CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE CUANDO PREVIAMENTE EN UN CONFLICTO POR ACUMULACIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DETERMINÓ EL JUZGADO DE DISTRITO QUE DEBÍA CONTINUAR CON EL CONOCIMIENTO DE LOS JUICIOS DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 36/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2025. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: DIEGO ALEXIS MORALES GÓMEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria presencial de diecinueve de junio de dos mil veinticinco.
SENTENCIA
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial **********.
2. La problemática jurídica establecida al admitir el asunto por este Pleno Regional, consistió en determinar si se actualiza un conflicto competencial en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, cuando un Juez de Distrito sustenta su determinación de incompetencia en el hecho de que un diverso juzgador de distrito fue señalado como autoridad responsable.
3. No obstante, como se indicó desde el acuerdo de admisión para el trámite de este asunto, el tema podría variar una vez estudiada la contradicción de criterios, lo que ocurre en este caso, como será expuesto en el apartado correspondiente.
I. ANTECEDENTES
4. Mediante oficio 36/2025, firmado por la Jueza Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, se denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre lo sustentado por el Tercer y Noveno Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.
II. TRÁMITE
5. En acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticinco, la presidenta de este Pleno Regional radicó el asunto como contradicción de criterios 36/2025; lo admitió a trámite, solicitó a los integrantes de los tribunales contendientes que informaran si el criterio que sustentaban seguía vigente, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado; y que remitieran copia certificada digital de las ejecutorias relativas; además, en caso de apartarse del criterio sostenido, también remitieran la diversa ejecutoria en la que se sustentara el nuevo.
6. Asimismo, pidió que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice para vincularlo con el que se creó en este órgano jurisdiccional.
7. Igualmente, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre el mismo tema y realizó el turno electrónico a la ponencia respectiva.
8. Mediante acuerdos de catorce y veintiuno de abril de dos mil veinticinco, se tuvo al Tercer y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente, informando que su criterio continuaba vigente y por cumplidos los demás requerimientos realizados.
9. Posteriormente, en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, se recibió el informe de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que relató que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del presente asunto.
10. En el mismo proveído se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
11. Conforme al artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Es posible presentarla hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
12. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2024; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2023.
14. Lo anterior, al tratarse de una contradicción entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados, con competencia en materia penal del Primer Circuito, que pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce sus atribuciones.
V. LEGITIMACIÓN
15. La presente denuncia proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.
VI. CRITERIOS EN CONFLICTO
16. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios denunciados, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de cada uno de los asuntos, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
A) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial **********
17. Del expediente electrónico del juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que motivó el conflicto competencial en comento, vinculado al diverso expediente electrónico formado en este Pleno Regional, se advierten las siguientes actuaciones relevantes:
18. Radicación de Amparo. El tres de julio de dos mil veinticuatro, el referido Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México recibió el diverso juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Toluca.
19. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el conflicto por acumulación **********.
20. De acuerdo con las actuaciones del juicio de amparo, el tribunal determinó que el asunto del conocimiento del aludido Juzgado en el Estado de México debía acumularse al ********** del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, que a su vez se ordenó acumular al diverso ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
21. El asunto se remitió al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, para conocer del juicio **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. El primero de los órganos judiciales no aceptó conocer del juicio.
22. En esas circunstancias, el once de julio de dos mil veinticuatro, el último de los juzgados mencionados admitió el asunto **********, convalidó las actuaciones y ordenó continuar con su trámite. En el mismo proveído determinó que ese órgano jurisdiccional debía conocer del asunto.
23. Además, mediante acuerdo dictado el quince de noviembre de dos mil veinticuatro, declinó del conocimiento por considerar que carecía de competencia por territorio, pues del informe justificado de una de las autoridades responsables al admitir la existencia del acto reclamado, se obtuvo certeza de que tendría ejecución en el Estado de México. Con lo cual, el órgano judicial ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito con jurisdicción en aquella entidad.
24. Del asunto conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, donde se radicó como **********, empero, por auto dictado el seis de diciembre de dos mil veinticuatro, no aceptó la competencia planteada y devolvió los autos al juzgado en esta ciudad.
25. Así, por auto dictado el dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, finalmente elevó el conflicto competencial que motivó uno de los criterios contendientes.
26. Solución del conflicto competencial. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, estimó conveniente invocar, como hecho notorio, los autos del diverso conflicto competencial **********, de su propia estadística, de los cuales advirtió que durante la tramitación del juicio de amparo se plantearon distintos conflictos competenciales por acumulación, de los que conocieron el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimoprimer Circuito (**********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimoprimer Circuito (**********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********).
27. El tribunal indicó que lo anterior, obedeció a la presentación de demandas de amparo promovidas por diversos quejosos –en distintas entidades federativas– en las que se reclamó el mismo acto de autoridad: la orden de aprehensión de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Toluca, en la causa penal **********.
28. Para una mayor claridad puede consultarse el siguiente diagrama, en el que se plasman los antecedentes que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito indicó en la ejecutoria que forma parte de esta contradicción de criterios:
Ver diagrama 1
29. Luego de plasmar los antecedentes, el Tribunal Colegiado contendiente determinó que no existía conflicto competencial entre la Jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y la Jueza Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, para conocer del juicio de amparo de origen.
30. Lo anterior, al no actualizarse uno de los requisitos para la existencia del conflicto competencial, esto es, no existía una regla de competencia excepcional prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo como incorrectamente lo consideró la jueza declinante.
31. Para llegar a tal conclusión, el tribunal contendiente primero analizó las reglas de los conflictos competenciales, indicó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 135/2014,(1) señaló cuáles eran los requisitos para tenerlo por actualizado, entre ellos, la existencia de una regla competencial prevista en la ley, que los órganos jurisdiccionales no admitan conocer del asunto y lo remitan al superior jerárquico que deba de resolver el conflicto; esto, conforme al artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)
32. Precisó que en el caso concreto, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México afirmó la actualización de la regla especial prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, que constituye un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el diverso 37 del mismo ordenamiento legal.
33. Sin embargo, el Tribunal Colegiado adujo que la interpretación que realizó la jueza declinante de esas disposiciones resultaba jurídicamente incorrecta. Para ello, realizó un análisis de la legislación vigente y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
34. En lo toral, el tribunal sostuvo que la competencia por territorio está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en donde se establece que será competente el juzgado que tenga jurisdicción en el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado.
35. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia territorial, mientras que el diverso numeral 38 del mismo ordenamiento, contempla una excepción a tales reglas, esto es, cuando el juicio se promueve contra actos de un Juez o Jueza de Distrito, el competente será otro del mismo circuito y especialización, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito que pertenezca.
36. El tribunal contendiente reseñó el trámite que debe seguirse en los casos a que se refiere el último de los supuestos señalados, es decir, cuando el Juez de Distrito que conoce del juicio de amparo es señalado como autoridad responsable.
37. Luego de ello, consideró que en el caso en estudio, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México no había tenido intervención en la emisión del acto reclamado –orden de aprehensión librada por un juzgador en Toluca, Estado de México– por ende, no se actualizaba el contenido del artículo 38 de la Ley de Amparo.
38. Con lo cual el tribunal concluyó que no se cumplían los extremos para la existencia de un conflicto competencial, dado que no se actualizaba la regla de competencia –como primero de los requisitos–.
39. Por otro lado, el tribunal contendiente consideró insoslayable que el juicio de amparo de origen estaba acumulado a otros, lo que obedeció a una determinación de un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un diverso conflicto por acumulación.
40. Para dar claridad a las consecuencias jurídicas de tal circunstancia, el tribunal contendiente puntualizó que la acumulación de autos no implicaba la fusión de los litigios ni la confusión de las pretensiones de los quejosos. Los litigios constitucionales conservaban su individualidad. La finalidad de la acumulación residía en concentrar litigios distintos y, por economía procesal, resolverlos conjuntamente en una sola audiencia constitucional y mediante una única sentencia, lo cual evita que se dicten resoluciones contradictorias.
41. Explicó también que, en el caso de la acumulación de autos de dos o más juicios de amparo indirecto, el régimen general de substanciación de cuestiones incidentales resolvía el supuesto de acumulación. En el caso de que los juicios de amparo indirecto que se pretendía acumular se tramitaran ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios distintos, consideró que los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo resultaban igualmente aplicables, aunque era necesario, además, atender en lo conducente a los artículos relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concreto el 74.
42. Igualmente, consideró que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la necesidad de aceptar la posibilidad de dar trámite y resolución a la acumulación de autos en dos o más juicios de amparo indirectos que se encuentren en trámite, obedecía a una cuestión práctica cuando existen diversos juicios en los que se reclama el mismo acto atribuido a idéntica autoridad, ya sea ante el mismo o diferente juzgador, por lo que en esos casos, resulta conveniente, por economía procesal, dar curso y sustanciar a petición de parte o de oficio –a juicio del juzgador–, si lo resuelve de plano o en el procedimiento incidental a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Amparo, para determinar si se reúnen o no los requisitos que para la acumulación establece el referido artículo 72 del Código supletorio.
43. El tribunal invocó las jurisprudencias de rubro: “ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL.”(3) y “ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES.”(4)
44. Asimismo, abundó que al resolver la diversa contradicción de tesis 68/2020, en el sentido de que el Alto Tribunal también emitió consideraciones en torno a la figura procesal de la separación de autos en el juicio de amparo y su vinculación con la acumulación.
45. Apoyó su criterio en la jurisprudencia de rubro: “SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS CONFLICTOS, BAJO LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA ACUMULACIÓN.”(5)
46. Bajo las premisas anteriores, el Tribunal Colegiado determinó que si durante la secuela procesal del juicio de amparo de origen se agotó el procedimiento que culminó con la decisión del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca, de ordenar la acumulación de juicios y fuera el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México quien continuara con el conocimiento de los asuntos; era claro que tal determinación sí implicaba un impedimento jurídico material para que se planteara un conflicto de competencia.
47. Lo anterior, porque el juicio del que derivó la ejecutoria estaba acumulado con otros en virtud de una decisión judicial firme, esto es, que se había determinado su conexidad con otros litigios distintos originalmente tramitados por separado, pero dada la identidad y vinculación que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de Oaxaca advirtió, se buscaba resolver en una misma sentencia y por un mismo juzgador, en este caso, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
48. De ahí que no era correcto afirmar que la decisión judicial de acumulación de juicios fuera ajena al tema de competencia —respecto del cual la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal consideró no estar vinculada— y precisó que conforme lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia del órgano jurisdiccional era un presupuesto procesal material que debía considerar el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, al momento de resolver la acumulación.
49. Invocó como sustento a su criterio, la jurisprudencia de rubro: “ACUMULACIÓN DE JUICIOS. PRESUPUESTOS MATERIALES PARA SU PROCEDENCIA.”(6)
50. Explicó que en todo caso, antes de plantear la incompetencia legal, primero debía agotarse el procedimiento inverso que colocó al juicio de amparo en esa situación; es decir, la separación de los autos conforme a las mismas reglas, interpretadas a contrario sensu, de la acumulación de juicios.
51. Esto porque si el juicio estaba acumulado a otros, con el claro propósito de que todos se resolvieran en una misma sentencia, no era jurídicamente correcto pretender un planteamiento de incompetencia individual, como lo realizó la jueza requirente.
52. Aunado a que en ese momento, no habían razones jurídicas diversas a las apreciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de Oaxaca al resolver el conflicto de acumulación —y competencia, como presupuesto material de aquella— para que conociera de los asuntos acumulados la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en esta ciudad.
53. En ese contexto, por las razones expuestas, el tribunal contendiente determinó que no existía conflicto competencial entre la jueza requirente y la jueza requerida, por lo que debía continuar con el conocimiento del asunto la juzgadora en la Ciudad de México.
B) Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial **********
54. De la ejecutoria respectiva, se advierten los siguientes antecedentes relevantes del caso: 55. Juicio de Amparo. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.
56. El asunto se remitió al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, donde se radicó bajo el número de expediente **********.
57. En el trámite del asunto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de Juez de Control, aceptó el acto reclamado e informó de diversos juicios de amparo promovidos por distintos quejosos, relacionados a la causa penal de origen.
58. El treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, el juzgado en comento consideró que el conocimiento del juicio correspondía a su homólogo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en atención a que los actos reclamados emanaban de la misma carpeta de investigación, origen de la causa penal **********, materia del juicio de amparo **********, de su índice, promovido con anterioridad, por lo que ordenó su remisión.
59. En auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, recibió el expediente, lo registró con el número ********** y convalidó las actuaciones realizadas por su homólogo.
60. Posteriormente, el quince de noviembre de dos mil veintitrés, se propuso la acumulación del referido juicio de amparo al **********, promovido por un diverso quejoso, radicado en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca.
61. El Juzgado de Oaxaca no admitió la acumulación, lo que dio origen al Conflicto de Acumulación **********, que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito.
62. Mediante resolución de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, se determinó declarar procedente la acumulación de los juicios constitucionales, y se ordenó que fuera el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien debía continuar con el conocimiento de los asuntos, por lo que quedó radicado como amparo indirecto **********, de ese juzgado.
63. Luego, la referida Jueza advirtió que en el informe justificado respectivo en el juicio de amparo, el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control de Toluca, Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado, esto es, haber girado la orden de aprehensión.
64. Por ende, determinó carecer de competencia legal, al considerar que ésta debía recaer en un Juez del mismo Distrito y Especialización con competencia en Toluca, Estado de México. En consecuencia ordenó la remisión de las constancias al juzgador respectivo.
65. El asunto lo recibió la Jueza Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien por auto de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, registró el juicio con el consecutivo ********** y no aceptó la competencia, con lo cual, ordenó la devolución del asunto.
66. El diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México insistió en carecer de competencia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para que resolviera lo conducente.
67. Para dar mayor claridad a lo narrado en la ejecutoria, respecto del conocimiento del juicio de amparo de origen, se inserta el siguiente diagrama:
Ver diagrama 2
68. Conflicto competencial. El Tribunal Colegiado contendiente indicó que en el caso se materializaba un conflicto competencial, atento a que los juzgados contendientes expusieron diversas razones para no conocer del juicio de amparo promovido por el quejoso, ya que se actualizaba el primer supuesto del conflicto competencial, en términos del artículo 106 de la Constitución Federal.
69. Lo anterior, porque estaban involucradas dos juzgadoras del mismo fuero (federal) que conocen de igual materia (amparo), y ambas consideraron carecer de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa.
70. El Tribunal contendiente refirió que la Jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México insistió en carecer de competencia para continuar conociendo del asunto, bajo la premisa de que el acto reclamado fue emitido por un Juez de Distrito y conllevaba a que se aplicara la regla especial que prevé el artículo 38 de la Ley de Amparo.
71. Dijo que la regla en comento consistía en que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el diverso 37 del citado ordenamiento, que atiende a que la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea también un Juez de Distrito.
72. El tribunal estableció que la declinación de competencia por parte de la mencionada Juez Segundo de Distrito no podía sustentarse en el artículo 38 de la Ley de Amparo, al no darse los supuestos de excepción que señala.
73. Expuso que en el caso en estudio, en la demanda de amparo inicial, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los jueces federales del segundo circuito, especializados en el Sistema Penal Acusatorio; de ahí que, no se encontraba dentro de las hipótesis de aplicación el criterio en análisis, ya que no se señaló a un Juez de Distrito de la misma especialización como responsable.
74. Además, el Tribunal realizó un análisis sobre el contexto legal y jurisprudencial de las reglas competenciales, y precisamente advirtió la aplicación del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que es competente del juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución.
75. Dijo que si bien era cierto que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que agentes de la policía acudieron a su domicilio localizado en la Ciudad de México; también lo era, que la referida autoridad policiaca, en su informe aceptó que recibió para su ejecución la orden de aprehensión, por lo que era procedente desestimar que esa sola manifestación era suficiente para dotar de competencia al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en esta entidad.
76. Adicionó el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.”(7)
77. Sin embargo, no la consideró aplicable en el caso particular, toda vez que dicho criterio se refiere a la recién presentación de la demanda de amparo en donde se carece de datos ciertos respecto del acto del que se duele la parte quejosa, por lo cual, se requiere, en su defecto, de la aclaración en los términos que la propia se contrae.
78. El tribunal contendiente concluyó que quien debía conocer del amparo, era el Juez de Distrito que tuviera jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado tuviera ejecución, que resultó ser el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.
79. Afirmó lo anterior, al resultarle innegable que se tuvo por cierto el acto reclamado por parte del juez de Distrito responsable Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano); de ahí que de ejecutarse el acto reclamado, quedaría a su disposición el justiciable, precisamente en donde esa autoridad ejerce jurisdicción, esto es, en Toluca, Estado de México.
80. Finalmente, hizo referencia a la determinación emitida en el conflicto de acumulación **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito.
81. El Tribunal contendiente precisó que si bien, la jueza de Distrito en esta ciudad contaba con el asunto de mayor antigüedad; tal cuestión de manera alguna, podía traducirse que con ello, se determinó su competencia, tan es así, que acorde con el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el acto reclamado habría de ejecutarse en el lugar donde tiene jurisdicción el Juez del Sistema Penal Acusatorio emisor del mencionado acto privativo de libertad.
VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
82. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
83. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
84. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis aislada de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”(8) y la jurisprudencia “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”(9)
85. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la ne
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33436-7517b406/conflicto-competencial-es-inexistente-cuando-previamente-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO ES OBLIGATORIO AGOTARLA CONTRA LAS OMISIONES DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DENTRO DE UNA CONTROVERSIA JU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUZGADOS FEDERALES DE DIVERSA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL C (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL. NO ES NECESARIO NOTIFICAR PERSONALMENTE EL ACUERDO QUE SEÑALA FECHA PARA SU DESAHOGO CON LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA CONFIRMACIÓN DEL AUTO QUE FIJA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE DEBATE, FUERA DE LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN EL ARTÍCU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTRADICCIONES DE CRITERIOS ENTRE LOS EXTINTOS PLENOS DE CIRCUITO. SE SURTE EN FAVOR DEL PLENO REGIONAL CON JURISDICCIÓN EN LA REGIÓN A LA QUE PERT (PR.P.CN.5 K (11a.))
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA ENTRE UN PLENO REGIONAL Y UN PLENO DE CIRCUITO DE LA MISMA REGIÓN, AL PREVALECER EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMERO RESPE (1a./J. 55/2025 (11a.))
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENUNCIANTE PERTENECE A UNA REGIÓN DIST (PR.A.C.CN.1 K (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis