QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO ES OBLIGATORIO AGOTARLA CONTRA LAS OMISIONES DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DENTRO DE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 120/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: IRMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria presencial de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, se emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver los recursos de queja 118/2024 y 49/2024, respectivamente.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los tribunales colegiados contendientes, a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.
I. ANTECEDENTES
3. Mediante oficio 7608, signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, remitió la sentencia dictada en el recurso de queja 118/2024 en la que los integrantes de dicho órgano jurisdiccional denunciaron la presente contradicción de criterios.
II. TRÁMITE
4. En acuerdo de presidencia de dos de julio de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la misma; se ordenó la creación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 120/2024, se requirió a los órganos jurisdiccionales contendientes para que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice, para poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional (número 35928938 del expediente único nacional [NEUN]), mediante la herramienta denominada "Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen"; asimismo, se le solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito que informara si el criterio que sustentó seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, además como el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del citado Circuito denunció la presente contradicción, se presumió la vigencia de su criterio, por lo que únicamente se le pidió que, en caso de que durante el trámite de la misma, este fuera superado o abandonado, lo informara, así como que señalara las razones que apoyaran la consideración respectiva y remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria correspondiente.
5. También, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre la materia que nos ocupa y se realizó el turno electrónico a la ponencia respectiva.
6. En proveído de diez de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito informando que su criterio continuaba vigente.
7. El uno de agosto del año que transcurre se tuvo por recibido el comunicado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que informó que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema del que versa el presente asunto y toda vez que la Secretaria de Acuerdos de este órgano jurisdiccional certificó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, vinculó el expediente electrónico del recurso de queja 118/2024 de su índice con el que se creó en este Pleno Regional, se le tuvo por cumplida la solicitud que se le hizo en el auto de admisión; en consecuencia, se confirmó el turno de la presente a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
8. Del diecinueve de agosto al cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, con motivo de la suspensión parcial de labores (sólo atención de casos urgentes) organizada por las y los trabajadores, así como juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación, este Pleno Regional se encontraba imposibilitado para efectuar el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, a partir del seis de noviembre de la citada anualidad se determinó la reanudación total de las labores.
9. El dos de diciembre de dos mil veinticuatro, a través del oficio SEADS/4139/2024, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno de dicho órgano, en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de esa misma anualidad, aprobó la comisión temporal de la Magistrada Olga Estrever Escamilla a este Pleno Regional, en sustitución de la Magistrada Emma Meza Fonseca (quien solicitó licencia a partir del treinta y uno de octubre del año en cita, aprobada por el citado Consejo, en sesión de seis de noviembre anterior) con efectos a partir del uno de diciembre del año próximo pasado, mientras subsistieran las condiciones o hasta que el referido Pleno lo determinara. En consecuencia, a partir de la última fecha señalada este órgano jurisdiccional estaría integrado por la Magistrada Olga Estrever Escamilla y los Magistrados Samuel Meraz Lares y Miguel Bonilla López.
III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
10. Conforme al contenido del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución correspondiente.
11. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.
13. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte, cuyo tema de fondo corresponde a la materia penal, competencia de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
14. La presente denuncia proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) al haber sido formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, contendiente en la presente contradicción de criterios.
VI. CRITERIOS EN CONFLICTO
15. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios en comento, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de cada uno de los asuntos, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
A) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en la queja 118/2024
Antecedentes
16. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, los quejosos promovieron juicio de amparo contra los actos reclamados y las autoridades que a continuación se indican:
"AUTORIDADES RESPONSABLES
A. Coordinador de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social. Depende (sic) de la S.S.P.C.
B. Comisionado de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social. Dependiente de la S.S.P.C.
C. Director General del CEFRESO (sic) No. 14 "CPS-Durango". (...)
D. Director y/o titular y/o encargado de la Unidad del Servicio Médico, (...)
E. Director de Seguridad de Custodia. (...)
F. Subdirector de Seguridad de Custodia. (...)
G. Comandantes de la Primera, Segunda y Tercera Campaña de Seguridad y Custodia del CEFRESO (sic) No. 14 CPS-Durango."
"ACTOS RECLAMADOS
1. Poner en riesgo la integridad personal por la negligencia de no garantizar el derecho a la salud física, salud mental, el bienestar emocional, someternos a sufrimientos innecesarios, tormentos inherentes a estos de forma cotidiana y permanente siendo actos de tratos sucesivos.
Poner en grande peligro, el equilibrio mental, por la negligencia de no darme y/o darnos la atención médica especializada, de no otorgarnos los medicamentos prescritos por el médico especialista en psiquiatría.
Clonazepam dos miligramos, queatapina XR100 y XR300, sentralina, diazepam diez miligramos, etc.
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los hechos y antecedentes, tortura psicológica, amenazas e intimidación que fundan nuestros conceptos de violación, son ciertos, pues nos encontramos actualmente en el CEFERESO No. 14 "CPS-Durango" y agotamos los recursos de peticiones administrativos y controversias con número 2267/2021 y 2535/2021. (...)"
17. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, misma que se ordenó registrar con el número **********.
18. Previo requerimiento y su desahogo, por acuerdo de veinte de enero de dos mil veinticuatro, se nombró defensora de oficio a la parte quejosa.
19. En proveído de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, se requirió a los amparistas para que aclararan su escrito de demanda y por auto de veintiuno siguiente se les tuvo indicando que sí era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Distrito en funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, de quien reclamaron: "La omisión de solicitar el cumplimiento a las autoridades penitenciarias dentro de las controversias 2267/2021 y 2535/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Octavo Circuito."
20. Con base en lo anterior, el Juez de Distrito determinó la separación de los actos, al considerar que no estaban intrínsecamente relacionados y ordenó la remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, del diverso acto relacionado con "la omisión de solicitar el cumplimiento a las autoridades penitenciarias dentro de la controversia 2267/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Octavo Circuito".
21. Respecto al acto reclamado consistente en "la omisión de solicitar el cumplimiento a las autoridades penitenciarias dentro de la controversia 2535/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Octavo Circuito", en virtud de que el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, tenía radicado diverso asunto que configuró antecedente directo en la controversia de origen; le declinó legal competencia para que continuara la substanciación del sumario.
22. El veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, el Juez declinado radicó el asunto bajo el consecutivo 337/2024 y aceptó la competencia legal para conocerlo.
23. En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, se desechó la demanda de amparo, al considerar actualizada de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que previo a promover el juicio de amparo indirecto, la parte impetrante debió agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Recurso de queja 118/2024
24. Inconforme con tal resolución la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, que por auto de presidencia de doce de abril de dos mil veinticuatro lo registró bajo el número 118/2024 y lo admitió a trámite. En sesión de veinte de junio de ese año se resolvió en el sentido de declarar fundada la queja, con base en lo siguiente:
Criterio contendiente
25. El Tribunal Colegiado estimó esencialmente fundado uno de los agravios expuestos por los recurrentes, suplido en su deficiencia, en el que medularmente indicaron que el auto recurrido era ilegal porque el Juez de Distrito aplicó en forma inexacta el contenido de la jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO.",(3) en virtud de que el supuesto del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, operaba para hipótesis seguidas en el proceso penal, en las que el gobernado observaba una tardanza en la conformación de su expediente y citación para el desahogo de sus audiencias, entre otras, pero en el caso se reclamaron por personas privadas de la libertad las omisiones a la protección de un derecho fundamental (salud), por padecimientos médicos que no habían sido atendidos.
26. Para justificar lo anterior el órgano colegiado precisó que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se deducía que las causales manifiestas e indudables de improcedencia debían ser evidentes por sí mismas. Que por "manifiesto" debía entenderse lo que se advertía en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tenía la certeza y plena convicción de algún hecho, esto era, que no podía ponerse en duda por lo claro y evidente que era.
27. Lo que significaba que sin ulterior comprobación surgían a la vista tales motivos, lo que hacía inejercitable la acción de amparo y que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hicieran valer en el procedimiento, no eran necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco podían desvirtuar su contenido, es decir, que si se invocaban en el auto desechatorio de la demanda razones que pudieran ser materia de debate, ya no se estaría en presencia de los supuestos exigidos por el citado artículo, por lo que era necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que rindieran pudieran confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y de esa manera, evitar perjuicios irreparables a la parte quejosa. Esto con sustento en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."(4)
28. Que en el caso concreto se observaba que el Juez Federal desechó de plano la demanda al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; dado que los quejosos antes de acudir al juicio de amparo, debieron agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que regía el acto reclamado.
29. Lo anterior –dijo el Juez de Distrito–, dado que las omisiones y negligencias reclamadas a dicha autoridad, resultaban impugnables mediante el recurso de queja, previsto en el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever la procedencia de tal recurso en contra del juzgador de primera instancia que no realizara un acto procesal dentro del plazo señalado en dicha codificación.
30. Respecto de tal justificación vertida por el A quo, el Tribunal Colegiado adujo que no la compartía, al considerar que no se actualizaba de manera notoria e indudable la causa de improcedencia referida, ya que las circunstancias destacadas del caso ponían de manifiesto que el medio de impugnación a que se refería el artículo 135 de la citada codificación, no se encontraba expresamente previsto para combatir las omisiones a que se refirieron los impetrantes en su demanda de amparo, sino las de índole jurisdiccional cuando el juez responsable actuaba como garante del control de una causa penal.
31. Para explicar lo anterior, transcribió el contenido de los artículos 135 y 134, fracciones I y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, e indicó que como se advertía, el primero de dichos dispositivos legales preveían que procedía queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el mencionado código. Que dicho recurso sería interpuesto ante el órgano jurisdiccional omiso, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes la subsanara, o bien, realizara un informe breve y conciso, el cual remitiría junto con el recurso al órgano jurisdiccional competente para su resolución.
32. Mientras que el segundo, señalaba en esencia que eran deberes de los jueces y magistrados de instancia, resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia y atender de manera oportuna y debida las peticiones dirigidas por los sujetos que intervenían dentro del procedimiento penal.
33. Asimismo –indicó–, dicha queja no se ubicaba en el título XII del Código Nacional de Procedimientos Penales denominado "Recursos", sino que se encontraba dentro del título V, llamado "Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares", específicamente en su capítulo VII, en el apartado llamado "Jueces y Magistrados", ni existía alguna disposición en ese título que remitiera al numeral 135 del mencionado código.
34. Con base en ello –refirió– se podía determinar que en las porciones legales transcritas no se preveía un recurso en específico que procediera contra las omisiones o negligencias de la naturaleza de las reprochadas en el juicio de amparo intentado, es decir, el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establecía expresamente la procedencia de la queja en contra de la omisión del Juez de Ejecución de solicitar el cumplimiento a las autoridades penitenciarias dentro de una controversia que se originó con motivo de cuestiones de internamiento previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
35. Por lo que –mencionó–, para sostener que procedía la citada queja, era necesario realizar una interpretación adicional, lo que configuraba la excepción al principio de definitividad y hacía que en la fase inicial del procedimiento constitucional se admitiera a trámite la demanda, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo(5) (transcribió).
36. Abundó que conforme a dicho numeral, se fijaban las bases para que el quejoso solo estuviera obligado a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa a través del cual tenía la posibilidad de recurrir el acto que le estaba causando agravio, no adoleciera de "fundamento legal insuficiente" y tampoco hubiera necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, quedaría en libertad de elegir si agotaba el recurso de que se tratara, o bien, si acudía directamente al juicio de amparo. 37. Atento lo anterior, reiteró que en el caso concreto no se configuraba de forma notoria e indudable la causal de improcedencia referida, pues para poder llegar a esa conclusión resultaba necesario interpretar con mayores elementos de prueba, el alcance y contenido de la supletoriedad del citado código adjetivo a la ley de ejecución.
38. Esto –precisó–, porque si bien era cierto, en términos del artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esa supletoriedad era posible, lo cierto era que ello propiciaría una interpretación adicional, pues se insistía en que la queja contemplada en el artículo 135 del código adjetivo en comento, no se encontraba expresamente prevista para combatir omisiones como la reclamada (en ejecución penal).
39. Entonces –señaló– la interpretación adicional tendría que realizarse conforme las pautas que al efecto había establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que se contara con mayores datos de información o constancias probatorias, como lo serían los informes justificados y las pruebas aportadas por los sujetos procesales, lo que redundaba en la admisión de la demanda de amparo.
40. Enseguida, el órgano colegiado con base en lo establecido por la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.",(6) enumeró los requisitos para que opere la supletoriedad de una ley respecto de otra, e indicó que ello patentizaba la necesidad de hacer una interpretación adicional ante la insuficiencia jurídica de fundamentos sobre un recurso en específico que combatiera omisiones como las reclamadas en el caso concreto, lo que en sí mismo podría constituir el supuesto de excepción al principio de definitividad, pues la procedencia del recurso de queja estaba regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no expresamente en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
41. Por ello –refirió–, en el caso no se estimaba configurada en forma notoria e indudable la improcedencia de referencia, dado que los quejosos partieron de que la omisión reclamada aconteció dentro de la controversia formulada ante el Juez de Distrito en funciones de juez de ejecución, en la que precisaron que se había omitido solicitar el cumplimiento a las autoridades penitenciarias, lo que en todo caso, se vislumbraba realizaron conforme las disposiciones del artículo 129(7) de la Ley Nacional de Ejecución Penal (transcribió).
42. Lo que evidenciaba –insistió– que se tendría que acudir a una interpretación no sólo de la ley del acto, sino de otras normas ajenas aparentemente relacionadas por la figura de la supletoriedad, esto siempre y cuando se colmaran a su vez los requisitos para que se actualizara su aplicación, lo que hacía que en ese momento se vislumbrara la excepción al principio de definitividad y no se viera con claridad que el motivo de improcedencia fuera manifiesto e indudable, ante la falta de reglas claras y precisas, sobre la procedencia de un recurso, con el que se pudiera controvertir una omisión como la reclamada.
43. Así, ante tal imprecisión –adujo– se volvía necesario tratar de establecer el alcance o sentido de la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales a la Ley de Ejecución (sic); lo que podría generar incertidumbre al dejar sujeto a interpretación la procedencia de recursos adicionales a los previstos en la ley de la materia; aspecto que se trató de evitar al contemplar esa situación como un supuesto de excepción al principio de definitividad, consideración que apoyó en la jurisprudencia XXVII.3o. J/35 (10a.), de rubro: "FUNDAMENTO LEGAL INSUFICIENTE. SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CUANDO POR LA SOLA INTERPRETACIÓN DEL TEXTO LEGAL NO ES POSIBLE ESTABLECER QUE EN ÉL SE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN."(8)
44. Enfatizó, que considerar una postura contraria implicaría la introducción o creación de recursos, lo que generaría inseguridad jurídica, pues obligaría a las partes a buscar en las normas supletorias qué recursos serían los idóneos, sin que la Ley de Amparo exigiera previo a la promoción del juicio constitucional, la necesidad de acudir a algún recurso que derivara de un ejercicio hermenéutico adicional. De ahí que no podía considerarse, en ese momento, que se actualizaba el motivo de improcedencia manifiesta e indudable que ameritara el desechamiento de la demanda de amparo, pues, resultaría necesario en principio, admitir a trámite la controversia, ya que la omisión señalada como acto reclamado, podría constituir una violación al acceso de la tutela judicial efectiva, más cuando la ley que regulaba el acto no otorgaba un recurso ordinario de manera clara e indudable; sustentó lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN."(9)
45. Que lo anterior, en modo alguno prejuzgaba sobre la existencia de otra causal y menos sobre el fondo del asunto, pues a manera de ejemplo, podía ser que derivado de los informes justificados la autoridad señalada como responsable, hiciera ver que había proveído sobre la omisión reclamada en la controversia planteada, en cuyo caso podría actualizarse una diversa causal.
46. Aunado a ello –apuntó–, le asistía razón a la parte recurrente porque las situaciones fácticas entre el caso concreto y aquella de la que derivó la jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO.", eran distintas, pues esta última se refería al caso de omisiones procesales en causas jurisdiccionales en materia penal, en su mayoría, relativas a la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia intermedia, en donde la autoridad responsable es el Juez de control, quien debe ajustar su proceder a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
47. Mientras que en la especie, los quejosos habían reprochado la omisión de un Juez de Ejecución, a saber, de solicitar el cumplimiento a las autoridades penitenciarias dentro de una controversia, lo que se regía por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
48. Concluyó que al no actualizarse de forma clara y evidente la causa de improcedencia en estudio, lo procedente era declarar fundado el recurso de queja, revocar el acuerdo recurrido y ordenar al Juez del conocimiento proveyera lo conducente en relación con la demanda de amparo intentada. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR."(10)
B) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en la queja 49/2024
Antecedentes
49. El trece de noviembre de dos mil veintitrés, el quejoso promovió juicio de amparo contra los actos siguientes:
"(...) IV: Acto (sic) Reclamados: - - - A).- Al Juez preinserto le vengo a reclamar el motivo de la omisión, negligencia, tergiversión (sic) o transgresión en el seguimiento a la suspensión de plano otorgada en fecha 28 de Agosto de 2023, en el proceso de ejecución ********** (controversia **********), y el motivo de no señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. - - - B).- Al director general, le vengo a reclamar la omisión, negligencia, tergiversión (sic) o transgresión, en el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en fecha 28 de Agosto de 2023, en el proceso de ejecución ********** (controversia *********) (...)"
50. El amparo se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila y el trece de diciembre de dos mil veintitrés el Juez de Distrito determinó desechar la demanda constitucional, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de que el impetrante, previo a promover el juicio de garantías debió de agotar el recurso de queja previsto en el numeral 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
51. Inconforme con tal resolución el quejoso interpuso recurso de queja, del cual por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, el cual por auto de presidencia de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro se admitió y se registró bajo el consecutivo 49/2024. En sesión de veinticinco de abril del mismo año, se resolvió en el sentido de declarar infundada la queja, con base en las consideraciones siguientes:
Criterio contendiente
52. El órgano colegiado coincidió con el criterio del A quo en el sentido de que se actualizaba la citada causa de improcedencia, en virtud de que el quejoso no agotó el principio de definitividad.
53. Lo anterior –sostuvo–, porque del contenido de la demanda de amparo se observaba que los actos reclamados se originaron con motivo de la omisión de dar seguimiento al cumplimiento de la suspensión decretada en auto de veintiocho de a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33057-3e67bec5/queja-prevista-en-el-articulo-135-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- JURISPRUDENCIA SOBRE NORMAS PROCESALES. SI UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO DICTA LA SENTENCIA QUE SE RECLAMA ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDE (I.7o.P.119 P)
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- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA ENTRE UN PLENO REGIONAL Y UN PLENO DE CIRCUITO DE LA MISMA REGIÓN, AL PREVALECER EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMERO RESPE (1a./J. 55/2025 (11a.))
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