INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 3 DE JULIO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de un Circuito que no tienen Pleno en Materia Civil, y el tema de fondo corresponde a esa materia, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido para esta Primera Sala, que si bien el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, no pertenecen propiamente al Décimo Segundo Circuito, lo cierto es que dictaron las resoluciones que aquí contienden en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.
Al respecto, esta Suprema Corte ha determinado que los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilien, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo.
En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal no establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno en la materia de que se trate, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción.
Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio se comparte, de título y subtítulo siguientes: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(1)
De allí que, si el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, auxiliaron al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimosegundo Circuito, y no existe Pleno en Materia Civil en el Décimo Segundo Circuito; entonces la presente contradicción es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, 226 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, el cual dictó las sentencias que fueron materia de revisión por los Tribunales Colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región.
I.1. Amparo en revisión ********** (**********), dictado en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, del cual se advierten los antecedentes siguientes:
Juicio de amparo. **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa; y del Juzgado Septuagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, lo siguiente:
"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclama.
"De dichas autoridades señaladas como responsables, vengo reclamando la orden decretada para poner en posesión material a **********, de los siguientes bienes que el suscrito tengo en posesión material con motivo de un contrato de arrendamiento, inmuebles que describo a continuación:
"1. Parcela número ********** ubicada en el **********, con superficie de ********** y las siguientes medidas y colindancias: **********.
"Dicha parcela se encuentra debidamente registrada bajo la inscripción número ********** del libro ********** de la sección ********** actualmente bajo el folio ********** de la sección inmobiliaria en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta municipalidad.
"2. Parcela número ********** ubicada en el **********, con superficie de ********** y las siguientes medidas y colindancias: **********. La cual se encuentra debidamente registrado bajo la inscripción número ********** del libro número ********** de la sección **********, actualmente bajo el folio ********** de la sección inmobiliaria en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta municipalidad.
"Estos bienes inmuebles los tengo en posesión material el suscrito con motivo de un contrato de arrendamiento celebrado con el señor **********, el cual exhibo para los efectos legales correspondientes.
"Teniendo conocimiento el suscrito quejoso que la orden de poner en posesión material a la tercero interesada **********, fue dictada por el C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, dentro del expediente número ********** radicado ante dicho juzgado, y que para ello giró exhorto al C. Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Turno en Culiacán, Sinaloa, habiéndose radicado dicho exhorto bajo el número ********** ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, y que éste se encuentra realizando las órdenes y trámites correspondientes para poner en posesión material de los multicitados bienes inmuebles a la tercero interesada ya referida."
El asunto fue resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, bajo el número de expediente **********, mediante sentencia de veintinueve de febrero de dos mi dieciséis, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo y negar la protección constitucional.
Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, **********, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, bajo el número ********** (que corresponde al **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito), el cual dictó sentencia el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el sentido de modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:
Señaló que en sus agravios el recurrente alegaba que fue incorrecta la determinación del Juez Federal, en cuanto a que, no era verdad que el quejoso hubiera sido oído y vencido a través de su causante, puesto que desconocía que los inmuebles estuvieran hipotecados o sujetos a un litigio, ya que dicha circunstancia no quedó probada; además, que el juzgador pasó por alto la fuerza que tiene un contrato ratificado ante notario, teniendo con ello fecha cierta, por lo que debería revocarse la sentencia recurrida.
Luego, dijo que no era materia de ese recurso el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados al encargado de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, ello porque la parte a quien perjudicaban tales consideraciones no expresó inconformidad alguna en su contra, de tal suerte que dicho sobreseimiento, quedó firme.
Enseguida dijo que se actualizaba la improcedencia del juicio de garantías, ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa; prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque al tenor del artículo 107 constitucional, así como 5o., 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emanados de autoridad jurisdiccional, la acreditación del interés jurídico tiene relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio debe acreditar fehacientemente que es la titular de tal derecho, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad; ello conforme a los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." e "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO."
Sostuvo que si el quejoso adujo ser persona extraña al juicio y reclamó los actos que afectaban la posesión que afirmó tener en calidad de arrendatario, de las parcelas ********** y ********** ubicadas en el **********, estaba obligado a justificar dos cuestiones, a saber:
Primero. La existencia de la causa generadora de la posesión, a través de título de fecha cierta, a fin de estar en posibilidad de determinar con certeza si el contrato de arrendamiento era anterior o posterior al reclamo de desposeimiento de que se duele; documento que sólo acreditaba la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, como lo indican las tesis jurisprudenciales del Pleno y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
Segundo. El hecho de la posesión material. En efecto, consideró que la reclamación de actos de desposeimiento, tiene como presupuestos la posesión y la causa generadora y, en ese sentido, debía tenerse en cuenta la naturaleza del acto que se reclamaba; para lo cual destacó que cuando el menoscabo del derecho de posesión se hace derivar directamente de la propiedad del bien, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, sino la posesión originaria; y en este sentido el interés jurídico para promover el juicio de amparo queda acreditado con las documentales que demuestren esa propiedad, como se explica, entre otras tesis, en la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 259, con registro digital: 164792, de rubro siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO."
Y la diversa, también sostenida por la Primera Sala, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
Sin embargo, dijo que cuando se trata de la posesión derivada, la sola circunstancia de que el documento justificativo de la causa generadora de la posesión sea de fecha cierta, no es eficaz, por sí solo, para demostrar ese hecho, sino que requiere la justificación de la transmisión material del uso, como en el caso del arrendamiento.
Luego, si el quejoso promovió el juicio de amparo ostentándose como arrendatario y consecuente poseedor derivado del inmueble, es ese carácter el que debe acreditar fehacientemente, así como el hecho de la posesión material, por ser ésta de la cual hace derivar su afectación jurídica.
Esto es, la circunstancia de que aportara el contrato de arrendamiento de fecha cierta, dado que las firmas fueron asentadas ante notario público el cinco de julio de dos mil doce, sólo justifica que se celebró el acto jurídico traslativo de uso; pero, conforme a los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, aunque el valor probatorio es pleno, lo cierto es que ese documento privado no tiene el alcance para demostrar el hecho de la posesión material, dado que la celebración del arrendamiento no trae consigo necesariamente que el arrendador detente materialmente el inmueble.
Lo que sustentó en la jurisprudencia del Pleno de este Máximo Tribunal, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS."
En ese sentido dijo que la sola exhibición del contrato de arrendamiento no era suficiente para tener por acreditada la posesión que afirmaba tener el recurrente, aun cuando dicho documento sea de fecha cierta, por haber sido firmado y ratificado ante notario público, y anterior al acto reclamado, por lo que al no haberlo acreditado, era inconcuso que no demostró el interés jurídico.
Aunado a lo anterior, consideró que el quejoso tampoco acreditó la posesión del inmueble, porque la posesión protegida por "el juicio de amparo" es la posesión jurídica –ya sea "originaria o derivada"– y no la simple detentación u "ocupación de un inmueble".
En el entendido que, en todo caso, la posesión material de un inmueble está constituida por una detentación constante en el tiempo, en la que quien la invoca se comporta ante las demás personas como el dominador de la cosa, a través de actos de poder sobre ella, siendo además necesario que dicha posesión se sustente en un título jurídico que encuentre su origen en una figura jurídica tutelada por la ley.
Así, determinó que tal posesión debía acreditarse en el juicio de garantías, lo que no acontecía con los medios de convicción existentes en autos, pues la prueba idónea era la testimonial, que no fue ofrecida.
En las relatadas consideraciones, determinó que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, conducía a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, por lo que modificó la sentencia recurrida.
I.2. Amparo en revisión ********** (**********), dictado en apoyo del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, del cual se advierten los antecedentes siguientes:
Juicio de amparo. **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; el coordinador de Central de Actuarios de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; y, de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, Sinaloa, lo siguiente:
"De la autoridad responsable ordenadora el C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad de Culiacán, le reclamo la orden de lanzamiento judicial mediante el auxilio de la fuerza pública para desposeerme de una finca urbana que tengo en arrendamiento, ubicada en calle ********** número **********, residencial **********, de esta ciudad de **********, a fin de poner física y materialmente a la parte actora ********** que adjudicó el bien inmueble citado en un proceso judicial hipotecario bajo el expediente **********, mismo bien que a la suscrita le fue arrendada el día 03 de noviembre de 2014, por el señor **********, con vencimiento al día 03 de noviembre de 2016, acreditándose con el original del contrato de arrendamiento que para tales efectos se acompaña, es por estos actos efectuados por las autoridades responsables no tienen ninguna causa ni motivo que lo justifique y sin que la quejosa sea parte en el juicio civil del que se emanan los actos reclamados, sin tan siquiera darme derecho a defenderme u oponer las excepciones de ley, además de ser oída y vencida en juicio, por ello, de ejecutarse tal desalojo causaría a la suscrita un daño de difícil reparación, todo ello en franca violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas a mi favor por la Constitución Política Mexicana.
"A la Coordinación de Central de Actuarios de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, le reclamo la pretensión de ejecutar la orden dada por la autoridad responsable ordenadora, C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, consistente en desalojarme con el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la inminente orden para desposeerme de la finca urbana que tengo en arrendamiento, ubicada en calle ********** número **********, residencial la cantera, de esta ciudad de **********, misma que a la quejosa le fue arrendada de buena fe, el día 03 de noviembre de 2014, por el señor **********, con vencimiento al día 03 de noviembre de 2016, sin motivar y justificar dichos actos, ya que la suscrita no es parte del procedimiento de juicio por el cual pretenden llevar a cabo dicha diligencia de desalojo, de tal forma que tengo el derecho de defenderme y oponer las excepciones de ley, así como de ser oída y vencida en juicio, porque de otra manera de ejecutarse tal desalojo causaría a la quejosa un daño de difícil reparación, todo ello en franca violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas a mi favor por la Constitución Política Mexicana.
"A la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, Sinaloa, le reclamo la pretensión de ejecutar la orden de desalojo que dictó la autoridad responsable ordenadora C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, consistente en desalojarme con el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la inminente orden para desposeerme de la finca urbana que tengo en arrendamiento, ubicada en calle ********** número **********, residencia (sic) **********, de esta ciudad de **********, misma que a la quejosa le fue arrendada de buena fe, el día 03 de noviembre de 2014, por el señor **********, con vencimiento al día 03 de noviembre de 2016, sin motivar y justificar dichos actos, ya que la suscrita no es parte del procedimiento de juicio por el cual pretende llevar a cada cabo dicha diligencia de desalojo, de tal forma que tengo el derecho de defenderme y oponer las excepciones de ley, así como de ser oída y vencida en juicio, porque de otra manera de ejecutarse tal desalojo causaría a la quejosa un daño de difícil reparación, todo ello en franca violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas a mi favor por la Constitución Política Mexicana."
El asunto fue resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, bajo el número de expediente **********, mediante sentencia de cuatro de abril de dos mil dieciséis, en el sentido de negar el amparo.
Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, **********, interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, bajo el número ********** (que corresponde al **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito), el cual dictó sentencia el catorce de octubre de dos mil dieciséis, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:
De oficio estableció que se actualizaba el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acreditó contar con un interés jurídico para la promoción de la vía constitucional.
Señaló que el artículo 5o. de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y ello significa, que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Así refirió que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por aquél la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico o interés legítimo individual, que para la procedencia del juicio de garantías debe tomarse en consideración.
Ello, al estimar que la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 constitucional, las personas físicas, morales, de derecho privado y oficiales que sufren una afectación en su persona o patrimonio derivada de una ley o de un acto de autoridad que viole sus derechos fundamentales, tienen facultad para intentar la acción de amparo ante los tribunales de la Federación.
Además dijo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien, una afectación indebida, derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular.
Señaló que debía tomarse en consideración lo establecido en los artículos 791 y 792 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, y luego citó el contenido de los diversos 790 y 791 de dicho código, para enseguida señalar que de estos se desprende que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hechos, y que tal poder necesariamente debe tener una causa u origen legal.
Así, refirió que la causa u origen legal es el hecho jurídico generador de la posesión, esto es, el título por el que una persona ejerce el poder de hecho sobre la cosa, y puede ser originaria si se trata del derecho de propiedad, cuyo título es un contrato de compraventa, de donación, o de cualquier otro traslativo de dominio; o es derivada, si se trata de un derecho de uso, goce o disfrute otorgado por quien legalmente puede disponer del bien y proviene de un contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo, de servidumbre o de cualquier otro análogo.
De manera que, la posesión susceptible de ser respetada a través del juicio de amparo, es la que tiene una causa legal que le dé origen, esto es, la posesión jurídica, ya sea originaria, que se tiene en concepto de dueño, o derivada, la que se obtiene, en virtud del derecho de uso y disfrute otorgado por cualquiera que se encuentre facultado para transmitir ese derecho.
Por tanto, destacó que la parte inconforme, para acreditar su interés jurídico, tenía la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que la determinación reclamada afectaba su esfera jurídica, debiendo probar que la posesión del bien en litigio y que afirma tener, se sustenta en un título o acto jurídico generador, así como también acreditar que tiene la detentación material y física de la cosa en controversia.
En relación con el primer supuesto, es decir, el título o acto jurídico generador de la posesión, la parte quejosa señaló en los antecedentes de su demanda de amparo que el tres de noviembre de dos mil catorce, celebró contrato de arrendamiento con ********** (tercero interesado y parte demandada en el procedimiento de origen), la primera como arrendataria y el segundo como arrendador del inmueble ubicado en calle **********.
Asimismo, exhibió en el juicio de amparo copia certificada del contrato de referencia, el cual se advierte fue presentado ante notario público para su certificación en esa misma fecha.
Ese contrato de arrendamiento es de fecha cierta, pues con la certificación del fedatario se prueba que en esa data se celebró; sin embargo, por sí mismo lo estimó insuficiente para acreditar su interés jurídico.
Ello, al estimar que sólo probaba el acto contenido en él, pero no la posesión en sí; de ahí que el contrato de arrendamiento no tuviera el alcance probatorio de comprobar el interés jurídico del quejoso, pues no demostraba que tuviera la posesión material del bien objeto de la controversia, en virtud de que no probaba el poder de hecho que pudiera tener sobre el bien del que alegaba derechos de posesión.
Por ello, sostuvo que ese acuerdo de voluntades se debió adminicular con otros elementos de convicción, como pudiera ser la testimonial o algún otro medio de prueba que evidenciara de manera suficiente que el quejoso poseía materialmente el inmueble de referencia, lo cual no aconteció en el caso.
Así arribó a la conclusión, que el contrato de arrendamiento es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, por ende, en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consecuentemente decretó el sobreseimiento de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la mencionada ley.
Sobreseimiento que se hizo extensivo a los actos reclamados a las autoridades responsables ejecutoras Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; y, Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva, ambas con sede en la aludida ciudad en el Estado de Sinaloa, en virtud de que dichos actos no se reclamaron por vicios propios, sino sólo en vía de consecuencia.
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien conoció del amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán Sinaloa, del que se desprenden los antecedentes siguientes:
Juicio de amparo. **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
Autoridades responsables:
• Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (ordenadora);
• Titular de la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; y,
• Titular de la Dirección de la Policía Munici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29132-ec230bf2/interes-juridico-para-promover-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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