FALSEDAD DE FIRMA. DEBE DESAHOGARSE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA PARA RESOLVER LA OBJECIÓN FORMULADA, INCLUSO CUANDO LA PERSONA JUZGADORA ADVIERTA, A SIMPLE VISTA, UNA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE LA DUBITADA Y LA INDUBITADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 95/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 14 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN:
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 95/2024, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, y el Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar si la persona juzgadora puede resolver un incidente de falsedad de firma sólo con base en la apreciación que tenga de una notoria diferencia, mediante un simple cotejo, de la dubitada con la indubitada o es necesario el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía.
I. ANTECEDENTES
a. Denuncia
3. A través del oficio T-8/2024, de seis de febrero de dos mil veinticuatro, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito denunció ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios entre lo que resolvió en el amparo directo 332/2023 y lo resuelto por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar sentencia en los amparos directos 247/2020 y 341/2017, respectivamente.
b. Trámite
4. Mediante auto de trece de febrero posterior, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró esa denuncia como contradicción de criterios 36/2024 y declaró que el Alto Tribunal carece de competencia, funcionando en Pleno o en Salas, para conocerla y resolverla, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes desde el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente; y atendiendo a lo establecido en los artículos 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, así como 1 y 2 del reformado Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 8, en relación con el diverso 1, fracción II, inciso 2, de los acuerdos generales en dicho orden citados, remitió el asunto a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, para su conocimiento y resolución.
5. De igual forma, señaló que en el sistema de seguimiento de contradicciones de criterios pendientes de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como revisados los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia durante los últimos seis meses, no localizó alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que es materia de la presente.
6. El ocho de marzo del año en curso la presidencia de este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la denuncia, que radicó como contradicción de criterios 95/2024, la admitió a trámite y realizó su turno electrónico; lo que ordenó hacer del conocimiento de los tribunales colegiados contendientes, solicitándoles informaran si el razonamiento que sostuvieron se encuentra vigente y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los amparos directos involucrados, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
7. A través del acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticuatro y del oficio 533/2024, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al igual que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, comunicaron que no se han apartado del criterio que sostuvieron en los asuntos contendientes de su conocimiento y que pusieron a disposición de este Pleno Regional el respectivo expediente electrónico de cada uno de ellos.
8. Mediante oficio 2781/2024, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito señaló que no ha abandonado las consideraciones que plasmó al resolver el amparo directo 341/2017 y puso a disposición la consulta de su versión electrónica.
9. En auto de dieciocho de junio de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano colegiado ‘por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio’; en virtud de que se denunció respecto de los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, y el Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, sobre los cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción por razón de la materia y del territorio, al pertenecer todos a la Región Centro-Sur.
11. Además, porque así lo determinó la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en auto de trece de febrero inmediato pasado, dictado en la contradicción de criterios 36/2024, en lo que interesa, atento a que:
(...)
Ante ello, tomando en cuenta que la denuncia respectiva se presentó ante este Alto Tribunal en la fecha antes indicada, es decir, con posterioridad al quince de enero de dos mil veintitrés, atendiendo al principio establecido en el artículo Quinto transitorio del Decreto de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, debe estimarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas carece de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuitos pertenecientes a la misma Región, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y conforme a lo señalado en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tal virtud, y dado que el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó (sic) en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos Generales 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro- Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, y 39/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Plenos Regionales, con residencias en Cuernavaca, Morelos, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, y San Andrés Cholula, Puebla, los cuales en su artículos (sic) 1, respectivamente, señalan que a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro los Plenos Regionales de la Región Centro-Norte y Región Centro-Sur, cambian de denominación, y el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro- Norte, así como los Plenos Regionales en Materia Penal, en Materia Administrativa y en Materia Civil de la Región Centro-Sur, concluyen funciones a las veinticuatro horas del quince de enero de dos mil veinticuatro, y en términos de lo previsto en el considerando séptimo y artículo 3, del primero de dichos acuerdos, por el que se reforman los numerales 1 a 3 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8º del Acuerdo General 67/2022, en relación con lo previsto en el diverso numeral 1, fracción II, inciso 2, del reformado Acuerdo General 108/2022 dado que, por una parte, la aparente contradicción se suscita entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito que pertenecen a la misma Región, es decir, entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, todos pertenecientes a la Región Centro-Sur, y, por otra parte, dichos Tribunales Colegiados de Circuito ejercieron su competencia en materia civil al conocer de dichos asuntos, remítase por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias de cuenta al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por ser el competente por Región y por materia para conocer del presente asunto.
(...)
12. Por tanto, en acatamiento al acuerdo de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde conocer del asunto a este Pleno Regional, en virtud de que, como se precisó, es el que ejerce jurisdicción sobre los tribunales colegiados intervinientes por razón del territorio y la materia.
III. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que conoció y resolvió el juicio de amparo directo 332/2023, en cuya ejecutoria se sustentó uno de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el propósito de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, se formula enseguida una breve referencia de los antecedentes relevantes de cada asunto y, posteriormente, se sintetizan las posturas que asumieron los órganos colegiados.
15. Primer criterio contendiente. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció y resolvió el amparo directo 341/2017. Los antecedentes del caso son:
16. Una persona física, en su carácter de albacea, demandó de otra en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario, la declaración judicial de terminación de contrato de arrendamiento de un bien inmueble por la falta de pago oportuno de rentas, así como otras prestaciones; asunto que fue radicado en el Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México con el número ********. La persona física demandada en lo principal reconvino el otorgamiento y firma de escritura pública relativa al citado inmueble, así como el pago de gastos y costas. Culminada la sustanciación del asunto, se dictó sentencia cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
“PRIMERO. Ha sido procedente la vía de controversia de arrendamiento en donde la parte actora ************ *****, SU SUCESIÓN acreditó su acción de terminación de contrato y el demandado *********** ****** no acreditó sus excepciones y defensas, así como tampoco su acción reconvencional ejercitada, en virtud de que resultó procedente la objeción en cuanto a la autenticidad de los documentos base de la acción reconvencional, siendo necesario el análisis de las excepciones y defensas opuestas en la reconvención.
SEGUNDO. En el juicio principal, se declara la terminación del contrato de arrendamiento de fecha uno de abril de dos mil doce, celebrado por ************ **** ******, albacea de la sucesión de ****** ****** ***** , como parte arrendadora y ******* **** ******, como arrendatario, ante los testigos **** ******* **** y ***** **********, respecto del inmueble ubicado en calle ** ************, manzana *, lote ** , colonia ************ (sic), Delegación **********, Distrito Federal hoy Ciudad de México, código postal *****, por falta de pago de rentas.
TERCERO. Se condena a ******* **** ****** a la desocupación y entrega de la localidad arrendada, lo que deberá cumplir en el término de CINCO DÍAS, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, apercibido que en caso de no hacerlo, se despachará auto de embargo en su contra.
CUARTO. Se condena al demandado a pagar a la sucesión actora, la cantidad de ********* (********* PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de las rentas vencidas y no pagadas de los meses de febrero a mayo de dos mil dieciséis, a razón de $******** *(* *** PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), lo que deberá cumplir en el término de CINCO DÍAS, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, apercibido que en caso de no hacerlo, se despachará auto de embargo en su contra.
QUINTO. Se condena al enjuiciado a pagar a la accionante, las rentas que se sigan causando a partir del mes de junio del año en curso, y hasta la desocupación y entrega del inmueble arrendado, a razón de $******** (** *** PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), lo que se cuantificará en ejecución de sentencia.
SEXTO. En la reconvención, se absuelve a ****** ****** ****** ** ******** de todas las prestaciones reclamadas.
SÉPTIMO. No se hace especial condena en costas en esta instancia.
OCTAVO. Notifíquese (...).”
17. Ambas partes interpusieron recursos de apelación, de los que conoció la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien modificó la sentencia impugnada, quedando como sigue:
“PRIMERO. Ha sido procedente la vía de controversia de arrendamiento en donde la parte actora ****** ****** *****, SU SUCESIÓN, no acreditó su acción y resultaron fundadas las excepciones y defensas opuestas por el demandado ******* **** ******.
SEGUNDO. En consecuencia, se absuelve al demandado de todas y cada una de las prestaciones que se le reclamaron.
TERCERO. En cuanto a la reconvención, el reconvencionista no demostró los elementos constitutivos de su acción al no haber acreditado la totalidad del pago de la compraventa de veintidós de agosto de dos mil trece, resultando innecesario analizar las excepciones opuestas por la reconvenida.
CUARTO. Se dejan a salvo los derechos del reconvencionista para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.
QUINTO. No se hace especial condena en costas en la primera instancia.
SEXTO. Notifíquese.”
18. Sentencia que constituyó el acto reclamado vía amparo directo, en el que en sesión de tres de mayo de dos mil dieciocho, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia, determinando esencialmente:
• Es inoperante la violación procesal planteada (desechamiento de la prueba pericial en caligrafía, grafoscopía y grafometría), debido a que la parte quejosa no interpuso recurso de apelación contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.
• Atendiendo a la causa de pedir, es fundado el concepto de violación en que se argumentó que la Sala responsable desestimó que el Juez de origen percibió la falsedad de las firmas del contrato privado de compraventa base de la acción reconvencional y de los recibos exhibidos por la actora en la reconvención, ya que las firmas plasmadas en dichos documentos son notoriamente diferentes a las puestas del puño y letra del albacea de la sucesión quejosa, porque carecen de los mismos rasgos de inicio, secuencia y final.
• El perito, como auxiliar de la justicia, ya sea en el ejercicio de una función pública o de su actividad privada, elabora un dictamen sobre determinados hechos o circunstancias que requieren, para su explicación, de los conocimientos especializados relativos a una ciencia, arte o práctica, con la finalidad de brindar asesoramiento a la persona juzgadora en determinada materia ajena a su función preponderante, a fin de que pueda entenderlos y valorarlos correctamente.
• La peritación es entendida como una actividad procesal desarrollada con motivo del encargo judicial, sobre la que la doctrina señala que: por un lado, es una actividad realizada por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos; y por otro, la actividad recae sobre determinados hechos que requieren, para la adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera, de esos conocimientos especializados.
• También, es importante considerar sus peculiaridades [de acuerdo con la tesis aislada número I.3o.C.1016 C (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: “PRUEBA PERICIAL. NOTAS DISTINTIVAS.”]:
• Es una actividad: humana, porque consiste en la intervención transitoria de personas en el proceso jurisdiccional, para rendir un dictamen; procesal, porque ocurre con motivo de un procedimiento y, de personas calificadas en razón de su técnica, ciencia, conocimientos de arte o de su experiencia en materias que no son conocidas por el común de las personas.
• Exige un encargo judicial previo.
• Debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas, ni sobre exposiciones abstractas que no incidan en la verificación, valoración o interpretación de los hechos del proceso.
• Los hechos que se analizan deben ser especiales, en razón de sus condiciones técnicas, artísticas o científicas, cuya verificación, valoración e interpretación no sea posible con los conocimientos ordinarios de personas medianamente cultas y de jueces cuya preparación es fundamentalmente jurídica.
• Es una declaración de ciencia, toda vez se expone lo que el perito sabe por percepción y deducción o inducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen, sin pretender ningún efecto jurídico concreto con su exposición; la cual contiene una operación valorativa ya que esencialmente es un concepto o dictamen técnico, artístico o científico de lo que el perito deduce sobre la existencia, características, apreciación del hecho, sus causas, efectos y no una simple narración de sus percepciones.
• Es un medio de convicción.
• La participación del perito en el procedimiento judicial, tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación exigen de conocimientos especializados. • Sin embargo, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que tales signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, ya que la participación del perito como auxiliar de la justicia únicamente es imperante cuando para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, la persona juzgadora requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. Lo que en el caso acontece, en virtud de que se advierte a simple vista que las firmas cuestionadas, contenidas en el contrato de compraventa y en los recibos de pago son notoriamente diferentes a la que obra en el contrato de arrendamiento.
• Las diferencias entre las firmas atribuidas a la albacea de la sucesión quejosa, contenidas en el contrato de compraventa y los recibos de pago, en relación con la que obra en el contrato de arrendamiento, se pueden advertir mediante un mero análisis visual, pues de un simple cotejo se aprecia claramente que las primeras (contrato de compraventa y recibos) son titubeantes, sus trazos no tienen firmeza y el ángulo formado en la parte inferior es notoriamente más amplio que el de la firma contenida en el contrato de arrendamiento, sólo por mencionar algunas diferencias; por lo que, contrariamente a lo expuesto por la Sala responsable, al tratarse de discrepancias tan claras, la persona juzgadora puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia, máxime que debe presumirse que con motivo de la labor judicial que desempeña, dicha persona tiene experiencia en la apreciación de firmas.
• Importa destacar que entre la suscripción de los dos contratos existe una diferencia de tan sólo un año y cuatro meses, de manera que ese factor (tiempo) no podría justificar razonablemente las discrepancias advertidas entre las firmas que calzan dichos pactos de voluntades; además, de autos no se desprende la existencia de algún dato objetivo que permita justificar tales diferencias, como podría ser la edad avanzada del suscriptor, alguna enfermedad u otra circunstancia que impactara en sus desarrollo motriz.
• Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que examine los agravios sobre la base de que el juzgado natural puede determinar la falsedad de las firmas cuestionadas sin necesidad del auxilio de un perito, debido a las burdas diferencias entre éstas y la plasmada en el contrato de arrendamiento.
• Es innecesario el examen de los restantes conceptos de violación. Se niega la protección constitucional en el amparo adhesivo, al resultar inoperantes e ineficaces los conceptos de violación.
19. De ese criterio emanó la tesis aislada I.12o.C.12 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, página 2848 y el viernes 17 de agosto de 2018 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación:
FIRMAS NOTORIAMENTE DIFERENTES. SUPUESTO EN EL QUE EL JUEZ PUEDE DETERMINAR SU FALSEDAD SIN EL AUXILIO DE UN PERITO. La participación del perito en el procedimiento judicial tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia que es ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación requieren de los conocimientos especializados de aquél, a fin de que el Juez los entienda y pueda valorar correctamente. En ese sentido, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que dichos signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, debido a que la participación del perito, como auxiliar de la justicia, únicamente es imperante cuando el Juez, para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. En suma, cuando las diferencias entre las firmas cuestionadas y la indubitada pueden advertirse mediante un mero análisis visual, el Juez puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia.
20. Segundo criterio contendiente. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del amparo directo 247/2020. Los antecedentes del caso son:
21. Una persona física demandó de dos diversas, en la vía ordinaria civil, la declaración judicial de que tiene el dominio sobre un bien inmueble, del que además solicitó la restitución y entrega física, real y jurídica de una fracción, al estar ocupada por la parte demandada, entre otras prestaciones. El Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México radicó el expediente ********. Uno de los codemandados reconvino el cumplimiento de un contrato de compraventa, así como el otorgamiento y firma de la respectiva escritura pública. El veintiséis de junio de dos mil diecinueve se resolvió:
“PRIMERO. Procedió la vía ordinaria civil en la que la parte actora en lo principal acreditó su acción, los demandados no justificaron sus excepciones y el reconveniente no acreditó su acción reconvencional, en consecuencia: - - - SEGUNDO. Se declara judicialmente que la parte actora **** ****** ********* tiene dominio sobre el predio denominado "*********" ubicado en *** ***** *******, delegación ***** **** , Ciudad de México, del que la parte demandada ocupa una fracción de terreno de aproximadamente setecientos noventa metros cuadrados que cuenta con una construcción de block de aproximadamente tres cuartos y otra área cercada, que se localizan en la parte norte del inmueble. - - - TERCERO. Se condena a los demandados **** **** ****** y **** **** a desocupar y a entregar a la parte actora **** ****** ********* o a quien legalmente sus derechos represente la posesión material de dicho inmueble con sus frutos y accesiones, lo que deberán realizar dentro del término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución; apercibida que, de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa de la sentencia. - - - CUARTO. Se absuelve a los demandados del pago de una rentabilidad por daños y perjuicios reclamada en la prestación C). - - QUINTO. No se hace especial condena en costas en el juicio principal. - - - SEXTO. Se absuelve a la reconvenida ********* **** ****** de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reconvenidas. - - - SÉPTIMO. Se condena al reconveniente **** **** ****** al pago de costas causadas en el juicio reconvencional. - - - OCTAVO. Notifíquese, cúmplase la presente resolución y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.”
22. La parte demandada interpuso recurso de apelación que fue del conocimiento de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó el fallo recurrido y condenó a los apelantes al pago de costas en ambas instancias, ante lo infundado e inoperante de los agravios.
23. Sentencia que fue reclamada por la parte aludida vía amparo directo y en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en la que concedió la protección solicitada, atento a que:
• Es inoperante el concepto de violación en que se argumentó una violación procesal (no se tuvo por objetado el dictamen pericial en caligrafía, grafoscopía y documentoscopía ofrecido por la parte actora en lo principal) ya que no se expuso la forma en que trascendió al resultado del fallo.
• Respecto a la eficacia probatoria del dictamen en caligrafía, grafoscopía y documentoscopía del perito de la actora, conforme a lo previsto en los artículos 345 y 386 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la falsedad o autenticidad de firmas es una cuestión que no debe resolverse por el simple cotejo que personalmente pueda hacer la autoridad judicial, sino mediante la apreciación de una prueba pericial desahogada con ese propósito, pues ese cotejo requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, en virtud de que aun cuando, en apariencia, fuera notoria a simple vista la discrepancia entre las firmas que se cuestionan y aquellas que se designan como indubitadas, existe la posibilidad de que todas correspondan a la misma persona; esto es, que hayan sido estampadas, aunque con disimulo, del puño y letra de un solo individuo, de modo que cuando se impugna la falsedad de una firma, por mandato expreso de la ley procesal aplicable, se requieren de elementos científicos o técnicos propios de una prueba pericial en grafoscopía y caligrafía.
• El desahogo de la pericial en grafoscopía y caligrafía se debe basar en documentos indubitables y carece de trascendencia si las firmas que servirán de cotejo se asentaron antes o después de la firma o firmas cuestionadas, porque la persona experta en la materia, al efectuar el estudio de las firmas dubitada e indubitada, puede establecer que aunque se firmara de manera diferente, los rasgos de una persona en p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32938-038699f6/falsedad-de-firma-debe-desahogarse-la-prueba-pericial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA LEGITIMACIÓN DE QUIEN LO INTERPONE EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DESISTIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CORRESPONDE A LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ORIGEN PRONUNCIARSE SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. TENER POR NO INTERPUESTO UN RECURSO PRESENTADO EN UNA OFICIALÍA DE PARTES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, DIVERSA A LA AUTORIZADA POR UN ACUERDO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA. ANTE UNA DEMANDA PRESENTADA POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON BASE EN UNA CLÁUSULA DE SUMISIÓN EXPRESA, CONTENIDA EN UN CONTRATO DE ADHESIÓN, LOS TRIBUNALES ESTÁN FAC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA ENTRE UN PLENO REGIONAL Y UN PLENO DE CIRCUITO DE LA MISMA REGIÓN, AL PREVALECER EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMERO RESPE (1a./J. 55/2025 (11a.))
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENUNCIANTE PERTENECE A UNA REGIÓN DIST (PR.A.C.CN.1 K (12a.))
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER CONTRADICCIONES DE CRITERIOS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LA MISMA REGIÓN, PERO DE DISTINTA ESPECIALIDAD. CORRESPONDE AL PLENO REGIONAL QUE E (PR.L.CS.1 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis