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SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU SOLA CONSULTA NO CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO Y, POR ENDE, ES INSUFICIENTE PARA TENER POR ACTUALIZADA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2016. · Registro digital (IUS): 26407
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-07-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Pág. 1712.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ Y LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. PONENTE: ADRIANA ESCORZA CARRANZA. SECRETARIO: CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS,

y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio 155-C-I-2016, presentado el diez de febrero de dos mil dieciséis, ante la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por dicho tribunal, al fallar el amparo directo DA. 648/2014, y el emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 152/2014, del que derivó la tesis aislada I.8o.A.72 A, publicada el ocho de agosto de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título y subtítulo: "HECHO NOTORIO. NO LO CONSTITUYE LA SOLA CONSULTA AL SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE JUICIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PARA ACREDITAR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", en que se estableció que, dado que no existe certeza de los datos contenidos en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la consulta que se haga de éste no puede constituir un hecho notorio para los integrantes de ese órgano jurisdiccional, máxime si se trata de demostrar la actualización de una causa de improcedencia.

SEGUNDO.-Mediante proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, la cual registró con el número PC01.I.A.6/2016.C; asimismo, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados involucrados la remisión del archivo digital de las resoluciones que se estimaron contradictorias e informaran si los criterios sustentados, materia de la presente contradicción de tesis, se encuentran aún vigentes o, en su caso, si habían sido superados o abandonados.

TERCERO.-En auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, una vez recibidos los informes respectivos, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al encontrarse integrado el expediente, en términos de los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Quáter, 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante diverso Acuerdo 52/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, lo turnó a la Magistrada Adriana Escorza Carranza, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Pleno de Circuito de la materia y circuito, para la formulación del proyecto respectivo.

CUARTO.-En auto de presidencia de treinta de marzo de dos mil dieciséis, entre otras cuestiones, se declaró suspender el plazo de quince días, previsto en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con que contaba la Magistrada ponente, para la formulación del proyecto del presente asunto.

Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la presidencia de este Pleno, entre otras cosas, tuvo por reanudado el plazo desde el día en que la Magistrada ponente retomó sus labores (dieciocho de abril de dos mil dieciséis), para la elaboración del proyecto de la presente contradicción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que falló en el amparo directo DA. 648/2014, donde se estableció uno de los criterios contendientes; por tanto, dicho tribunal está facultado para hacer la denuncia, a fin de que este Pleno de Circuito defina, en su caso, el criterio a prevalecer con carácter de jurisprudencia.

TERCERO.-Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al resolver el juicio de amparo directo DA. 648/2014-11571, en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, sostuvo, en lo relevante al caso, las consideraciones siguientes:

"QUINTO.-Con el propósito de dar solución a los conceptos de violación planteados por la quejosa, conviene informar respecto de los antecedentes relevantes del asunto, así como de las consideraciones en que se sustenta el fallo combatido:

"En la vía contenciosa administrativa, el representante de **********, demandó la nulidad del mandamiento de ejecución, mediante el cual se le requirió del pago respecto de los créditos fiscales números **********, emitidos por el titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"En el considerando segundo, la Magistrada responsable declaró fundada la causal de improcedencia que la autoridad hizo valer en su contestación a la ampliación de demanda, en el sentido de que la actora promovió diversos juicios en los que demandó la nulidad de los créditos **********, y decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de los citados créditos, al considerar que:

"... De las transcripciones antes realizadas, se observa que en los juicios de nulidad números **********, emitidos por la Tercera, Cuarta, Sexta, Séptima, Novena, Décima y Décima Primera Salas Regionales Metropolitanas de este tribunal, respectivamente, fueron impugnados, entre otros créditos fiscales, los siguientes: ...

"En ese orden de ideas, resulta incuestionable que procede el sobreseimiento del juicio en que se actúa, toda vez que los créditos ...

"... fueron materia de diversos juicios contenciosos administrativos ...

"En otro aspecto, la responsable declaró fundada la segunda causal de improcedencia que hizo valer la demandada en su oficio de contestación, en la que sostuvo que se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 8, fracciones IV y XVI, en relación con el 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que habían transcurrido en exceso los quince días con los que contaba la actora para combatir los créditos y, por ende, los había consentido.

"En virtud de lo anterior, la Magistrada decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de los créditos **********, al considerar que de las constancias de notificación se observa que en ellas se asentaron los datos de la actora, los datos del documento a diligenciar, la fecha y hora de la diligencia, los datos de la identificación del notificador, que se cercioró de ser el domicilio correcto, la razón consistente en que se requirió la presencia del patrón y que, al no encontrarlo, dejó citatorio para que lo esperara al siguiente día hábil, por lo que se cumplió con los requisitos que establecen los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación.

"Al efecto, agregó:

"... es procedente reconocer la legalidad de las notificaciones de las cédulas de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas, emitidas por el titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, documentos determinantes de los créditos ...

"Por otra parte, en el considerando cuarto, la responsable declaró la nulidad lisa y llana de los créditos **********, al considerar fundados los argumentos que hizo valer la actora en sus conceptos de anulación primero y segundo, en los que, en esencia, negó lisa y llanamente que se le hayan dado a conocer los créditos impugnados.

"Al efecto, la Magistrada instructora precisó que, ante la negativa de la actora de conocer los créditos citados en el párrafo que antecede, la autoridad demandada se encontraba obligada a exhibirlos, así como su constancia de notificación, a fin de que el particular tuviera oportunidad de combatirlos, de ahí que:

"... al ser omisa la autoridad en exhibir los créditos...

"... el demandante quedó en estado de indefensión, pues en virtud de esa circunstancia, no se encontró en posibilidad de desvirtuar tanto la legalidad de la resolución impugnada, como de su notificación. ...

"Desde diverso aspecto, la Magistrada responsable precisó, en el considerando quinto, que únicamente emprendería el estudio de los argumentos que hizo valer la actora en el quinto concepto de impugnación del escrito de ampliación a la demanda, en el cual se adujo, en esencia, que la firma de la autoridad que emitió las resoluciones combatidas no es autógrafa.

"El planteamiento de mérito se declaró infundado, toda vez que:

"... la parte actora debió ofrecer como prueba de su parte la pericial grafoscópica para acreditar que el documento impugnado contiene firma facsímil del funcionario que la emite, luego entonces, al no ofrecer como prueba de su parte la pericial antes mencionada y no demostrar ese hecho al que se encontraba obligada, en términos del artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, incumple con la carga procesal.

"Y determinó que prevalecía la presunción de validez, en términos de lo previsto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.

"Por otra parte, la Magistrada responsable estudió, en el considerando sexto, el duodécimo concepto de anulación que la actora hizo valer en su ampliación de demanda, en el que, en esencia, controvirtió la competencia de la autoridad que emitió los créditos.

"Para analizar dicho argumento, la Magistrada instructora precisó, en primer término, que tales créditos fueron emitidos por el titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con apoyo en los artículos 251, fracciones XII, XIV, XV y XXXVII, de la Ley del Seguro Social, 2, fracción VI, inciso B), 150, párrafo primero, fracciones VIII, IX, XX y XXVIII, y 155, párrafo primero, fracción XXXV, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo texto transcribió, para después concluir que:

"... resultan infundados los agravios en estudio, dado que la autoridad invocó los preceptos de ley en los que se contempla la existencia jurídica y la capacidad legal material y territorial de la autoridad emisora de las resoluciones impugnadas.

"En otro aspecto, la Magistrada responsable analizó, en el considerando séptimo, el concepto de anulación que la actora hizo valer en su ampliación de demanda en el que negó la existencia de la relación de trabajo con las personas respecto de las cuales se emitieron los créditos fiscales.

"Lo anterior sobre el alegato de que la enjuiciada, al contestar la demanda, adjuntó copia certificada de los estados de cuenta individuales de los trabajadores, con la que acreditó que la información considerada para la determinación de los créditos fiscales fue proporcionada por la propia empresa, lo que hacía innecesario que la autoridad exhibiera los avisos de afiliación.

"Destacó que la copia certificada de los estados de cuenta individuales es suficiente para probar el vínculo de trabajo, sin que sea necesario adminicularla con otros elementos de convicción para lograr su perfeccionamiento, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 202/2007, de rubro: ‘ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN.’

"Agregó que la idoneidad de las pruebas exhibidas por la demandada se robustece si se toma en cuenta que el uso de los medios electrónicos es responsabilidad exclusiva del empleador, razón suficiente para presumir que los datos proporcionados por esa vía al instituto de seguridad social, mediante la utilización de su número patronal como sustituto de la firma autógrafa, constituyen información efectivamente entregada por aquél y, por consiguiente, son hechos que conoce plenamente.

"Por otra parte, la Magistrada responsable, en el considerando octavo de la sentencia reclamada, examinó los conceptos de anulación noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, que la actora hizo valer en su ampliación de demanda y en los que adujo que las resoluciones impugnadas no se encuentran fundadas ni motivadas, al no citar los artículos que facultan a la emisora para ejecutar un crédito, ni precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión de los actos de molestia, y no se mencionaron las operaciones aritméticas que se llevaron a cabo para determinar las contribuciones que omitió.

"Añadió la responsable que dichos planteamientos son infundados, porque, contrario a lo manifestado por la actora, la autoridad invocó los motivos y citó los fundamentos con base en los cuales procedió a realizar la determinación de cuotas obrero patronales y agregó:

"... además, se asentaron los siguientes datos: número de afiliación de cada asegurado, su nombre, los movimientos ocurridos en el periodo, los días laborados en el mes, el salario diario integrado, los días de incapacidad y ausencia, el monto por el concepto de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales.

"En virtud de lo anterior, la Magistrada responsable reconoció la validez de los créditos fiscales **********.

"Ahora bien, la quejosa expone, en sus conceptos de violación, que el fallo es ilegal.

"Refiere que el sobreseimiento decretado en el considerando segundo de la sentencia reclamada es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de conformidad con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los hechos notorios, que:

"... tratándose de las causales de improcedencia del juicio contencioso administrativo, al ser de constatación plena los hechos que acrediten su actualización, la sola consulta al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no constituye un hecho notorio, ya que su regulación permite advertir que si bien es cierto es una herramienta útil para el control interno de los juicios, también lo es que de la consulta, por sí misma, es ineficaz para acreditar plenamente alguna causal de improcedencia, pues de acuerdo con el proceso de almacenamiento, puede contener errores que hacen improcedente la plena comprobación de los hechos.

"Al efecto, transcribe la tesis aislada emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘HECHO NOTORIO. NO LO CONSTITUYE LA SOLA CONSULTA AL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PARA ACREDITAR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’

"El anterior concepto de violación es infundado, por una parte, porque se sustenta en el texto de la mencionada tesis que sólo representa el criterio aislado del citado Tribunal Colegiado, el cual, no constituye jurisprudencia y, por la otra, porque no existe ni siquiera un principio lógico o razonable de acuerdo al cual se pudiera considerar que la consulta al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sea ineficaz para acreditar una causal de improcedencia, sino que, al contrario, al constituir dicho sistema una herramienta pertinente para el control interno de los juicios, es inconcuso que se debe considerar, razonablemente, que para los titulares de dicho tribunal, el conocimiento de la existencia de juicios que se tramitan en el citado órgano, al llevar a cabo la consulta en el mencionado sistema o, incluso, por cualquier otro medio, no constituye un simple indicio, sino un hecho notorio, suficiente, como ocurrió en el caso, para probar plenamente la improcedencia examinada por la Magistrada instructora.

"A lo anterior debe agregarse que, además de los datos que arrojó el sistema consultado por la Magistrada responsable, en la especie, a fojas quince a veintidós de la numeración original de la sentencia reclamada, se hace la transcripción de cada uno de los autos, mediante los cuales diversas Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitieron las demandas en las que se revisó la legalidad de los créditos fiscales, sin que la quejosa exponga alguna manifestación contra el contenido de los mencionados proveídos, lo que confirma que fue correcto el examen de la improcedencia y el sobreseimiento en el juicio respecto de los créditos que se mencionan en el primer punto resolutivo del fallo reclamado. ..."

CUARTO.-Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El aludido órgano jurisdiccional, al resolver en sesión de ocho de abril de dos mil catorce, el juicio de amparo directo DA. 152/2014, sostuvo las siguientes consideraciones:

"OCTAVO.-Análisis de los conceptos. En atención al criterio jurisprudencial P./J. 3/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece el principio de mayor beneficio, este Tribunal Colegiado examinará los conceptos de violación que ameritan la concesión del amparo.

"El criterio invocado es de rubro siguiente:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’(1)

"En los conceptos de violación primero y segundo, la parte quejosa argumenta, en esencia, que:

"• La resolución recaída al recurso de reclamación resulta violatoria de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al haberse confirmado el acuerdo de desechamiento, pues para que se considere actualizada con toda claridad la causa de improcedencia, contenida en el artículo 8o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es necesario que exista identidad de partes, esto es, que se trate del mismo actor y autoridad demandada y, además, del mismo acto impugnado, aunque las violaciones resulten diversas, lo cual no fue constatado en el caso.

"• En particular, de manera ilegal y subjetiva se consideró que el juicio **********, del índice de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resultaba motivo suficiente para determinar la improcedencia del juicio instado; sin embargo, se llegó a esa conclusión sin tener una base firme que así lo evidenciara, ya que tal juicio no obra glosado al expediente; tampoco existe documento, constancia, elemento o prueba fehaciente con la que se acredite que dicho juicio se instó en contra del mismo acto impugnado y la misma autoridad demandada, pues no se tuvo elemento alguno para ello, como fuera una inspección actuarial para corroborar la identidad de partes y del acto impugnado.

"• No puede presumirse que se actualizara la referida causal, sin que se comprobara fehacientemente que un diverso juicio tramitado ante diversa Sala, se tratara de la impugnación del mismo acto y que existiera identidad de partes, pues incluso, debía verificarse si se trataba de la misma autoridad que dictó la resolución, conforme a lo previsto en el artículo 3o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"• Debió existir comprobación plena de que el acto impugnado en el juicio era el mismo que se objetó en el diverso en el que se pretende sustentar la causal de improcedencia, pues por concepto de ‘mismo’ se entiende, en términos del Diccionario de la Real Academia Española, como lo ‘idéntico, no otro, lo exactamente igual’.

"• En apoyo a lo anterior, invoca el criterio de rubro: ‘JUICIO DE NULIDAD, CASO EN QUE NO SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL, PREVISTAS EN LAS FRACCIONES III Y VIII DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’

"• Si no se corroboró plenamente que, en el caso, se trate de la misma autoridad y el mismo acto impugnado, resulta incuestionable que no podía tenerse por actualizada la causa de improcedencia invocada, por lo que resulta ilegal la decisión adoptada.

"• Si bien en la resolución se refiere que es un hecho notorio los datos obtenidos a través de la herramienta informática de nombre ‘Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juicios’, el cual, se indica, proporciona información sobre todos y cada uno de los juicios instados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; con ello se viola el principio de legalidad, pues todo acto o procedimiento jurídico debe tener un sustento legal y ese sistema no se encuentra regulado en ley como una norma obligatoria.

"• El artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que, atendiendo al principio de legalidad establecido en el precepto constitucional, el sistema referido no puede ser tomado como base para desechar el juicio, pues con ello se afecta la seguridad jurídica del quejoso, al no poder refutar las causas de desechamiento, pues la información contenida en ese sistema no se encuentra estipulada como norma obligatoria y, por ende, no brinda certeza que ambos juicios puedan ser considerados de forma plena como cosa juzgada.

"• No puede aducirse que se actualiza la figura jurídica de cosa juzgada en cuanto a sujetos, objetos y causa jurídica, pues no está constatado que se trate del mismo actor, demandado y acto impugnado. En apoyo a lo anterior, invoca las tesis de rubros: ‘COSA JUZGADA. ELEMENTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE EXISTA.’, ‘EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. EFECTOS E IDENTIDADES QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU CONFIGURACIÓN.’ y ‘COSA JUZGADA. CUANDO NO EXISTE.’

"• Por las razones expuestas, las causales señaladas por la autoridad resultan deficientes de motivación y contrarias al principio de legalidad, contenido en el artículo 16 constitucional.

"A juicio de este tribunal, los argumentos antes resumidos son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo, en atención a las consideraciones siguientes:

"El artículo 8o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece lo siguiente:

"‘Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

"‘...

"‘III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. ...’

"El precepto transcrito dispone que el juicio es improcedente contra los actos que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal, siempre que hubiere identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas.

"De lo anterior se desprende que el legislador previó que, para que se actualice esta causa de improcedencia, es necesario que los actos impugnados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio contencioso y que los dos juicios hayan sido promovidos por el mismo actor, contra las mismas autoridades, aunque las violaciones alegadas sean diversas.

"Además, se refiere a juicios terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio contencioso.

"La finalidad que se busca con el establecimiento de esta causa de improcedencia, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada que podría vulnerarse si se resolvieran de fondo todos los juicios promovidos por una persona en contra de un mismo acto y autoridad.

"Por otra parte, cabe destacar que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las causales de improcedencia deben interpretarse de manera estricta; de modo que el juzgador debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente.

"Lo anterior se advierte del criterio siguiente:

"‘AMPARO, LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL, SON DE ESTRICTA INTERPRETACIÓN.-El artículo 73 de la Ley de Amparo establece excepciones al estatuto general, relativo a que el juicio constitucional es la defensa idónea para combatir las violaciones a las garantías individuales que cometan las autoridades y como excepciones son de estricto derecho de tal manera que no se prestan a interpretaciones extensivas.’(2)

"También es importante precisar que el Alto Tribunal, al examinar el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo,(3) que es de similar contenido al 8o., último párrafo,(4) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ha establecido que como el estudio de las causales de improcedencia es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador, aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, ante la existencia de un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador debe indagar o recabar de oficio las pruebas necesarias para así estar en posibilidad de determinar fehacientemente si opera o no esa causal.

"Lo anterior fue sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.-Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.’(5)

"Por tal motivo, la causal de improcedencia debe ser notoria, manifiesta e indudable; de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a los cánones contenidos en el artículo 17(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26407-af19a714/sistema-de-control-y-seguimiento-de-juicios-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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