HECHO NOTORIO. LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL PLENO DE CIRCUITO O POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE SU ADSCRIPCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY, MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS, MARÍA CRISTINA PARDO VIZCAÍNO, JUAN CARLOS MORENO CORREA, JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA Y JORGE TOSS CAPISTRÁN. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ VEGA LUNA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 41 Bis, 41 Bis 2, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 17, 30 y 31 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, pues la disidencia de criterios jurídicos tuvo verificativo entre dos Tribunales Colegiados de este Séptimo Circuito, según se ha dado cuenta en los resultandos de esta ejecutoria.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, conforme con lo establecido en los artículos 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 41 Bis, 41 Bis 2, 41 Ter, fracción I, 41 Quáter y 41 Quáter 1, fracciones III y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 11 y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, en razón de que fue formulada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que resolvió el juicio de amparo directo 1106/2016 de su índice.
TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos, respecto de un tema similar, sea discordante esencialmente, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, página 7, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
Los criterios jurídicos abordados en los juicios que dan origen a la denuncia de contradicción de tesis, revelan lo siguiente:
En el juicio de amparo directo 1119/2015, fallado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, promovido por **********, se resolvió con base en los siguientes antecedentes y consideraciones torales:
a) La actora jubilada demandó de **********, el reconocimiento y calificación como profesionales de las enfermedades que presentaba y que fueron adquiridas en el ejercicio de sus funciones al servicio de la demandada, consistentes en: hipoacusia bilateral combinada a trauma acústico, bronquitis crónica industrial secundaria a inhalación de gases tóxicos y lumbalgia; en consecuencia, demandó el pago de la indemnización por concepto de "1620" días de salario ordinario, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del uno de agosto de dos mil; así como el pago de los aumentos o incrementos al salario ordinario posteriores hasta que se determinara el grado de incapacidad, tal y como lo dispone el aludido numeral.
b) La Junta responsable, al resolver la controversia planteada, determinó la profesionalidad del padecimiento diagnosticado a la actora, consistente en hipoacusia bilateral combinada valuada en un 60% de disfunción orgánico-funcional; en consecuencia, condenó a ********** a pagar a la citada actora el importe de **********, por concepto de indemnización equivalente al 60% de 1620 días de salario ordinario; asimismo, condenó los "aumentos" o "incrementos" al salario para el pago de la indemnización que debían computarse hasta la fecha de la emisión del laudo en que quedó determinada la existencia del riesgo profesional, conforme lo disponía el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del uno de agosto de dos mil.
c) En el amparo directo de que se trata, el Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el concepto de violación hecho valer por el organismo quejoso **********, respecto de la condena a los aumentos o incrementos al salario para el pago de la indemnización, bajo el argumento de que debían computarse hasta el momento en que se otorgó la jubilación, en virtud de que ésta cerraba el periodo de incrementos salariales, atento a que hace terminar la relación de trabajo y es anterior a la determinación del grado de incapacidad por la Junta.
d) Para tal efecto, se apoyó en la jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "RIESGOS DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PREVISTA EN LA CLÁUSULA 144 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA PETROLERA CUANDO SE TRATA DE TRABAJADORES JUBILADOS.—El análisis de la cláusula 144 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dice ‘el salario que se tomará como base para calcular las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores en los casos de incapacidad total o parcial permanente, o muerte de los mismos, a que se refieren las dos cláusulas anteriores, será el que perciba el trabajador en el momento en que se realice el riesgo, y, en su caso, deberán serle incluidos los aumentos posteriores que correspondan a la categoría que desempeñaba’, en relación con las demás estipulaciones del contrato, muestra que las partes contratantes omitieron señalar la fecha tope hasta la cual habrían de considerarse los incrementos al salario tratándose de trabajadores que demandan el pago de la indemnización luego de ser jubilados, de modo que debe aplicarse por analogía lo dispuesto por el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo (que tampoco se refiere expresamente a la jubilación, dada la naturaleza netamente contractual de esta prestación), para los supuestos en que el riesgo causa la muerte del trabajador o éste se separa de la empresa, pues de manera similar a éstos, la jubilación produce la conclusión de la relación laboral, por lo cual deben considerarse únicamente los incrementos al salario hasta la fecha en que la jubilación se conceda, cuando ésta sea anterior a la determinación del grado de incapacidad." (Octava Época. Registro: 1009078. Instancia: Cuarta Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-septiembre 2011, Tomo VI, Laboral Primera Parte-SCJN Primera Sección - Relaciones laborales ordinarias Subsección 1 – Sustantivo, Materia: Laboral, página 275)
e) Concluyó que si bien la jurisprudencia se refería a la cláusula 144 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, lo cierto es que resultaba aplicable al caso, por analogía, dado que el contenido de esa disposición y el del analizado en ese asunto, se advertía que eran similares, pues la citada cláusula disponía que: "El salario que se tomará como base para calcular las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores en los casos de incapacidad total o parcial permanente, o muerte de los mismos, a que se refieren las dos cláusulas anteriores, será el que perciba el trabajador en el momento en que se realice el riesgo y, en su caso, deberán serle incluidos los aumentos posteriores que correspondan a la categoría que desempeñaba"; mientras que el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, señalaba que: "En los casos de accidentes y enfermedades del personal de confianza en ejercicio o con motivo del trabajo, el patrón les proporcionará servicio médico, así como la determinación de incapacidades, indemnizaciones y derechos derivados de los propios riesgos de trabajo, en los términos siguientes: ... h) Para las bases de cálculo en el pago de las indemnizaciones derivadas del riesgo de trabajo, se tomará el salario ordinario que perciba el trabajador de confianza en el momento de ocurrir el riesgo con los aumentos posteriores hasta que se determine el grado de incapacidad o el de la fecha en que se produzca la muerte ..."; de ahí que la jurisprudencia invocada resultaba aplicable al caso.
Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo directo de trabajo 1106/2016, promovido por **********, tuvo como antecedentes y consideraciones decisorias, en lo que aquí interesa:
A) El actor jubilado demandó del referido organismo **********, la calificación de riesgo de trabajo como enfermedad profesional consistente: en hipoacusia, vértigo, dolores y rigidez lumbar y de rodillas; en consecuencia, reclamó el pago de la indemnización por concepto de "1620" días de salario ordinario, previsto en el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil; así como el pago de los aumentos o incrementos al salario ordinario posteriores hasta que se determinara el grado de incapacidad, tal y como lo disponía el citado numeral.
B) La Junta responsable condenó al reconocimiento de los dos padecimientos profesionales consistentes en: gonartrosis bilateral y desnivel pélvico izquierdo, valuadas en un 80% de disfunción orgánico-funcional; en consecuencia, condenó a ********** a pagar al actor el importe de **********, por concepto de indemnización equivalente al 80% de 1620 días de salario ordinario; asimismo, condenó los "aumentos" o "incrementos" al salario para el pago de la indemnización que debían computarse hasta la fecha de la emisión del laudo en que quedó determinada la existencia del riesgo profesional, conforme lo disponía el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil.
C) Contra el laudo anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, quien declaró infundado el motivo de disenso por cuanto hace a la condena a los aumentos o incrementos al salario para el pago de la indemnización, bajo el argumento de que debían computarse hasta el momento de la emisión del laudo en el que se dictaminó el grado de incapacidad permanente parcial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil.
C1) Sostuvo que dicho precepto solamente contemplaba dos supuestos de generación de aumentos o incrementos, consistentes, el primero, hasta que se determine el grado de incapacidad, y el segundo, hasta la data en que se produzca la muerte del indemnizado; en consecuencia, si el actor no falleció previamente al dictado del laudo que se reclamó, y fue éste en el que se determinó su grado de incapacidad; entonces, fue correcto que se haya tomado como fecha de fin del cómputo de los aumentos el de la emisión del acto reclamado.
C2) Que contrario a lo que alegaba la patronal quejosa, tratándose de los aumentos en el salario base para el pago de la indemnización del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, prevista en el artículo 66 del reglamento relativo, no aplicaba lo establecido en el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte en que dice que para determinar las indemnizaciones a que se refiere el título noveno de esa ley, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta, entre otros supuestos, el momento de su separación de la empresa; que lo anterior era así, pues el citado precepto reglamentario, solamente contemplaba dos hipótesis como límites para computar los aumentos, a saber, hasta que se determine el grado de incapacidad o el de la fecha en que se produzca la muerte, sin que contemplara el caso que sí prevea la Ley Federal del Trabajo, relativo a que dichos aumentos o incrementos dejen de generarse en el momento de la separación del trabajador en la empresa, esto es, mientras la respectiva relación de trabajo subsista, sino solamente los dos supuestos antes indicados; de ahí que cuando se demanda en el juicio laboral dicha indemnización por riesgo de trabajo, y no ha fallecido el trabajador, los aumentos al salario que se decreten, deben cuantificarse hasta la fecha del laudo, si en ese momento jurídicamente se determina el grado de incapacidad y no limitarse a la data en la cual concluyó el vínculo laboral, tomando en cuenta que, al existir disposición especial sobre el particular, aplicable a los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debía estarse a lo más benéfico para la parte obrera, en tanto ahí se superan los requisitos legales.
D) Y concluyó que, por las razones expuestas, no se estimaba aplicable al caso la jurisprudencia 4a./J. 12/92, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta 56 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de mil novecientos noventa y dos, página veintiocho, de rubro: "RIESGOS DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PREVISTA EN LA CLÁUSULA 144 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA PETROLERA CUANDO SE TRATA DE TRABAJADORES JUBILADOS."; citada en los conceptos de violación, al provenir su interpretación de la regla genérica establecida en la legislación laboral.
E) Se invocó como sustento la jurisprudencia VII.2o.T. J/7 (10a.), emitida por el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1904, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LOS AUMENTOS AL SALARIO BASE PARA SU PAGO DEBEN COMPUTARSE CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO APLICABLE PARA DICHO PERSONAL Y NO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL RESULTAR AQUÉL MÁS BENÉFICO AL TRABAJADOR. Tratándose de los aumentos en el salario base para el pago de la indemnización del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, prevista en el artículo 66 del reglamento relativo, es inaplicable el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte en que dice que para determinar las indemnizaciones a que se refiere el título noveno de esa ley, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta, entre otros supuestos, el momento de su separación de la empresa; lo anterior es así, pues el citado precepto reglamentario, en su inciso h), solamente establece dos hipótesis como límites para computar los aumentos, a saber: a) hasta que se determine el grado de incapacidad; o, b) el de la fecha en que se produzca la muerte; sin que regule el caso que sí prevé la Ley Federal del Trabajo, relativo a que esos aumentos dejen de generarse en el momento de la separación del trabajador en la empresa, esto es, mientras la relación de trabajo subsista, sino, solamente los dos supuestos indicados; de ahí que cuando se demanda la indemnización por riesgo de trabajo, y no ha fallecido el trabajador, los aumentos al salario que se decreten deben cuantificarse hasta la fecha del laudo, si en ese momento jurídicamente se determina el grado de incapacidad como lo señala el precepto reglamentario y no limitarse a la data en la cual concluyó el vínculo laboral, considerando que, al existir disposición especial sobre el particular, aplicable a los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debe estarse a lo más benéfico para la parte obrera, en tanto ahí se superan los requisitos legales."
Ahora bien, conforme los datos y argumentos antes reseñados, se pasa a determinar los aspectos jurídicos en los que los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron posturas contradictorias y, en su caso, a delimitar el punto jurídico de disidencia.
Con esa finalidad, deben precisarse, primero, los elementos comunes en los juicios laborales:
1. Los accionantes jubilados laboraron para la paraestatal ********** y/o alguno de sus organismos filiales.
2. Se reclamaron las mismas prestaciones de reconocimiento de enfermedad profesional y, como consecuencia, el pago de la indemnización por concepto de "1620" días de salario ordinario, previsto en el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil; así como el pago de los aumentos o incrementos a dicho salario.
3. Se interpretó el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil, para determinar si los aumentos o incrementos previstos en ese numeral debían computarse hasta el momento de la jubilación o hasta la fecha de la emisión del laudo en el que se dictamina el grado de incapacidad, pues es éste el punto de disidencia que destaca.
Luego, como elemento no común se observa de las consideraciones emitidas por los tribunales contendientes, que ambos abordaron el análisis en el tema del tope a los aumentos o incrementos al salario para el pago de la indemnización en comento; sin embargo, como se vio, llegaron a conclusiones discrepantes, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito sostuvo que debían computarse hasta el momento de la jubilación, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito consideró que su cálculo sería hasta la fecha de la emisión del laudo, en que se dictamina el grado de incapacidad.
En suma, es evidente que, ante este escenario, existe contradicción de tesis y, en consecuencia, el punto jurídico a dilucidar ha estribado en determinar si los aumentos o incrementos en el salario base para el pago de la indemnización del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, prevista en el artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil, deben computarse hasta el momento de la jubilación o hasta la fecha de la emisión del laudo, que es el momento en el cual se decreta el grado de incapacidad.
CUARTO.—Decisión. No obstante lo hasta aquí establecido, esta contradicción de tesis debe declararse sin materia, porque el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito adoptó un criterio jurídico coincidente con el del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, derivado de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como enseguida se detallará:
En efecto, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, al resolver el juicio de amparo directo de trabajo 886/2017, por unanimidad de votos, sostuvo que la indemnización por riesgo de trabajo debía calcularse con el salario y sus incrementos obtenidos por el trabajador jubilado hasta el momento de la separación de sus labores y no en el laudo cuando se determinara la profesionalidad de las enfermedades que padece; esto es, ya no continuó sustentando el criterio emitido en el juicio de amparo directo 1106/2016 [contenido en sí en la jurisprudencia VII.2o.T. J/7 (10a)], que motivó la presente contradicción de tesis; ello fue así tras haber tenido presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 63/2018, en sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho, donde se abordó el tema que aquí se trata, y que como hecho notorio se invocó allá y se hace también en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la página de Internet http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Segunda_Sala/Paginas/2daSalaVersionesTaquigraficas.aspx, de cuya consulta se obtiene lo siguiente:
"Contradicción de tesis 63/2018
"El proyecto propone:
"PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.
"SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala.
"TERCERO.—Publíquese la jurisprudencia relativa.
"Notifíquese; ...
"La tesis, cuyos rubro y texto se aprobarán posteriormente, se orienta en el sentido de que, tratándose de un trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos, los incrementos al salario que se tomarán en cuenta para calcular la indemnización por riesgos de trabajo, son aquellos generados hasta el momento en que concluyó la relación de trabajo." (Énfasis añadido)
Es aplicable al punto, por su idea esencial, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Tomo I, junio de 2018, materia común, página 10, de rubro y texto siguientes:
"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente."
Todo lo anterior así se constata sin necesidad de que obre en este expediente copia certificada de la referida ejecutoria de amparo 886/2017, pues el propio ponente en este Pleno de Circuito, Magistrado Jorge Sebastián Martínez García, junto con los Magistrados Juan Carlos Moreno Correa y Jorge Toss Capistrán, también son parte integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, del cual surgió el asunto que generó la contradicción que aquí se resuelve, y son quienes sostuvieron, además, el nuevo criterio, en aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo; a lo que se arriba, ya que como los Magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados especializados integran tanto los tribunales de la materia de trabajo y Circuito como el propio Pleno del Circuito, de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuando resuelven los asuntos competencia de cada órgano que corresponda (tribunal en sí o Pleno de Circuito), pueden válidamente invocar como hecho notorio, en términos del precitado artículo 88 de la legislación civil adjetiva federal, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar una ejecutoria, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista la ejecutoria anterior, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial.
Orienta la consideración que antecede la jurisprudencia 2a./J. 27/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:
"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.—Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial."
Actualmente, la jurisprudencia en comento se encuentra publicada con el número 2a./J. 97/2018 (10a.), visible en la página 987, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en los términos siguientes:
"INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS JUBILADOS CON ANTERIORIDAD A LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE INCAPACIDAD POR RIESGO, SÓLO SE TOMARÁN EN CUENTA LOS INCREMENTOS AL SALARIO GENERADOS HASTA EL MOMENTO EN QUE CONCLUYÓ LA RELACIÓN LABORAL. Conforme al artículo 66, inciso h), del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, los trabajadores de confianza tienen derecho a recibir una indemnización por riesgo de trabajo, para cuyo cálculo se tomará el salario ordinario que perciban en el momento de ocurrir el riesgo con los aumentos posteriores hasta que se determine el grado de incapacidad o el de la fecha en que se produzca la muerte; sin embargo, en dicha disposición no se prevén los incrementos cuando quien reclama la indemnización sea un trabajador de confianza jubilado y el grado de incapacidad por riesgo se haya determinado con posterioridad a la fecha de jubilación. No obstante, esa omisión no significa que deban considerarse los incrementos generados con posterioridad a la fecha de la jubilación, pues acorde con la interpretación de la fracción XIV del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 484 de la Ley Federal del Trabajo, la indemnización referida deberá cuantificarse tomando en consideración los incrementos al salario generados durante la vigencia de la relación laboral. Por tanto, al ser la jubilación una forma de terminación del vínculo de trabajo, no es dable que se tomen en cuenta los incrementos al salario posteriores a la fecha en la que el trabajador se jubiló."
Así entonces, al adoptarse de manera superviniente uno de los criterios contendientes, con lo que desaparece la denuncia relativa, se declara sin materia esta contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXXI/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461, Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUÁNDO DEBE DECLA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28292-41b4ba59/hecho-notorio-los-magistrados-del-poder-judicial-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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