"DOCUMENTOS PRIVADOS CUYA FECHA CIERTA SE HAGA DERIVAR DE LA MUERTE DE UNO DE LOS FIRMANTES. LA CARGA DE PROBAR LA FALTA DE IDENTIDAD U HOMONIMIA, CORRESPONDE A QUIEN LA ALEGUE." "DOCUMENTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA RECABAR PRUEBAS EN RELACIÓN CON EL INTERÉS JURÍDICO DE LA PARTE QUEJOSA, EN CASO DE DUDA SOBRE LA AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS O RESPECTO DE LOS ATRIBUTOS NECESARIOS PARA OTORGARLES EFICACIA PROBATORIA."
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 7/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 8 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO Y ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. PONENTE: ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. SECRETARIA: PATRICIA VILLA RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
9. PRIMERO.—Competencia:
El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados en Materia Civil que pertenecen a la Región Centro-Norte.
10. SEGUNDO.—Legitimación:
La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el titular del Juzgado de Distrito conoció del asunto que motivó la contradicción de criterios.
11. TERCERO.—Posturas de los Tribunales de Circuito:
Los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron los razonamientos medulares que se expresan a continuación:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, consideró, en lo conducente:
"... SEXTO.—********** promovió amparo como tercero extraño típico en el cual reclamó la orden de desocupación y entrega del inmueble descrito como una fracción de terreno rústico de la antigua hacienda de ********** y anexas, conocido actualmente como **********, que se encuentra en Cuautitlán, Estado de México, con una superficie de ********** metros cuadrados, que colinda al norte en ********** metros con fracción restante del mismo predio, al sur en ciento ochenta y tres punto treinta metros con terreno de ********** (hoy Unidad Habitacional **********), al oriente en ********** metros con terreno del ********** (hoy calle **********), al poniente ********** metros con **********, Ciudad Juárez (hoy **********), dictada en el juicio ordinario civil reivindicatorio **********, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, así como su ejecución llevada a cabo el catorce de marzo de dos mil once.
"Como causa de pedir señaló que el inmueble que defiende lo adquirió mediante contrato privado de compraventa de veintiséis de septiembre de dos mil dos, celebrado con ********** y ********** y que en ese mismo acto recibió la posesión; que el quince de marzo de dos mil once, llegó al inmueble pero que un grupo de personas le impidieron el paso, y le informaron que dos personas los habían contratado para colocar una malla ciclónica, por haber recibido la posesión judicial un día antes; sin proporcionarle más datos sobre las personas de quien se dijo habían recibido la posesión judicial y el número de expediente en el cual se ordenó la entrega del predio; y que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve al pasar por el bien raíz materia del juicio, observó que se encontraba en él una pequeña construcción con aspecto de casa habitación, a la cual acudió y fue atendido por **********, quien le informó que los dueños del predio eran sus vendedores ********** y ********** que por esa razón, habían promovido el juicio reivindicatorio de origen en el cual obtuvieron sentencia favorable, ordenándose la desocupación y entrega en su favor la cual se materializó el catorce de marzo de dos mil once.
"El Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, sobreseyó en el juicio por considerar que el quejoso no había ofrecido la pericial para acreditar que el inmueble del cual aduce ser propietario fuera el mismo que el bien raíz materia del juicio de origen, y que por tanto no había acreditado su interés jurídico.
"Dicho fallo es el que se combate en el presente juicio de revisión.
"En el caso no se analizarán los agravios expuestos contra la sentencia recurrida, porque en esta segunda instancia se estima que existen otras razones para concluir, como lo hizo el Juez de Distrito, que el quejoso no acreditó contar con interés jurídico respecto al acto reclamado, conforme a la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
"En efecto, **********, promovió amparo como tercero extraño a juicio y reclamó la orden de desocupación y entrega de un inmueble del cual aduce ser propietario así como su ejecución llevada a cabo el catorce de marzo de dos mil once.
"Luego, en el caso de terceros extraños al procedimiento civil, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la posesión protegible en el juicio de amparo es aquella que se funda en un título sustentado en alguna figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer, y no la simple tenencia material de las cosas.
"Además, cuando el título respectivo consigne un acto traslativo de dominio, debe contar con fecha cierta a fin de que surta sus efectos frente a terceros, lo cual, se ha aclarado, ocurre por ejemplo cuando el título correspondiente es presentado ante un fedatario en ejercicio de sus funciones, inscrito en un registro público, o bien, ocurre la muerte de alguno de sus firmantes, cuya razón de exigencia descansa en garantizar la legalidad y certeza jurídica de las operaciones en que consten este tipo operaciones para evitar que el juicio de amparo se utilice con fines desleales.
"Tiene respaldo lo anterior, en la jurisprudencia 361, emitida por el Pleno de dicho Alto Tribunal, consultable en la página 383, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común, Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, cuyos rubro y contenido son:
"‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.’
"Asimismo, funda la consideración expuesta, la jurisprudencia 295, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 315, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común, Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que expresa:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.’
"Por tanto, si en el caso el quejoso se ostentó como persona extraña al juicio civil de origen, resultaba necesaria la existencia de un título con fecha cierta que contara con una base objetiva, que fundada y razonadamente produjera la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien respectivo, entendiéndose por título, la causa generadora de la posesión.
"Ahora bien, el inconforme aportó al juicio de amparo, copia certificada del contrato privado de compraventa que aparece celebrado el veinte de septiembre de dos mil, entre los terceros interesados ********** y ********** en calidad de vendedores y el quejoso **********, como comprador respecto del inmueble descrito como una fracción de terreno rústico de la ********** y anexas, conocido actualmente como **********, que se encuentra en Cuautitlán, Estado de México, con una superficie de ********* metros cuadrados, que colinda al norte en ********** metros con fracción restante del mismo predio, al sur en ********** metros con terreno de ********** (hoy Unidad Habitacional **********), al oriente en ********** metros con terreno del ********** (hoy calle **********), al poniente ********** metros con ********** Ciudad Juárez (hoy **********).
"Asimismo, el inconforme aportó copia certificada del acta de defunción de **********, de la cual se advierte como fecha de defunción de esa persona, el veintiséis de septiembre de dos mil dos.
"No obstante, el acta de defunción no genera la fecha cierta pretendida por el promovente del amparo, porque en autos no quedó acreditado que la persona fallecida fuese la misma a quien se atribuye la firma registrada en el contrato de compraventa de mérito en calidad de testigo.
"Esto es, resultaba necesario justificar en el amparo indirecto, la plena identidad entre la persona cuyo deceso quedó registrado en la acta del estado civil de las personas aportada en copia certificada y la que figuró como testigo en el contrato privado de compraventa en el cual se fundó la acción de amparo, pues sólo así podría considerarse que dicho acuerdo de voluntades adquirió fecha cierta a fin de que pudiera producir efectos jurídicos frente a terceros, como es el caso de los actores del juicio reivindicatorio de origen.
"Por tanto, como el quejoso pretendió proteger un interés jurídico en calidad de comprador del inmueble objeto de ese contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 5o., fracción I, de la ley de la materia, estaba obligado a acreditar que efectivamente se celebró con anterioridad a los actos reclamados, y no sustentar su acción de amparo en un mero indicio que es el máximo alcance probatorio que obtiene la referida copia certificada del acta de defunción, pues no demuestra fehacientemente por sí misma que la persona registrada como fallecida y la que suscribió como testigo el contrato base de la acción sea la misma.
"Se considera de este modo, ya que del contrato en cuestión no se aprecia algún dato que permitiera justificar la identidad requerida, porque no obran registrados datos generales de los testigos, por lo cual resultaba indispensable contar con elementos objetivos que adminiculadamente permitieran demostrar ese extremo, como sería acreditar fehacientemente que la firma impresa en el contrato atribuida a dicho compareciente pertenecía a la persona finada.
"Luego, aun cuando el quejoso sustentó su causa de pedir en una transmisión de dominio en su favor realizada por ********** y **********, ********** no se tiene la certeza de su fecha por no haberse aportado en el sumario constitucional, algún dato objetivo mediante el cual se demostrare la identidad física de aquél con la persona fallecida.
"Sirve de sustento la jurisprudencia 293, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 313 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2017, que dice:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.’
"No obsta para llegar a esta conclusión que en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, pues esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta.
"Por esos motivos, se estima que no podría tener aplicación en su favor, la jurisprudencia 291, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 311, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que dice:
"‘INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 46/99 determinó que el contrato privado de compraventa de inmueble, no objetado, que cuenta con fecha cierta goza de plena eficacia probatoria y que una de las formas en que un documento adquiere fecha cierta es mediante el fallecimiento de uno de sus firmantes. Por tanto, un contrato como el referido, en el que una de las partes muere antes de que tenga verificativo el acto reclamado, constituye una prueba suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de garantías. Lo anterior obedece a que si bien la constancia de la compraventa contenida en una escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad constituyen un medio de prueba idónea para acreditar el dominio adquirido sobre el inmueble en cuestión; sin embargo, en el juicio de amparo no se resuelve en definitiva el derecho de propiedad, sino tan sólo de manera presuntiva para efectos de determinar si el acto reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso.’
"SÉPTIMO.—Por escrito presentado el catorce de febrero del presente año la recurrente desahogó la vista que se le dio con la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo.
"En dicho ocurso aduce que no se actualiza la causa de improcedencia y que el criterio de este órgano colegiado es excesivo y en extremo rigorista, ya que trastoca la presunción de buena fe de la que gozan los actos jurídicos, y lo obliga a acreditar la identidad de uno de los firmantes del contrato privado de compraventa en que se sustentó la acción de amparo a pesar de que éste no fue objetado.
"Asimismo, aduce que el contrato privado de compraventa señalado se celebró con los terceros interesados ********** y **********, quienes fueron actores en el juicio del que derivan los actos reclamados, y estuvieron en aptitud de objetar la autenticidad de dicho contrato o controvertir la identidad de uno de los firmantes, pero por el contrario aceptaron expresamente que habían celebrado el acuerdo de voluntades.
"También asevera, que como en el caso no existe controversia alguna respecto de la autenticidad, contenido, alcance, valor probatorio e identidad de los firmantes, no es jurídicamente válido que se le exija probar hechos no cuestionados, además de que cualquier tercero que tenga interés jurídico en controvertir el contrato, tendrá expedito su derecho para hacerlo valer ante la potestad común.
"En este tenor prejuzgar en el amparo sobre la validez o vicios legales que pudiera tener el contrato que hizo valer, el cual es legalmente suficiente para acreditar el interés jurídico que tiene, máxime que no fue objetado ni obra prueba alguna que lo contradiga.
"En el mismo sentido, alega que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado que consigna un acto traslativo de dominio es oponible a terceros cuando tiene fecha cierta, en el caso el contrato en que sustentó su acción no lo celebró contra terceros ajenos al juicio del que derivan los actos reclamados, sino con los actores de dicha controversia, los cuales reconocieron expresamente ante el Juez de Distrito haber celebrado y firmado el contrato, por lo cual es indebido que se ponga en duda de forma oficiosa su autenticidad. "Finalmente afirma que al margen de que uno de los testigos firmantes haya fallecido, el contrato mencionado debe tenerse como de fecha cierta, ya que surte efectos legales entre el quejoso y los terceros interesados, por lo que con base en el principio de buena fe procesal es fundado y razonablemente eficaz para efectos del amparo, esto es, que al haber sido celebrado entre el quejoso y los terceros interesados tiene eficacia para acreditar el interés jurídico, porque la fecha cierta del documento surte efectos entre las partes mientras no se demuestre su falsedad, ya que sólo beneficia o perjudica a los que los suscriben.
"Para sustentar sus argumentos cita las tesis: ‘PROPIEDAD. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO.’; ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO EL DOCUMENTO QUE AMPARA SU TITULARIDAD, A PESAR DE QUE NO REVISTA LA FORMA PRESCRITA POR LA LEY O QUE CONTENGA ALGÚN VICIO DE VALIDEZ, TODA VEZ QUE LAS CUESTIONES DE PROPIEDAD NO PUEDEN DILUCIDARSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SIN HABER SIDO RESUELTAS PREVIAMENTE POR LA POTESTAD COMÚN.’; ‘DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES.’; ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’; ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO CON UN DOCUMENTO PRIVADO, SE REQUIERE QUE ÉSTE SEA DE FECHA CIERTA.’; ‘CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL QUEJOSO Y EL TERCERO INTERESADO. TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, PORQUE LA FECHA CIERTA DEL DOCUMENTO SURTE EFECTOS ENTRE LAS PARTES, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SU FALSEDAD, PUES ÉSTE SÓLO BENEFICIA O PERJUDICA A LOS QUE LO SUSCRIBEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).’; ‘ACCIÓN DE USUCAPIÓN. NO LE ES APLICABLE LA FIGURA DE LA FECHA CIERTA PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).’; y ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. SI LA LITIS EN EL JUICIO SE ENTABLA ENTRE LOS SUSCRIPTORES DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, LA FECHA CONTENIDA EN ÉSTE SE REFUTA COMO VERDADERA MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SU FALSEDAD.’
"Los motivos de inconformidad son infundados.
"En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio, sea que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia que se encuentre el juicio, en virtud de que son de orden público.
"Orienta este criterio la jurisprudencia 269, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 291 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común, Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, que a la letra dice:
"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’
"En este sentido, aun cuando la autenticidad del contrato de compraventa en el que el quejoso sustentó su acción de amparo no hubiera sido cuestionada, esa circunstancia no impide que este órgano colegiado analizara oficiosamente si tiene fecha cierta, por ser un elemento indispensable para acreditar si efectivamente dicho documento es anterior al juicio del cual derivan los actos reclamados, y consecuentemente el interés jurídico del peticionario de amparo.
"Sirve de apoyo la jurisprudencia 289 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 309, del Tomo II. Procesal constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que dice:
"‘INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.’
"Ahora bien, el más Alto Tribunal del País ha sostenido que solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.
"Dicho criterio se encuentra en la jurisprudencia 65, de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 64 del Tomo V. Civil, Primera Parte-SCJN, Primera Sección-Civil, Subsección 1-Sustantivo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, del rubro y texto siguientes:
"‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.’
"Sobre estas bases, contrario a lo que aduce el quejoso, la falta de objeción por parte de los terceros interesados no conduce a tener por demostrado que efectivamente el contrato con el cual pretendió demostrar su interés jurídico es de fecha anterior al juicio de origen, por no configurar ninguna de las hipótesis previstas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Además, en respeto al principio de seguridad jurídica, los juzgadores de amparo deben resolver con plena certidumbre el derecho controvertido para, de esta manera, proporcionar esa certeza y evitar que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, por lo cual es indefectible determinar si el documento con que el quejoso pretende justificar un derecho de propiedad y posesión respecto de un inmueble, es de fecha cierta anterior a los actos reclamados y, por ende, suficiente para tener por demostrado su interés jurídico.
"En estas circunstancias, como las cuestiones de autenticidad del acto jurídico que contiene un documento, son distintas a las de fecha cierta, la falta de objeción en el juicio de amparo, incluso su reconocimiento por parte de los terceros interesados, no actualiza ningún supuesto para tener por demostrada la fecha en que aparece suscrito, se reitera que no demostró su interés jurídico.
"Así, no benefician al quejoso las tesis que invoca, ya que la reglas que rigen en los procedimientos comunes no son útiles por razones de seguridad jurídica, para demostrar que es de fecha cierta.
"En tal virtud, en razón del análisis oficioso realizado en esta segunda instancia de la citada causa de improcedencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo, y como el acto reclamado no se fundó en normas generales declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, no se controvierten cuestiones que afecten a menores e incapaces, o bien, el orden y desarrollo de la familia, no se advierte que se haya cometido contra el quejoso y recurrente alguna violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa, por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo, ni se evidencia que se afecte a quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31416-8cd94fb2/documentos-privados-cuya-fecha-cierta-se-haga-derivar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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