CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el representante legal de **********, parte actora en el juicio de nulidad ********** del índice de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del cual derivó el recurso de revisión fiscal 31/2011 del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sentencia que participa como contendiente en la presente contradicción.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció de las revisiones fiscales 213/2006, 31/2011 y 138/2011.
Al resolver la revisión fiscal 213/2006, interpuesta por el subadministrador de lo contencioso "3", en suplencia por ausencia del administrador local jurídico del Centro del Distrito Federal, y en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, en contra de la sentencia dictada el seis de enero de dos mil seis por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número **********, determinó confirmar la sentencia recurrida y declarar la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, con base, en lo que aquí interesa, en las consideraciones siguientes:
"SÉPTIMO. ... la lectura relacionada de los agravios expresados por la autoridad recurrente y las consideraciones en que se sustentó la sentencia recurrida, pone de manifiesto que el punto toral a dilucidar consiste en determinar si la autoridad demandada debió ofrecer y exhibir las pruebas relacionadas con la negativa ficta desde el momento en que contestó la demanda y, en todo caso, analizar si la Sala del conocimiento debió valorarlas aun cuando éstas fueron ofrecidas hasta la contestación de la ampliación de demanda ... Para dar una respuesta informada a los planteamientos anteriores, no debe perderse de vista que de las constancias de autos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que la actora en el juicio natural ... demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto en contra de los créditos fiscales ... argumentando que transcurrió en exceso el plazo de tres meses con que contaba la autoridad para resolverlo. La autoridad demandada administrador local jurídico del Centro del Distrito Federal, al contestar la demanda de nulidad, para desvirtuar la aludida negativa ficta reprodujo el contenido del oficio número ... el cual no fue notificado a la parte actora, pero fue ofrecido y exhibido como prueba, del que se advierte que, a su vez, resolvió que el recurso de revocación en comento debía desecharse, en tanto que mediante diverso oficio número ... se le dieron a conocer a la actora las resoluciones determinantes de los créditos fiscales ..., sin que hubiere presentado la ampliación a su escrito de interposición de recurso dentro del plazo de ley. Por su parte, la actora amplió su escrito inicial de demanda argumentando, en esencia, que desconocía las resoluciones determinantes de los créditos fiscales ..., así como sus constancias de notificación, y negando lisa y llanamente, según lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que se le hubiera notificado el oficio número ... solicitando que en caso de que la autoridad demandada exhibiera las documentales aludidas, se le concediera la oportunidad de ampliar su demanda respecto de éstas. En respuesta a los alegatos anteriores, la autoridad demandada manifestó que la determinación de desechar el recurso de revocación relativo cumplió con la debida fundamentación y motivación, ofreciendo como pruebas de su dicho las resoluciones determinantes de los créditos fiscales que la actora adujo desconocer ... Sobre tales premisas, debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación, es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fundar sus sentencias en derecho y resolver sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda (y de su ampliación), incluso examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos aducidos por las partes. Respecto de la interpretación jurídica del precepto en cita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en diversos precedentes que la litis abierta en el juicio contencioso administrativo se integra con las consideraciones que rigen el acto impugnado, los conceptos de anulación del actor, la contestación a la demanda, incluso en la ampliación de éstas, y las pruebas que ofrezcan las partes. En ese orden de ideas, es evidente que en los preceptos invocados se instituyen los principios de congruencia y exhaustividad en el dictado de las sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a los cuales deben decidir la controversia sometida a su conocimiento, tomando en consideración la pretensión del actor contenida en la demanda promovida (incluso en su ampliación), así como aquellos argumentos de las demandadas encaminados directamente a destruirla; consecuentemente, para salvaguardar el equilibrio procesal entre las partes, las Salas deben estudiar, por regla general, todos los planteamientos expresados en la demanda, en su ampliación y su respectiva contestación, inclusive, a valorar los medios de prueba que ofrezcan las partes con el objeto de demostrar sus respectivas aseveraciones, salvo que exista imposibilidad jurídica para abordar su análisis. Ahora bien, tratándose de la figura jurídica de la negativa ficta, el artículo 215, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, dispone que la autoridad demandada, al contestar la demanda, tendrá la obligación de expresar los hechos, fundamentos y justificaciones en que se apoya la citada negativa, ante lo cual, según el artículo 210 de la propia legislación, el actor podrá ampliar su escrito inicial de demanda respecto de ésta. Sobre tales premisas, es dable sostener que la negativa ficta es una ficción jurídica a la que el legislador dio el carácter de resolución impugnable a través del juicio de nulidad, que se traduce en la presunción de que la autoridad administrativa responde negativamente a las pretensiones del gobernado; por lo que al demandar una negativa ficta, técnicamente se está impugnando una resolución que se materializará, precisamente, cuando al contestar la demanda, la autoridad administrativa funde y motive la propia negativa. Por su capital importancia al asunto, es oportuno señalar que los artículos 209, 210, 213, 214, 215, 230 y 234 del Código Fiscal de la Federación, señalan literalmente lo siguiente: Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 209.’ (se transcribe). ‘Artículo 210.’ (se transcribe). ‘Artículo 213.’ (se transcribe). ‘Artículo 214.’ (se transcribe). ‘Artículo 215.’ (se transcribe). ‘Artículo 230.’ (se transcribe). ‘Artículo 234.’ (se transcribe). La interpretación sistemática de las disposiciones transcritas ponen de manifiesto que la sustanciación del juicio de nulidad, tratándose de una resolución negativa ficta, se sujeta a las siguientes reglas: El actor deberá presentar, junto con su demanda, una copia de la instancia que dice no fue resuelta expresamente por la autoridad, en la que obre el sello de recepción. La autoridad demandada, al contestar la demanda, expresará los argumentos de hecho y de derecho en que se apoye la aludida negativa, aportando, además, las pruebas en que sustente su acto expreso. La parte actora podrá ampliar su escrito inicial de demanda dentro de los veinte días siguientes a la notificación del acuerdo que tenga por contestada la demanda. La autoridad demandada, al contestar la ampliación de demanda, expresará los argumentos tendientes a demostrar la ineficacia de los conceptos de impugnación formulados por la actora. Tanto en la contestación de demanda como en la contestación de la ampliación, la autoridad demandada deberá adjuntar a los escritos continentes, las pruebas documentales que ofrezca. Las pruebas supervenientes podrán presentarse en todo momento hasta en tanto no se dicte sentencia. Serán admisibles todo tipo de pruebas (excepto la de confesión de autoridades mediante absolución de posiciones), con la salvedad de que deberán adjuntarse a los escritos en los que se ofrezcan. Las reflexiones anteriores permiten concluir que tratándose de un juicio contencioso administrativo de nulidad en el que se demanda la nulidad de una resolución negativa ficta, la autoridad a la que se atribuya ésta, tendrá la obligación (al contestar la demanda) de expresar los hechos, fundamentos y justificaciones en que se apoya la citada negativa, debiendo, además, como parte de esa justificación, ofrecer las pruebas que sirvieron como base para llegar a esa determinación (negativa), pues si se considera que técnicamente se está impugnando una resolución que se materializará cuando al contestar la demanda, la autoridad administrativa funde y motive la propia negativa, debe entenderse que esa fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, conlleva la exigencia de que la autoridad demandada demuestre con pruebas idóneas tal determinación. En esas condiciones, es dable sostener que existe preclusión en el derecho que tiene la autoridad demandada para ofrecer y exhibir pruebas, en la medida en que éstas se encuentren vinculadas con los hechos, fundamentos y justificaciones en que se apoya la negativa alegada, las cuales deben ser argumentadas y presentadas a través de la contestación de demanda, pues si las probanzas relativas se presentan en diverso momento, como es la contestación a la ampliación de demanda, se haría nugatorio el derecho de la contraparte a controvertir la legalidad de éstas, en tanto que el procedimiento contencioso administrativo regulado por el código tributario no contempla una etapa procesal idónea para tal efecto. Ahora bien, importa destacar que en la especie la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada, consistente en la negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto el dieciséis de febrero de dos mil cuatro, sobre la base de que la autoridad demandada no ofreció ni exhibió como pruebas las resoluciones determinantes de los créditos fiscales números **********, **********, ********** y ********** en el momento procesal oportuno, es decir, al contestar la demanda, no obstante el reconocimiento expreso que hicieron de su existencia, dejando en estado de indefensión a la parte actora al encontrarse imposibilitada para desvirtuar la legalidad de éstas. En esa tesitura, resulta jurídica la actuación de la Sala del conocimiento, toda vez que la autoridad demandada, con el objeto de fundar y motivar la negativa en comento, debió adjuntar a su escrito relativo las pruebas que sirvieron como base para desechar el recurso de revocación, para que, en todo caso, la actora estuviera en condiciones de desvirtuar su legalidad al momento de ampliar su escrito inicial de demanda. Se expone tal aserto, toda vez que la autoridad demandada administrador local jurídico del Centro del Distrito Federal, al contestar la demanda, señaló que desechó el recurso de revocación interpuesto el dieciséis de febrero de dos mil cuatro, en atención a que mediante oficio número 322-SAT-09-II-III-D-53105 del veintisiete de mayo de dos mil cuatro, le dio a conocer a la actora las resoluciones determinantes de los créditos fiscales números **********, **********, ********** y **********, las cuales adujo desconocer, sin que la interesada ampliara su escrito de interposición del recurso dentro del plazo legal; por lo que al ser las resoluciones mencionadas, la razón toral para que la autoridad demandada desechara el recurso de revocación, es inconcuso que debió presentar como pruebas de su dicho, los documentos respectivos. Por su capital importancia al asunto, es oportuno traer a contexto, en la parte que interesa, el oficio de contestación de demanda de la autoridad que es del tenor siguiente: (se transcribe). Bajo esa óptica, es dable sostener que el momento procesal oportuno para que la autoridad demandada ofreciera y exhibiera como pruebas las documentales de mérito, era la contestación a la demanda, en tanto que éstas se traducen en la razón fundamental por la que se desechó el recurso de revocación (cuya resolución fue materia de la negativa ficta alegada), máxime si se considera que la propia autoridad, a través del oficio por el que contestó la demanda, reconoció expresamente la existencia de tales documentales. Sostener lo contrario, esto es, avalar que la autoridad demandada ofreciera las pruebas hasta la contestación a la ampliación de demanda, provocaría un estado de indefensión e inseguridad jurídica en la parte actora, en virtud de que no tuvo la oportunidad de desvirtuar la legalidad de éstas a través de la etapa procesal idónea. Sobre tales premisas, resulta patente que son infundados los agravios esgrimidos en el presente medio de impugnación, en tanto que no existe una razón jurídica para sostener que la Sala del conocimiento debió analizar y valorar las pruebas ofrecidas por la autoridad recurrente, en tanto que éstas no fueron ofrecidas en el momento procesal oportuno. En las relatadas condiciones, dada la ineficacia de los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de revisión fiscal y confirmar la sentencia recurrida."
La ejecutoria antes transcrita originó la tesis aislada I.15o.A.69 A, con núm. registro IUS: 173892, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 1081, que dice:
"PRUEBAS RELACIONADAS CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA IMPUGNADA EN UN JUICIO DE NULIDAD. LA AUTORIDAD DEMANDADA DEBE OFRECERLAS AL CONTESTAR LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). De lo dispuesto en los artículos 209, 210, fracción I, 213, fracciones IV y V, 214, fracción VI, 215, 230 y 234 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, se desprende que en los juicios de nulidad en los que se impugne una resolución negativa ficta, la autoridad demandada, al contestar la demanda, tendrá la obligación de expresar los hechos, fundamentos y motivos en que sustente esa negativa, debiendo, además, como parte de esa justificación, ofrecer las pruebas que le sirvieron como base para llegar a esa determinación. A su vez, se evidencia que la parte actora tiene el derecho de ampliar su demanda respecto de los fundamentos y motivos de la contestación expresa y en cuanto a los actos relacionados que pudieran derivarse de las pruebas que la autoridad haya exhibido. Sobre esas premisas, debe concluirse que la oportunidad que la autoridad tiene para exhibir las pruebas que justifiquen las razones y actos de su negativa, precluye al contestar la demanda, no pudiendo hacerlo hasta el momento en que conteste la ampliación, pues dejaría en estado de indefensión al actor, en la medida de que éste ya no podría ampliar nuevamente su demanda, por no encontrarse esto autorizado en la citada legislación; de hacerlo así, tales pruebas deberán desestimarse."
En la revisión fiscal 31/2011, interpuesta por el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil diez por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número ********** determinó confirmar la sentencia recurrida y declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, con base, en lo que aquí interesa, en las consideraciones siguientes:
"... en principio debe puntualizarse que la autoridad recurrente no controvierte lo expuesto por la Sala Fiscal, en el sentido de que correspondía a la demandada exhibir junto con su contestación de demanda, la resolución determinante de los créditos fiscales impugnados y su constancia de notificación, a efecto de que la actora pudiera ampliar su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, habida cuenta que tampoco desconoce lo que sostuvo la mencionada Sala en cuanto a que no exhibió las documentales que ofreció como prueba de su parte para acreditar tales extremos. Se expone tal aserto, en virtud de que la autoridad recurrente no formula argumento alguno tendiente a controvertir tales cuestiones, sino que únicamente se inconforma con el tipo de nulidad que decretó la Sala Fiscal, por considerar que debió ser para efectos y no de manera lisa y llana, por lo que es evidente que las determinaciones de las que se ha dado noticia (esto es lo relativo a que la demandada no exhibió junto con su contestación de demanda, la resolución determinante de los créditos fiscales impugnados y su constancia de notificación) deben quedar firmes para seguir rigiendo el sentido del fallo recurrido, ante la falta de impugnación de la parte afectada ... En ese tenor, a efecto de verificar la legalidad de la determinación recurrida, es pertinente reproducir el texto de los artículos que regulan el sentido en que deben pronunciarse las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la aplicable al presente asunto, los cuales disponen lo siguiente: (se transcriben). De la anterior transcripción se advierte que el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece en sus cinco fracciones el sentido en que deben pronunciarse las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual podrá ser reconociendo la validez de la resolución impugnada, declarando su nulidad absoluta (lisa y llana), determinando la nulidad para efectos, o bien señalando la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, declarando entonces la nulidad de la resolución impugnada. En relación con esos diversos sentidos, es pertinente destacar que la declaración de validez de la resolución impugnada establecida en la fracción I de ese normativo, implica el reconocimiento jurisdiccional de que dicha validez siempre existió, inclusive mientras se decidía la impugnación de nulidad en el juicio contencioso administrativo. La nulidad lisa y llana prevista en la fracción II del citado artículo 52, implica dejar sin efectos jurídicos el acto impugnado y, como consecuencia, que la autoridad emisora se abstenga de realizar cualquier acto de aplicación o ejecución de dicha resolución, debiéndose abstener, también, de reiterarla dentro del mismo contexto específico del que provino. Tratándose de la nulidad prevista en las fracciones III, IV y V del mencionado artículo 52, la autoridad administrativa, ya habiendo dejado sin efecto el acto impugnado, puede verse obligada a realizar determinados actos, según las peculiaridades del asunto resuelto. Es importante precisar que la nulidad para efectos deriva de las fracciones II, III y V del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y se actualizan las dos primeras, conforme a lo previsto en la fracción IV del artículo 52 de ese mismo ordenamiento, cuando hay omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive ausencia de fundamentación y motivación, u omisión de formalidades en el procedimiento del cual derivó la resolución, es decir, en los antecedentes o presupuestos de ésta, y la tercera, cuando se incurre en lo que la doctrina conoce como ‘desvío de poder’. Por otra parte, la nulidad lisa y llana debe decretarse cuando se actualice alguno de los supuestos de ilegalidad previstos en las fracciones I y IV del artículo 51 invocado, lo que sucede cuando se actualiza la incompetencia de la autoridad que dicte u ordene la resolución impugnada o tramite el procedimiento del que deriva, la cual puede suscitarse en esa resolución o en el procedimiento del que proviene; cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o se dejaron de aplicar las debidas, siendo éstas las sustanciales (lo que implica el fondo o sustancia del contenido de la resolución impugnada); en ambos casos se requiere que la Sala Fiscal realice el examen de fondo de la controversia. En otros términos, cuando la ilicitud corresponde a las hipótesis previstas en las fracciones II y III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, por omisión de requisitos formales de la propia resolución o por vicios del procedimiento siempre que, en ambos casos, afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución combatida, por regla general, conlleva a decretar la nulidad para efecto de que se subsane la violación formal, bien sea que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución, en razón de suceder o actualizarse ilicitudes derivadas de vicios de carácter formal que contrarían el principio de legalidad. Lo anterior, en virtud de que la citada fracción II se refiere a la omisión de formalidades propias o inherentes a la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación; en tanto que la fracción III en comento contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. De lo expuesto se desprende que si la sentencia declara la nulidad absoluta (lisa y llana) del acto o resolución impugnados en el juicio respectivo, tal determinación implica que el acto o resolución queden insubsistentes, no pueden producir efectos jurídicos, y la autoridad emisora deberá abstenerse de realizar cualquier acto de aplicación o ejecución; mientras que si la nulidad fuera declarada para determinados efectos el acto o resolución quedarán insubsistentes, pero la autoridad emisora estará constreñida a emitir un nuevo acto o dictar una nueva resolución, purgando los defectos que hubiera presentado el original, según haya sido precisado en la sentencia correspondiente. En concordancia con lo anterior, resulta significativo destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, al resolver en sesión del diecisiete de octubre de dos mil uno la contradicción de tesis 92/2000-SS, el criterio consistente en que la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, obliga a declarar la nulidad de ese acto en su integridad, esto es, de manera lisa y llana, salvo que aquélla haya recaído a una petición, instancia o recurso. Lo anterior es así, en virtud de que la Segunda Sala señaló que la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad respectivo, incide directamente en la validez del acto administrativo, pues aquélla constituye el elemento necesario e imprescindible para calificar la legalidad del acto, dado que si éste es emitido por una autoridad incompetente no puede producir efecto alguno en la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, el Alto Tribunal precisó que si bien la referida omisión constituye una violación formal que encuadra dentro del supuesto normativo previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, tendría que declararse la nulidad para efectos en términos del artículo 239 del propio ordenamiento legal; lo cierto es que, aclaró, para que la autoridad fiscal o administrativa pueda dictar una nueva resolución reparando la omisión en la cita de los fundamentos de su competencia, debe declararse la nulidad lisa y llana, ya que esa violación formal no resulta, por regla general, subsanable. Además, la superioridad indicó que en el referido supuesto, el tribunal en el que se tramita el asunto desconoce si la autoridad es competente para emitir la resolución impugnada y que, por tal motivo, no puede darse ningún efecto a la nulidad declarada, ya que podría obligarse a una autoridad incompetente a dictar una resolución o emitir un nuevo acto, contra el cual el particular tendría necesariamente que promover un nuevo juicio o recurso, provocándose con ello un retardo en la impartición de justicia en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional; habida cuenta que tampoco po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23220-a4a4858a/contencioso-administrativo-federal-cuando-no-se-acredita-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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