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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES TERCERO INTERESADAS ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNAR DELEGADOS Y ÉSTOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER ESE RECURSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2016. · Registro digital (IUS): 26867
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-01-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DIS
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo III, Pág. 1788.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 18 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTE: JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN. PONENTE: EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO. SECRETARIA: ANA ROSA GRANADOS GUERRERO.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio recibido el diez de junio de dos mil dieciséis, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado José Antonio García Guillén, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en auxilio de las labores del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 59/2016 y 228/2014, respectivamente, lo que dio lugar a la emisión de la tesis de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.", emitida por el Tribunal Colegiado mencionado en segundo término, en la que se sostiene que el delegado de la autoridad tercero interesada carece de legitimación para interponer recurso de revisión.

SEGUNDO.-Mediante proveído de trece de junio de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito radicó la contradicción de tesis con el número PC01.I.A.28/2016.C; la admitió a trámite y solicitó a la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la remisión del archivo digital referente a la ejecutoria que motivó la tesis aislada en cuestión, y rindiera informe en cuanto a la subsistencia del criterio plasmado en la tesis mencionada, en el que debía indicar con precisión si el criterio sustentado se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por corregido o abandonado.

TERCERO.-Por oficio 5564, de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, informó que el criterio emitido en la resolución materia de la contradicción de tesis continuaba vigente.

CUARTO.-Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, se turnó el asunto a la Magistrada Emma Margarita Guerrero Osio, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue denunciada por el Magistrado José Antonio García Guillén, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO.-En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que esto constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, que a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que circundan los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

De la jurisprudencia invocada se aprecia que para que exista contradicción de tesis es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, esto es, que exista discrepancia entre ellos, lo cual puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo formen parte de la historia procesal del asunto de origen.

Asimismo, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hubiesen:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegaron a conclusiones encontradas, respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se transcriben las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos criterios se estima que pudieran resultar contradictorios.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por mayoría, confirmó la sentencia de primer grado dictada en el juicio de amparo indirecto **********, seguido ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en la cual se otorgó el amparo solicitado en contra de la resolución pronunciada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio contencioso administrativo **********, en el cual se tuvo como autoridad demandada, al director general de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República, a quien, por consiguiente, se le tuvo como tercero interesado en el juicio de amparo.

Inconforme con el fallo aludido, esta última autoridad interpuso recurso de revisión en su contra, por conducto del agente del Ministerio Público de la Federación designado como delegado, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo en vigor. En el considerando tercero de la resolución dictada por dicho Tribunal Colegiado, se analizó la legitimación de la parte recurrente y, al respecto, se sostuvo lo siguiente:

"TERCERO.-Este órgano colegiado debe verificar en primer lugar, antes de examinar los agravios planteados, la legitimación de quien promueve el recurso de revisión, toda vez que la interposición de éste, por parte legitimada para ello, será la condición que hará posible que este tribunal analice las cuestiones sometidas a su jurisdicción.

"Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143 del tomo 145-150, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima Época; cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"‘REVISIÓN, LEGITIMACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. EXAMEN PREVIO.-Los Tribunales del Poder Judicial de la Federación a quienes corresponde conocer del recurso de revisión, conforme a las reglas de competencia establecidas para ese efecto, debe examinar previamente la procedencia de tal recurso y, desde luego, verificar la legitimación de quien lo interpuso, para después, al fallarlo, avocarse al examen del contenido de las alegaciones, al tenor de los agravios relativos, porque es la interposición del propio recurso por parte legitimada para ello, lo que hace posible que dichos tribunales analicen las cuestiones sometidas a su jurisdicción, y de resultar que el recurso interpuesto es improcedente, quedarían, por ese solo hecho, impedidos para revisar la legalidad de los fallos impugnados, sin impugnar el contenidos de los alegatos que se formulen en vía de agravio, así se invoque la operancia de alguna causa de improcedencia, pues admitir lo contrario sería como otorgar procedencia oficiosa a los recursos en el amparo y se violaría, lo expresamente dispuesto por el artículo 86 de la ley de la materia, que establece el principio de que la revisión únicamente procede a instancia de parte.’

"En este sentido, este Tribunal Colegiado estima que el recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que lo presentó **********, agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, delegado en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 10 de la referida legislación, del director general de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República, personalidad que le fue reconocida por el Juez de Distrito en proveído de veintisiete de octubre de dos mil quince (fojas 21 y 26 del juicio de amparo)."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de quince de enero de dos mil quince, por unanimidad de votos, determinó, en la parte conducente, lo siguiente:

"SEGUNDO.-Legitimación. En el caso, se estima que el presente recurso de revisión no se interpuso por parte legítima, y por tanto el mismo debe desecharse, al tenor de las consideraciones que se exponen a continuación.

"Es así porque **********, se ostentó como delegado de las autoridades tercero interesadas en términos de los artículos 9o. y 10 de la Ley de Amparo, y suscribió el recurso y el escrito de presentación del mismo, en su carácter de subdirector de lo Contencioso y Amparo ‘C’ de la Dirección de lo Contencioso y Amparo de la Coordinación Jurídica de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

"En principio conviene precisar que la legitimación procesal activa, ha sido entendida como la potestad para acudir ante un órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie con la tramitación de un juicio o una instancia. Además, por tratarse de un presupuesto procesal su análisis en la presente instancia resulta de estudio oficioso. Al respecto resulta ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 75/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece:

"‘LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.-Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.’(1)

"Por otra parte, debe decirse que la legitimación y personalidad del recurrente, deben analizarse oficiosamente, conforme a las tesis aisladas P. LIV/90 y la diversa sin número, emitidas, respectivamente, por el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales respectivamente establecen:

"‘REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.-El tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la Ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen.’(2)

"‘LEGITIMACIÓN, ESTUDIO DE OFICIO DE LA.-El problema de la legitimación es un elemento procesal que debe estudiarse de oficio por el juzgador, en cualquier fase del juicio.’(3)

"En el caso, se estima que el presente recurso no se interpuso por parte legítima, pues la regla de representación que prevé el artículo 10, último párrafo, de la Ley de Amparo, para determinar la forma en que una autoridad cuando le asista el carácter de tercero interesada en el juicio de amparo, sólo conlleva las reglas genéricas de representación previstas en el artículo 9o. del propio ordenamiento, sin que ello abarque la facultad de designar delegados en términos de la última parte del primer párrafo del último precepto en cita, la cual sólo corresponde a la autoridad responsable.

"Así, cuando a cualquier autoridad le asista el carácter de tercero interesada, sólo podrá señalar autorizados en los precisos términos del artículo 12 de la citada Ley de Amparo.

"Conclusión a la que se arriba a través de la interpretación sistemática de los citados dispositivos, pues la designación de delegados, constituye sólo una autorización para intervenir en el juicio y en las siguientes instancias, pero no constituye una regla de representación de aquellas a las que se refiere el último párrafo del primero de los artículos en cita.

"Es conveniente precisar que el artículo 5o.(4) de la Ley de Amparo, establece quienes son las partes en el juicio de amparo a saber:

"a) El quejoso, quien será aquel que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, y tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

"b) La autoridad responsable, la cual con independencia de su naturaleza formal será la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"c) El tercero interesado, quien podrá ser la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; tratándose de actos que deriven de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, lo será la contraparte del quejoso, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga un interés contrario al quejoso; así como los restantes sujetos que se indican en la fracción III del referido artículo 5o. de la Ley de Amparo; y,

"d) El Ministerio Público Federal.

"En el caso a estudio, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, es la parte quejosa pues promovió juicio de amparo el seis de junio de dos mil catorce,(5) en la que señaló como autoridad responsable al Magistrado **********, titular de la ponencia trece de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a quien le reclamó el auto de veintiuno de mayo de dos mil catorce dictado en el juicio contencioso administrativo ********** radicado en la referida Sala.

"En la demanda de amparo, también se señaló con el carácter de tercero interesados a quienes fungieron como contraparte de la hoy quejosa en el juicio contencioso administrativo en el que se dictó el acuerdo reclamado, es decir, a las autoridades demandas en el citado procedimiento judicial, identificadas como coordinador jurídico, coordinador de Verificación Administrativa y directora de Verificación de las Materias del Ámbito Central, todas del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

"Ahora, el artículo 10(6) de la Ley de Amparo, prevé la forma en la cual se acredita la representación del quejoso y del tercero interesado dentro del juicio de amparo y, para ello, establece que ésta se acreditará conforme a las reglas que la propia ley prevé -artículos 6o., 7o., 8o., 11, 15 y 16- y, en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se acreditará en la forma en que lo determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Cabe señalar, que el último párrafo establece una norma de remisión específica para establecer cómo se llevará a cabo la representación del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad, cuando les asista el carácter de tercero interesado o bien, de quejoso, para lo cual remite a las reglas de representación que prevé el propio artículo 9o. del citado ordenamiento, el cual regula específicamente la forma en que serán representadas las autoridades responsables.

"En este orden de ideas, conviene precisar que en términos del artículo 9o.(7) de la Ley de Amparo, sólo las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites del juicio de amparo conforme a sus disposiciones legal (sic) y reglamentarias que resulten aplicables.

"El referido dispositivo prevé también la forma en que se ejercerá la representación del presidente de la República, así como de los respectivos órganos legislativos, los gobernadores, el jefe de gobierno, procuradores generales de la República y de las entidades federativas, así como la de los titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatal o municipales, quienes puedan ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que los rigen otorguen dicha atribución, o bien, por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.

"Finalmente, el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Amparo, prevé que cuando una o varias personas particulares figuren con el carácter de autoridades responsables, en los términos que prevé la propia ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o bien, por conducto de un apoderado.

"En este sentido la autoridad responsable, o incluso la autoridad tercero interesada, podrá comparecer al juicio de amparo por conducto de la autoridad que la sustituya o que cuente con facultades para representarla, en los términos que prevén las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso.

"Ahora, la remisión que el artículo 10, último párrafo, de la Ley de Amparo hace al artículo 9o. del propio ordenamiento, cuando a cualquier autoridad le asista el carácter de tercero interesado sólo abarca a la forma en que la autoridad podrá ser representada en el juicio de amparo por otras autoridades, conforme a sus leyes y reglamentos aplicables, esto es a través de las unidades administrativas que tengan la representación, conforme a las reglas de sustitución que prevean sus reglamentos; o bien, por conducto de los titulares de las respectivas oficinas de asuntos jurídicos.

"En este sentido, no se puede asumir que la remisión que realiza el artículo 10, último párrafo, de la Ley de Amparo para acreditar la representación de la autoridad tercero interesada en el juicio de amparo, pueda hacerse extensiva a la designación de delegados, pues ésta no constituye una regla de representación conforme a las leyes y reglamentos aplicables para la misma; ya que el delegado sólo es un autorizado para intervenir en el juicio de amparo en los términos que señala la propia ley de la materia.

"Tales afirmaciones encuentran sustento en lo conducente al caso en las consideraciones que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 273/2011(8) de su índice que, en lo que al caso interesa señala:

"‘El artículo 19, primer párrafo, segunda parte, establece que las autoridades responsables, igualmente, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para realizar ciertos actos procesales. El citado artículo prevé como facultades del delegado de las autoridades responsables las siguientes:

"‘a) Hacer promociones;

"‘b) Concurrir a las audiencias;

"‘c) Rendir pruebas;

"‘d) Formular alegatos; y,

"‘e) Promover los incidentes y recursos previstos en la Ley de Amparo.

"‘Establecido lo anterior, lo procedente será determinar los alcances de las facultades de los delegados designados por las autoridades responsables en términos del artículo 19 invocado.

"‘Lo anterior se hace necesario, ya que la discrepancia de criterios surge a partir del contenido y alcance que de la citada disposición hicieron los tribunales contendientes.

"‘Al respecto, es preciso señalar, como lo puso en relieve esta Segunda Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 347/2009, fallada por unanimidad de cinco votos, en la sesión del día veintiocho de octubre de dos mil nueve, que antes de la reforma al citado primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, de dieciséis de agosto de dos mil cinco, las facultades conferidas a los delegados de las autoridades responsables para rendir pruebas, formular alegatos y hacer promociones se limitaba a la audiencia constitucional, pero, con motivo de dicha reforma, se les dotó también de atribuciones para promover los incidentes y los recursos previstos en esa ley, con la finalidad de hacer más eficaz la participación de dichas autoridades, como deriva de lo expuesto en el dictamen de seis de abril de dos mil cinco de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

"‘En efecto, en la parte conducente del citado dictamen legislativo se dice:

"‘Así, a partir de que entraron en vigor las citadas reformas a la Ley de Amparo, los delegados designados por las autoridades responsables vieron aumentadas sus facultades, pues quedaron facultados para interponer a nombre de éstas los incidentes, como el incidente de nulidad, y los recursos previstos en la Ley de Amparo, como el recurso de revisión.

"‘Así se reconoció en la tesis 2a. XXIX/2006, sustentada por esta Segunda Sala, de rubro: «DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENEN FACULTADES PARA PROMOVER LOS INCIDENTES Y LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2004).»

"‘La cuestión concreta por dilucidar es si los delegados designados por las autoridades responsables se encuentran o no facultados para desistir de los incidentes y de los recursos previstos en la Ley de Amparo.

"‘Esta Segunda Sala considera que los delegados designados por las autoridades responsables, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de agosto de dos mil cinco, no tienen facultades para desistir de los incidentes y de los recursos previstos en la Ley de Amparo; en otros términos, las facultades que tienen conferidas para interponer dichos incidentes y recursos no conllevan la potestad de desistir de los mismos.

"‘En primer término, si bien es cierto, como se señaló, que los delegados designados por las autoridades responsables han visto ampliadas sus facultades, también lo es que las facultades conferidas por el legislador para realizar ciertos y determinados actos procesales no incluyen la potestad para desistir de los mismos, como si se tratara de la propia autoridad responsable, toda vez que se trata de actos que podrían afectar los intereses de las autoridades responsables, y si esa hubiera sido la intención objetiva del legislador, así lo habría plasmado expresamente, tal como aconteció con la mencionada reforma al artículo 19 de la Ley de Amparo de dieciséis de agosto de dos mil cinco, mediante la cual se elim

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26867-5b5dae3e/revision-en-amparo-las-autoridades-tercero-interesadas-estan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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