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Modo: Corpus Pro

AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2019. · Registro digital (IUS): 29120
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-11-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Pág. 441.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito en las resoluciones respectivas.

I. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo en revisión 17/2019)

1. Juicio de amparo

José de Jesús Hermosillo Loza, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de:

"III. Autoridades responsables.

"Ordenadora: Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

"Ejecutora: Oficial mayor notificador adscrito a la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. ..."

"IV. Actos reclamados. De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo, dentro del juicio de nulidad número 1110/2014, el auto fechado 28 veintiocho (sic) febrero de 2018, mediante el cual estima que la sentencia ha sido cabalmente cumplida y ordena el archivo del expediente, sin haberme permitido pronunciarme sobre cantidades que aún se me adeudan."

La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular, en proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la admitió y registró bajo el número 1246/2018.

Seguidos los trámites del asunto, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el veintiocho de junio de dos mil dieciocho; posteriormente en atención a la determinación adoptada por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal establecida en el oficio STCCNO/367/2018, remitió el expediente de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, para su resolución, misma que se pronunció el ocho de noviembre del citado año, en la cual se concedió el amparo solicitado.

Inconforme con la referida sentencia, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en su calidad de patrón y como autoridad tercero interesada, por conducto de su autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión.

Del recurso interpuesto conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Su presidente por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, admitió el recurso interpuesto, ordenando dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese tribunal, quien formuló el pedimento número 101. El asunto se registró con el número 17/2019.

Mediante sentencia de dos de mayo de dos mil diecinueve, el tribunal del conocimiento confirmó la sentencia recurrida y amparó al quejoso, ahora bien, en relación con la legitimación de la parte recurrente, sostuvo lo siguiente:

Manifestó que el recurso fue interpuesto por parte legitimada para ello, pues el escrito de agravios fue formulado por Ma. Candelaria de la Cruz Cuevas, en su carácter de autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (autoridad tercera interesada), carácter que le fue reconocido por el a quo, en los autos del juicio de amparo indirecto.

Señaló que de conformidad con los artículos 9o. y 10 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, además de que podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias e interpongan recursos.

Asimismo, se señaló que para la representación del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, cuando comparezcan en calidad de terceros interesados, se aplican las reglas del artículo 9o. de la referida ley, esto es, la facultad de designar delegados.

Ahora bien, no obstante que el artículo 10, último párrafo, de la Ley de Amparo, que regula la representación del quejoso y del tercero interesado, específicamente se refiere a la representación que puede tener el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, al cual se aplicarán las reglas del artículo 9o. de la citada ley, esto es, que podrán ser representados por delegados, lo cierto es, que no existe impedimento para que la autoridad tercera interesada designe autorizados en el juicio de amparo para interponer recursos, como en el caso acontece, toda vez que esa facultad la tiene el propio delegado.

Aunado a que la porción normativa de dicho dispositivo legal, al señalar "cualquier otra autoridad", no distingue si se refiere a cuando la autoridad acuda al juicio en su carácter de tercero interesada o de autoridad responsable; de ahí que no se comparte la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/92 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES TERCERO INTERESADAS ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNAR DELEGADOS Y ÉSTOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER ESE RECURSO."

En consecuencia, como en este asunto existen conclusiones encontradas respecto a la solución del mismo tema, referente a que la representación en el juicio de amparo de las autoridades diversas de las responsables, se aplican las reglas del artículo 9o. de la Ley de Amparo, el cual establece que podrán acreditar delegados para que concurran a las audiencias y, entre otras cuestiones, se interpongan recursos; o bien, si acorde al diverso numeral 12 de la propia ley, pueden nombrar autorizados, al no distinguir el tercer párrafo del artículo 10 de dicha legislación, si se refiere a cuando la autoridad tenga el carácter de tercera interesada o de autoridad responsable.

Entonces, de conformidad con los artículos 225, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ante la posible contradicción de criterios encontrada por este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con lo resuelto por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito; denúnciese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 28/2016

Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:

a) Denuncia de la contradicción. Entre los criterios sustentados por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 59/2016 y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en auxilio de las labores del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 228/2014, del que derivó la tesis de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO."

b) El amparo en revisión 59/2016 deriva de un juicio de amparo promovido por un particular en contra de la resolución de una Sala Fiscal que desechó un recurso de queja por defecto en el cumplimiento de una sentencia definitiva, en la que se tuvo como autoridad demandada al director general de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República.

Inconforme, el agente del Ministerio Público de la Federación como delegado de la autoridad antes mencionada promovió recurso de revisión y el Tribunal Colegiado le reconoció legitimación al sostener que el recurso fue interpuesto por parte legítima por presentarlo el agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República como delegado en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 10 de la misma legislación, del director general de Recursos Humanos y Organización de la Procuraduría General de la República, personalidad que le fue reconocida por el Juez de Distrito.

c) Por otra parte, el amparo en revisión 228/2014 resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en auxilio de las labores del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se originó con motivo de que un particular promovió amparo contra un auto dictado por un Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ahora Ciudad de México, teniendo en ese juicio como contraparte al coordinador jurídico, coordinador de Verificación Administrativa y directora de Verificación de las Materias del Ámbito Central, todas del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal ahora Ciudad de México.

Por lo que consideró que el delegado de las autoridades tercero interesadas mencionadas, en su carácter de subdirector de lo Contencioso y Amparo "C" de la Dirección de lo Contencioso y Amparo de la Coordinación Jurídica de la Dirección General del Instituto de Verificación del Distrito Federal, no tenía legitimación para interponer recurso de revisión en amparo indirecto por lo siguiente:

• Sostuvo que la autoridad tercero interesada sólo puede señalar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que la designación de delegados constituye sólo una autorización para intervenir en el juicio y en las siguientes instancias, pero no constituye una regla de representación de aquellas autoridades tercero interesadas.

• Señaló que el artículo 10 de la Ley de Amparo establece una norma de remisión específica para establecer cómo se llevará a cabo la representación del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad cuando les asista el carácter de tercero interesado o bien, de quejoso, para lo cual remite a las reglas de representación del diverso artículo 9o. que regula específicamente la forma en que serán representadas las autoridades responsables, sin que pueda hacerse extensiva a la designación de delegados, pues ésta no constituye una regla de representación conforme a las leyes y reglamentos aplicables para la misma, ya que el delegado sólo es un autorizado para intervenir en el juicio de amparo en los términos que señala la propia ley de la materia.

• Para lo anterior, retomó las consideraciones que empleó esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 273/2011 de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FACULTAD QUE TIENEN PARA PROMOVER LOS INCIDENTES Y RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO NO CONLLEVA LA DE DESISTIR DE ELLOS."(2)

• Por lo que consideró que el delegado que designaron las autoridades terceras interesadas no tenía legitimación ya que se debía nombrar conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, proporcionando los datos de si se encontraba legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.

• De acuerdo con lo anterior, sostuvo que el delegado no acudía como representante legal de las autoridades tercero interesadas porque dicha designación como delegado era incompatible con la autorización a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que carecía de legitimación para interponer el recurso.

• De estas consideraciones derivó la tesis «(I Región)4o.5 K (10a.)»: "REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO."

Las consideraciones del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito para resolver la mencionada contradicción de criterios fueron las siguientes:

a) Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario, o de trabajo; por tanto, si el acto reclamado emana de un juicio contencioso administrativo en el cual el actor es el promovente del amparo, la autoridad demandada tendrá el carácter de tercero interesada.

b) Para determinar qué reglas de representación le aplican a la autoridad tercero interesada, se debe tomar en cuenta su naturaleza jurídica, que es la de una persona jurídica, sujeta a las leyes y reglamentos respectivos en lo que se refiere a su existencia, estructura, organización y funcionamiento.

c) El artículo 9o. de la Ley de Amparo establece cómo debe llevarse a cabo la representación de las autoridades responsables; fija como primera regla que su representación o sustitución para todos los trámites en el amparo se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, lo que implica que se sigan las prescripciones relativas a su representación y a su sustitución, de acuerdo con las normas de carácter orgánico.

d) El segundo párrafo del artículo mencionado alude a la forma de representar en el amparo al presidente de la República. Mientras que el que le precede se refiere a los órganos legislativos federales, de los Estados y de la Ciudad de México, así como a los gobernadores y al jefe de gobierno, a los procuradores y a los titulares de las dependencias de las administraciones federal, estatales o municipales; así como que el último párrafo del mismo artículo prevé que cuando un particular tenga el carácter de autoridad responsable podrá comparecer por sí mismo, por medio de representante legal o a través de un apoderado.

e) El artículo 10 de la Ley de Amparo establece que el quejoso y el tercero interesado acreditarán la representación en los términos previstos por la misma legislación, pero que en los casos no previstos para justificar la personalidad, se atenderá a lo dispuesto por la ley que rija el acto reclamado; y cuando ésta tampoco lo prevea, se estará a lo señalado en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

f) En el caso en que el tercero interesado sea una autoridad, se entiende la remisión a la disposición contenida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual la representación de la autoridad responsable se acreditará atendiendo a dos prescripciones generales: i) en términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; y, ii) los titulares de las dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno, así como los órganos legislativos, los gobernadores y el jefe de gobierno, los procuradores de la República y de las entidades federativas podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos relativos les otorguen esa atribución, o bien, por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.

g) Adicionalmente el mencionado artículo permite a toda autoridad responsable acreditar por medio de oficio, delegados que concurran a audiencias, rendir pruebas, alegar, hacer promociones e interponer recursos.

h) El propósito del legislador de permitir que en los juicios de amparo las autoridades, ya sea que intervengan como responsables o con alguna otra calidad, como ocurre en los casos en que les corresponda el carácter de tercero interesadas, puedan ser representadas o sustituidas en términos de su normativa orgánica, por lo cual en su representación puede acudir el servidor público que en su audiencia puede actuar por ella, lo que comprende a los titulares de sus oficinas de asuntos jurídicos cuando así se encuentre dispuesto en sus leyes o reglamentos. De esa manera se prevé que den cumplimiento a las obligaciones que derivan de los juicios de amparo, sin que se afecte el deber de atenderlas en forma directa. Asimismo podrán designar o acreditar delegados.

i) Se debe atender a la naturaleza del sujeto del que se trata, por lo que cuando el tercero interesado sea una autoridad, aplica la regla de que pueda ser representada con arreglo a la normativa orgánica que se ocupa de señalar quién puede representarla, y que mediante oficio pueda designar delegados, dada la remisión que hace el diverso artículo 10 en el sentido de que "cuando se trata del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior", ya que ese numeral se refiere tanto a la justificación de la representación en el juicio como al ejercicio de ésta mediante la figura jurídica de los delegados.

j) La autoridad que comparece al juicio con el carácter de tercero interesada cuenta con la facultad para designar delegados, quienes expresamente están legitimados para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia del Juez de Distrito sin que sea obstáculo para lo anterior lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, en tanto que prevé que el quejoso y el tercero interesado acreditarán su representación conforme a la ley de la materia, así como lo previsto en el diverso 12 que les faculta para designar autorizados para recibir notificaciones y bajo determinadas condiciones, para promover lo necesario en su defensa, puesto que la interpretación armónica de estas disposiciones conduce a considerar que esta última regla es aplicable a esas partes, salvo en el caso que la calidad del tercero interesado recaiga en una autoridad, para la cual la ley autoriza la acreditación y el ejercicio de la representación en la forma señalada por el primer párrafo del artículo 9o. de la citada legislación, esto es, en términos de las disposiciones legales y reglamentarias que le resulten aplicables, y que en todo caso, por medio de oficio, podrán acreditar delegados.

k) Para ello se apoyó en las jurisprudencias 2a./J. 191/2009 y 2a./J. 17/2007, de rubros: "RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA EN EL JUICIO DE AMPARO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUÉL A NOMBRE DE DICHO FUNCIONARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTES ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 18 DE MARZO Y 17 DE ABRIL DE 2009)."(3) y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTÁN LEGITIMADOS EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE ENERO DE 2003)."(4)

De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia PC.I.A. J/92 A (10a.), de título, subtítulo y texto:

"REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES TERCERO INTERESADAS ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNAR DELEGADOS Y ÉSTOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER ESE RECURSO. Acorde con el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo, enmarcado en las disposiciones fundamentales relacionadas con la capacidad y la personería en los procedimientos del juicio de amparo, la representación correspondiente a las autoridades diversas de las responsables, se sujetará a lo establecido para éstas en el párrafo inicial del artículo 9o. del mismo ordenamiento jurídico, que alude tanto a la forma de acreditar la representación, como a la autorización para designar delegados, quienes cuentan con facultades para concurrir a las audiencias, en las que pueden rendir pruebas, alegar, hacer promociones e interponer recursos. Por otra parte, en el primer párrafo del numeral mencionado en primer término, se consigna que los quejosos y los terceros interesados acreditarán su representación en términos de la ley invocada, y en el numeral 12 se les autoriza para designar autorizados para recibir notificaciones y, bajo determinadas condiciones, para promover lo necesario en su defensa. De estas prescripciones no se advierte la regla aplicable para el supuesto en que sea una autoridad en quien recaiga el carácter de tercero interesada; de ahí que de una interpretación armónica de las disposiciones citadas y en virtud de la naturaleza jurídica de las partes, se colige que las autoridades están facultadas para acreditar y ejercer la representación en la forma señalada por el primer párrafo del artículo 9o. referido, lo que comprende la facultad para designar delegados, y se determina la legitimación de éstos para impugnar la sentencia dictada en un juicio de amparo, mediante el recurso de revisión."(5)

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Ahora, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los órganos contendientes y para tal propósito, importa destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010 los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(6)

La citada jurisprudencia establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

De la jurisprudencia transcrita, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes –antes descritas–, esta Segunda Sala advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que los órganos contendientes examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en la legitimación de los autorizados para representar a las autoridades con el carácter de tercero interesadas en un recurso de revisión y llegaron a conclusiones distintas.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito afirmó que la autorizada de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (autoridad tercero interesada) estaba legitimada para hacer valer el recurso de revisión interpuesto, ya que de conformidad con los artículos 9o. y 10 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podían ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, además de que, por medio de oficio podían acreditar delegados para concurrir a las audiencias e interponer recursos.

Asimismo, destacó que de conformidad con dichos numerales la representación del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad, cuando comparezcan en calidad de terceros interesados, se deben de aplicar las reglas del artículo 9o. de la referida ley, esto es, la facultad de designar delegados.

Sin embargo, sostuvo que no existía impedimento para que la autoridad tercero interesada designara autorizados y éstos a su vez pudieran interponer recursos, toda vez que esa facultad la tiene el propio delegado.

En cambio, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 28/2016 determinó que en los amparos en revisión las autoridades tercero interesadas únicamente están facultadas para designar delegados y éstos están legitimados para interponer ese recurso, sin que sea obstáculo para lo anterior lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, en tanto que prevé que el quejoso y el tercero interesado acreditarán su representación conforme a la ley de la materia, así como lo previsto en el diverso 12 que les faculta para designar autorizados, puesto que la interpretación armónica de estas disposiciones conduce a considerar que esta última regla es aplicable a esas partes, salvo en el caso que la calidad del tercero interesado recaiga en una autoridad, para la cual la ley autoriza la acreditación y el ejercicio de la representación en la forma señalada por el primer párrafo del artículo 9o. de la citada legislación, esto es, en términos de las disposiciones legales y reglamentarias que le resulten aplicables, y que en todo caso, por medio de oficio, podrán acreditar delegados.

En el caso se configura la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que:

a) Los órganos contendientes se pronunciaron sobre un mismo tema jurídico relativo a la legitimación de los autorizados (designados por la autoridad tercero interesada) para interponer recursos de revisión.

b) Al pronunciarse sobre esa temática el Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 17/2019, concluyó que no existía impedimento para que la autoridad tercero interesada designara autorizados en el juicio de amparo, para que éstos a su vez pudieran interponer algún recurso de revisión.

Por su parte, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que la autoridad que comparece al juicio de amparo con el carácter de tercero interesada no cuenta con la facultad para designar autorizados.

Como se obtiene de la anterior narrativa, es posible concluir que en el caso sí existe la contradicción de tesis y que el punto jurídico consiste en determinar si las autoridades tercero interesadas pueden designar autorizados y si éstos, a su vez, tienen legitimación para interponer recursos de revisión.

QUINTO.—Estudio. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.

A fin de dar solución a la presente contradicción, es necesario examinar, los siguientes temas:

• Partes en el juicio de amparo: "quejoso y autoridad"

• La representación de las partes en el juicio de amparo

• Designación de autorizados y delegados

1. Partes en el juicio de amparo

1.1. Quejoso

Es la persona física o moral que, por sí o por su representante, puede promover la acción de amparo, cuando se le ha causado una lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica, en virtud de la aplicación de una ley, de un acto o de una omisión de autoridad.

Así, cualquier gobernado que se sienta lesionado por algún acto de autoridad en sus derechos humanos, tendrá derecho a pedir a las autoridades competentes que se inicie un juicio de amparo, para resarcir el daño que se le haya ocasionado por la aplicación de una ley, de un acto o de una omisión. Los sujetos que pueden promover una demanda de amparo que adquieren, por ende, la calidad de quejosos son:

• Personas físicas

• Personas morales privadas

• La Federación, los Estados, los Municipios o cualquier persona moral pública, cuando la norma general, un acto u omisión los afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares

• Los menores de edad, personas con discapacidad o mayor sujeto a interdicción

1.2. Autoridades

Son personas morales oficiales, entes creados, en virtud de una ley que cumplen una función pública y que en el ejercicio de la misma adquieren obligaciones y derechos.

La persona moral oficial puede actuar con imperio (ser autoridad) cuando cumple la función que le está encomendada en la ley, teniendo una relación de supra a subordinación con los gobernados; pero puede actuar también sin imperio, cuando está en una relación de igualdad o cuando el acto jurídico que realiza no persigue la finalidad pública para la que fue creada.

Por ejemplo, cuando el Poder Judicial a trav

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29120-65fd9f6f/autorizados-en-el-juicio-de-amparo-las-autoridades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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