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COSA JUZGADA EN EL AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL QUEJOSO QUE PROMOVIÓ EL JUICIO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE RESOLVER, POR EL HECHO DE QUE EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA PREVIA -PRONUNCIADA POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL- EN RELACIÓN CON DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO HAYA ESTADO INMERSO EN LA MISMA LITIS. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS COMO CONSECUENCIA DE VIOLACIONES PROCESALES ADVERTIDAS DURANTE EL AMPARO DIRECTO. HIPÓTESIS QUE SE GENERAN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA EFECTÚA POR CONSIDERARLAS ILÍCITAS Y QUE DETERMINAN EL SENTIDO DE LA DECISIÓN QUE DEBE PRONUNCIARSE. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ESTABLECIDA A RAÍZ DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011. EN OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO PRO PERSONA Y A FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA A LOS DERECHOS DEL GOBERNADO COMO BASE DE LA TUTELA A LA DIGNIDAD HUMANA, EL JUZGADOR DEBE ACATARLA, AUN CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS, LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA PENAL Y SU RESOLUCIÓN, HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A SU EMISIÓN. PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS. LO DECIDIDO EN ÉSTAS SÓLO AFECTA LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR LO QUE SUS EFECTOS NO PUEDEN EXTENDERSE O LIMITAR EL CRITERIO DEL JUZGADOR AL RESOLVER LA SITUACIÓN DE DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO AMBOS JUICIOS EMANEN DEL MISMO PROCEDIMIENTO PENAL Y PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE HAYAN PONDERADO IDÉNTICAS PRUEBAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 142/2017. · Registro digital (IUS): 27509
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-01
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Pág. 2074.

COSA JUZGADA EN EL AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL QUEJOSO QUE PROMOVIÓ EL JUICIO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE RESOLVER, POR EL HECHO DE QUE EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA PREVIA -PRONUNCIADA POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL- EN RELACIÓN CON DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO HAYA ESTADO INMERSO EN LA MISMA LITIS.

EXCLUSIÓN DE PRUEBAS COMO CONSECUENCIA DE VIOLACIONES PROCESALES ADVERTIDAS DURANTE EL AMPARO DIRECTO. HIPÓTESIS QUE SE GENERAN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA EFECTÚA POR CONSIDERARLAS ILÍCITAS Y QUE DETERMINAN EL SENTIDO DE LA DECISIÓN QUE DEBE PRONUNCIARSE.

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ESTABLECIDA A RAÍZ DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011. EN OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO PRO PERSONA Y A FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA A LOS DERECHOS DEL GOBERNADO COMO BASE DE LA TUTELA A LA DIGNIDAD HUMANA, EL JUZGADOR DEBE ACATARLA, AUN CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS, LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA PENAL Y SU RESOLUCIÓN, HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A SU EMISIÓN.

PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS. LO DECIDIDO EN ÉSTAS SÓLO AFECTA LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR LO QUE SUS EFECTOS NO PUEDEN EXTENDERSE O LIMITAR EL CRITERIO DEL JUZGADOR AL RESOLVER LA SITUACIÓN DE DIVERSO QUEJOSO (COSENTENCIADO), AUN CUANDO AMBOS JUICIOS EMANEN DEL MISMO PROCEDIMIENTO PENAL Y PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE HAYAN PONDERADO IDÉNTICAS PRUEBAS.

AMPARO DIRECTO 142/2017. 24 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: DANIELA EDITH ÁVILA PALOMARES.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio del asunto.

A. Parámetro de control.

27. Los conceptos de violación se dirigen a combatir el debido proceso, la acreditación del delito y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, así como lo relativo a la individualización de la pena.

28. Sin embargo, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, donde se establece que procede la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal en favor del sentenciado, este Tribunal Colegiado analiza todas las constancias de la investigación y de la fase de instrucción, así como las del recurso de apelación.

29. Lo anterior, porque el estudio oficioso puede llegar hasta la fase de la averiguación previa, en la que eventualmente pueden encontrarse irregularidades que afecten al procedimiento; ello, de acuerdo con la jurisprudencia por contradicción de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para este órgano colegiado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo.(32)

B. Modo de estudiar el asunto.

30. Este órgano colegiado considera que existen violaciones al debido proceso en perjuicio del quejoso, puesto que su detención por flagrancia equiparada es ilegal; confesó su participación en los hechos delictivos sin la debida asistencia legal; adujo haber sido objeto de tortura por parte de los captores; el Ministerio Público recabó pruebas de cargo a partir de la intromisión a un domicilio sin orden de autoridad judicial, ni autorización y, además, la prueba central que soporta su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado, materia de la condena, fue obtenida a través de la violación de derechos humanos de su emisora -sentenciada por los mismos hechos-, lo cual, al constituir prueba de cargo en su contra, repercute en el derecho anunciado.

31. Así las cosas, este órgano tripartito analizará, en primer lugar, el debido proceso, en cuanto a los aspectos en que fue respetado; después se estudiarán las violaciones anunciadas, precisando las pruebas ilícitas generadas y las que no son alcanzadas por éstas y, posteriormente, se darán las razones que ameritan la concesión del amparo solicitado por el quejoso.

B.1 Relatividad de la sentencia.

32. Antes de comenzar ese estudio, con fundamento en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el precepto 73 de la Ley de Amparo,(33) debe precisarse que en este fallo se estudia la constitucionalidad y la legalidad del acto reclamado, consistente en la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil seis, sólo por lo que corresponde al quejoso **********.

33. Se destaca lo anterior, porque aun cuando en la propia resolución reclamada se condenó también a diversa persona **********, quien previo a la emisión de esta determinación, acudió al juicio de amparo directo, radicado como 175/2012, el que fue resuelto por este propio Tribunal Colegiado el dieciséis de agosto de dos mil doce y se determinó negar la protección constitucional instada.

34. Entonces, aunque en aquella sentencia se ponderaron los mismos elementos probatorios que en el presente juicio, la presente decisión no se encuentra vinculada con el sentido de aquélla; primordialmente, porque a la fecha en que este juicio se resuelve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido múltiples criterios, tanto jurisprudenciales como aislados y orientadores, en aras de ajustar las disposiciones constitucionales y legales al actual paradigma de derechos humanos, incorporado a nuestro régimen constitucional por virtud de la reforma sobre esa materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once.

35. Es decir, la trascendencia de esa reforma constitucional radica, entre otros aspectos, en el cambio de la visión de protección de derechos, incorporando como directriz constitucional el principio pro homine, en virtud del cual todas las normas relativas a la protección de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Razón por la cual, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

36. Es decir, el objeto y fin del reconocimiento positivo convencional y constitucional de los derechos humanos están dirigidos a garantizar la protección de la dignidad humana. Y la observancia de dicho principio permite impedir, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por otro lado, favorecer la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección.

37. Ahora bien, por lo que respecta a los procedimientos judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de los individuos. Por tanto, al existir un vínculo íntimo entre los derechos humanos y el procedimiento judicial, el principio de progresividad encuentra un contexto propicio para desarrollar su efecto útil.

38. Un ejemplo claro del desenvolvimiento evolutivo y garantista del debido proceso es el de índole penal, porque con motivo de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, progresivamente ha ido incorporando nuevos derechos sustantivos. Los de defensa adecuada y exclusión de la prueba ilícita son parte importante de ese desarrollo con fines protectores de la dignidad humana, cuya construcción y reconocimiento han sido continuos, y tenido como referente normativo diversas reformas constitucionales que han ampliado su alcance protector.

39. De manera que los criterios emitidos por ese Máximo Tribunal, que guardan identidad de razón jurídica con la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, pueden aplicarse para el análisis de casos actuales, pues la jurisprudencia reciente no afecta el derecho de las personas a la no retroactividad de la ley, con motivo de que con respecto a la jurisprudencia no se pueden suscitar conflictos de leyes en el tiempo.(34)

40. Correlativamente con lo anterior, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo,(35) la jurisprudencia emitida por ese Máximo Tribunal es de aplicación obligatoria para este Tribunal Colegiado y, por ende, aun cuando los hechos delictivos, así como la tramitación y resolución de la causa penal de origen hayan ocurrido con antelación a su emisión, acorde con el propio reconocimiento establecido por la Corte Nacional, y en cumplimiento a ese imperativo legal, al emitir la presente resolución, este órgano colegiado debe acatar las pautas de interpretación establecidas en consonancia con esa nueva tendencia proteccionista incorporada al régimen constitucional que, como se ha dicho, busca la protección de la dignidad humana, como objeto y propósito de la tutela de los derechos fundamentales.

41. Además, en términos del artículo 73 de la Ley de Amparo,(36) las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos que lo hayan solicitado.

42. Esto significa que ese numeral, en concordancia con el diverso 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene la llamada "Fórmula Otero" o principio de relatividad de los efectos de la sentencia, incorporado en sus orígenes al artículo 102 de la Constitución de 1857 y que persiste hasta la actual Carta Magna.

43. Éste, es un principio que involucra el equilibrio de poderes, de manera que la superioridad soberana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se convierta en absoluta, pues si tuviera facultad oficiosa para juzgar o tachar de inconstitucional cualquier acto legislativo o administrativo, se convertiría en un poder superior, mando directo y revisor de los otros poderes. Por ende, el que la anulación o declaración de ineficaz de un acto jurídico sólo beneficie a quien promueve, es indispensable para el control constitucional.

44. La esencia de este principio radica en que la sentencia que conceda el amparo únicamente protege los intereses jurídicos del quejoso, sin poder realizar una declaración general de inconstitucionalidad. Esto es, destaca el carácter individualista del amparo, el cual no constituye una defensa directa de la constitucionalidad, sino sólo la del gobernado frente al Estado.

45. Lo antes mencionado constituye la base normativa de la aseveración efectuada al inicio de este apartado, en el sentido de que, sin desconocer la existencia de una sentencia ejecutoriada pronunciada previamente por este órgano colegiado respecto de la cosentenciada del aquí quejoso, con apoyo en dicho principio de relatividad, tal decisión sólo afecta su condición jurídica y no puede, por ende, hacer extensivos sus efectos o comprometer el criterio de quienes esto resuelven, al resolver ahora la situación de diverso quejoso, aun cuando el estudio emane de los mismos medios de prueba que en su momento se consideraron suficientes para avalar la constitucionalidad de la condena en contra de aquélla.

46. Incluso, lo anterior nos conduce a afirmar que la sola emisión de la sentencia de amparo anterior, respecto de la diversa sentenciada **********, efectivamente constituye cosa juzgada, pero sus efectos sólo son aplicables al caso concreto: el de aquella quejosa.

47. Recuérdese que tal figura jurídica implica el respeto y subordinación de lo decidido en un juicio. Por eso es definida como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados de un proceso. A partir de lo anterior, el fallo obtenido en la sentencia que cause ejecutoria excluye totalmente cualquier otro examen subsecuente de esa litis. Pero, este concepto no conduce al extremo de que la cosa juzgada se actualice como tal, respecto de todos los sujetos parte de una relación procesal, con independencia de su naturaleza, pues en armonía con lo que el concepto de relatividad de las sentencias de amparo implica, es factible sostener que la sentencia dictada en un juicio de amparo, en este caso directo, sólo es eficaz contra los que litigaron la controversia en que se emitió.

48. En el caso concreto, tal supuesto efectivamente está actualizado, pero únicamente en relación con la diversa sentenciada **********, y ello no alcanza, compromete ni constriñe la decisión que este órgano colegiado pueda adoptar al resolver este juicio de amparo, porque quien demanda la protección constitucional no compareció como tal al anterior. Y, además, menos aún sería posible reiterar el criterio contenido en aquella ejecutoria, cuando actualmente este Tribunal Colegiado tiene la obligación constitucional de aplicar los criterios sustentados por la Suprema Corte nacional, al ampliar el marco de protección de los derechos humanos como parte de la transición del procedimiento penal a las pautas, incluso, internacionalmente establecidas, en cuanto a la extensión de la tutela de derechos humanos.

C. Decisión de este Tribunal Colegiado.

C.I. Debido proceso (en lo que fue respetado).

Ver tabla

C.II. Violaciones al debido proceso.

49. Pues bien, en suplencia de la queja deficiente establecida por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este órgano colegiado considera oportuno precisar que el criterio empleado por la Sala responsable -en lo referente a la legalidad de la detención del quejoso, la validez de su confesión ministerial y la de su cosentenciada (en la que se finca su responsabilidad penal), la asesoría técnica brindada en sede ministerial, obtención de algunas pruebas por el órgano ministerial sin orden de cateo, así como la tortura alegada- no son consonantes con los actuales criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se traduce en la existencia de las diversas violaciones procesales que enseguida se estudiarán.

C.II.1. Ilegalidad en la detención bajo el supuesto de flagrancia equiparada.

50. Previamente al estudio anunciado, debe precisarse que el examen del tema aludido -inconstitucionalidad e ilegalidad de la detención-, es procedente ante esta instancia constitucional, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 173, apartado A, fracción XIV, de la Ley de Amparo, las posibles violaciones cometidas con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional (flagrancia o caso urgente), que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, podrían constituir una transgresión al derecho humano del debido proceso,(45) lo que implica que este Tribunal Colegiado tiene la obligación de verificar si fue o no ajustada a derecho.

51. Además, la serie de violaciones a las prerrogativas de legalidad y defensa, pueden ser materia de examen en esta vía de amparo directo, aunque se trate de actos de la averiguación previa, porque se miran desde la perspectiva de la licitud de las pruebas obtenidas y del cumplimiento al derecho fundamental de defensa, en términos de la tesis de rubro siguiente:

"AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO."(46)

52. Ahora, es necesario poner en contexto los antecedentes relevantes del caso:

i. La denuncia que dio origen a la averiguación previa de la que emana la sentencia de condena, fue presentada el veintiséis de julio de dos mil cinco, por los elementos policiacos Eduardo Olivar Pérez y Jesús Flores Mancio, quienes relataron lo concerniente al hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en bolsas de plástico sobre la calle **********, manzana **********, lote **********, colonia **********, en la delegación ********** de esta ciudad.

ii. Con base en sus deposados, a las quince horas con cincuenta y ocho minutos de esa fecha,(47) el órgano técnico investigador ordenó la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

iii. En cumplimiento a lo anterior, en la misma fecha, los agentes Jorge Édgar Romero García y Germán Curiel Terres, suscribieron un informe en el cual, esencialmente manifestaron haber reconocido el cuerpo del occiso (por sus dos tatuajes de **********), como un sujeto que anteriormente había estado detenido. Ante ello, consultaron la base de datos de la institución ministerial y conocieron que el occiso respondía al nombre de **********, quien había estado relacionado con la averiguación previa **********. Asimismo, se trasladaron a su domicilio, ubicado en la calle **********, manzana **********, lote **********, colonia **********, en donde se entrevistaron con la madre del fallecido, a quien le hicieron saber la noticia del deceso y le solicitaron que se trasladara a la agencia ministerial, a fin de que reconociera el cadáver. De igual forma, dicha persona les informó que su hijo acostumbraba reunirse en un autolavado con una persona de nombre **********, quien mencionó que días antes el occiso fue amenazado por un sujeto de nombre **********, a causa de un supuesto robo a la casa de éste, respecto de un perro y seiscientos pesos en efectivo.(48)

iv. A partir de lo anterior, **********, ********** y ********** (madre, padrastro y amigo del occiso, respectivamente) comparecieron ante el agente ministerial como testigos de identidad. Además, el último de los mencionados relató que días antes el occiso había tenido un altercado verbal con un sujeto de nombre **********, quien incluso los había amenazado, el cual se dedicaba a la venta de drogas y trabajaba para un sujeto apodado ********** o **********. Con esos datos, el agente ministerial ordenó a elementos a su mando que se abocaran a la localización y presentación de los probables responsables del delito investigado.(49)

v. El mismo día, los agentes de policía Germán Curiel Terres, Francisco Betancourt Mercado y Maricarmen Enríquez Dozal, suscribieron y ratificaron ministerialmente el oficio a través del cual pusieron a disposición a tres personas (entre éstas, el quejoso) en las siguientes condiciones: a partir de la información proporcionada por el testigo **********, se trasladaron al domicilio de **********, ubicado en la calle **********, manzana **********, lote **********, colonia **********, en la delegación **********, de esta ciudad; al llegar, se percataron que de ese inmueble salía una camioneta de la marca **********, tipo **********, de color **********, con permiso de circulación, en cuya parte trasera llevaba una bolsa color negra o gris, de similares características a aquellas en donde se encontró envuelto el cadáver del pasivo. Siguieron el vehículo y, más adelante, le solicitaron al conductor, quien refirió responder al nombre de **********, que detuviera la marcha y, al ser cuestionado, mencionó que su amigo ********** (quejoso) le había pedido que tirara esa bolsa de basura, la cual, al revisar superficialmente, advirtieron que había ropa con líquido, al parecer, hemático. Así, se trasladaron al inmueble antes citado, en compañía del conductor y, al llegar, vieron a un hombre y a una mujer, por lo que, cuando el primero notó su presencia, sacó de entre sus ropas un arma de fuego, con la que les apuntó; motivo por el cual descendieron de la unidad y lograron su aseguramiento. De esa manera, pusieron a disposición de la fiscalía al conductor de la camionera (quien posteriormente salió libre, ante la ausencia de pruebas para procesar), así como a los otros sujetos (el quejoso y su cosentenciada).(50)

vi. A las cinco horas del veintisiete de julio de dos mil cinco, el quejoso ********** fue certificado médicamente, en donde se asentó que presentó las siguientes lesiones: "...presenta lesión cubierta por costra hemática en el lóbulo del pabellón auricular izquierdo, cuatro lesiones puntiformes en la región ciliar izquierda en su ángulo externo, presenta lesiones cubiertas por costra hemática en diferentes fases de evolución en las siguientes regiones: una de 2.5 cm en cara posterior de brazo derecho, otra de 4. cm en cara posterior tercio medio de brazo izquierdo, dos lesiones de 10.0 cm cada una en el tercio medio cara anterior de antebrazo derecho, una de 2.5 cm en cara posterior tercio medio de brazo derecho, múltiples lesiones en diferentes fases de evolución en cara anterior de dedos de la mano derecha izquierda, siendo la mayor en el dedo pulgar de la mano derecha de 2.0 cm y en los demás dedos menor de 0.3 cm..."(51)

Asimismo, por cuanto hace a su cosentenciada **********, se determinó: "...consciente, orientada globalmente, presenta lesiones; la primera de 4.0 cm y la segunda de 2.5 cm, en diferentes fases de evolución en la región palmar derecha y escoriación de 10.0 cm lineal en la región escapular derecha..."(52)

vii. A las catorce horas con diez minutos del veintisiete de julio de esa anualidad, el agente del Ministerio Público investigador decretó la formal retención, bajo el supuesto jurídico de flagrancia equiparada, en contra de ********** y **********, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado.(53)

viii. Posteriormente a que el quejoso fue puesto a disposición del fiscal, se recabaron las siguientes diligencias:

• Informe de puesta a disposición suscrito y ratificado ministerialmente por los agentes Jorge Édgar Romero García, Germán Curiel Terres, Francisco Betancourt Mercado y Maricarmen Enríquez Dozal.

• Inspecciones ministeriales de:

• Lesiones, certificados médicos de los detenidos antes de declarar.

• Vehículo, objetos (basura) y posterior ampliación.

• Arma y cargador.

• Objetos del occiso.

• Lugar de los hechos.

• Declaraciones ministeriales de **********, ********** y **********.

• Dictámenes periciales en materia de:

• Mecánica y avalúo de vehículo.

• Criminalística de campo.

• Criminalística de campo (lugar de los hechos).

• Rastreo hemático.

• Balística forense.

• Valuación de objetos punzo cortantes e identificaciones localizadas en el lugar de los hechos.

• Necropsia de ley.

• Informe de modus vivendi.

• Examen de ropas del occiso.

• Placas fotográficas del lugar del hallazgo del cadáver e inmueble donde ocurrieron los hechos.

• Aseguramiento ministerial del bien inmueble donde ocurrieron los hechos.

ix. El veintinueve de julio de dos mil cinco, el agente del Ministerio Público investigador consignó con detenido la averiguación previa **********.

x. En esa fecha, el titular del Juzgado Trigésimo Primero Penal de esta ciudad, radicó la citada indagatoria y ratificó la legalidad de la detención ministerial, por considerar que se encontraba en el supuesto jurídico de flagrancia equiparada, prevista por el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad.

53. Puesto en contexto lo anterior, como se anticipó, este órgano colegiado advierte que fue ilegal la detención del quejoso, debido a que fue presentado ante el Ministerio Público, no porque se le capturara al momento justo de la comisión del delito imputado, ni inmediatamente después -es decir, durante su huida tan luego acaeciera el suceso delictivo-; sino que tuvo lugar un día después de que el agente investigador dio inicio a las diligencias de la averiguación previa y, por esa razón, quedó retenido bajo la figura de flagrancia equiparada, prevista en el artículo 267, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, en cuya parte medular dispone:

"...Se equiparará la existencia de delito flagrante cuando la persona es señalada como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera participado con ella en la comisión del delito; o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito; o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave así calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de setenta y dos horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se hubiera iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiese interrumpido la persecución del delito.

"En esos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y bajo su responsabilidad, según proceda, decretará la retención del indiciado si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito merezca pena privativa de libertad, o bien, ordenará la libertad del detenido, cuando la sanción sea no privativa de libertad, o bien, alternativa."

54. Sin embargo, la flagrancia equiparada ya no tiene cabida en el actual contexto constitucional y convencional que justifican la validez de una detención, por las consideraciones siguientes:

55. Los artículos 7, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevén:

"Artículo 7. Derecho a la libertad personal.

"...

"2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas."

"Artículo 9.

"1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o privación arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo establecido en ésta."

56. Así, conforme a dichos preceptos, toda detención será legal en la medida en que se ajuste a los supuestos previstos para ello en la propia Constitución y en las leyes secundarias, desde luego, siempre que éstas se ajusten a la Norma Fundamental (principio de supremacía constitucional).

57. Ahora, el artículo 16, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé:

"...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. ..."

58. Cabe señalar que el texto anteriormente transcrito, es el que derivó de la reforma a dicho precepto, publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, vigente a partir del día siguiente, por disposición del transitorio primero del decreto respectivo.(54)

59. Entonces, al margen de que ese texto constitucional no estaba vigente cuando ocurrió la detención del quejoso -lo que ocurrió el veintiséis de julio de dos mil cinco (sic)-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que esa figura jurídica es inconstitucional -según se verá- y, ante ello, las directrices establecidas deben aplicarse con efectos retroactivos, a su condición particular.

60. De esa forma, del citado artículo 16 de la Norma Fundamental se observa que fuera del caso de la existencia de una orden de aprehensión, es posible detener al imputado cuando exista:

• Flagrancia, es decir, en el momento mismo de la consumación del delito.

• Cuasiflagrancia, que significa la captura del activo "inmediatamente" después de la ejecución del delito.

61. En estos dos supuestos, cualquier persona podrá llevar a cabo la detención y, sin demora, dejarla a disposición de la representación social.

• Caso urgente, en el que sólo el Ministerio Púbico está facultado para ordenar -bajo su más estricta responsabilidad- la detención de un gobernado, siempre que se colmen los requisitos descritos para esta hipótesis.(55)

62. Como se observa, el precepto en cita conceptualiza la flagrancia (en sentido estricto) como el instante de la comisión del delito, o bien, aquel que ocurre en el momento de la huida u ocultamiento del sujeto, que se genera inmediatamente después de la realización de los hechos delictivos (cuasiflagrancia). Esto es, sin establecer término alguno en este último caso, pues esa detención debe acaecer de inmediato al evento ilícito.

63. De lo anterior se advierte que el marco constitucional no prevé la hipótesis de flagrancia equiparada, a que se refiere el artículo 267, párrafo segundo, de la ley adjetiva invocada, cuya particularidad es que la detención tenga verificativo en "un plazo de setenta y dos horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos". Es decir, no permite que en ese plazo se detenga a persona alguna, sino sólo en el momento de la comisión del injusto o inmediatamente después de sucedido ello. De ahí que tal numeral secundario, en su referido párrafo segundo, contravenga lo dispuesto constitucionalmente y, por tanto, no puede ser justificativo de la detención del quejoso.

64. Es aplicable a lo anterior, el criterio aislado 1a. CCCLXXIV/2015 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y contenido siguientes:

"FLAGRANCIA EQUIPARADA. EFECTOS JURÍDICOS DERIVADOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 267, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE LA PREVÉ. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la invalidez de medios probatorios no sólo afecta a aquellas pruebas obtenidas directamente con motivo del acto que provocó la violación a los derechos humanos, sino también a todas aquellas que tengan un vínculo directo con dicha violación. Asimismo, que las pruebas obtenidas como resultado de una prueba ilícita son igualmente inválidas, aunque para su consecución se hayan cumplido todos los requisitos legales y constitucionales, al derivar de la violación de alg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27509-e848848a/cosa-juzgada-en-el-amparo-directo-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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