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Modo: Corpus Pro

PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2013. · Registro digital (IUS): 24892
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBU
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Pág. 581.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CUANTO A LA COMPETENCIA, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

III. Competencia

9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).".(1) Así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo corresponde a la procedencia del juicio de amparo indirecto en asuntos del orden civil, cuya especialidad corresponde a esta Primera Sala.

IV. Legitimación

10. Por otro lado, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, órgano que emitió la resolución en la que se sustenta uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

V. Existencia de la contradicción

11. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(2) consistentes en que:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

13. El Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, resolvió el recurso de revisión 112/2013, cuyo asunto tiene las siguientes características:

a. El veintiuno de enero de dos mil nueve, ********** y ********** promovieron juicio ordinario civil, en el que solicitaron la disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento. Los promoventes presentaron el convenio judicial respectivo.

b. El nueve de febrero de dos mil nueve, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial y se aprobó definitivamente el convenio celebrado entre los ex cónyuges. El dieciséis de abril de ese mismo año, la sentencia definitiva causó estado.

c. El once de julio de dos mil once, los ex cónyuges promovieron sendos incidentes de ejecución de convenio, los cuales fueron admitidos.

d. Durante el procedimiento de los incidentes, la actuaria adscrita al juzgado del conocimiento asentó, en la diligencia de once de octubre de dos mil once, haberse constituido en el domicilio de **********, en donde fue atendida por dicha persona. En cumplimiento al proveído de cuatro de octubre de dos mil once, le requirió el pago de ********** por concepto de pensiones alimenticias adeudadas a su menor hijo. Dicha persona manifestó que no podía realizar el pago de tal cantidad y que contaba con los recibos respectivos. La funcionaria judicial le solicitó el acceso a su domicilio a fin de señalar bienes para embargo suficientes para cubrir tal adeudo con el apercibimiento, en caso de negativa, de que se le aplicaría la medida de apremio, consistente en el uso de la fuerza pública, cateo y rompimiento de cerraduras. El demandado negó el acceso a su domicilio.

e. El veinte de octubre de dos mil once, el Juez del conocimiento autorizó la medida de apremio, consistente en el uso de la fuerza pública, cateo y rompimiento de cerraduras en el domicilio del incidentista, sobre lo cual determinó que tal diligencia sería para el señalamiento de bienes para embargo "única y exclusivamente propiedad del demandado" y su extracción, a fin de que se pusieran en posesión del depositario designado.

f. ********** promovió juicio de amparo indirecto, mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil once, en contra del embargo de bienes muebles de la casa que habita junto con su esposa, ordenado por el Juez responsable. Correspondió el conocimiento del asunto a la Juez Primera de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien dictó sentencia el treinta y uno de enero de dos mil trece, en la que sobreseyó en el juicio de garantías, porque el quejoso carecía de interés jurídico para promoverlo.

14. En el recurso de revisión planteado por el peticionario en contra de esa resolución, el Tribunal Colegiado resolvió confirmar el sobreseimiento decretado, en sesión de nueve de mayo de dos mil trece, en razón de las siguientes consideraciones:

• La litis en la revisión consistió en precisar, si el recurrente tiene interés jurídico o no para promover el juicio de amparo en contra de la orden de embargo de bienes muebles en su domicilio, dirigida a afectar única y exclusivamente bienes propiedad del demandado.

• El quejoso careció de interés jurídico para combatir tal determinación, porque aun cuando alegó ser propietario de la casa en la que se practicaría la diligencia de embargo de bienes muebles (lo que acreditó con varias documentales públicas y privadas) tal decisión, por sí misma, no le genera perjuicio a su esfera jurídica, ya que dicha medida de apremio no iba dirigida a afectar bienes propiedad del recurrente, pues en el acuerdo reclamado se especificó que tal diligencia sería para el señalamiento de bienes para embargo única y exclusivamente propiedad del demandado, su extracción y posesión al depositario designado.

• Sobre esa base, la orden de embargo no iba encaminada a afectar algún derecho del peticionario, ya que aun cuando demostró ser propietario del inmueble en donde se llevaría a cabo la diligencia de embargo, tal circunstancia no le genera atribución alguna para reclamar ese acto, al no ser tendente a afectar su interés jurídico o patrimonial.

• Además, en el juicio de origen quedó demostrado que el demandado tiene su domicilio en el lugar en donde se practicaría tal diligencia; por tanto, es legal que en ese lugar se requiriera al demandado el pago y, en su caso, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar la pensión alimenticia adeudada.

• De tal manera que la afectación que aduce el recurrente sobre bienes de su propiedad no se actualizó con la orden de embargo, tendente a asegurar las pensiones alimenticias insolutas a favor del menor, ello, en razón a que el Juez responsable no ordenó el embargo sobre bienes que formaran parte del patrimonio del peticionario y si éste vive en tal lugar en donde existen bienes de su propiedad, resulta inconcuso que el ejecutor no podría gravarlos, conforme en la diligencia referida se demostrara que no formaban parte del patrimonio del enjuiciado. De ahí que el acto reclamado no le causaba perjuicio en los derechos o los bienes del recurrente.

• Tampoco es verdad que existiera afectación a la esfera jurídica y material del recurrente, por el hecho de que con el acto reclamado se encontrara inmersa la inminente utilización del medio de apremio, consistente en el uso de la fuerza pública, cateo y rompimiento de cerraduras, porque la utilización de esa medida de apremio se encontraba autorizado en el juicio para lograr el éxito de la diligencia de embargo, pues constituía un hecho futuro e incierto, ya que el actuario no la utilizaría en la medida en que la o las personas -que se encuentren en el domicilio en el momento en que se realice la diligencia respectiva- permitieran el acceso al funcionario público al domicilio, a fin de lograr la realización del embargo y secuestro de bienes propiedad del demandado suficientes para garantizar el pago de las pensiones alimenticias adeudadas. Consecuentemente, la orden de rompimiento de cerraduras, cateo y utilización de la fuerza pública no ocasionaba daño material en el inmueble propiedad del quejoso.

• De ahí que el extraño al juicio careciera de interés jurídico para reclamar la orden de embargo en el inmueble de su propiedad, con el empleo de la medida de apremio, consistente en el auxilio de la fuerza pública, cateo y rompimiento de cerraduras. Ello en razón de que los actos mencionados serían ejecutados en el domicilio en el que habita el demandado, porque sostener lo contrario, se llegaría al extremo de permitir que el deudor evadiera su responsabilidad ante terceros, más cuando la deuda derivaba de pensiones alimenticias a favor de un menor, los cuales deben prevalecer sobre cualquier interés o derecho que pudiera alegarse, con la única condicionante que no se lesionen derechos de personas ajenas a ese reclamo, sin que tal supuesto se actualizara al caso, ya que dicha medida precautoria iba dirigida a gravar única y exclusivamente bienes propiedad del demandado.

15. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, al resolver el recurso de revisión 540/2012 (identificado como cuaderno auxiliar 786/2012 de su índice), en auxilio al Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, analizó un asunto con las siguientes características:

a) Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil once, en la vía ejecutiva mercantil, la actora demandó del ejecutado el pago de varias pretensiones.

b) El Juez responsable admitió dicha demanda y ordenó que se realizara la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado. Dicha diligencia, previo citatorio que se dejó a la esposa del demandado, fue entendida con éste, quien manifestó no reconocer el adeudo reclamado, ni señaló bienes para garantizarla; derecho que pasó a la actora, quien señaló la casa en donde se practicó dicha diligencia para embargo.

c) El Juez responsable tuvo a la actora por desistida respecto del embargo trabado sobre el inmueble señalado en la diligencia anterior y -en el propio auto- ordenó al actuario se constituyera nuevamente en el domicilio del demandado, le requiriera el señalamiento de otros bienes para embargar, a fin de garantizar las pretensiones reclamadas; en caso de negativa del enjuiciado, pasaría ese derecho a la actora.

d) El actuario se constituyó nuevamente en el domicilio del demandado y fue atendido por la esposa de éste, a quien le dejó citatorio. Al día siguiente, la diligencia se llevó a cabo con el enjuiciado, quien negó el adeudo y dejó de señalar bienes para garantizar el pago de las pretensiones reclamadas, derecho que pasó a la actora, para lo cual se le solicitó el acceso al inmueble y poder señalar bienes que se encontraran en el interior. El demandado se negó a dar acceso al inmueble, sin que la enjuiciante pudiera señalar bienes de los que se encontraban dentro del domicilio para los efectos referidos. La demandante solicitó que se le dejara a salvo su derecho para la realización de una nueva diligencia a fin de señalar bienes que garantizaran el pago de lo demandado.

e) La actora solicitó al juzgador autorizar el uso de la fuerza pública para que se le permitiera el acceso al domicilio del demandado y señalar bienes que garantizaran las pretensiones reclamadas; petición que, después de haber sido denegada, se acogió en sus términos al ordenarse nuevamente la realización de la diligencia respectiva en el domicilio del enjuiciado, con el apercibimiento que de negarse a su realización, el demandado se haría acreedor a la medida de apremio consistente en el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, si fuera necesario -en términos de los artículos 59, fracción II y 432 del Código Federal de Procedimientos Civiles-, a fin de realizar el embargo de bienes que se encontraran dentro del domicilio del enjuiciado.

f) Contra esa determinación, mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil doce, ********** promovió juicio de amparo indirecto. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, admitió la demanda de amparo, y el nueve de abril de dos mil doce dictó sentencia, en la que sobreseyó en el juicio de amparo, porque la quejosa (extraña al juicio) carece de interés jurídico para promoverlo.

16. En el recurso de revisión interpuesto contra tal sobreseimiento, el Tribunal Colegiado dictó la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil doce, en la que revocó la resolución recurrida, en razón de las consideraciones siguientes:

• La quejosa sí acreditó fehacientemente el interés jurídico para solicitar el amparo, pues quedó demostrado que se afectaban sus derechos al pretender ejecutar actos de molestia en su domicilio y los bienes que se encontraran en él, ya que la recurrente acreditó ser la propietaria del inmueble y las cosas contenidas en éstas, por lo que la orden de embargo le causa una grave lesión en sus derechos e interés jurídico, al ordenarse la fractura de cerraduras sobre su domicilio.

• El Juez de Distrito estimó indebidamente que la peticionaria carecía de interés jurídico para promover el juicio constitucional, pues dejó de tomar en cuenta que la recurrente expuso que sí se afecta su interés jurídico, ya que en el acuerdo reclamado se ordenó practicar el embargo de bienes muebles en un inmueble propiedad de aquélla, y se apercibió al demandado que, de negarse a tal diligencia, se haría uso de la fuerza pública y se fracturarían las cerraduras del domicilio, lo que generó una lesión grave en sus derechos y, por tanto, el Juez Federal no debió sobreseer en el juicio de amparo, ya que sí se afectó la esfera jurídica de la quejosa.

• Ello es así, porque sin que la promovente del amparo fuera parte procesal en el juicio ejecutivo mercantil, se ordenó llevar a cabo el embargo de bienes muebles ubicados en el inmueble de su propiedad; además, en caso de negativa del demandado (quien es esposo de la peticionaria) a la práctica de la diligencia, se haría uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, lo que transgrediría la esfera jurídica de la recurrente, pues si se parte de la base que el interés jurídico es la titularidad que a la quejosa le corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados, en el caso se lesionaría el derecho de propiedad de la peticionaria en perjuicio de su patrimonio; de ahí que nace el interés jurídico de la recurrente para promover el juicio de garantías.

• Sobre esa base, el tribunal federal decidió revocar la sentencia recurrida y levantar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo.

• Tal decisión se debió a que el acto reclamado es violatorio del artículo 14 constitucional, pues no se puede adoptar una medida de esa naturaleza en contra de una persona extraña al juicio, que no fue oída en juicio (derecho fundamental de audiencia), pues la ruptura de cerraduras en su domicilio transgrede evidentemente la esfera jurídica de la quejosa, por afectarse su propiedad, determinación que fue adoptada en un procedimiento en el que aquélla no es parte procesal, lo cual es violatorio de derechos fundamentales, ya que se debe otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos y, por tanto, el debido respeto a que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento por parte de las autoridades responsables, ya que en caso de incumplir con tal derecho se violaría el derecho de audiencia.

• Así, a la quejosa se le afectaría en su propiedad sin haber sido escuchada en juicio, porque se llevaría a cabo una diligencia de embargo en un domicilio que es de su propiedad y en el cual se apercibió que de no permitirse el acceso, se haría uso de la fuerza pública y se romperían cerraduras, lo cual afectaría su esfera jurídica; más sí había elementos con los que la recurrente acreditó que el inmueble en donde se practicaría la diligencia es de su propiedad.

• Sin que fuera obstáculo para llegar a tal decisión, el que el acto reclamado estuviera dirigido al demandado, en el que se ordenó embargar bienes de su propiedad y no de la quejosa, pues de ejecutarse tal acto ésta sí resentiría una afectación en su esfera jurídica de derechos, debido a que el embargo se ordenó que se practicara en el interior de su domicilio, en el que se facultó al fedatario para hacer uso de la fuerza pública y romper cerraduras, si fuera necesario, lo que afecta evidentemente en su propiedad.

• Sobre esa base se concedió el amparo a la peticionaria, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera otro en el que prescindiera de prevenir al demandado que de negarse u oponerse para que se llevara a cabo la diligencia de embargo en ese domicilio, se haría acreedor a la medida de apremio consistente en la fractura de cerraduras, tomara en cuenta que el inmueble donde se ordenó tal diligencia es propiedad de la quejosa; hecho lo anterior y con plenitud de jurisdicción, determinara lo que en derecho procediera.

• Tal ejecutoria dio origen a la tesis aislada «VI.1o.C.20 C (10a.)» de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO EN EL QUE SE REQUIERE AL ACTOR PARA QUE ELIJA UNA DE LAS DOS ACCIONES EJERCITADAS, APERCIBIDO QUE, DE NO HACERLO, SE DESECHARÁ SU DEMANDA, PUES ELLO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."

17. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que ambos tribunales analizaron casos en los que a partir de supuestos similares, llegaron a una conclusión diferente. Esto, pues los dos tribunales estudiaron asuntos en los que hay identidad en lo siguiente:

• En el juicio de origen se ordenó el embargo sobre bienes muebles del demandado, para cuyo efecto se hizo efectivo el apercibimiento consistente en el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en el domicilio del demandado en donde se llevaría a cabo la diligencia correspondiente.

• Esa decisión fue reclamada mediante el juicio de amparo indirecto por quien se ostentó persona extraña al juicio de origen.

• En ambos casos, el quejoso alegó ser propietario del inmueble en que se llevaría a cabo la diligencia de embargo y tener su domicilio en ese lugar, sobre el cual se autorizaron el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para acceder a él a fin de señalar bienes y ponerlos en posesión del depositario.

18. Por otro lado, en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existe disenso en la decisión adoptada, esto, pues el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, considera que la orden de embargo sobre bienes del demandado, con el apercibimiento de la medida de apremio consistente en el uso de la fuerza pública, cateo y rompimiento de cerraduras no afecta a la esfera jurídica del extraño al juicio, porque, por un lado, la orden de embargo va dirigida a afectar bienes propiedad del enjuiciado y no de la parte quejosa y, por otro, la medida de apremio consistente en el uso de la fuerza pública, cateo y rompimiento de cerraduras, al estar autorizada en el juicio tal medida de apremio con el fin de lograr el éxito de la diligencia de embargo, constituye un hecho futuro e incierto, ya que el actuario judicial no utilizará tales medios si, al momento de la diligencia, la persona que se encuentre en el domicilio permite el acceso al domicilio a la parte actora y a dicho funcionario, para realizarse el embargo y secuestro de los bienes propiedad del demandado; de ahí que tal medida de apremio no ocasiona, de facto, un daño material en el inmueble propiedad de la persona que se ostenta extraño al juicio; por tanto, éste carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, estimó que el extraño al juicio sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la orden de embargo en la que se apercibe con el rompimiento de cerraduras en su domicilio, ya que se afecta su derecho de propiedad, en perjuicio de su patrimonio, al pretenderse ejecutar actos de molestia en su domicilio y los bienes que se encuentran en él, máxime que acreditó la propiedad del inmueble en donde se pretende realizar tal diligencia.

19. Al respecto, no queda inadvertido que el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito partió de la base de que el acto reclamado incluyó, además de la autorización del uso de la fuerza pública y del rompimiento de cerraduras, la orden de cateo, para lograr el secuestro judicial de bienes muebles propiedad del demandado; sin embargo, esa situación no torna inexistente la contradicción de tesis, en virtud de que, por un lado, no resultó una situación trascendente en la decisión adoptada por el Tribunal Colegiado para negarle interés jurídico al quejoso y, por otra parte, si se atiende a la finalidad perseguida por la autoridad jurisdiccional al girar una orden de cateo, se advierte que, en el caso que examinó dicho órgano de control constitucional, no hubo tal mandato de buscar a alguna persona o algún objeto en particular,(3) antes bien, lo que se ordenó fue el embargo de bienes propiedad del demandado, mismo tema que examinó el otro Tribunal Colegiado.

20. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta: La persona que se ostenta extraña al juicio ¿tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que autoriza el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad, para lograr el embargo de bienes del demandado?

VI. Consideraciones y fundamentos

21. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que afirma que la persona que se ostenta extraña al juicio de origen tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en la orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad; lo anterior, en virtud de que dicho acto afecta sus derechos de propiedad y de inviolabilidad de su domicilio, como parte del derecho a la privacidad.

22. Para arribar a esa decisión, primeramente, es necesario referirse a las instituciones jurídicas que son importantes para la solución de la presente contradicción de tesis, a saber: i) el interés jurídico; ii) la persona extraña al juicio; y, iii) la inviolabilidad al domicilio.

El interés jurídico

23. En lo que ve al juicio de amparo, la institución jurídica del interés jurídico se encuentra prescrita en el artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que dice:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." (énfasis añadido)

24. Según lo dispuesto en esa disposición constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo(4) y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo.

25. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo, tal como consta en la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO."(5)

26. Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho.

27. Además, tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad; ello conforme a los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se comparte, y de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, de rubros:

"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE."(6)

"INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO."(7)

28. De manera que la comprobación del interés jurídico debe estar vinculado directamente con el bien que se dice afectado y con el carácter con que acude el quejoso al juicio de garantías.

La persona extraña al juicio

29. Al respecto, los artículos 107, fracción III, inciso c), constitucional(8) y 114, fracción V, de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él.

30. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse como persona extraña al juicio para efectos del juicio de amparo, al resolver la contradicción de tesis 11/95, suscitada entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, entendida como aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; además, quedan incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, lo que dio origen a la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE."(9)

31. Sobre esa base, si la persona qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24892-2a45c446/persona-extrana-a-juicio-tiene-interes-juridico-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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