JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA AUTORIDAD FISCAL NO PUEDE EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y SU NOTIFICACIÓN, SI INCUMPLIÓ CON SU DEBER DE DARLAS A CONOCER AL CONTRIBUYENTE EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL QUE MANIFESTÓ DESCONOCERLAS LISA Y LLANAMENTE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 113/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, DÉCIMO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 27 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 113/2024 suscitada entre los Tribunales Colegiados Octavo, Décimo y Decimocuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, y Primero en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si la autoridad fiscal puede exhibir en el juicio de nulidad la resolución determinante del crédito fiscal y su notificación, si no las dio a conocer al contribuyente en el recurso de revocación en el que manifestó desconocerlas lisa y llanamente.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 600-03-05-00-00-2024-292 presentado el catorce de marzo de dos mil veinticuatro, la Administradora de lo Contencioso “5”, de la Administración Central de lo Contencioso, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados, Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 347/2022; Décimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 393/2018; Decimocuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 77/2018; y Primero en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo 244/2020.
4. SEGUNDO. Radicación del asunto. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional, admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 113/2024.
5. En esa misma actuación, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes, para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. De igual forma, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con los temas a dilucidar, consistentes en: “Determinar: a) si la aplicación de la tesis de jurisprudencia 2a./J 73/2013 (10a.) tiene el alcance de considerar que la autoridad actúa como parte al resolver un recurso de revocación; b) cuál es la consecuencia de que la autoridad, no dé a conocer en el recurso de revocación un acto definitivo que el recurrente manifestó desconocer lisa y llanamente; c) si precluye el derecho de la autoridad de exhibir en el juicio de nulidad, las constancias que en el recurso de revocación el recurrente desconoció lisa y llanamente; d) si al resolverse la superioridad el amparo directo en revisión 2425/2015, concluyó que en el recurso de revocación se deban dar a conocer para otorgarle el derecho a ampliar el recurso; e) si la autoridad tiene que dar a conocer los actos en la instancia del recurso de revocación y f) si dichos actos son definitivos o intraprocesales”; asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
7. TERCERO. Informes de Tribunales Colegiados y de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante auto de presidencia de uno de abril de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes del Octavo y Decimocuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales informaron que los criterios sustentados en los amparos directos 347/2022 y 77/2018 de sus índices, respectivamente, continuaban vigentes.
8. En esa misma actuación, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con las temáticas de este asunto.
9. CUARTO. Informe de Tribunal Colegiado. Por acuerdo de presidencia de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el amparo directo 393/2018 de su índice, continuaba vigente.
10. QUINTO. Informe de Tribunal Colegiado. Mediante proveído de presidencia de quince de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el amparo directo 244/2020 de su índice, continuaba vigente.
11. SEXTO. Confirmación de turno. Por auto de presidencia de catorce de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente electrónico a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
12. SÉPTIMO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de esa anualidad, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
13. OCTAVO. Primer acuerdo de integración. Por auto de presidencia de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la integración de este Pleno Regional, quedando conformado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
14. NOVENO. Amicus curiae. Mediante acuerdo de presidencia de treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la Administradora de lo Contencioso “5”, adscrita a la Administración Central de lo Contencioso, de la Administración General Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual realizó diversas manifestaciones en calidad de amicus curiae, expresando lo siguiente:
• Respecto de la existencia de la contradicción de criterios
- Señala que existe punto de toque entre las ejecutorias denunciadas, en relación con la consecuencia de la omisión de la autoridad de dar a conocer en la instancia del recurso de revocación aquellos actos que el recurrente manifiestó desconocer, ya que para un Tribunal ello no tiene el alcance de considerar precluido el derecho de la autoridad para exhibir lo conducente en el juicio de nulidad, mientras que para los otros órganos colegiados sí.
- Considera que también hay punto de toque respecto de los actos que el recurrente desconoció en el recurso de revocación, debido a que para un Tribunal el análisis se ciñó al desconocimiento de un acto definitivo, mientras que para los otros órganos colegiados el estudio versó sobre actos intraprocesales.
• Respecto de la substanciación del recurso de revocación
- Refiere que de acuerdo con el trámite y resolución del recurso de revocación, la autoridad fiscalizadora que emite el acto recurrido no participa en el recurso, es decir, no se presenta una relación tripartita, sino que se trata de una revisión de legalidad de los actos, además de que no hay etapas procesales establecidas en el recurso, ni desahogo de pruebas específicas.
- Estima que es jurídicamente inadmisible que en la resolución del recurso de revocación se pueda determinar la nulidad del acto recurrido, dado que se trata de un recurso de naturaleza autónoma, de modo que no entraña la existencia previa de un enjuiciamiento ni está previsto dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio.
- Sostiene que en el recurso de revocación la autoridad resolutora no ejerce una actividad formalmente jurisdiccional, por lo que no tiene la obligación ni la oportunidad de aportar pruebas.
• Respecto del juicio contencioso administrativo
- Expone que el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece ciertas cargas procesales para la autoridad demandada, esto es, cuando la parte actora afirma desconocer un acto, al contestar demanda la autoridad debe exhibir el mismo, a efecto de que el demandante esté en aptitud legal de imponerse de su contenido y, en su caso, pueda ampliar su demanda para exponer argumentos en contra del acto que dijo desconocer.
- Afirma que ese precepto salvaguarda el derecho de defensa del actor, pues se trata de una prerrogativa del particular, de modo que tiene la libertad de elegir si amplía su demanda o no.
- Indica que si resultara ilegal el que la autoridad no diera a conocer al recurrente el acto que manifestó desconocer en el recurso de revocación, esa situación quedaría restituida y/o subsanada con la exhibición que de dicho acto realizara la autoridad al contestar la demanda de nulidad que se hubiera interpuesto en contra de la resolución que resolvió el recurso de revocación.
- Subraya que conforme al mencionado artículo 16, la autoridad tiene la obligación de exhibir en el juicio de nulidad los documentos que el recurrente manifestó desconocer en el recurso de revocación.
• Respecto del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación
- Explica que con la derogación del artículo 129 del código tributario ya no procede la ampliación del recurso de revocación, puesto que desde la presentación del mismo deben impugnarse, en su caso, aquellos actos cuyo desconocimiento se alegue, teniendo el particular el juicio contencioso administrativo para poder controvertir los motivos expresados por la autoridad al resolver la instancia administrativa.
- Señala que lo previsto en el derogado artículo 129 no era aplicable a cualquier acto emitido por la autoridad hacendaria, sino sólo a aquellos recurribles conforme al artículo 117 del Código Fiscal de la Federación.
- Añade que el artículo 129 sólo establecía la posibilidad de ampliar el recurso ante la negativa de conocer la resolución directamente impugnada, más no respecto de la negativa de conocer actos intraprocesales.
- Considera que obligar a la autoridad a dar a conocer al contribuyente en el recurso de revocación algún acto que este negó conocer, implicaría la ultraactividad del artículo 129, lo cual transgrediría de manera directa el principio de legalidad.
• Respecto de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Transcribe lo resuelto por la Segunda Sala del Alto Tribunal en la contradicción de tesis 169/2009, en la sustitución de jurisprudencia 3/2015 y en el amparo directo en revisión 2425/2015.
- Refiere que en el amparo directo en revisión 2425/2015, la Segunda Sala no determinó la posibilidad de que los contribuyentes puedan ampliar el recurso de revocación, cuando nieguen conocer el acto recurrido o algún antecedente o consecuencia del mismo, ni tampoco concluyó que continuaba vigente el procedimiento establecido en el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación.
- Menciona que si bien la Segunda Sala determinó que continuaba vigente la obligación de la autoridad de dar a conocer el acto administrativo y su notificación, también indicó que los alcances y la manera en que debía operar esa hipótesis no eran materia del asunto.
- Añade que la Segunda Sala consideró que el juicio contencioso administrativo es un medio de defensa efectivo para el contribuyente que negaba conocer un acto fiscal, por lo que no puede concluirse que precluye el derecho de la autoridad para exhibir las constancias que el contribuyente manifiestó desconocer, dado que la exhibición que realice la autoridad en el juicio no es un derecho, sino una obligación a su cargo.
• Conclusiones
- Existe la contradicción de criterios denunciada.
- La aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.) no tiene el alcance de considerar que la autoridad actúa como parte al resolver un recurso de revocación.
- No existe consecuencia cuando la autoridad no da a conocer en el recurso de revocación un acto definitivo que el recurrente manifestó desconocer.
- No precluye el derecho de la autoridad de exhibir en el juicio de nulidad las constancias que en el recurso de revocación el recurrente desconoció lisa y llanamente.
- En el amparo directo en revisión 2425/2015, el Máximo Tribunal no concluyó que en el recurso de revocación se deban dar a conocer actos que el recurrente manifieste desconocer para otorgarle el derecho a ampliar el recurso.
- La autoridad no tiene que dar a conocer actos en la instancia del recurso de revocación.
- El derogado artículo 129 del Código Fiscal de la Federación sólo se refería a actos definitivos y no intraprocesales.
15. DÉCIMO. Segundo acuerdo de integración. En proveído de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
16. DÉCIMO PRIMERO. Amicus curiae. Por auto de presidencia de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual realizó diversas manifestaciones en calidad de amicus curiae, expresando lo siguiente:
• Respecto de la contradicción de tesis 528/2012
- Señala que ese asunto se limitó a definir el alcance del principio de litis abierta en relación con la materia probatoria en el juicio contencioso administrativo.
- Refiere que de la ejecutoria pueden desprenderse cinco ideas esenciales: el recurso de revocación no es un procedimiento, sino un mecanismo de revisión que implica una extensión de las facultades de comprobación; la autoridad fiscal no es parte en el recurso; el recurso constituye una actividad de la administración pública activa; el gobernado cuenta con derechos procesales dentro del recurso; y si la omisión de aportar los elementos de prueba no es imputable al particular, este puede ofrecerlos en el juicio.
- Considera que acorde con la jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.), en el juicio contencioso administrativo no puede estimarse precluido el derecho de la autoridad fiscal de dar a conocer el acto que el particular manifestó desconocer en el recurso de revocación, dado que la autoridad no es parte y no tiene derechos procesales en dicha instancia.
• Respecto de la preclusión
- Explica que la preclusión es una institución de carácter procesal que sólo puede actualizarse respecto de las partes del procedimiento y sobre un derecho previsto en la ley.
- Indica que la conducta omisiva es el elemento que materializa la hipótesis para que sea procedente la aplicación de la sanción correspondiente.
- Estima que no se puede actualizar la preclusión en el caso, toda vez que la autoridad fiscal no es parte dentro del recurso de revocación y por ello no tiene derechos procesales en sede administrativa.
- Subraya que el contribuyente no queda en estado de indefensión, pues puede promover el juicio contencioso para que la autoridad exhiba el acto que manifestó desconocer en el recurso de revocación.
• Respecto de la litis abierta
- Expone que el principio de litis abierta es una institución que permite al particular impugnar en el juicio contencioso administrativo la resolución que inicialmente fue controvertida dentro del recurso de revocación.
- Afirma que ese principio es incompatible con la postura consistente en que precluye el derecho de la autoridad de dar a conocer en el juicio de nulidad el acto que el contribuyente manifestó desconocer, debido a que constituye un obstáculo para que el particular conozca la notificación y el acto, a efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa con pleno conocimiento de sus fundamentos y motivos.
- Menciona que aceptar esa postura implica una distorsión a los alcances del principio de litis abierta, puesto que se suprime la posibilidad de impugnar el acto originalmente recurrido simultáneamente con la resolución recaída al recurso.
- Subraya que las reformas al Código Fiscal de la Federación no tienen los alcances de incidir en las reglas del juicio contencioso administrativo administrativo.
• Respecto de la impugnación de actos desconocidos
- Dice que dentro del juicio de nulidad se prevé la posibilidad del particular de controvertir los actos que no conoce, conforme a las reglas establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
- Sostiene que se encuentra salvaguardado el derecho del contribuyente para poder impugnar en el juicio el acto que manifestó desconocer en el recurso de revocación, de acuerdo con las etapas y derechos procesales.
- Refiere que si el actor demuestra la ilegalidad de la notificación, puede controvertir la resolución recurrida, además de que, si el acto desconocido fue una actuación de la facultad de comprobación, en la ampliación de demanda puede controvertir su legalidad, por lo que en ambos supuestos el contribuyente se encuentra en posibilidad de argumentar y aportar pruebas.
• Conclusiones
- El recurso de revocación no es un procedimiento en el que se ejerza una actividad materialmente jurisdiccional, sino que constituye una actividad de la administración pública activa.
- La autoridad fiscal no es parte en sede administrativa, sino revisora que realiza un ejercicio extensivo de las facultades de comprobación y revisión.
- En el juicio contencioso administrativo no puede considerarse precluido algún derecho de la autoridad fiscal, en virtud de que no cuenta con derechos procesales en sede administrativa.
17. DÉCIMO SEGUNDO. Solicitud de facultad de atracción. En acuerdo de presidencia de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, mediante el cual informó que había solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción respecto del presente asunto, lo anterior a efecto de que fuera tomado en consideración por este Pleno Regional. 18. DÉCIMO TERCERO. Amicus curiae. Por proveído de presidencia de veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el escrito suscrito por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual realizó diversas manifestaciones en calidad de amicus curiae, expresando lo siguiente:
• Respecto del proyecto público
- Expone que no son adecuadas desde el punto de vista constitucional y legal las consideraciones que sustentan el proyecto.
- Señala que la legalidad de la notificación de una resolución determinante de un crédito fiscal es la litis del recurso de revocación que subsiste y constituye a su vez la litis en el juicio contencioso administrativo.
- Precisa que la materia del recurso radica en dilucidar en un primer momento si existe la notificación de la resolución que el contribuyente haya manifestado desconocer, por lo que si la autoridad resuelve sobre ese aspecto, entonces esa también es la materia del juicio de nulidad.
- Sostiene que estimar lo contrario vulnera el texto del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé la procedencia del recurso en contra de resoluciones que determinen la situación fiscal de los contribuyentes.
- Estima que el hecho de que en el recurso no se haya analizado la legalidad del acto impugnado por el cual se determinó la situación fiscal del interesado, no conlleva a que no haya formado parte de la litis.
- Indica que conforme a los artículos 1, 14, 16, 17, 22, 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio de nulidad se puede y debe tener como resolución impugnada no sólo la recaída al recurso administrativo, sino además la resolución o acto primigenio, con la posibilidad de alegar el desconocimiento de una o ambas determinaciones, de sus constancias de notificación e inclusive de los documentos de origen, por lo que la autoridad puede exhibir las constancias respectivas.
- Destaca que la autoridad demandada no sólo tiene el derecho, sino también la obligación de acompañar a la contestación de demanda las constancias de la resolución administrativa y su notificación.
- Colige que lo anterior salvaguarda el principio de debido proceso, ya que se permite que el actor conozca los actos que manifiesta desconocer y enderece los argumentos de ilegalidad que estime conducentes.
- Considera que en el caso no puede aplicarse por igualdad de razón el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.).
- Refiere que los artículos 20, 21 y 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponen que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad tienen derecho de ofrecer y exhibir toda clase de pruebas, por lo que pueden aportar las constancias del acto desconocido por el contribuyente en el recurso de revocación.
- Afirma que incluso es un derecho del actor el ofrecer como prueba documental el expediente administrativo en el que se hubieran dictado las resoluciones que se impugnen en el juicio.
- Dice que la autoridad no es parte en el recurso de revocación, ni puede ofrecer pruebas en el mismo, por lo que no puede estimarse que ésta pierde un derecho, dado que no existe ningún grado ni situación de igualdad entre el gobernado y la resolutora.
- Señala que, a su parecer, las consideraciones de la propuesta para justificar el criterio que debe prevalecer son subjetivas.
• Conclusión
- El hecho de que la autoridad no dé a conocer en la tramitación del recurso de revocación la notificación de la resolución que determina la situación fiscal del contribuyente, así como dicha resolución, no conlleva a que deba vedarse el derecho de la autoridad demandada de ofrecer y exhibir las mismas en el juicio de nulidad, ya sea como pruebas o como parte del expediente administrativo.
II. COMPETENCIA
19. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
20. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer y Decimosexto Circuitos, correspondientes a esta región, además de que las cuestiones denunciadas versan sobre temas referentes a la materia administrativa, tal como se advierte de los criterios contendientes.
III. LEGITIMACIÓN
21. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la autoridad tercero interesada(2) en los asuntos de los que derivaron los criterios contendientes, esto es, los juicios de amparo directo 347/2022 y 77/2018 del índice del Octavo y Decimocuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
22. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en los que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados para emitirlas.
• Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 347/2022.
23. 1) Recurso de revocación. Una persona moral interpuso recurso de revocación en contra de la resolución mediante la que se le determinó un crédito fiscal y la notificación de la misma, manifestando que desconocía ambas.
24. 2) Resolución. La Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Aguascalientes “1” del Servicio de Administración Tributaria, confirmó la legalidad de la notificación y desechó el recurso, al estimar que la resolución combatida había sido notificada mediante buzón tributario.
25. 3) Demanda de nulidad. Inconforme con lo anterior, la contribuyente demandó la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación.
26. 4) Trámite del juicio. De la demanda correspondió conocer a la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que la admitió y tramitó bajo el número de expediente **********.
27. 5) Sentencia de nulidad. Seguido el trámite de ley, la Sala del conocimiento dictó la sentencia respectiva, en la que determinó que la parte actora no había acreditado los extremos de su pretensión, por lo que reconoció la validez de la resolución impugnada.
28. 6) Demanda de amparo. En contra de la sentencia, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 347/2022, mismo que, mediante sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, lo resolvió por unanimidad de votos en el sentido de negar el amparo, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“OCTAVO. Estudio. (...)
(...)
OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EXHIBIR EL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN.
Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa.
Lo anterior debe considerarse así, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio de nulidad se puede reclamar tanto la resolución impugnada como la originalmente recurrida en el recurso de revocación, incluso haciendo valer conceptos de impugnación que no se hayan formulado al momento de interponer el recurso de revocación, respecto de los actos impugnados que no le hicieron saber, esto es, contra la resolución y su constancia de notificación; ello atendiendo al principio de la litis abierta.
[Se transcribe]
En el caso, es cierto que la autoridad emisora de la resolución primigenia, al contestar el recurso de revocación no exhibió la resolución impugnada; sin embargo, de la resolución recaída a dicho recurso se advierte que la autoridad demandada realizó la consulta al expediente administrativo y analizó la legalidad de la notificación de la resolución impugnada practicada a través de buzón tributario, considerando que esa notificación era legal y, por ende, que el recurso de revocación no fue interpuesto dentro del plazo legal y se desechó por extemporáneo.
Por tanto, es infundado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que, al no darse a conocer la resolución determinante durante el trámite del recurso de revocación, ello impidió que controvirtiera el acto desde aquella etapa procesal y que precluyó ‘el derecho’ de la autoridad, de dar a conocer el acto administrativo hasta la contestación de la demanda en el juicio de nulida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33155-e148a4bc/juicio-contencioso-administrativo-federal-la-autoridad-fiscal-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA AUTORIDAD FISCAL NO PUEDE EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y SU NOTIFICACIÓN, SI INCUMPLIÓ CON SU DEBER DE DARLAS (PR.A.C.CN. J/68 A (11a.))
- RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE SI EN LA SENTENCIA RECURRIDA SE DECLARÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PORQUE LA AUTORIDAD DEMANDADA NO ACREDITÓ SU (I.1o.A.6 A (11a.))
- PRUEBAS DESECHADAS EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZARLAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA (XVIII.2o.P.A.43 A (11a.))
- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN CONTRA DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL. PUEDE PONDERARSE POR EL TRIBUNAL (VI.1o.A. J/1 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis