el cual el ahora también quejoso señaló como acto reclamado el auto de formal prisión dictado en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado -hechos de estudio en esta ejecutoria-; en dicho juicio, el Juez de Distrito dictó sentencia en audiencia constitucional de diecinueve de agosto de dos mil trece, en la cual, si bien, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ello fue sin estudiar actos anteriores al auto cabeza de proceso, en lo que interesa, la orden de detención emitida contra el quejoso y su ejecución, dado que no se hicieron valer conceptos de violación al respecto y el Juez Federal no advirtió de oficio alguna irregularidad, pues no se pronunció sobre dicho tópico; de ahí que no exista impedimento en la técnica del juicio de amparo para proceder a su análisis en esta instancia constitucional.
Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (10a.), que resolvió la contradicción de tesis 244/2012, de título, subtítulo y texto siguientes:
"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, sostuvo que en el amparo directo procede analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. En ese sentido, el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se extiende a todos aquellos actos o diligencias realizados desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. En esas condiciones, procede analizar en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la ley de la materia, las violaciones cometidas con mo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26505-639dad32/tortura-si-el-quejoso-refiere-en-su-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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