LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ELLA QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SIN HABER INTERVENIDO EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL O HABER SIDO DESIGNADO COMO DELEGADO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA PR.A.CS. J/10 A (11a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 565/2025. 8 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS PAOLA ETIANNE ABRAHAM SOLDEVILA Y SANDRA CAROLINA ARELLANO GONZÁLEZ, Y DE ANA LAURA COUTIÑO MENDOZA, SECRETARIA EN FUNCIONES DE MAGISTRADA POR ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. PONENTE: PAOLA ETIANNE ABRAHAM SOLDEVILA. SECRETARIO: ÁLVARO LARA JUÁREZ.
San Andrés Cholula, Puebla. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de ocho de octubre de dos mil veinticinco.
VISTO; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, **********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican, al estimar violados en su perjuicio los artículos 8.o y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“... 3) Autoridad responsable (sic):--- 3.1. Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones y Jubilaciones Sociales (sic) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.--- 3.2. Titular de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.--- 3.3. Titular de la Dirección General Instituto (sic) de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.--- 3.4. Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.--- 3.5. Comisarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.--- 4) Actos que de cada autoridad se reclaman:--- - De la encargada de despacho del Departamento de Pensiones y Jubilaciones Sociales (sic) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, reclamo la omisión de dar respuesta a mi solicitud de jubilación o pensión.--- - De la Directora General, los miembros de la Junta Directiva, el Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones Sociales (sic) y titular de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, reclamo la omisión de fijar fecha y hora para que la junta directiva conceda o niegue la pensión por jubilación que he solicitado.--- - De la Directora General, los miembros de la Junta Directiva, el Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones Sociales (sic), y la titular de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, reclamo la omisión de resolver respecto al otorgamiento de la pensión por jubilación que solicité.--- - De los comisarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, reclamo la omisión de estudiar y analizar el expediente propio del suscrito relativo a la solicitud de pensión por jubilación, así como la omisión de someter el mismo a la aprobación de la junta directiva para su aprobación definitiva...”.
2. SEGUNDO. Admisión. En proveído de veinte de marzo de dos mil veinticinco, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a quien por turno tocó conocer de la demanda, la admitió a trámite. Se registró con el número 471/2025.
3. TERCERO. Audiencia constitucional y sentencia. Seguido el trámite, el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco el juez de distrito inició la audiencia constitucional y dictó sentencia. Su punto resolutivo es:
“... ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación ampara y protege a ********** contra los actos reclamados a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo, en los términos del apartado G, de la presente sentencia”.
4. CUARTO. Revisión. Inconforme, **********, quien se ostenta como apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión mediante oficio(1) presentado vía electrónica el trece de junio de dos mil veinticinco.(2)
5. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, el entonces magistrado presidente de este tribunal colegiado admitió a trámite el medio de defensa. El expediente se registró con el número R.A.-565/2025.
6. El expediente electrónico del juicio de amparo se encuentra vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al del presente recurso de revisión.
7. QUINTO. Turno. El nueve de julio de dos mil veinticinco se turnaron los autos al magistrado Diógenes Cruz Figueroa, para la formulación del proyecto de sentencia, en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo.
8. SEXTO. Returno. Por acuerdo general AG-POAJ-008/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre de dos mil veinticinco, el pleno del Órgano de Administración Judicial, entre otras cuestiones, adscribió a las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y prorrogó a los secretarios en funciones de jueces y magistrados. La magistrada Paola Etianne Abraham Soldevila fue adscrita a la ponencia uno de este órgano jurisdiccional, en sustitución del magistrado Diógenes Cruz Figueroa. En razón de lo anterior, en proveído de treinta de septiembre de dos mil veinticinco se returnaron los autos a la magistrada indicada.
9. SÉPTIMO. Lista. El presente asunto se incluyó en la lista publicada el dos de octubre de dos mil veinticinco, en el portal del Órgano de Administración Judicial, para verse en la sesión del ocho y siguientes.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO. Competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo, 35, fracción V, 36, 210 y 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en vigor al día siguiente en términos de su artículo primero transitorio, puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 8/1999, segundo y tercero del Acuerdo General 47/2000 y primero, fracción VI, segundo, fracción VI, apartado 1, y tercero, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013, todos del pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el citado medio oficial de difusión, respectivamente, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el veinticinco de agosto de dos mil y el quince de febrero de dos mil trece, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer del recurso de revisión pues fue interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en materia administrativa de los del índice de un juzgado de distrito que pertenece a este circuito.
11. SEGUNDO. Improcedencia del recurso. El recurso de revisión interpuesto por **********, quien se ostenta como apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla,(3) es improcedente y, por ende, debe desecharse.
12. Del expediente electrónico del juicio de amparo indirecto se desprende que el informe justificado de las autoridades responsables fue rendido por Víctor Hugo Vázquez Rodríguez, quien designó como delegados a Manuel Márquez Márquez, Dulce María Escalante Ponce, Karem Reyes Maldonado, José David Torres Lobato, María Susana García Trujillo y María de Lourdes Ramos Trinidad.
13. Ello fue acordado de conformidad por la persona juzgadora de distrito en acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veinticinco.
14. El tribunal colegiado, al resolver la procedencia del recurso de revisión, debe estudiar de oficio si quien lo interpone tiene legitimación para hacerlo valer, ya que constituye una cuestión de orden público.(4)
15. Tratándose de los recursos en el juicio de amparo, la legitimación procesal activa consiste en la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de la instancia.
16. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el medio de defensa es interpuesto por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular, es decir, constituye un requisito de procedencia.(5)
17. Al respecto, el artículo 9.o, párrafo primero, de la Ley de Amparo(6) establece la forma en que las autoridades responsables pueden comparecer al juicio de amparo y prevé dos reglas generales, aplicables a todas ellas:
• Podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
• Podrán comparecer a través de los delegados que designen por medio de oficio.
18. Se trata de dos tipos de representación, a saber: (i) una conforme a las normas jurídicas aplicables y (ii) otra voluntaria mediante la designación de delegados. Esto se corrobora con lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse al respecto en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 225/2019,(7) en los términos siguientes:
• La representación de las autoridades en el juicio de amparo tiene una regulación específica.
• Pueden intervenir por conducto de quien los represente o sustituya conforme a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o mediante el empleo de una modalidad de representación voluntaria, designando delegados.
19. En el caso, el recurso es suscrito por **********, quien se ostenta como apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla e indica que lo interpone con fundamento en el artículo 17, fracciones I y XII, del reglamento interior del propio instituto(8) que establece las facultades del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
20. Sin embargo, ella no tiene el cargo de Coordinadora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, sino que comparece como apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.
21. Si en términos del artículo 9.o de la Ley de Amparo las autoridades responsables sólo pueden ser representadas en el juicio constitucional en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o a través de sus delegados, sin que se prevea la posibilidad de que comparezcan a través de un apoderado legal, entonces es inconcuso que ********** no está legalmente facultada para comparecer en representación de aquéllas, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el numeral en comento.(9)
22. En la jurisprudencia PR.A.CS. J/10 A (11a.), el entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos,(10) estableció:
“RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA LEGITIMACIÓN DE QUIEN LO INTERPONE EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO YA RECONOCIÓ ESE CARÁCTER, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar la viabilidad de examinar, de oficio, la legitimación de quien interpone el recurso de revisión en amparo en representación de la autoridad responsable, no obstante que el Juez de Distrito ya hubiera reconocido ese carácter de forma expresa o incluso, implícita, al tener por rendido el informe justificado y/o previo, pues mientras uno concluyó que sí debe ser analizada, porque la legitimación es un presupuesto procesal de estudio oficioso en cualquier etapa del proceso, aunado a que el pronunciamiento del juez de distrito no condiciona al del órgano revisor; los otros dos tribunales sostuvieron que no es posible emprender oficiosamente tal análisis, porque el pronunciamiento del Juez de Distrito sí vincula al calificar la procedencia del recurso.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que el reconocimiento de la representación legal de quien ha comparecido al juicio de amparo en nombre de la autoridad responsable, realizado por el Juez de Distrito en la etapa de su conocimiento, expresa o implícitamente, sí condiciona el pronunciamiento que al respecto realice el Tribunal Colegiado de Circuito en la etapa de revisión, por lo que no puede analizarla de oficio.
Justificación: Aun cuando la legitimación es un presupuesto procesal que debe satisfacerse también en segunda instancia con la finalidad de calificar la procedencia del recurso de revisión, y no obstante que la figura de la representación de la autoridad responsable deriva de las leyes y reglamentos aplicables, según lo dispone el artículo 9o. de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito debe tener por acreditada la representación legal de quien comparece en nombre de la autoridad responsable al interponer el recurso de revisión, sin posibilidad de emprender el estudio oficioso sobre su legitimación, cuando ese carácter ya ha sido reconocido expresa o implícitamente, porque el otorgamiento de validez a lo manifestado por el representante al llevar a cabo actos procesales en nombre de la autoridad responsable habrá generado consecuencias jurídicas, no sólo durante la secuela procesal, sino también en el pronunciamiento de la sentencia recurrida, sobre todo si ese reconocimiento no es impugnado en tiempo y forma a través del medio de defensa correspondiente, pues en ese caso, la determinación habrá quedado firme, esto es, constituirá cosa juzgada y, por tanto, será inmodificable en cualquier etapa del juicio de amparo, pero sin incidir en alguno diverso”.
23. Conforme a este criterio jurisprudencial, el reconocimiento de la representación legal de quien ha comparecido al juicio de amparo en nombre de la autoridad responsable, realizado por el juez de distrito en la etapa de su conocimiento, expresa o implícitamente, condiciona el pronunciamiento que al respecto realice el tribunal colegiado de circuito en la etapa de revisión, por lo que no puede analizarla de oficio.
24. Ello implica que si el juzgado de distrito reconoció a una persona específica la facultad legal de representar a alguna autoridad responsable, el pronunciamiento que al respecto puede realizar el tribunal colegiado se encuentra condicionado.
25. Sin embargo, no tiene el alcance para concluir que si la persona juzgadora de distrito admitió la representación de una persona con base en un supuesto no previsto en las normas jurídicas aplicables (por ejemplo, la posibilidad de que las autoridades comparezcan al juicio a través de un apoderado legal), entonces el tribunal colegiado de circuito debe aceptar la validez de ese supuesto para tal juicio y admitirlo para otra persona, en relación con la cual no se realizó un pronunciamiento específico durante la tramitación del juicio de amparo indirecto, por no haber tenido intervención alguna en el procedimiento (un diverso apoderado legal).
26. No fue ello lo que se decidió en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia PR.A.CS. J/10 A (11a.) sino que el pronunciamiento del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es atinente al reconocimiento de la legitimación procesal de una persona específica.
27. Lo que se corrobora porque en la resolución recaída a la contradicción de tesis 7/2023,(11) que dio origen a la jurisprudencia en cuestión, expresamente se estableció:
“... 67. Con base en las premisas que han sido expuestas, se deduce que la legitimación es un presupuesto procesal analizable de oficio en cualquier etapa del juicio de amparo; por lo que, tratándose de la de revisión, es al tribunal colegiado de circuito a quien legalmente corresponde pronunciarse al respecto en el momento de calificar la procedencia del recurso, con la finalidad de determinar si quien comparece a interponerlo en nombre de la autoridad responsable, efectivamente cuenta con la representación legal que ostenta.--- 68. En el entendido de que dicha proposición se actualiza en el caso en que el recurso de revisión sea interpuesto en nombre de la autoridad responsable por conducto de un representante legal, al que previamente no le hubiera sido reconocido tal carácter por el juez de distrito por no haber tenido intervención previa en el procedimiento, pues en tal supuesto, el tribunal colegiado de circuito no estará condicionado o limitado en forma alguna para analizar la normatividad aplicable y emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda sobre la legitimación del promovente...”.
28. Por lo anterior, el tribunal colegiado abandona el criterio sostenido en diversa integración, por mayoría de votos de la magistrada Clementina Flores Suárez y el magistrado Diógenes Cruz Figueroa, en contra del voto particular del magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, al pronunciarse respecto del recurso de revisión R.A.-317/2023, en sesión ordinaria de seis de diciembre de dos mil veintitrés.
29. En las relatadas circunstancias se concluye que la recurrente carece de legitimación para interponer el recurso de revisión; razón por la que debe desecharse el medio de defensa.
30. TERCERO. Auto de presidencia. No es óbice que por auto de veintiséis de junio de dos mil veinticinco el entonces magistrado presidente haya admitido a trámite el recurso de revisión, en virtud de que esa clase de acuerdos no causan estado, por referirse a un examen preliminar del asunto, ni obligan al pleno, el cual conserva sus facultades decisorias para desechar los recursos que sean improcedentes, como acontece en el presente caso.(12)
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión.
Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por unanimidad de votos de las magistradas Paola Etianne Abraham Soldevila, presidenta y ponente, Sandra Carolina Arellano González y la licenciada Ana Laura Coutiño Mendoza, secretaria en funciones de magistrada de conformidad con el Acuerdo General del pleno del Órgano de Administración Judicial AG-POAJ-008/2025.(13) Firman electrónicamente, con el secretario de tribunal que da fe, de conformidad con lo previsto por el artículo 3o. del Acuerdo General 12/2020 del pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte.
En términos de lo previsto en los artículos 20, fracción VI, 115 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Fojas 6 frente a 12 frente. Las que se citan en este resultando, corresponden al toca.
2. Foja 35 vuelta.
3. Lo que pretende acreditar con la digitalización del instrumento notarial ********** (**********), volumen ********** (**********), pasado ante la fe del titular de la notaría pública ********** de Puebla, Puebla, en que consta el poder general para pleitos y cobranzas que le confirió la Coordinadora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, anexo al recurso de revisión, sin que haya manifestado que se trata de una copia fiel e inalterada del original, pues en el medio de defensa alude a otro.
4. Registro digital: 205845. Tesis: P. LIV/90:
“REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El Tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen”.
5. Registro digital: 196956. Tesis: 2a./J. 75/97:
“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable”.
6. “Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar personas delegadas que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos...”.
7. Dio origen a la siguiente jurisprudencia. Registro digital: 2020942. Tesis: 2a./J. 147/2019 (10a.):
“AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN. La circunstancia de que la autoridad haya intervenido como contraparte del agraviado, derivado de la impugnación de algún acto u omisión, o de que tenga un interés contrario a éste en el juicio de amparo, no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público y, por ende, en ningún momento puede asimilarse a un particular o confundirse con éste. Así, la porción normativa que corresponde al último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo alude a una regla que debe observarse cuando se trate de establecer cómo opera en el juicio de amparo la representación de la autoridad cuando tenga el carácter de tercero interesada, misma que remite al artículo 9o. de la ley citada, es decir, la representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o, en todo caso, por medio de oficio podrán acreditar delegados para que actúen conforme a sus propios intereses. Por tanto, la autoridad tercero interesada no está facultada para designar autorizados y, por tanto, éstos no están legitimados para interponer recursos de revisión, pues su representación en juicio se rige por el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento mencionado”.
8. “Artículo 17. La Unidad de Asuntos Jurídicos, estará a cargo de un Coordinador General que dependerá jerárquicamente del Director General y tendrá las siguientes facultades y atribuciones:--- l. Representar jurídicamente al instituto, con todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que sean de su competencia, ante autoridades federales, estatales y municipales; instrumentar medios preparatorios de juicio, medidas precautorias, presentar demandas, contestaciones, reconvenciones, denuncias, querellas, desistirse, interponer recursos, recusar, promover incidentes, rendir informes, ofrecer y desahogar pruebas, celebrar transacciones, solicitar la suspensión o diferimiento de las audiencias, alegar, pedir que se dicte sentencia y seguir los juicios y procedimientos hasta ejecutar las resoluciones; y en general todas aquellas acciones que sean necesarias para la substanciación de los procedimientos respectivos en defensa de sus intereses, debiendo informar al Director General del resultado de su representación; así como formular los informes, previo y justificado, en los juicios de amparo y promover los recursos de revisión, queja y reclamación en los casos donde el Instituto o sus autoridades sean parte, estableciendo los mecanismos de comunicación y coordinación con las Unidades administrativas del Instituto para el cumplimiento de las resoluciones.... XII. Atender las resoluciones y requerimientos que pronuncien las diferentes autoridades jurisdiccionales, coordinándose con las unidades administrativas del instituto, para su cumplimiento...”
9. Por compartir los criterios.
Registro digital: 2030516. PR.A.C.CN. J/74 A (11a.):
“APODERADO LEGAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO ACTÚA CON TAL CARÁCTER NO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN NI DE REVISIÓN ADHESIVA.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el apoderado legal de la autoridad responsable que acude con ese carácter al juicio, tiene legitimación para interponer recurso de revisión o revisión adhesiva en amparo indirecto.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el apoderado legal de la autoridad responsable, cuando actúa con tal carácter en el amparo indirecto, no tiene legitimación para interponer recurso de revisión o revisión adhesiva en su representación.
Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un estudio histórico-evolutivo del artículo 9o. de la Ley de Amparo y concluyó que la intención de incorporar la figura de la representación de las autoridades responsables fue permitir que intervinieran en todos los asuntos en los que eran señaladas con tal carácter, por conducto de los servidores públicos de las unidades especializadas en su defensa jurídica, por ser la mejor defensa que podrían tener. Dicho precepto establece que las autoridades responsables (cuando actúan como tal) podrán ser representadas y sustituidas en todos los trámites del juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Si bien ello refleja la intención de permitir que esa representación se lleve conforme a sus propias normas, no comprende la posibilidad de que comparezcan al juicio por personas apoderadas. Máxime que la excepción prevista en el último párrafo de dicho artículo, en el sentido de que cuando el responsable sea una o varias personas particulares podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado, pone de manifiesto que se reconoció que la representación a través de apoderado o mandatario se da únicamente para esos particulares. Para apoyar la representación de las autoridades responsables y garantizar su defensa adecuada, se estableció una regla en su primer párrafo, conforme a la cual pueden acreditar delegados, por medio de oficio, para que concurran a las audiencias, rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos”.
Registro digital: 2021626. Tesis: XX.A. J/1 K (10a.):
“RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL APODERADO GENERAL DE UNA PERSONA MORAL OFICIAL DESIGNADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLOS. Conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En estas condiciones, si bien la intención del legislador federal fue mantener el principio de que toda autoridad responsable pueda ser representada en el juicio constitucional, lo cierto es que dejó a los ordenamientos que regulen la estructura interna de cada dependencia o institución definir la forma en que debe ejercerse esa representación y especificar la autoridad encargada de su defensa jurídica. Por su parte, el poder general constituye un mandato previsto en la legislación civil, que se ejerce en representación de una persona (física o moral) en actos entre particulares o frente a la administración pública o, incluso, cuando un ente público actúa como particular, pero no cuando el poderdante debe actuar en su carácter de autoridad responsable, pues esa circunstancia no es de las reconocidas en la Ley de Amparo como válidas para promover en su representación. Por tanto, el apoderado general de una persona moral oficial designada como autoridad responsable, carece de legitimación para interponer los recursos en el juicio de amparo”.
10
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33754-82e8cb1c/legitimacion-en-el-recurso-de-revision-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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