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RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA LEGITIMACIÓN DE QUIEN LO INTERPONE EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO YA RECONOCIÓ ESE CARÁCTER, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 7/2023. · Registro digital (IUS): 31748
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.4319.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 7/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro–Sur, en sesión de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 7/2023, suscitada entre los sustentados por el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

2. La problemática jurídica que subyace en este caso consiste en determinar si el pronunciamiento del Juez de Distrito sobre la legitimación de quien compareció al juicio de amparo en representación de la autoridad responsable, condiciona o no el pronunciamiento que al respecto realice el Tribunal Colegiado de Circuito al calificar la procedencia del recurso de revisión.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio sin número presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, ante la Secretaría de Acuerdos del extinto Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del aludido Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por mayoría por el órgano jurisdiccional de su adscripción al resolver el amparo en revisión 584/2021 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito, en los amparos en revisión 521/2019, 550/2019 y 214/2020.

4. Por auto de treinta y uno de agosto del referido año, el Magistrado Presidente del extinto Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó formar y registrar el expediente atinente a la denuncia de contradicción de criterios con el número 2/2022; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito referidos copia certificada de las ejecutorias emitidas en los recursos de revisión descritos y que informaran si el criterio sostenido en ellas seguía vigente; además, pidió al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de dicho Circuito informara si tal órgano había emitido algún criterio en relación con el tema materia de la contienda y, de ser el caso, si se encontraba vigente.

5. A través del acuerdo de trece de septiembre del año próximo pasado, el presidente del otrora Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito tuvo al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito referido informando que, en relación con el tema de la contradicción de criterios, este último resolvió el amparo en revisión 307/2022, en el cual determinó que si el Juez de Distrito reconoce el carácter de representante de la autoridad responsable, entonces el Tribunal Colegiado debe reconocerle legitimación para interponer el recurso y que dicho criterio continúa vigente, por lo que se tuvo al referido tribunal contendiendo en la contradicción de criterios; asimismo, tuvo al presidente del Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito informando que el criterio emitido en el amparo en revisión 584/2021 continúa vigente. Finalmente, se tuvo por recibida copia certificada de ambas ejecutorias.

6. En diverso proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remitiendo copia certificada de las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión 521/2019, 550/2019 y 214/2020 e informando que el criterio sostenido en ellas se encuentra vigente. Por tanto, se admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y, al estimarse debidamente integrado el asunto, fue turnado para estudio y proyecto de resolución, aunado a que se ordenó informar dicho proveído a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la presidencia del extinto Pleno de Circuito tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informando que el amparo en revisión 394/2022 fue resuelto con igual criterio que el sostenido en el amparo en revisión 584/2021, con el que contiende en la especie.

8. En proveído de catorce de diciembre del año en cita se hizo constar que en sesión del día anterior, el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó desechar el proyecto de resolución propuesto y se informó sobre la próxima culminación de su integración; motivo por el que se reservó el returno del asunto, a fin de llevarlo a cabo una vez que se integrara el Pleno de Circuito en el año dos mil veintitrés.

9. En atención a lo dispuesto en el artículo transitorio Tercero del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés se ordenó remitir, vía electrónica, a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro–Sur, los autos de la contradicción de criterios 2/2022, motivo por el que a través del auto de presidencia de siete de febrero de dos mil veintitrés ésta se registró en esta sede con el consecutivo 7/2023, admitiéndose a trámite la citada denuncia.

10. En el mismo proveído se estimó innecesario recabar los informes de los tribunales contendientes al ya obrar en el expediente electrónico; no obstante, se les solicitó poner a disposición, para consulta, el expediente electrónico relativo a los asuntos de su conocimiento involucrados en la presente contradicción y se returnaron los autos, de forma electrónica, al ahora Magistrado ponente.

11. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés se ordenó solicitar al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si en ésta se encuentra radicada alguna contradicción de criterios que guarde relación con la temática de la presente; lo que se tuvo por contestado en sentido negativo a través del oficio DGCCST/X/249/03/2023, de dieciséis de marzo del año en curso.

12. Mediante auto de veintidós del mes y año citados, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

13. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro–Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

III. LEGITIMACIÓN

14. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que resulta ser uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

15. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es conveniente informar, en principio, las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.

16. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció del recurso de revisión 584/2021, interpuesto por el coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, contra la sentencia que emitió el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1275/2021.

17. Recurso que fue resuelto por mayoría de votos, contra el voto particular del Magistrado denunciante de la contradicción, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo. En cuanto al punto de contradicción, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció lo siguiente:

• Quien comparece en representación de las autoridades responsables se ostenta como "Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, e indica que interpone el recurso de revisión con fundamento en el artículo 17, fracciones I y XII, del Reglamento Interior del citado Instituto, que establece las facultades del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, aunado a que al pie de firma señala que se encuentra habilitado en términos del artículo 18, fracción II, de dicho ordenamiento que dispone, en lo conducente, que las ausencias y licencias no mayores a quince días de los coordinadores generales, entre otros funcionarios, serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias, o, en su caso, por quien determine el director general del propio instituto.

• Del reglamento interior mencionado no se desprende la existencia, facultades o la dependencia jerárquica de la "Coordinación de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos", por lo que no se encuentra justificado que se trate del servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior que dependa del coordinador general; tampoco se acredita que haya sido determinación del director general del instituto, que supla a aquél.

• En los Manuales de Procedimientos y de Organización de la Unidad de Asuntos Jurídicos, publicados en la página de Internet de transparencia del instituto; tampoco se observa la existencia, las facultades o la dependencia jerárquica de la "Coordinación de Oficinas".

• No obstante, con el objeto de favorecer la posibilidad de emitir una decisión en cuanto al fondo del asunto, se estimó que el promovente estaba legitimado para interponer el recurso de revisión, independientemente del carácter con el que se ostentó, en atención a que al rendir el informe justificado lo hizo en representación de las autoridades responsables, lo que el Juez de Distrito acordó de conformidad en el auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

• Si bien –dijo el tribunal ahora contendiente– como órgano revisor, debe verificar la legitimación de quien interpone el medio de defensa que le compete conocer, no es dable cuestionar, con esa misma finalidad, si el reconocimiento del carácter de representante de las responsables por parte del Juez de Distrito debe subsistir o no, a partir de analizar la legitimación de quien rindió el informe justificado.

• No se inadvierte la tesis aislada 2a. XCIV/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DESECHARLO CUANDO ADVIERTA QUE FUE INCORRECTA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RECONOCERLE LEGITIMACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE."; sin embargo, no da margen al análisis mencionado, pues en ésta se alude, en esencia, a la verificación de la legitimación de la autoridad que interpone la revisión, a la luz de los requisitos previstos en el artículo 87 de la Ley de Amparo (el recurso debe interponerlo la autoridad responsable directamente afectada de acuerdo con los actos que le fueron atribuidos y, tratándose de amparos contra normas generales, por los titulares de los órganos de Estado a los que está encomendada su promulgación o por quienes los representan), concluyéndose que si el mencionado presupuesto procesal se tuvo por satisfecho incorrectamente por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de asuntos de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además abordó el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia desestimadas por el Juez de Distrito y reservó jurisdicción a la citada Corte para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley en que se fundó el acto de aplicación reclamado, entonces el propio Alto Tribunal debe dejar insubsistentes las consideraciones relativas y como consecuencia desechar el recurso, dado que la legitimación constituye un presupuesto que debe abordarse con preferencia al fondo del asunto. De ahí que el criterio mencionado se considere inaplicable.

18. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció los asuntos siguientes:

19. El recurso de revisión 521/2019, interpuesto por la secretaria técnica de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, contra la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 477/2019.

20. Recurso que se estimó improcedente ante la falta de legitimación de quien lo interpuso como representante de la autoridad responsable, por lo que se desechó y declaró que quedó firme la sentencia recurrida.

21. El recurso de revisión 550/2019, interpuesto en lo principal por la directora general de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en lo adhesivo, la persona moral quejosa, contra la resolución interlocutoria emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1117/2019.

22. En lo principal, el medio de impugnación se estimó improcedente ante la falta de legitimación de quien lo interpuso como representante de la autoridad responsable, por lo que se desechó y declaró que quedó firme la interlocutoria recurrida; en lo adhesivo, el recurso se declaró sin materia.

23. El recurso de revisión 214/2020, interpuesto por la directora general adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera en representación del titular de esta última –sic–, contra la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1934/2019.

24. Medio de impugnación que se estimó improcedente ante la falta de legitimación de quien lo interpuso como representante de la autoridad responsable, por lo que se desechó y declaró que quedó firme la sentencia recurrida.

25. Las consideraciones –esencialmente iguales– que sustentaron el criterio que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito adoptó en cada caso, son:

• La autoridad que interpone la revisión carece de legitimación para hacerlo en representación de la autoridad señalada como responsable. Lo que se advierte de oficio, dado que [la legitimación] es un requisito que debe analizarse precisamente por ser una cuestión de orden público. Se invocó en apoyo la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO."

• Quien interpone el recurso en representación de la autoridad responsable carece de legitimación para ello, no obstante que, también en representación de ésta, haya rendido el informe justificado y/o el previo y aquélla le haya sido reconocida por el Juez de Distrito.

• El artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece la forma en que las autoridades responsables pueden comparecer al juicio constitucional, para lo cual prevé dos reglas generales, aplicables a todas las autoridades señaladas con el referido carácter:

1. Podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

2. Podrán comparecer a través de los delegados que designen por medio de oficio.

• De lo que deriva [en lo que interesa] que toda autoridad responsable puede ser representada en los términos de las disposiciones normativas aplicables, lo que implica que serán los ordenamientos que regulen la estructura interna de cada dependencia o institución, los que definan la forma en que debe ejercerse dicha representación.

• Analizadas las disposiciones normativas aplicables, se aprecia que quien interpone el recurso no tiene las facultades legales necesarias –en cuanto al recurso de revisión 521/2019– o es una autoridad inexistente –en los recursos de revisión 550/2019 y 214/2020– en la citada normatividad, para tenerlo como representante de la autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo. Lo que es así, porque los artículos en que se justificó tal representación realmente no otorgan facultades al promovente o no prevén su existencia, para actuar en representación de la autoridad responsable.

• En los asuntos –recursos de revisión 550/2019 y 214/2020– en que se apreció este último supuesto (inexistencia de la autoridad promovente), también se advirtió que no fue exhibido el oficio invocado como sustento de la representación argumentada.

• Consecuentemente, si en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden ser representadas en el juicio constitucional en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o a través de sus delegados, entonces el promovente no se ubica en ninguna de tales hipótesis, al no corresponderle la representación legal de aquélla ni demostrar que se le delegó tal representación jurídica; por tanto, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión.

? No se inadvierte que el Juez de Distrito tuvo por rendido el informe justificado y/o previo presentado por el respectivo promovente en representación de la autoridad responsable; no obstante, tal circunstancia no es suficiente para tener por acreditada la legitimación necesaria para interponer el recurso, debido a que el tribunal, al resolver la procedencia de la revisión, debe estudiar de oficio si quien lo presenta está legitimado para interponerlo, al ser una cuestión de orden público que no puede soslayarse ni siquiera en atención a que el juzgador de amparo le haya reconocido una representación que no le corresponde. Lo que fue apoyado en la tesis XCIV/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DESECHARLO CUANDO ADVIERTA QUE FUE INCORRECTA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RECONOCERLE LEGITIMACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE." 26. En relación con el recurso de revisión 521/2019, se puntualiza que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito refirió en forma adicional, que la falta de legitimación del promovente derivó también de que recurrió la sentencia ostentándose, a la vez, como autoridad responsable, sin que hubiese sido señalado por la parte quejosa, ni reconocido por el juzgador federal, con tal carácter.

27. Además, que en la misma sentencia fueron desestimadas la jurisprudencia 2a./J. 3/2006 de rubro: "REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE REALIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE SEÑALAR QUE SE REALIZA ‘POR ACUERDO DEL PROCURADOR’.", así como la tesis aislada 2a. CXXVI/2000 de rubro: "REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EN LA SENTENCIA EL JUEZ DE DISTRITO TOMA EN CUENTA EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO AL QUE SE OTORGÓ AQUÉLLA, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE ESTIMARSE QUE EN ESA RESOLUCIÓN SE TUVO POR ACREDITADA LA PERSONALIDAD CONFERIDA, SIN QUE RESULTE NECESARIO COMPROBAR EL CARÁCTER CON EL QUE DICHO SECRETARIO ACTÚA AL INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN.", al estimarlas inaplicables esencialmente, porque las hipótesis analizadas en las ejecutorias de las que emanaron son diferentes y no provienen de una regla general de representación.

28. Tercer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció del recurso de revisión 307/2022, interpuesto por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, contra la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 537/2022.

29. El tribunal determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo. En cuanto al tema materia de contradicción señaló:

El coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos se encuentra legitimado para interponer el recurso en representación de la autoridad responsable, ya que esa calidad se la reconoció el Juez de Distrito, en la sentencia materia de revisión.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

30. En primer término, es imperativo establecer si se configura la contradicción de criterios, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio, que en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.

31. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

32. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, Novena Época, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197–A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico–jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007–PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

33. Por ende, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios, deben surtirse los siguientes requisitos:

a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

34. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, Novena Época, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

35. En el caso se actualizan los requisitos señalados, como enseguida se demuestra.

36. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

37. Dicho requisito se enc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31748-694133b6/recurso-de-revision-en-amparo-en-materia-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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