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Modo: Corpus Pro

DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 374/2014. · Registro digital (IUS): 26480
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-08-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO C
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Pág. 725.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 374/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 24 DE FEBRERO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. 1/2012 sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(6) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 226 del mismo ordenamiento, pues la denuncia fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, órgano que sostuvo uno de los criterios que participan en la presente contradicción, en auxilio de labores al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima, en el amparo en revisión 438/2014 (expediente auxiliar 839/2014).

TERCERO.-Posturas contendientes.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el amparo en revisión 839/2014, en auxilio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.(7)

Antecedentes.

Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil trece, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de trece de agosto de dos mil trece, dictado en el juicio civil sumario hipotecario **********, por el Juez Primero Civil del Primer Partido Judicial de Colima, Colima, mediante el que ordenó la desocupación de la finca urbana que, según dijo la promovente, era de su propiedad desde el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y tres, aduciendo que nunca fue emplazada a juicio, y reclamó también todos los acuerdos y actuaciones tendentes a su cumplimiento, que constaban en los autos del juicio civil sumario hipotecario **********,

Por auto de uno de octubre de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, al que por razón de turno tocó conocer del juicio de amparo, admitió la demanda y la registró bajo el expediente **********; el catorce de abril de dos mil catorce, celebró audiencia constitucional, y el catorce de mayo siguiente dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, por una parte y, por otra, conceder a la quejosa la protección de la Justicia de la Unión.

El citado juzgador apoyó su decisión en la circunstancia de que la quejosa acreditó su calidad de tercero extraña al juicio y se vulneró su derecho de audiencia al haber ordenado su desalojo del inmueble del que dijo ser propietaria sin que hubiera sido llamada a juicio.

La consideración toral en que se basó la concesión del amparo fue que en el contrato privado de cesión de derechos que exhibió la impetrante junto con su escrito inicial de demanda, era de fecha cierta, dado que uno de sus firmantes, **********, quien fungió como testigo, falleció el catorce de marzo de mil novecientos noventa y tres; por tanto, si el embargo, remate y adjudicación del bien fueron posteriores a la traslación de la propiedad en que la quejosa apoyó su demanda de amparo, resultaba evidente que se contravinieron sus derechos fundamentales.

Precisó que no era óbice a lo anterior la existencia de una anotación registral pues según criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos registrales sólo tenían efectos declarativos mas no constitutivos, por lo que si la traslación de dominio se originó con anterioridad a la orden de embargo, remate y adjudicación del bien, lo declarado ante el Registro Público de la Propiedad, no constituía la verdad legal, pues el bien pudo salir del patrimonio del demandado.

Inconforme con la sentencia de amparo **********, por sí y en su carácter de apoderado de **********, como terceros interesados, interpuso recurso de revisión, el que se recibió el cuatro de julio de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima, y fue admitido por auto de su presidente, el siete de julio siguiente y registrado bajo el expediente 438/2014.

En su escrito de agravios adujo que se debió declarar improcedente el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción XII,(8) en relación con el 5, fracción I,(9) ambos de la Ley de Amparo, porque el contrato exhibido por la parte quejosa debió inscribirse en el Registro Público de la Propiedad para ser oponible a terceros. Además, a fin de que el contrato de mérito pudiera ser considerado de fecha cierta no bastaba que hubiera fallecido uno de los testigos que estuvieron presentes en su celebración sino, en todo caso, uno de los contratantes.

Por auto de nueve de septiembre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima, ordenó la remisión de los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región para que, en auxilio del primero de los nombrados elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región radicó el asunto bajo el expediente auxiliar 839/2014, el cual fue resuelto en sesión de veintitrés de octubre de dos mil catorce, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

En la parte conducente, la sentencia dice lo siguiente:

"... En cambio, se estima fundado el segundo de los argumentos que plantea la parte recurrente, ya que como lo sostiene, el documento exhibido por la parte quejosa carece de fecha cierta, pues la muerte del testigo que lo suscribe no le brinda esa calidad.

"Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 1925 del Código Civil para el Estado de Colima, análogo al diverso 2034 del Código Civil Federal, dispone que la cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta; y, en tratándose de un documento privado, que ello acontece ya sea desde el día en que se incorpore o inscriba en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio.

"Si bien, el concepto de documento de fecha cierta se encuentra plasmado, en ambos ordenamientos, en el título correspondiente a la transmisión de las obligaciones y, en específico, en el capítulo relativo a la cesión de derechos, la jurisprudencia ha tomado las reglas que se transcribieron con antelación para proveer sobre la eficacia probatoria de los documentos en relación con su fecha.

"Cuando se trata de un documento privado, cabe distinguir entre las partes y los terceros. Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada -y por extensión a sus representantes y herederos- la fecha se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad.

"Con relación a los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera.

"...

"Cabe destacar que para demostrar el interés jurídico en el amparo, un documento privado de fecha incierta no es suficiente, aun en el supuesto de que no fuese objetado.

"Sobre este tópico, se estima conveniente reproducir el contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 7/2001, que dice: (se transcribe)

"...

"Como se advierte, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala del Más Alto Tribunal del País a que se alude en la reproducción que antecede, sostiene que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, circunstancia que acontece, entre otros supuestos, con la muerte de uno de sus ‘firmantes’.

"No obstante, si bien es verdad que la circunstancia en comento puede estimarse apta para establecer que un determinado acto traslativo no pudo efectuarse en fecha posterior, lo que permitiría considerar que es de ‘fecha cierta’ el documento en el cual se contiene, lo cierto es que ese criterio no puede hacerse extensivo al caso del fallecimiento de personas ajenas a los contratantes, como pudiera serlo un testigo, pues ello entrañaría el grave riesgo de que un determinado escrito pudiera prefabricarse con posterioridad a la muerte de una persona ajena (desde el punto de vista material) al contrato, sin que realmente hubiera intervenido en su suscripción, y que sólo se simulara su participación aprovechando su deceso.

"Tan es así, que aun cuando el aludido criterio jurisprudencial fue reiterado tanto por el Pleno como por la Primera Sala, se advierte que ambas utilizaron las acepciones ‘contratantes’ y ‘partes’ y no así la de ‘firmantes’; lo que obedece a que es necesario que exista certeza de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para que se tenga conocimiento indudable de que el mismo existió, evitando así la realización de actos fraudulentos o dolosos. ..."

Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al resolver el amparo en revisión 424/2013.(10)

Antecedentes.

El veintisiete de noviembre de dos mil doce, ********** promovió demanda de amparo indirecto en contra de la sentencia de seis de julio de dos mil doce, dictada en el juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión ********** emitida por el Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, en la que se ordenó a los demandados ********** y ********** la desocupación y entrega del bien inmueble identificado **********, apercibiéndolos que, de no hacerlo, se procedería a su lanzamiento.

En su demanda de amparo ********** manifestó que no se le había notificado la existencia de la demanda ni emplazado a juicio para contestar y defenderse, pues él era propietario y poseedor del bien inmueble antes descrito desde dos mil seis y nunca fue llamado a juicio para defender sus derechos.

De la demanda de amparo conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, quien la admitió a trámite y la registró bajo el expediente **********; agotado el procedimiento dictó la sentencia correspondiente el veintiuno de enero de dos mil trece, en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión ********** y, por otro lado, conceder la protección de la Justicia Federal, por lo que hace a la desposesión del bien inmueble, al considerar esencialmente que se vulneraron en perjuicio del quejoso los derechos de propiedad y posesión, en virtud de que el quejoso no fue llamado a juicio en la etapa de ejecución.

Inconforme con tal sentencia, la tercera perjudicada, **********, interpuso recurso de revisión del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, bajo el expediente 85/2013.

Posteriormente, el citado órgano jurisdiccional lo remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, para la elaboración de proyecto de resolución correspondiente.

En sesión de nueve de mayo de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región emitió la ejecutoria correspondiente, en la que determinó modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, pues estimó que el quejoso no acreditó su interés jurídico para instar la vía constitucional con la exhibición del contrato privado, dado que tal documental carecía de fecha cierta.

En la parte conducente, la sentencia señala lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Análisis de los agravios.

"...

"Asiste razón al tercero perjudicado en que el fallecimiento de uno de los testigos firmantes del contrato de compraventa no puede estimarse como un supuesto o hipótesis bajo el que dicho acto traslativo adquiera fecha cierta para efectos de acreditar el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo.

"...

"Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo; sin embargo, ninguno de esos intereses se actualiza al juicio de amparo indirecto de origen, como enseguida se expondrá.

"...

"En relación con la orden de lanzamiento o desalojo del predio urbano materia de la litis, el quejoso se ostentó tercero extraño al juicio natural y reclamó actos de desposesión de un bien inmueble que adujo poseer en calidad de propietario; sin embargo, como se apuntó, este cuerpo colegiado estima que no acreditó su interés jurídico, porque el contrato privado de compraventa que allegó al sumario constitucional, por sí mismo, no es suficiente para acreditar dicho extremo, por carecer de fecha cierta.

"Al efecto, cabe referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en cuanto a los documentos privados, que por su naturaleza, son obra de las partes que en ellos intervienen; que la experiencia ha enseñado que ellas pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior o anterior a la verdadera, por lo que ese dato no puede hacer fe ni tener certeza.

"Asimismo, que por lo que hace a la eficacia probatoria de la fecha en un documento privado, debe distinguirse entre las partes y los terceros.

"Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada, y por extensión a sus representantes y herederos, la fecha se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad.

"Por su parte, en relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera.

"Así, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, y esto acontece:

"i) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público;

"ii) Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; o bien

"iii) Desde la muerte de los que firmaron.

"Si no se da alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico contra terceros.

"...

"Con todo, como se adelantó, las referidas razones de derecho resultan equivocadas pues, el que un documento privado adquiera la característica de fecha cierta en virtud de la muerte de cualquiera de sus firmantes, sólo se actualiza si ese evento se patentiza respecto a alguno de los contratantes, entendiendo por tales, según se desprende de los artículos 1792, 1793 y 1798 del Código Civil Federal, a las personas que por sí mismas, de manera directa, participan en un acto jurídico, donde crean, transmiten, modifican o extinguen obligaciones.

"Ahora bien, como se mencionó, para que los documentos privados (entre ellos los contratos) puedan surtir valor probatorio, requieren no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece, en el caso concreto, del tercero perjudicado en el juicio de amparo.

"De igual forma, otro requisito importante para que los documentos privados que entrañen un acto traslativo de dominio, como en el caso de la compraventa, pueda gozar de valor probatorio, es que sean de fecha cierta, como se aprecia de la jurisprudencia 1a./J. 46/99 sustentada por la Primera Sala, que señala:

"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe)

"Así, aunque es verdad que un documento privado de compraventa surte efectos legales plenos cuando reúne los requisitos establecidos en los artículos 2248 y 2249 del Código Civil Federal; es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierde vigencia cuando éstos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta.

"Por tanto, si una de las consabidas hipótesis bajo las que puede adquirir fecha un documento privado es con la muerte de uno de sus firmantes, entonces, a contrario sensu, el documento privado cuyas partes contratantes sigan vivas y no se hallare registrado en la oficina pública respectiva, o bien, pasado ante la fe de un funcionario público por la razón de su oficio; entonces, aquél sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate.

"Por ende, es dable concluir que si del contrato referido se advierte que el evento de la muerte no se patentizó en relación con alguno de los contratantes (comprador y vendedor), siendo éstos ********** (quejoso), en su calidad de comprador y ********** en su calidad de vendedora, sino que el extremo que se acreditó fue el fallecimiento de una diversa persona que atestiguó dicho acto jurídico, a saber, **********; entonces, debe concluirse que contrariamente a lo señalado por el a quo, el documento en cuestión no adquirió la calidad de tener fecha cierta.

"Es así, pues las hipótesis que Nuestro Máximo Tribunal ha señalado como aptas para acreditar la fecha cierta, tienen como elemento de similitud dar certidumbre de la materialidad del acto traslativo a través de su datación a fin de que no haya duda de que el acto sea anterior o posterior, y que a partir de cualquiera de los acontecimientos mencionados, entre ellos, la muerte de alguno de los contratantes, porque su fecha ya no puede ser anterior o posterior; entonces, la actualización de tal hipótesis no puede hacerse extensiva al fallecimiento de alguna parte diversa a éstos, como pudiera ser un testigo.

"...

"Así, partiendo de la referida definición doctrinal, es parte material en un contrato aquella persona que sea titular del interés o de la relación jurídica materia del contrato; esto es, siempre que los efectos jurídicos recaigan sobre su patrimonio o persona; por el contrario, un tercero ajeno a ese pacto de voluntades, es aquel que no se beneficia ni se perjudica directamente, pues dicho pacto de voluntades al serle ajeno ni lo obliga ni le otorga derechos.

"Lo anterior no implica desconocer que los testigos instrumentales, como afirma Hernando Devis Echandia, en su obra intitulada Teoría General de la Prueba Judicial, intervienen como testigos presenciales de un acto documentario, con la finalidad de dar fe de su firma, o suscripción; sin embargo, para dar certidumbre a la materialidad del acto, no sólo se requiere que el evento de la muerte se patentice en relación con uno de los contratantes (partes materiales del contrato), sino que éstos hubieren suscrito directa y personalmente dicho pacto de voluntades y no a través de algún representante o apoderado.

"Ello es así, pues de extenderse los supuestos en que sea válido estimar que se actualiza dicha hipótesis (muerte de los contratantes), se correría el grave riesgo de que pudiera prefabricarse el pacto de voluntades con posterioridad a la muerte de una persona ajena a los contratantes, en su perspectiva material, como pudiera ser justamente un testigo; sin que aquél realmente hubiere intervenido en su suscripción, pudiendo presentarse la simulación en su participación aprovechando el evento de su fallecimiento, con lo cual no se proporcionaría la certeza que limitativamente puede acreditarse a través de las multicitadas hipótesis.

"Es así, además, pues si se ha presentado el evento de la muerte en relación con el supuesto testigo instrumental, por una cuestión lógica, no podría ser llamado a declarar en un proceso sobre su consabida intervención, resultando imposible corroborar si efectivamente tuvo o no participación en él.

"...

"Como se advierte, la locución de las partes firmantes que desarrolló el Tribunal Pleno y la entonces Tercera Sala en los criterios primigenios ambos de rubros: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’, debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, debe entenderse que cualquiera de los firmantes evoca a la persona contratante, quien formal y materialmente participa en el pacto de voluntades, como incluso así lo ha desarrollado el propio Tribunal Pleno, en la jurisprudencia recién transcrita en la parte en donde sustituye la locución ‘firmantes’ por ‘contratantes’.

"En consecuencia, dado que los terceros extraños al contrato no se benefician ni se perjudican directamente con su celebración, es claro que no puedan identificarse con los contratantes suscriptores del pacto de voluntades, en relación a quienes, en exclusiva, válidamente podría otorgarse la característica de la fecha cierta al documento privado que hubieren celebrado de presentarse su fallecimiento.

"Luego, si el quejoso se ostentó propietario de un bien inmueble y también extraño al juicio ordinario en que se ordenó la desocupación del inmueble; entonces, debió demostrar fundamentalmente que cuenta con un título que acredita la causa generadora de la posesión, y que éste es de fecha anterior a la instauración del juicio natural.

"Sin que en el caso pueda estimarse idóneo el fallecimiento de un testigo firmante del contrato privado que exhibió para acreditar su interés, pues de pensarse que el evento de la muerte acaecido en persona diversa a los contratantes pudiera presuponer un documento como de fecha cierta; entonces se vería afectada la seguridad jurídica ante la facilidad de alterar los documentos y antefecharlos, pues cualquier persona, aprovechando el deceso de una diversa persona, podría simular su participación en dicho acto jurídico con la finalidad de ostentarse en el juicio como un tercero extraño o promover el amparo para dejar sin efectos actos jurídicos o para destruir gravámenes que pesaran sobre el bien. ..."

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 295/2004/3.(11)

Antecedentes.

********** y ********** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la orden de desalojo del inmueble ubicado en calle **********, dictada por el Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado y otras autoridades, en el juicio ejecutivo mercantil **********, esto con base en el argumento de que tenían el carácter de terceros extraños al juicio.

De este juicio de amparo indirecto tocó conocer al Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien registró la demanda de amparo bajo el expediente **********.

A fin de acreditar que el acto reclamado afectaba su esfera jurídica, los quejosos ofrecieron como prueba el contrato privado de promesa de compraventa respecto del bien inmueble materia del litigio, que fue celebrado por ********** y ********** -demandados en el juicio ejecutivo mercantil **********-, el nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, además presentaron la copia certificada del acta de defunción de **********, de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, quien fungió como testigo en el referido contrato de promesa de compraventa.

Seguidos los trámites legales el Juez de Distrito dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.

Esta determinación atendió a que los quejosos no exhibieron prueba fehaciente con la que demostraran que el acto reclamado les causara agravio sobre algún derecho legalmente protegido, pues el contrato privado de promesa de compraventa que exhibieron los quejosos resultaba ineficaz para ello, al tratarse de un documento de fecha incierta.

En contra de la anterior resolución, los quejosos interpusieron recurso revisión del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el expediente 295/2004/3 y en sesión de diez de septiembre de dos mil cuatro, determinó revocar la resolución recurrida y negar el amparo a los quejosos.

En la parte que interesa, la sentencia precisa:

"SEXTO.- ...

"...

"En el caso concreto, la cuestión a dilucidar estriba en determinar cuándo adquiere fecha cierta un documento (específicamente el contrato privado de que se trata y que se aportó al juicio constitucional a fin de acreditar el interés jurídico), cuando una de las personas que firmó como testigo, falleció con posterioridad.

"...

"Así también conviene destacar que un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe de la operación de compraventa es su fecha cierta, y si bien el asiento registral proporciona total certidumbre sobre la fecha del documento como se indicó, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido también que la fecha cierta tiene lugar cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los firmantes que intervino en dicho negocio.

"En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 52/97, en sesión correspondiente al día veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo que los contratos traslativos de dominio no objetados gozan de efectos probatorios plenos, cuando cuentan con fecha cierta. En la parte que interesa de la sentencia referida se establece que:

"...

"Por tanto, si los quejosos aportaron como prueba en el juicio constitucional un contrato privado de compraventa, el cual no habiendo sido objetado por las partes tiene, además, fecha cierta por haberse acreditado el fallecimiento de uno de los firmantes, que intervinieron en la celebración de tal contrato, en fecha anterior a aquella en que se realizó el acto reclamado, lo que se demostró con copia certificada del acta de defunción de uno de los testigos, debe concluirse que el interés jurídico de los agraviados, para efectos del amparo, se encuentra suficientemente acreditado como resultado de estos medios de convicción.

"Lo anterior en virtud de que de manera alguna se requiere para que adquiera fecha cierta el documento, bajo el tópico que nos ocupa, que la persona fallecida se trate de los compradores o de los vendedores, pues, como se indicó, basta con que uno de los firmantes, entre los que se encuentra el testigo de nombre **********, sea el extinto, pues la esencia de tal requisito estriba en que no se podía prefabricar el pacto de voluntades con posterioridad a la muerte del testigo de que se trata, precisamente porque él participó como firmante, lo que da certeza de que antes del veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el contrato ya se había elaborado.

"De ahí que contrario a lo que afirma el Juez de Distrito, en la especie, el contrato privado de compraventa de que se trata, sí tiene fecha cierta y es suficiente para demostrar que los quejosos adquirieron el inmueble materia de la litis en la fecha que en él se indica o al menos desde la muerte de uno de los firmantes, como lo es la persona que nos ocupa, quien fungió como testigo en el pacto de voluntades y es suficiente para demostrar su interés jurídico en el amparo.

"Además, el propio criterio invocado por el Juez Federal como sustento de su resolución, cuyo rubro es: ‘INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CON

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26480-779e7020/documento-privado-de-compraventa-para-efectos-de-acreditar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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