INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO PLENAMENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE MATERIA DEL DELITO DE DESPOJO, ES SUFICIENTE QUE EL QUEJOSO TENGA LA CALIDAD DE INDICIADO O PROCESADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CAUSA PENAL DE LA QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 19 DE AGOSTO DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
II. Competencia
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno; ello, en atención a que el conflicto denunciado, se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos Circuitos Judiciales, respecto de un tema penal, especialidad de esta Primera Sala.
III. Legitimación
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, cuyo criterio participa en este asunto. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
9. La primera pregunta que debe responderse en la presente ejecutoria es:
¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?
10. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo, porque el presente asunto sí cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) los cuales consisten en:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. En tales condiciones, a continuación, se expondrán los argumentos por los cuales se considera que en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados.
12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Lo anterior, se advierte de las resoluciones emitidas por ambos Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
13. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 443/2017, analizó un asunto con las siguientes características:
14. ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez Segundo del Ramo Penal de Tapachula, Fiscal de Distrito Fronterizo de la Mesa de Trámite Número Dos Rezago de la Fiscalía de Tapachula en su calidad de ordenadoras, así como del secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula y el comandante regional de la Policía Especializada del Distrito Judicial de Soconusco Chiapas, todas autoridades del Estado de Chiapas, mismos que hizo consistir en lo siguiente:
"De las autoridades señaladas como ordenadoras:
"Reclamo la inconstitucional e ilegal orden de desalojo dictada en mi contra, mediante oficio número: **********, de fecha 13 de agosto del 2016 y sus actos consecuentes, como desposesión y privación de mi derecho de posesión, que tengo sobre el predio rústico, denominado **********, ubicado en carretera **********, camino al **********, kilómetro **********, de esta ciudad de **********, **********, también conocido como montaña **********.
"Así también cualquier acto de restitución emitida por las responsables ordenadoras, respecto del predio rústico, antes mencionado y sus actos subsecuentes.
"De la autoridad señalada como ejecutora:
"Reclamo la orden de resguardo y recorridos de vigilancia dictadas en mi contra, y mediante oficio número **********, de fecha 13 de agosto del 2016, respecto del predio rústico antes mencionado. Así como el cumplimiento que pretenden dar a la orden de desalojo girada en mi contra por la autoridad ordenadora, mediante oficio número **********, de fecha 13 de agosto del 2016, así como de cualquier otro acto de restitución emitido por las responsables ordenadoras, respecto al predio rústico, antes mencionado, el cual tengo en posesión."
15. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, quien lo registró como juicio de amparo indirecto **********; el ocho de mayo de dos mil diecisiete, celebró audiencia constitucional y dictó sentencia, que se terminó de engrosar el veintiocho de julio siguiente, donde resolvió sobreseer, bajo los siguientes argumentos:
En el caso concreto, se surte la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en las razones siguientes: El artículo 107, fracción I, de nuestra Carta Magna, indica que, para la procedencia del juicio de amparo, el promovente debe acreditar la afectación a su interés legítimo o bien, la afectación a su interés jurídico. Estos conceptos jurídicos son diversos, y es factible establecer su diferencia, atendiendo al tipo de normas que cada uno de ellos tutelan.
Las normas que tutelan al interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas, pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el estatus jurídico de la persona.
En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica.
El primero, supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado y, por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado.
Por lo que respecta al interés legítimo, aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el promovente deberá acreditar que sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una colectiva.
De acuerdo a lo expuesto, en el caso la promoción del juicio constitucional fue realizada por quien aduce ser titular de un bien jurídico relacionado con un bien raíz sujeto a investigación dentro de una averiguación previa, frente a un acto concreto de la autoridad, motivo por el cual, debe demostrar la titularidad de ese bien jurídico; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico.
El interés jurídico para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad.
Precisó que el artículo 5o. de la misma ley, establece que para la procedencia es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada.
Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y evidentemente sus bienes jurídicamente amparados, interés que implica la existencia tanto de la titularidad de un derecho, como su afectación por el acto de autoridad.
En razón de lo expuesto, al no existir una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción que el peticionario de la protección de derechos fundamentales, sea titular de los derechos que pretende defender en esta vía constitucional, se actualiza la causal de improcedencia de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Además, indicó el Juez de Distrito, para demostrar el interés jurídico resulta insuficiente la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa contenida en su escrito de demanda. En el caso, la quejosa no acreditó el interés jurídico pues omitió exhibir documento eficaz e idóneo para demostrar su causa legítima de ocupar el bien inmueble afecto a la indagatoria, porque no se desprende indicio alguno dentro del presente juicio de amparo ni en la averiguación previa, de que el quejoso tenga la posesión originaria o derivada del citado bien y la calidad de inculpado no demuestra, por sí sola, el interés jurídico para promover el amparo, ya que ello sólo constituye una presunción de que éste tiene un estado (de hecho o de derecho) sobre el bien motivo del delito, más no acredita la existencia de un derecho legítimamente tutelado transgredido por la autoridad, porque ello, en todo caso, será materia de la sentencia que dicte el Juez penal.
En ese orden de ideas, se actualiza la causal de improcedencia multicitada por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia.
16. En contra de esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, quien lo registró con el expediente 443/2017 y en sesión plenaria de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictó resolución en la que determinó revocar el sobreseimiento por falta de interés jurídico y negar el amparo solicitado, al tenor de las siguientes consideraciones:
Los agravios son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, por las razones que a continuación se exponen: En el caso, el quejoso se duele del acuerdo que ordenó la restitución provisional y desalojo del predio **********, ubicado en el camino al **********, **********, **********, a favor de ********** (ofendido).
Al respecto, la Juez de Distrito, al dictar sentencia argumentó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; toda vez que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para instar el juicio constitucional, ello porque omitió exhibir documento eficaz e idóneo para demostrar su causa legítima de ocupar el bien inmueble afecto a la indagatoria, ya que no se desprendía indicio alguno ni en del juicio de amparo ni en la averiguación previa, de que el peticionario tuviera la posesión originaria o derivada del citado bien, y que la calidad de inculpado no demostraba, por sí sola, el interés jurídico pues ello sólo constituía una presunción de que éste tiene un estado (de hecho o de derecho) sobre aquél, mas no acreditaba la existencia de un derecho legítimamente tutelado y que éste fue transgredido por la autoridad, pues ello, sería materia de la sentencia penal, por lo que estimó que el acto no le irrogaba perjuicio alguno.
El Tribunal Colegiado determinó que la resolución recurrida es contraria a derecho, porque de acuerdo al artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Carta Magna se desprende que el juicio de amparo indirecto procede: a) cuando se siga a instancia de parte agraviada; b) teniendo ese carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo; o un interés jurídico; c) siempre que se alegue que el acto reclamado, transgrede los derechos reconocidos en la Constitución Federal; y, d) que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
En términos generales, el interés jurídico se define como la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y procesalmente, que intentan tutelar un derecho subjetivo mediante el ejercicio de la acción jurisdiccional, mismas que generan derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas y pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente su estatus jurídico, es decir, el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo o grupo de individuos. Por ello, tratándose del interés jurídico, es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad, afecta ese derecho, que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción.
Ahora, es verdad que cuando los actos reclamados consisten en afectación o menoscabo del derecho de posesión o patrimonial, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la titularidad que se ostenta, a través del documento que ampare la posesión, o algún otro medio de prueba que se le equipare, toda vez que si de esa titularidad deriva el derecho de posesión que se considera afectado, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, por lo que el interés jurídico quedará acreditado con pruebas de referencia.
Empero, precisó el Tribunal Colegiado, la citada regla opera para quienes se ostentan terceros extraños a juicio; es decir, quienes no tienen la calidad de parte en la controversia jurisdiccional de donde deriva el acto de molestia. En sentido contrario, cuando el quejoso es parte en el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, el interés jurídico aludido se justifica con ese solo hecho, aun tratándose de derechos patrimoniales, lo que de suyo implica que, el mandamiento de desposeimiento del bien inmueble va dirigido en su contra y, por ello. está legitimado para alegar la legalidad de dicho acto.
Por tanto, adverso a lo razonado por la Jueza de Distrito, el quejoso sí tiene el interés jurídico para impugnar vía amparo la resolución de que se trata, porque al ser parte del proceso de donde deriva dicho acto, es suficiente para legitimarlo en el juicio constitucional, pues es evidente que las determinaciones que ahí se emitan, tendentes a ejecutar la orden de desalojo, se dirigen contra el hoy recurrente, que afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos del procesado como poseedor del mismo, en tanto que podría privarlo de la facultad de usarlo y disfrutarlo durante todo el tiempo que dure el proceso, con base en una determinación que no colme los requisitos legales previstos en la ley, lo cual ya no sería posible restituir al impetrante.
Bajo esa línea argumentativa, insistió el Tribunal Colegiado, por el solo hecho de ser parte y haberse dirigido en su contra la orden de desposesión reclamada, el quejoso tiene interés para acudir al juicio de amparo. De exigirse al hoy recurrente que acredite tener la titularidad del bien asegurado, se estaría requiriendo un elemento que ni siquiera es necesario demostrar en la causa penal para efectos de tipificar el delito de despojo; incluso se estaría abordando un tema que en todo caso debe ventilarse ante el Juez civil a través de la vía correspondiente, dejando sin materia de análisis dicha vía.
Máxime que la materia de fondo del acto reclamado, implica precisamente el análisis de verificar si el peticionario tiene un derecho real sobre el bien afectado y si el mismo debe ser tutelado por la vía constitucional; es decir, es el mismo que involucra el fondo del asunto, por lo que aceptar la premisa contraria, conduciría a adelantar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y no estrictamente sobre el presupuesto procesal de referencia.
En ese sentido, se debe evitar abordar la cuestión de fondo como parte del análisis sobre la procedencia del juicio de amparo, a fin de no incurrir en la incongruencia de declarar improcedente el amparo por las mismas razones por las que se negaría la protección constitucional, pues no es posible decidir la improcedencia sin abordar la cuestión de fondo planteada. En concreto, porque lejos de ser clara e inobjetable la causa de improcedencia por falta de interés jurídico –en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo–, existen elementos que tienden a justificar su existencia en grado suficiente, pues no se podría afirmar la ausencia de tal interés prescindiendo del análisis de la correspondiente cuestión de fondo.
En ese orden de ideas, al desestimarse la causal de improcedencia invocada por la Jueza de Distrito, con fundamento en el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, el tribunal reasumió jurisdicción y entró al análisis de los conceptos de violación no estudiados por la Jueza Federal, determinado negar el amparo al quejoso al declarar infundados sus motivos de inconformidad en razón de lo siguiente:
El Pleno de la Suprema Corte ha establecido que la garantía de previa audiencia sólo rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios.
En ese sentido, las providencias dictadas por el Juez de la causa, con el fin de restituir al ofendido en el goce de sus derechos, constituyen una medida provisional, pues si durante la secuela del procedimiento criminal se determinara la inexistencia de delito, se pronunciará sentencia absolutoria que las dejará sin efecto.
Por tanto, si en el caso, el Ministerio Público responsable justificó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del garante en la comisión del delito de despojo; y, a solicitud del ofendido, ordenó restituirle el bien inmueble materia del despojo, es de colegirse que dicha determinación se encuentra ajustada a derecho, pues únicamente se trata de una medida provisional en su favor, ya que en caso de obtener sentencia absolutoria y justificar los derechos o la propiedad de ese bien inmueble, el Juez de la causa podrá ordenar al quejoso su devolución.
En tal virtud, al no ser un acto privativo o definitivo, esa restitución del inmueble materia del despojo no resulta violatoria de la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional; en cambio, se justifica, pues evita la prolongación de una conducta antisocial.
Asimismo, declaró infundado el argumento en el que el quejoso se duele de la violación al artículo 16 constitucional, toda vez que está siendo objeto de actos de molestia en su persona, sin que éstos se encuentren debidamente fundadas y motivadas, porque del análisis de la resolución reclamada, se advierte que la autoridad responsable sí fundó y motivó debidamente su determinación, además de que realizó un estudio adecuado de la acreditación del ilícito de despojo, así como la forma en que la parte ofendida justificó el derecho sobre el bien cuya restitución solicitó.
Además, consideró que con las pruebas existentes en la averiguación previa se acreditaba el tipo penal de despojo, sobre el predio rústico de que se trata y que, al haberse demostrado la propiedad del ofendido, dicho inmueble resultaba ajeno a los sujetos activos del delito de despojo, los cuales, sin autorización de su legítimo propietario, ocuparon dicho inmueble.
Así, se advierte que la autoridad responsable efectuó un análisis adecuado de los requisitos para ordenar la restitución del inmueble en cita.
17. Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (en apoyo al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito), al resolver el amparo en revisión 74/2013 (cuaderno auxiliar 414/2013), analizó un asunto con las siguientes características:
18. **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de actos del Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, el actuario ejecutor y del director de Seguridad Pública del Gobierno Municipal de Mexicali, mismos que hizo consistir literalmente en lo siguiente:
"Acto reclamado: La desposesión material fuera de juicio, al margen de todo procedimiento y sin cumplir las formalidades constitucionales, del lote **********, manzana **********, colonia ********** de esta ciudad, ubicado en avenida ********** ********** de dicha colonia y tiene las colindancias que siguen: *Al noroeste con ********** metros con zona federal del **********. *Al sur con ********** metros con avenida **********. *Al oeste en ********** metros con **********. Reclamo que dichas órdenes se han dictado en el proceso penal ********** al que soy ajeno."
19. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien la registró como amparo indirecto **********. Seguido el juicio en sus etapas, la Juez del conocimiento, celebró la audiencia constitucional el seis de diciembre de dos mil doce; y dictó la sentencia correspondiente el treinta y uno de enero de dos mil trece, en la que determinó sobreseer el asunto bajo las siguientes consideraciones:
En el caso de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. El referido artículo, establece la improcedencia del juicio en los casos en los que el particular promueve el juicio constitucional reclamando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado y que debe ser agotado antes de acudir al juicio constitucional.
Así, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que, si existe contra el acto de autoridad reclamado algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto lo contemple para que estén a disposición de la interesada y ésta pueda interponerlo; de tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad, sino obligatorio.
Ahora bien, la parte quejosa combate la medida provisional de restitución de un inmueble, dentro de la causa penal ********** instruida en contra del hoy quejoso y otro, por el delito de despojo; por tanto, dicho acto es recurrible en términos del artículo 309, en relación con los artículos 317 y 320 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. En ese sentido, antes de acudir al presente juicio de garantías, el promovente debió combatir el acto reclamado a través de dicho medio de defensa; por lo que al no hacerlo así, se dejó de observar el principio de definitividad, lo que hace improcedente esta vía de amparo; ello, en virtud de que el inculpado no es tercero extraño y está legitimado para interponer los recursos ordinarios procedentes en contra de resoluciones como el acuerdo que ordena restituir al ofendido en la posesión del inmueble materia del delito de despojo.
Se sostiene lo anterior, ya que el inculpado tiene el carácter de parte en el procedimiento penal instaurado en su contra, desde el momento en que, ejercitada la acción penal por el Ministerio Público, dicho procedimiento se radica ante el Juez, puesto que desde ese momento se le señala como responsable de un hecho delictuoso y tiene, por tanto, interés jurídico para ofrecer pruebas y derecho para intervenir a fin de que lo que se está actuando en su contra, se realice de manera legal.
No pasa inadvertido que el acto reclamado deriva de un procedimiento penal seguido en contra del hoy quejoso; sin embargo, no se está en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, pues la medida provisional que se combate no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, sino que ésta únicamente implica la desposesión de un bien inmueble.
Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución de un inmueble relacionado con la comisión de un delito, a pesar de tener el carácter de acto de ejecución irreparable, no actualiza alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; se insiste, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.
En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo en relación al acto que se analiza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la misma ley, sobreseimiento que hizo extensivo a las autoridades ejecutoras, toda vez que no se reclaman por vicios propios.
20. En contra de la sentencia dictada en juicio de amparo el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, órgano jurisdiccional que al momento de resolver fue auxiliado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mismo que en sesión de dieciséis de mayo de dos mil trece, determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Los agravios hechos valer son fundados pero inoperantes, pues aun cuando le asiste la razón al quejoso respecto de que no está obligado a cumplir con el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo, lo cierto es que el presente asunto deviene improcedente al actualizarse la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.
En el caso, la a quo determinó la improcedencia del juicio por no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del acuerdo que ordenó la restitución provisional del inmueble motivo del delito de despojo, al considerar que estaba en aptitud de hacerlo por ser parte en el juicio. Consideración que estimó el Tribunal Colegiado auxiliar desacertada, toda vez que aun en su carácter de indiciado, precisamente porque se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de despojo, lo cierto es que en autos no obra constancia de que la misma haya sido cumplimentada, por lo que no puede ser considerado como parte en el proceso de origen y, por ende, carece de legitimación para interponer medios de defensa ordinarios.
Si bien los mecanismos legales de defensa no son exclusivos de las partes, también lo es que, en el caso, el indiciado no puede tener tal calidad, pues ésta –según lo ha sostenido la Primera Sala del Alto Tribunal– surge a partir del momento en que se cumple la orden de aprehensión, es consignado como detenido, o bien, presentado al Juez instructor para el caso de que el delito atribuido no amerite pena privativa de libertad, por ser hasta este momento cuando queda sujeto a la potestad jurisdiccional.
En ese orden de ideas, en tanto el indiciado se encuentre evadido de la acción de la justicia, el proceso se suspende, precisamente, por no haberse cumplimentado la orden de aprehensión, de ahí que, al no estar sujeto a la jurisdicción del Juez del proceso, el indiciado carece de legitimación para interponer recursos ordinarios y, desde luego, no se le puede exigir que los agote para que proceda el juicio de amparo, como lo determinó la Juez de Distrito.
Ahora bien, con lo anterior, es dable concluir que el hoy quejoso comparece a la presente instancia constitucional como un tercero extraño a la causa penal de origen y el diverso procedimiento instaurado en el mismo expediente se le instruye a **********, esto es, una persona distinta al hoy impetrante.
En ese sentido, es menester que en esta instancia demuestre su interés jurídico, es decir, que el acto de autoridad genera un perjuicio a su esfera jurídica. Sobre este aspecto, se est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29570-a9284ab4/interes-juridico-en-el-amparo-indirecto-para-acreditarlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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