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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. CUENTAN CON ELLA LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN TÉRMINOS AMPLIOS POR EL DEFENSOR QUE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA IMPUTADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 28/2023. · Registro digital (IUS): 31741
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo II, Pág.2177.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 28/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTES: MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 28/2023, entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por parte del defensor de una persona imputada, cuenta con legitimación para interponer recursos en el juicio de amparo.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés esta Suprema Corte tuvo por recibido el escrito de **********, autorizado del señor **********, defensor de la señora ********** en el incidente de revisión **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte).

2. Mediante dicho documento denunció la posible contradicción de criterios existente entre dicho tribunal y las posturas sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte), sobre si el autorizado del defensor de una persona imputada cuenta con legitimación para recurrir una sentencia de amparo indirecto en materia penal.

3. Admisión y turno. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, la presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente 28/2023. Asimismo, admitió a trámite la denuncia presentada y determinó que, por razón de la materia, la competencia para conocer del caso corresponde a esta Primera Sala. Por ello ordenó la integración del asunto y envió los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.

4. A su vez, se determinó que el promovente está legitimado para realizar la denuncia de contradicción de criterios, pero esa circunstancia no impide dividir la competencia para conocer de dicha denuncia, pues se advirtió que este Alto Tribunal carece de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la misma región.

5. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y conforme con lo señalado en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y los diversos numerales 2 y 4 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1)

6. Así, con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 67/2022, en relación con lo previsto en el numeral 1, fracción I, inciso 1, del Acuerdo General 108/2022, dado que, por una parte, la aparente contradicción se suscita entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, ambos de la Región Centro-Norte, el órgano competente por región y materia es el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.(2)

7. Por tanto, se estableció que el análisis de la posible contradicción de criterios se admite únicamente respecto de los criterios emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el amparo en revisión 34/2014, en contra del criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte), al resolver el recurso de queja 106/2015.

8. Avocamiento y vigencia de los criterios. El primero de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el avocamiento del asunto y tuvo por recibidos los autos de la contradicción de criterios que nos ocupa.

9. En esa misma fecha, se enviaron los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del País;(3) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(4) así como 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo Plenario Número 1/2023,(6) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diversas regiones, por tratarse de un asunto de orden penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala, sin que se adviertan motivos para la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

11. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política del País y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del autorizado del defensor de la parte quejosa en una ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte), que si bien dicha ejecutoria no contiende en esta contradicción de criterios por los motivos antes expuestos, lo cierto es que dio pie a que esta Suprema Corte se pronuncie en un asunto en materia penal con aparente tema de contradicción.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Para una mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de los principales argumentos que sustentaron las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos criterios forman parte de la denuncia presentada en este caso.

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), en el recurso de revisión 34/2014

13. Causa penal **********. Al señor ********** le fue instruido un proceso penal tradicional por la comisión del delito de defraudación fiscal, previsto y sancionado en el artículo 108, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.(8)

14. Incidente no especificado. El primero de febrero de dos mil doce, el señor ********** por medio de su defensor particular **********, solicitó al Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, la suspensión de la obligación de acudir de manera mensual a firmar el libro de control de procesados en libertad bajo caución, en atención a su estado de salud.(9)

15. Mediante resolución interlocutoria de cuatro de octubre dos mil trece el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, declaró infundado el incidente no especificado.

16. Demanda de amparo indirecto. En contra de dicha resolución, el veintiocho de octubre de dos mil trece, el señor ********** por medio de su defensor particular ********** promovió un juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco y lo registró con el número de expediente **********.

17. En el escrito de demanda se autorizó para todos los efectos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en derecho ********** y **********, así como al señor **********, entre otros.

18. Sentencia de amparo indirecto. Mediante resolución de veintisiete de diciembre de dos mil trece, el referido Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que negó el amparo, en esencia, por las siguientes consideraciones:

a) El señor ********** goza de la capacidad física y mental necesarias para presentarse a cumplir con la obligación de firmar en el libro de procesados bajo caución, pues no quedó demostrado que sufra de una enfermedad que le impida hacerlo.

b) Es cierto que se acreditó que padece hepatitis e insuficiencia hepática a consecuencia del alcoholismo crónico y que esas enfermedades le ocasionan crisis de ansiedad y convulsivas secundarias, las cuales se agudizan por la obligación de comparecer a las presentaciones periódicas al juzgado del proceso de acuerdo con la evaluación clínica de laboratorio y de gabinete practicados al señor **********.

Sin embargo, esas opiniones no justifican la necesidad de que el señor ********** sea eximido del deber de sus presentaciones al órgano jurisdiccional del proceso, a la firma del libro del control de sentenciados en libertad con el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

c) Lo anterior, porque la carga de cumplir con las obligaciones procesales del señor **********, no es discrecional ni contraria a derechos humanos, ya que el padecimiento del inculpado deviene de su alcoholismo y no de las obligaciones que le fueron impuestas para quienes son procesados y se encuentran en libertad provisional bajo caución.

19. Recurso de revisión 34/2014. Inconforme con la resolución anterior, **********, en su carácter de autorizado del defensor particular ********** interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el cual, en resolución de veinte de marzo de dos mil catorce desechó ese medio de impugnación con base en las siguientes consideraciones:

a) En la admisión de la demanda no quedó claro qué tipo de autorización de las que regula el artículo 12 de la Ley de Aparo se dio al recurrente **********.

b) Con independencia de lo anterior, el artículo 12 de la Ley de Amparo no establece que los defensores de una persona procesada puedan autorizar a otros profesionistas para que intervengan en los juicios de amparo y promuevan en favor de sus defendidos; por el contrario, dispone que el autorizado no podrá sustituir o delegar las facultades que se le confieren a un tercero.(10)

c) No existe disposición legal que faculte a un tercero, como es el defensor particular de una persona procesada, para que pueda autorizar en un juicio de amparo a otros profesionistas y que éstos procedan en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

d) Tal conclusión, no contraviene el principio pro homine contemplado en el artículo 1o. de la Constitución Política del País. Apoyó sus consideraciones la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA."(11)

e) Por ello, el promovente carece de legitimación activa para interponer el recurso de revisión, porque ese medio de impugnación está reservado en forma expresa para los autorizados del quejoso o del tercero interesado en términos del artículo 12 de la legislación invocada, y no para los que autoricen. Apoyó sus consideraciones en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO."(12)

20. Al respecto, el Tribunal Colegiado emitió la tesis aislada III.2o.P.55 P (10a.), de tema: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CARECE DE ELLA EL AUTORIZADO POR EL DEFENSOR PARTICULAR DEL INCULPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA."(13)

21. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al rendir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de criterios, comunicó que su criterio sigue vigente.

B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte), correspondiente al recurso de queja 106/2015

22. Atención médica. El señor ********** es una persona procesada en el sistema penal tradicional y se encuentra privado de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en el Estado de México.

23. Demanda de amparo indirecto. El veintiocho de mayo de dos mil quince, el señor **********, por medio de su defensor particular **********, promovió un juicio de amparo indirecto, en el que reclamó que al interior del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano", en el Estado de México, el señor ********** mostró cambios en detrimento de su salud, mismos que hizo notar a las autoridades del citado Centro de Readaptación; sin embargo, no se ordenó, ni se permitió su atención médica.

24. Del juicio de amparo conoció el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el entonces Distrito Federal y lo registró con el número de expediente **********.

25. En el escrito de demanda se autorizó en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en derecho **********, **********, entre otros, así como a la pasante de derecho **********.

26. Admisión y trámite. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince, dicho Juez de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó que las autoridades responsables emitieran su informe justificado.

27. Seguida la secuela procesal, al rendir sus informes justificados, las autoridades penitenciarias señaladas como responsables negaron la existencia de los actos reclamados y remitieron copia certificada de la nota médica y cárdex de diversos medicamentos para acreditar que brindaron atención médica al quejoso.

28. Ofrecimiento de prueba. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil quince, el señor **********, quien es el autorizado del defensor particular **********, ofreció como prueba la pericial médica a cargo de un profesionista en medicina que designara dicho juzgado.

29. Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil quince el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal desechó la pericial ofrecida.

30. Recurso de queja 106/2015. Inconforme, el señor **********, autorizado del defensor particular **********, interpuso recurso de queja del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Dicho órgano jurisdiccional, en resolución de doce de noviembre de dos mil quince declaró fundado el recurso y revocó el acuerdo impugnando con base en las siguientes consideraciones:

a) El recurso deviene procedente, en tanto que la persona que lo interpone cuenta con legitimación para hacerlo.

b) Una excepción al principio de instancia de parte y agravio personal y directo, deviene en materia penal, puesto que en esta hipótesis, el defensor puede promover en nombre y representación del quejoso el juicio de amparo y sin mayores imitaciones que las que la propia ley de la materia establece.

c) Así, cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, el defensor del quejoso, por disposición de la ley, cuenta con legitimación procesal activa o ad procesum, entendiéndose por ésta la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio de amparo y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercido en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio.

d) La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular (como en el caso del defensor en materia penal).

e) El defensor del señor **********, cuenta con capacidad para autorizar a un tercero a continuar con los actos procesales inherentes a la adecuada defensa del directamente agraviado, para los efectos del juicio constitucional, pues resulta innegable que si la Ley de Amparo legitima al defensor para accionar el juicio constitucional, desde luego, le asigna la facultad de señalar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo contrario, implicaría ir en contra de la teleología de dicha disposición.

f) Así, la naturaleza jurídica del defensor en materia penal y del autorizado para los efectos del juicio de amparo, resulta distinta.

g) Lo anterior, porque el defensor se encuentra por disposición de ley legitimado para accionar el juicio de amparo en nombre del quejoso, con todas las facultades que esto implica, incluyendo autorizar a cualquier persona con capacidad legal, para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del agraviado.

h) Es decir, el defensor de una persona inculpada quejosa actúa en su nombre y representación.

i) Por su parte, el autorizado actúa por virtud de la designación de la que fue objeto; es decir, sólo tiene el carácter de representante procesal, quien no puede sustituir o delegar sus facultades en un tercero.

j) Por otra parte, validó el desechamiento de la prueba ofrecida en el juicio de amparo.

31. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al rendir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de criterios, comunicó que su criterio sigue vigente.

32. Ahora, para definir si existe o no contradicción de criterios en las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes, conviene insertar el siguiente cuadro del cual es posible advertir, de manera sintética, las decisiones adoptadas al resolver los recursos de revisión cuyas ejecutorias participan en este asunto:

Ver decisiones

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

33. Expuesto lo anterior, procede analizar si se actualizan los mencionados requisitos entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 34/2014, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 106/2015.

34. Para determinar si existe la contradicción de criterios planteada, y en su caso, resolver el criterio jurídico que debe prevalecer en aras de salvaguardar la seguridad jurídica que debe permear en este tipo de asunto, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales.

35. En efecto, por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en las posturas adoptadas por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hubieran emitido tesis o no.(14) 36. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de posturas contrarias y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de criterios sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(15)

37. En este caso es patente la existencia de dos criterios argumentativos desarrollados por distintos Tribunales Colegiados de Circuito de diferente región, los que se emitieron conforme a su arbitrio judicial en donde examinaron un mismo problema jurídico pero arribaron a conclusiones contrarias, por lo que sí se satisfacen los requisitos para que exista la contradicción entre los criterios denunciados.

38. En cuanto al primer requisito, se advierte que ambos órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, específicamente, ejercieron su arbitrio para determinar si el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por parte del defensor que promovió un juicio en representación de una persona imputada, cuenta con legitimación para interponer recursos en el juicio de amparo.

39. Respecto al segundo requisito relativo a la existencia de un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, también se surte.

40. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar un recurso de revisión estableció que una persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por parte del defensor de una persona imputada, no tiene legitimación para interponer un recurso, pues el defensor no puede delegar las funciones que le son encomendadas a un tercero.

41. Por el contrario, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver un recurso de queja consideró que un defensor al promover un juicio de amparo en representación de una persona, sí puede designar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que dichos autorizados sí están legitimados para interponer un recurso en el juicio de amparo.

42. Entonces, los Tribunales Colegiados resolvieron asuntos que guardan como origen circunstancias fácticas similares, pues fueron analizados casos en los que tuvo que resolverse si una persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte de un defensor que promovió un juicio de amparo indirecto en representación de una persona imputada, está legitimado o no para promover recursos en el juicio de amparo.

43. Cabe destacar que para llegar a esas conclusiones que son contradictorias, los Tribunales Colegiados no tomaron en cuenta si las personas designadas por el defensor de la persona imputada fueron autorizadas en términos amplios o restringidos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo que da pauta a que este Alto Tribunal pueda problematizar ese aspecto, si es necesario, para resolver este asunto.

44. Tampoco es relevante que un tribunal haya analizado un recurso de revisión y otro una queja, puesto que esos factores tampoco fueron relevantes para emitir sus criterios, por lo que esa circunstancia puede considerarse dentro de una misma categoría, es decir, si la persona autorizada en los términos precisados, puede o no interponer medios de impugnación en los juicios de amparo.

45. En esas condiciones, el tercer requisito se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permite que esta Primera Sala resuelva la siguiente cuestión:

46. Determinar si el autorizado del defensor que promovió una demanda de amparo en representación de una persona imputada cuenta o no con legitimación para interponer recursos en el juicio de amparo.

V. ESTUDIO DE FONDO

47. Precisada la existencia de la contradicción de criterios y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada al final de la presente resolución.

48. Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la construcción de este estudio abarcará los siguientes temas: a) la parte quejosa en el juicio de amparo; b) representación de la parte quejosa; c) designación de autorizados; y, d) solución del problema.

A) Parte quejosa en el juicio de amparo

49. Al respecto, el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ...

"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley."

50. Esta Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 225/2019, ha establecido que la parte quejosa es la persona física o moral que, por sí o por su representante, puede promover la acción de amparo cuando se le ha causado una lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica, en virtud de la aplicación de una ley, de un acto o de una omisión de autoridad.(16)

51. Así, cualquier gobernado que se sienta lesionado por algún acto de autoridad en sus derechos humanos, tendrá derecho a pedir a las autoridades competentes que se inicie un juicio de amparo para resarcir el daño que se le haya ocasionado por la aplicación de una ley, de un acto o de una omisión.

52. Tratándose del juicio de amparo, la parte quejosa puede acudir: a) por sí misma, b) por conducto de un tercero cuando se encuentre imposibilitado para hacerlo,(17) o c) por medio de un apoderado o representante.

B) La representación de la parte quejosa en el juicio de amparo

53. De acuerdo con el citado precedente, la representación es la posibilidad de encomendar facultades a determinada persona para actuar por cuenta del mandante y la posibilidad de las personas para suplir sus limitaciones, ya sea por su falta de capacidad de ejercicio o por la dificultad de actuar al mismo tiempo en diversos lugares, o por la imposibilidad que tienen las personas morales de actuar por ellas mismas.

54. En ese sentido, la representación es el medio del que dispone la ley o una persona capaz, para obtener, utilizando la voluntad de otra persona capaz, los mismos efectos que si hubiera actuado el capaz, o válidamente un incapaz.

55. En ese sentido, hay tres tipos de representación: a) legal, b) voluntaria, y c) la estatutaria o de las personas morales. De esta forma, se entiende por representación legal aquella que establece la ley positiva en forma imperativa para que determinadas personas, fundamentalmente aquellas a quienes se les ha negado la capacidad de ejercicio, puedan hacer valer sus derechos o puedan cumplir con sus obligaciones mediante la actuación de otra capaz.

56. La representación voluntaria es aquel tipo de representación que se produce, no por imperativo legal, sino por la propia voluntad del representado. El supuesto típico es aquel en el que el representado otorga poder al representante para que realice un negocio jurídico en su nombre y por cuenta del mismo (representación directa) aun cuando existe también la posibilidad de que el representante actúe por cuenta del representado pero bajo su mismo nombre (representación indirecta).

57. Finalmente, la representación estatutaria es aquella que permite a los entes jurídicos o personas morales exteriorizarse en la sociedad por virtud de la cual una persona física u otra persona moral quien a su vez se encuentra representada en último término por una persona física, altera con su actuación la esfera jurídica de aquella para hacer posible valer sus derechos o cumplir con sus obligaciones.(18)

58. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, la representación de la parte quejosa se acreditará: i) en los términos previstos en esa norma, ii) en supuestos distintos, la personalidad se justificará en la forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y iii) cuando esta última norma no lo prevenga, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

59. El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que las personas que tienen un representante reconocido ante la responsable podrán promover por sí o por conducto de quien tenga la representación reconocida ante la autoridad de origen y, en este caso, deberán acreditar tal carácter al promover la demanda con el original o copia certificada de alguna actuación entendida o dirigida a esa persona designada como representante.

60. En lo que interesa a este estudio, en materia penal existe una forma de representación especial en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo que literalmente señala:

"Artículo 14. Para el trámite de la demanda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31741-896dfc08/legitimacion-para-interponer-recursos-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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