FIRMA AUTÓGRAFA EN EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD. APLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 195/2007 Y 2a./J. 13/2012 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LA ACTORA AFIRME QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CARECE DE AQUÉLLA Y LA DEMANDADA REFUTE ESE ARGUMENTO SOSTENIENDO QUE EN LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ QUE SE HIZO ENTREGA DE ESA RESOLUCIÓN EN ORIGINAL, INCLUYÉNDOLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN, LUCILA CASTELÁN RUEDA Y SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. DISIDENTES: ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO Y ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. PONENTE: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN. SECRETARIA: WENDOLYNE DE JESÚS MARTÍNEZ PADILLA.
CONSIDERANDO:
5. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 215, 216, 225, segundo párrafo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que se dirime una posible contradicción entre criterios de los Tribunales Colegiados de este circuito.
6. Legitimación de los denunciantes. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
7. Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
8. A) El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito conoció de los amparos directos administrativos 211/2010, 260/2012, 351/2013, 445/2013 y 517/2013.
9. Para su debida comprensión, a continuación se narran brevemente los antecedentes que dieron origen al primero de los asuntos referidos (amparo directo administrativo 211/2010).
10. ********** , demandó el amparo contra la sentencia de tres de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo ********** .
11. En ese procedimiento constitucional, entre otros conceptos de violación, formuló uno en el sentido de que indebidamente se desestimaron los conceptos de anulación en los que adujo que la resolución impugnada no tenía firma autógrafa, en términos del artículo 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; concretamente, alegó:
12. Que contrariamente a lo resuelto por la Sala referida, no se aprecia a simple vista esa firma autógrafa; que negó lisa y llanamente que dicha resolución la tuviera y que impugnó el acta de notificación relativa, por lo que arrojó la carga de la prueba a la autoridad, destruyendo la presunción de legalidad contenida en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación; que el acta de notificación de la resolución impugnada no es la prueba idónea para demostrar la firma autógrafa, como sí lo es la prueba pericial grafoscópica que debió aportarse; que, además, la Sala responsable omitió aplicar la jurisprudencia de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO. SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE."(1)
13. En la resolución de veintinueve de abril de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito desestimó el concepto de violación reseñado, por considerar (fojas 118 vuelta a 120):
• Que al resolver sobre el argumento planteado en relación a la falta de la firma autógrafa, la Sala responsable no determinó que a simple vista se apreciaba la firma autógrafa en la resolución impugnada.
• Que para abordar el examen de ese motivo de inconformidad, la referida autoridad analizó el acta de notificación de dicha resolución, misma que consideró legal porque cumplió los requisitos exigidos por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al estimar que se encontraba debidamente circunstanciada, pues el notificador se constituyó en el domicilio de la actora en el día y hora indicados en el citatorio que le precedió, cerciorándose de ello por habérselo informado la persona que se encontraba en ese lugar (con quien se entendió la diligencia); que requirió la presencia de la contribuyente y de su representante legal; y que al no encontrarse presente, practicó la diligencia con ese tercero.
• Que en la sentencia reclamada también se consideró que en el acta de notificación relativa se hizo constar que se entregaron a la actora los originales de la resolución con firma autógrafa y que lo asentado por el notificador tiene la presunción de legalidad en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación; que, por tanto, correspondía a la actora la carga de la prueba para demostrar que aquélla carecía de firma autógrafa y que se invocó la tesis con Núm. Registro IUS: 169358, publicada en la página 1545, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA CONTIENE FIRMA FACSIMILAR Y NO AUTÓGRAFA, PERO EN LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN SÍ SE ASENTÓ LO CONTRARIO."
• Que no asistía razón al quejoso, pues aun cuando negó lisa y llanamente que la resolución en controversia contara con firma autógrafa e impugnó el acta de notificación, lo que arrojó la carga de la prueba a la autoridad, al contestar la demanda, ésta adujo que de la constancia de notificación se advierte que se hizo entrega del original de la resolución en cuestión a la contribuyente, con firma autógrafa, y que incluso ofreció como prueba la copia certificada del acta respectiva, por lo que la referida autoridad cumplió con la carga probatoria que le correspondía.
• Que no obstante que la Sala responsable no aludió a la jurisprudencia 2a./J. 195/2007 citada por la quejosa: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO. SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE.", la misma no es aplicable al caso porque ese criterio establece que será idónea la prueba pericial cuando a simple vista no es posible apreciar si se trata o no de una firma autógrafa, pero que esto no aconteció en la especie porque la prueba ofrecida por la autoridad demandada, consistente en el acta de notificación, que contiene la aseveración del notificador, en el sentido de que sí fue entregada la resolución impugnada con la firma autógrafa y que, por ende, correspondía al quejoso desvirtuar esa afirmación.
14. Breve reseña del amparo directo administrativo 260/2012
15. **********, por su propio derecho, demandó el amparo contra la sentencia de seis de diciembre de dos mil once, dictada por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad ********** .
16. Al resolver ese juicio constitucional, el veintinueve de marzo de dos mil doce, el Segundo Tribunal de este circuito consideró:
• Que el quejoso insiste en negar que le hayan sido entregadas las resoluciones impugnadas signadas de manera autógrafa y que esto se probó porque la demandada nunca se las entregó con firma autógrafa, pues lo que le entregó así fueron las notificaciones.
• Que esos argumentos son erróneos porque, como lo afirmó la autoridad responsable, no quedaron desvirtuadas las actas de notificación referidas, en las que se asentó que las resoluciones determinantes controvertidas fueron entregadas con firmas autógrafas, por lo que es infundado que se diga que no se probaron esos hechos, pues esas notificaciones y la presunción de legalidad de la que están revestidas -que no fue desvirtuada- prueban lo ahí asentado, es decir, que se entregaron al gobernado las resoluciones originales, con firmas autógrafas y que su sola negativa a ese respecto, no destruye las razones externadas por la Sala responsable.
• Que, por ende, son infundados los argumentos del quejoso, sustentados en los criterios de rubros: "FIRMA AUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE APARECER EN EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA.", "FIRMA AUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU OMISIÓN IMPIDE OTORGAR VALIDEZ AL ACTO." y "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO. SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE." (con Núm. Registros IUS: 229361, 224795 y 171171, publicados en la página 917, Tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación; página 356, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y página 243, Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente)
17. Resumen del amparo directo administrativo 351/2013
18. ********** demandó el amparo contra la sentencia de doce de febrero de dos mil trece, dictada por el Magistrado instructor de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo federal **********.
19. En el juicio de garantías, entre otros conceptos de violación, formuló uno en el que arguyó que es ilegal que la Sala responsable haya desestimado sus razonamientos en el sentido de que el acto administrativo impugnado carecía de firma autógrafa, por lo que desatendió lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 195/2007, de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO. SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE." y que correspondía a la autoridad demandada probar que ese acto contenía firma autógrafa, por lo que debió ofrecer la pericial grafoscópica y no la constancia de notificación respectiva porque ésta no es la idónea para acreditar ese extremo.
20. El trece de junio de dos mil trece, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito declaró infundado el concepto de violación reseñado, por considerar (fojas 160 vuelta a 166 vuelta):
• Que no asiste razón a la quejosa al aseverar que la Sala Fiscal erró al considerar que ella debió acreditar que el acto administrativo en cuestión no contenía firma de su funcionario emisor y que con ello, se violó el criterio contenido en la jurisprudencia referida.
• Que la autoridad responsable, en concordancia con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en principio, correspondía a la parte demandada acreditar esa cuestión, esto es, que ante el desconocimiento de la actora en torno a que el acto administrativo impugnado contuviera la firma autógrafa de su emisor, y dado que la autoridad administrativa, al contestar la demanda, afirmó lo contrario, correspondía a esta última acreditar ese extremo.
• Que, sin embargo, no puede estimarse violatorio de la jurisprudencia en cuestión el hecho de que la Sala responsable haya considerado que ante lo contenido en el acta de notificación relativa al acto impugnado, la autoridad cumplió con su carga probatoria para tener por demostrada la aseveración que hizo en su contestación (que aquél contiene firma autógrafa).
• Que es cierto que en ese criterio jurisprudencial se dispone que corresponde a la autoridad demandada la carga de acreditar que el acto administrativo calza firma autógrafa y que la prueba para ello es la pericial grafoscópica; que en ese caso la actora también podrá nombrar su perito y que de existir discrepancia, el Magistrado instructor nombrará un experto tercero en discordia.
• Que, no obstante, esa jurisprudencia atiende a "la hipótesis genérica del problema jurídico de que se trata", es decir, a que el acreditamiento del hecho controvertido puede demostrarse con la prueba pericial referida; pero que, contrariamente a lo pretendido por la quejosa, esto no significa que en todos los casos, la autoridad demandada deberá acreditar la afirmación contenida en la contestación de demanda, a través de dicha prueba pericial y que de no hacerlo a través de ese medio de convicción, no podrá tenerse por colmada su carga probatoria.
• Que esto es así, porque si se estimara que la referida autoridad exclusivamente puede acreditar esa afirmación a partir de dicha prueba, se restringiría su derecho primordial de acreditar sus aseveraciones a través de los medios de prueba reconocidos por la ley y que esa tesis no puede prever todos los supuestos que pudieran darse en la práctica, en relación a la problemática jurídica de la firma autógrafa.
• Que tampoco puede estimarse que todas las hipótesis que se presenten en los juicios contenciosos administrativos cuando se controvierte lo relativo a la firma autógrafa del acto administrativo impugnado sean o deban ser iguales y que por ello, la única prueba para demostrar el hecho controvertido es la pericial referida, pues en el caso, para acreditar su afirmación, la autoridad demandada ofreció la constancia de notificación del acto administrativo y lo allí asentado tiene la presunción de validez, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el 68 del Código Fiscal de la Federación.
• Que esa presunción de validez subsistirá y tendrá eficacia para acreditar el hecho de que se trata, mientras no se demuestre la ilegalidad de lo ahí asentado mediante argumentos jurídicos, o bien, a través de los medios de prueba relativos.
• Que, por ende, si en la constancia de notificación de la resolución administrativa, el notificador asentó que entregó al contribuyente, por medio de la persona con quien entendió la diligencia, aquélla con firma autógrafa, esa actuación tiene presunción de validez y es apta para tener por demostrado el dicho de la autoridad en el sentido de que ese acto sí contenía la firma autógrafa de su emisor.
• Que, por tanto, contrariamente a lo argüido por la quejosa, la autoridad responsable no infringió lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 195/2007 y que se coincide con lo considerado en la sentencia reclamada, en el sentido de que si bien la actora impugnó lo asentado en la constancia de notificación, no demostró su ilegalidad a través de los argumentos esgrimidos para tal efecto, por lo que prevalece lo asentado por el notificador y, por ende, subsiste su legalidad en términos de los referidos artículos 42 y 68; por lo que la carga probatoria, que en un principio correspondía a la autoridad demandada (para demostrar que la firma que calza el acto administrativo es autógrafa), ahora correspondía demostrar lo contrario a la actora en el juicio contencioso, precisamente, ante el contenido de la constancia de notificación.
• Que no es óbice a lo anterior el hecho de que la propia Segunda Sala haya modificado la jurisprudencia referida, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia número 5/2011, pues esa modificación sólo tuvo por objeto corregir el texto de aquélla, sin que se hayan agregado diversas consideraciones a lo esencialmente sostenido por ese Alto Tribunal y menos aún, que puedan dar sustento a lo pretendido por la quejosa.
21. Las consideraciones precisadas fueron reiteradas por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver -también por unanimidad de votos- los amparos directos administrativos 445/2013 y 517/2013, en sesiones de once de julio de dos mil trece y el veintidós de agosto del mismo año, respectivamente.
22. B) El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito conoció de los amparos directos administrativos 1151/2012, 36/2013, 373/2013, 431/2013 y 444/2013.
23. A continuación se narran brevemente los antecedentes que dieron origen al primero de los asuntos referidos (amparo directo administrativo 1151/2012).
24. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil doce en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, promoviendo en representación de **********, demandó la nulidad de la resolución **********, de dieciocho de mayo de dos mil doce, emitida por la Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes, determinante de un crédito fiscal por ********** por concepto de multa por infracciones a la Ley Federal del Trabajo.
25. Seguidos los trámites de ley, el veintiocho de septiembre de dos mil doce dicho tribunal dictó sentencia, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
26. Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil doce en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, promoviendo en representación de **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada por el Magistrado instructor de la referida Sala el veintiocho de septiembre del mismo año en el juicio de nulidad **********.
27. El diez de enero de dos mil trece se concedió la protección federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra, en la que considerara que la autoridad demandada no acreditó que la orden de inspección ahí detallada contiene la firma autógrafa de su emisor y determinara lo que en derecho correspondiese.
28. Para arribar a esta conclusión, se estimó (fojas 239 a 244):
• Que es fundado el primer concepto de violación porque como bien lo señala la quejosa, los actos de autoridad deben constar por escrito y contar con firma autógrafa, según el artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
• Que la actora señaló en su demanda de nulidad, específicamente en el segundo concepto de anulación, que la firma que aparece como de la autoridad emitente de la orden de inspección de once de agosto de dos mil once, no es autógrafa, en tanto que la autoridad demandada al contestar la demanda manifestó que el acto sí calza firma autógrafa, lo que implica una afirmación sobre hechos propios que debió acreditar al corresponderle la carga de la prueba, toda vez que el juzgador no está en condiciones de apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa o no, en virtud de que no posee los conocimientos técnicos especializados para ello, dado que la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica que debió ofrecer la referida autoridad, pero no lo hizo.
• Que así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 13/2012 (10a.), por sustitución, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SÍ LA CONTIENE."(2)
• Que no es obstáculo a lo anterior lo señalado en la sentencia reclamada en el sentido de que en el acta de inspección de las condiciones generales de seguridad e higiene de veintidós de agosto de dos mil once se asentó que la orden de inspección referida contiene la firma autógrafa de su emisor, pues como lo adujo la quejosa, aun cuando se trata de un documento público que tiene valor probatorio en términos del artículo 46, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también es cierto que la prueba idónea para acreditar que aquél contiene firma autógrafa es la pericial grafoscópica.
• Que tampoco es óbice a lo anterior la consideración de la Sala responsable consistente en que la jurisprudencia invocada no es aplicable al caso porque se refiere al supuesto de que no existan pruebas que acrediten que la resolución impugnada se emitió con firma autógrafa y que en el caso sí existen otros medios de convicción que evidencian que la orden de inspección de que se trata contiene firma autógrafa del funcionario que la expidió, pues como bien lo aduce la quejosa, en esa jurisprudencia se estableció que la prueba idónea para acreditarlo es la pericial grafoscópica y no otra.
29. Breve reseña de los antecedentes del amparo directo administrativo 36/2013
30. El diecinueve de octubre de dos mil once, **********, por conducto de su representante legal **********, ante la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa demandó la nulidad del acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil ocho y los actos de aplicación consistentes en las determinaciones de omisiones de pago en materia de aportaciones y/o amortizaciones por créditos para vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondientes a los periodos liquidados **********.
31. Seguidos los trámites, el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, la Sala Fiscal emitió la sentencia reclamada, en la que decretó el sobreseimiento respecto del acto impugnado consistente en el acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil ocho y declaró la nulidad de las determinaciones de omisiones de pago en materia de aportaciones patronales y/o amortizaciones por créditos para vivienda de dicho instituto, correspondientes a los periodos liquidados 2006-03-2006-04 y 2007-04 con folios números ********** y **********, respectivamente.
32. ********** por conducto de su representante legal **********, mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil doce en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de dicha Sala, consistente en la referida sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil doce, dictada en el juicio de nulidad **********.
33. El veintiuno de febrero de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito concedió la protección federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra, en la que, luego de reiterar las cuestiones que no fueron impugnadas:
a) Se pronunciara con plenitud de jurisdicción sobre lo aducido por la actora en su primer concepto de anulación, sin considerar que no afecta su interés jurídico el acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil ocho.
b) Tomando en cuenta los razonamientos de esa ejecutoria, considerara que la autoridad demandada no acreditó que las resoluciones impugnadas contienen la firma autógrafa de su emisor y determinara lo que en derecho correspondiese.
34. Para resolver como lo hizo, ese órgano jurisdiccional, en lo que aquí interesa, estimó (fojas 254 a 258):
• Que es fundado el segundo concepto de violación porque como bien lo señala la quejosa, los actos de autoridad deben constar por escrito y contar con firma autógrafa, según el artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
• Que la actora señaló en su demanda de nulidad, específicamente en el segundo concepto de anulación, que la firma que aparece como de la autoridad emitente de la resolución impugnada no es autógrafa, en tanto que la autoridad demandada al contestar la demanda manifestó que el acto sí calza firma autógrafa, lo que implica una afirmación sobre hechos propios que debió acreditar al corresponderle la carga de la prueba, toda vez que el juzgador no está en condiciones de apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa o no, en virtud de que no posee los conocimientos técnicos especializados para ello, dado que la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica que debió ofrecer la referida autoridad, pero no lo hizo.
• Que así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 13/2012 (10a.), por sustitución, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SÍ LA CONTIENE."
• Que no es obstáculo a lo anterior lo señalado en la sentencia reclamada en el sentido de que en las constancias de notificación que obran en autos se asentó que se entregó a la demandante el original de la resolución impugnada con firma autógrafa y que lo asentado por el notificador goza de la presunción de legalidad, pues como lo adujo la quejosa, basta con que la autoridad afirme en su contestación que el acto sí fue firmado en original para que sea ella quien quede obligada a demostrarlo por tratarse de hechos propios, sin que la ejecutoria de la que deriva esa jurisprudencia señale que la carga de la prueba se revertirá a la demandante si en la constancia de notificación se asentó la leyenda de que se entrega original con firma autógrafa del acto impugnado.
Breve reseña del amparo directo administrativo 373/2013
35. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil doce en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, promoviendo en representación de **********, demandó la nulidad de los créditos fiscales ********** y ********** por ********** pesos y por ********** pesos, determinados a su cargo por la Subdelegación Aguascalientes Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por concepto de cuotas, recargos y multas por los periodos de julio y agosto de dos mil doce.
36. Seguidos los trámites de ley, el doce de febrero de dos mil trece, el Magistrado instructor de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo respecto de las cédulas de liquidación correspondientes a los créditos fiscales ********** y ********** y la validez de las cédulas de liquidación determinantes de los créditos fiscales ********** y **********.
37. Por escrito presentado el uno de abril de dos mil trece en el sistema automático de recepción de Oficialía de Partes de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, promoviendo en representación de ********** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada por la referida Sala el doce de febrero del mismo año en el juicio contencioso administrativo **********.
38. El treinta de mayo de dos mil trece, se concedió la protección federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra, en la que:
a) Analizara la procedencia de la vía sumaria, tomando en cuenta el término de cuarenta y cinco días señalado al contribuyente por la autoridad demandada para la presentación de la demanda; realizara el cómputo relativo y determinara si en relación con los créditos fiscales ********** y ********** el escrito correspondiente se presentó en tiempo y de ser así, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que legalmente procediese y,
b) Declarara la nulidad de la cédula de liquidación de los créditos fiscales ********** y **********, toda vez que la autoridad demandada no demostró que esas resoluciones contienen la firma autógrafa de su emisor.
39. Para arribar a esta conclusión, se consideró, en lo que aquí resulta relevante (fojas 268 vuelta a 274):
• Que es fundado el quinto concepto de violación porque como bien lo señala la quejosa, los actos de autoridad deben constar por escrito y contar con firma autógrafa, según el artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
• Que la actora señaló en su demanda de nulidad, específicamente en el tercer concepto de anulación, que la firma que aparece como la de la autoridad emitente en las resoluciones impugnadas no es autógrafa, en tanto que la autoridad demandada, al refutar ese alegato manifestó que esos actos sí calzan firma autógrafa, lo que implica una afirmación sobre hechos propios que debió acreditar al corresponderle la carga de la prueba, toda vez que el juzgador no está en condiciones de apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa o no, en virtud de que no posee los conocimientos técnicos especializados para ello, dado que la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica que debió ofrecer la referida autoridad, pero no lo hizo.
• Que así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 13/2012 (10a.), por sustitución, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SÍ LA CONTIENE."
• Que no es obstáculo a lo anterior lo señalado en la sentencia reclamada en el sentido de que en las constancias de notificación que obran en autos se asentó que se entregó a la demandante el original de las resoluciones impugnadas con firma autógrafa y que lo asentado por el notificador goza de la presunción de legalidad, pues como lo adujo la quejosa, basta con que la autoridad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24863-056554a7/firma-autografa-en-el-mandamiento-de-autoridad-aplicabilidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- FIRMA AUTÓGRAFA EN EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD. APLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 195/2007 Y 2a./J. 13/2012 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE L (PC.XXX. J/6 A (10a.))
- FIRMA AUTÓGRAFA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA DE CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA CONTIENE. (2a./J. 110/2014 (10a.))
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